Paula Flores Vargas; Ana Karina Gonzalez Huenchuñir;Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig;
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La crisis de profesión de los abogados en Inglaterra. |
¿Los abogados de Inglaterra viven con tiempo prestado? Es una profesión que se ha asociado con el glamour, la intriga y el beneficio financiero. Pero los cambios inminentes en nuestro sistema legal tienen abogados criminales temiendo por sus medios de vida. ¿Por qué? ¿Y quién puede perder más? Julia Llewellyn Smith periodista del diario Telegrama Hace un par de semanas, en eBay, una mujer enumeró la peluca y la bata de un abogado de Ede & Ravenscroft. "Condición: usado", escribió. En la descripción del artículo, agregó: "Después de cinco años de duro trabajo y penuria, yo (es decir, MasterCard) compré esta peluca, vestido y cuello por alrededor de £ 650 en Ede and Rip-off. Reflejando el lamentable estado de mi carrera legal, la peluca apenas se usaba, aunque algunos pelos se han sacado de su lugar (como se ve en la foto), sin duda por la frustración de la lamentable situación de la vida en el bar junior ". El mundo del abogado criminal está lleno de mística, evocando a Rumpole y Dickens, las calles empedradas, las majestuosas Inns of Court, la deslumbrante retórica y los emocionantes casos de asesinatos, secuestros, gánsteres y barones de la droga. Más recientemente, hemos tenido la vida hedonista de jóvenes abogados sexuados, representados en el drama de televisión This Life. Sin embargo, la realidad de hoy para los 6.000 amigos sabios que procesan y defienden estos casos es marcadamente diferente. La asistencia jurídica , una de las instituciones del sistema legal que permite a los abogados representar a los clientes en la corte y, si el Lord Canciller, Chris Grayling se sale con la suya, la subcontratación de defensa criminal a empresas administradas por compañías como Tesco o HGV. la firma Eddie Stobart quiere decir que el sistema penal va rápidamente por el camino de las cabinas telefónicas rojas: reliquias de otra época, destinadas a la extinción. La batalla por la supervivencia ha enviado a este mundo enrarecido a las barricadas. En abril, unos 400 abogados que trabajaban en el Circuito Norte se declararon en huelga en protesta por las reformas propuestas por Grayling. Sus acciones, subrayan los abogados criminales, no se trata de detener los recortes de alrededor del 10 por ciento a su (ya escaso) salario, sino de garantizar que un sistema justo de justicia permanezca vigente para todos. "Pocas personas derramarán lágrimas por la muerte de los abogados", dice Ray North, el seudónimo de un abogado en el Noroeste, que bloguea en el sitio web allthatsleft.co.uk. "Creen, equivocadamente que sucede, que ganamos una pequeña fortuna defendiendo violadores, asesinos y matones. "Pero apostaría si alguna de estas personas tuviera problemas, si su libertad estuviera en juego o si fueran víctimas de un delito grave, entonces querrían un abogado con años de experiencia, en lugar de alguien enviado por Tesco. , no porque sean la mejor opción, sino porque en realidad son los más baratos ". El Gobierno argumenta que debe recortar £ 220 millones de nuestro presupuesto de asistencia legal de £ 1 billón, que financia abogados del crimen y muchas firmas de pequeños abogados. Para adelgazar el sistema, en 1994 se les otorgó a los solicitantes el derecho de llevar a cabo una defensa básica en los tribunales, anteriormente reservados exclusivamente para los abogados. Esto condujo a una gran caída en la demanda de los servicios de abogados jóvenes, que solían cortar sus dientes en casos simples. Hasta hace poco, los solicitantes tendían a apegarse a los tribunales de magistrados, dejando el trabajo más serio, como el asesinato y los casos de violación, a los abogados con años de formación en oratoria y puntos finos de la ley. Sin embargo, si se implementan cambios después de la presión del gobierno, desde muy pronto los solicitors y defensores internos (abogados que trabajan exclusivamente para grandes compañías) serán considerados lo suficientemente competentes como para realizar los juicios más complejos de Crown Court después de completar un "curso de garantía de calidad" de fin de semana. El Gobierno dice que el plan está diseñado para asegurar que abogados y procuradores solo lleven casos a tribunales en los que sean competentes para hacerlo y serán escalonados, por lo que se requiere una acreditación más alta para los casos más desafiantes. Los abogados, sin embargo, creen que es una cortina de humo para darle a cualquier proveedor de servicios legales una apariencia de respetabilidad. "Pararse en la corte y prosperar en las diferentes relaciones intelectuales y psicológicas entre el juez, el jurado, el cliente y mantener todas estas bolas en el aire es bastante difícil", dice North. "Te acostumbras, construyes un instinto, la idea, pero lleva años. La idea de que puedes dominarla en un curso de dos días de £ 350 es absurda ". El último clavo en el ataúd viene con las propuestas de Grayling para la oferta de mejor valor, donde las empresas presentarán una oferta para contratos de asistencia jurídica, que se otorgarán no por mérito, sino al mejor postor. Los contratos se otorgarán a abogados y firmas multinacionales como Stobart's, sin mencionar a otros como AA y Saga, que han mostrado interés en expandirse en esta área. Cientos de pequeñas firmas de procuradores y cámaras de abogados que no pueden darse el lujo de hacer ofertas cerrarán de la noche a la mañana. Incluso antes de estos aprietos en el trabajo disponible y el sueldo, muchos abogados criminales menores luchan por sobrevivir, y la mayoría gana alrededor de £ 10,000 al año después de impuestos, IVA y sus muchos gastos (para cosas como viajes y alquiler de cámaras, típicamente 20 por ciento). de ganancias) se toman en cuenta durante los primeros cinco años de sus carreras. "Ser un abogado de asistencia legal ya no es un trabajo, es un hobby, y puede ser agradable para aquellos con un ingreso independiente, pero simplemente no se puede vivir de eso en los primeros cuatro o cinco años", dice Alex. Deane, quien abandonó el bar criminal después de cuatro años y ahora trabaja para la agencia de relaciones públicas Weber Shandwick. "No es solo una broma que estarías mejor con los beneficios. A menudo es genuinamente cierto ". ¿Pero qué hay de los "gatos gordos", las seis sedas criminales que el año pasado dijeron haber ganado más de £ 500,000 del erario público, que derrochan sus ganancias en mansiones, Ferraris y segundas residencias en el Caribe? Michael Turner QC, presidente de la Asociación de Abogados Criminales, que ha estado reuniendo a los miembros para luchar contra los cambios con el grito de "Haz lo correcto, no temas a nadie", descarta estas cifras como ingresos brutos, antes de deducir los impuestos y el IVA. "Tampoco tienen en cuenta que trabajamos por cuenta propia, que no tenemos pensiones, vacaciones pagas o baja por enfermedad, que a menudo no nos han pagado durante un año, por lo que estas sumas pueden ser totales que representan dos o tres años de trabajo ". Turner dice que gana unos respetables 170,000 libras brutos, y muchos abogados principales ganan un bruto de alrededor de £ 50,000; respetable pero lejos de excepcional para un profesional. Es mucho menos que un médico sénior o un MP, cuando deduces los gastos. Cuando las personas piensan en abogados ricos, no están pensando en abogados financiados públicamente como nosotros, sino en aquellos de práctica privada que aún pueden ganar en una hora lo que muchos abogados tienen la suerte de ganar en un mes ". No solo son pequeñas las recompensas financieras, el trabajo a menudo no es tan emocionante como podrían sugerir los dramas televisivos. "En los viejos tiempos, tenías que pasar un año o dos haciendo un trabajo aburrido en los tribunales de magistrados antes de pasar al trabajo de Crown Court, que es para lo que ingresaste en la profesión", dice North. "Ahora puedes quedarte en la parte inferior durante seis o siete años antes de que aparezca una apertura. Las personas muy brillantes y ambiciosas con primicias de Oxbridge se aplican a nuestras cámaras en tropel, pero cuando esta [espera incesante] ocurre se desilusionan y se van ". El vendedor anónimo de eBay describió algunas realidades de la vida como abogado junior. "Si ... le gustaría probar [la profesión], lo mismo se puede lograr endeudándose a sí mismo con £ 35,000 y preparándose para que alguien le grite en público sobre casos que no ha leído porque solo recibió la mitad los papeles hace unos 10 minutos. Cancele su vida social ... Para obtener el efecto completo, pase grandes cantidades de tiempo en trenes y autobuses con lloros periódicos en la computadora portátil ". A pesar de tales Cassandras, miles de jóvenes idealistas aún se sienten atraídos por la barra criminal, con aplicaciones en su nivel más alto durante cinco años. Esto es independientemente del hecho de que muchas cámaras ya no pueden permitirse el lujo de financiar pupilas, el equivalente de los contratos de formación. "Mis cámaras tienen alrededor de 1.000 solicitudes al año para alumnos de candidatos muy capaces; Solíamos ofrecer 10 pupilages anualmente, ahora son seis, el próximo año probablemente serán cuatro, luego dos, luego probablemente ninguno ", dice Turner. "En el futuro, los abogados probablemente entrenarán internamente en lugares como Eddie Stobart". ¿Es tal resultado realmente tan terrible? ¿Es Turner -como insiste la oficina del Lord Canciller- simplemente protegiendo sus privilegios de hiedra, mientras se burla del "comercio"? Ray North insiste en que no. "No quiero sonar escandaloso, tal vez algunas de estas personas serán muy buenas e intentarán dar lo mejor de sí mismas, pero cada abogado que conozco está preocupado de que si ya no trabajan por cuenta propia, sus motivos ya no serán intentarlo". lo mejor para su cliente, pero para obtener ganancias para su jefe ". Mientras que hasta ahora los acusados han podido elegir un abogado, bajo las nuevas propuestas se les asignará el primero disponible, independientemente de si tienen experiencia en esa área de la ley o no. Los fiscales, sin embargo, serán seleccionados de un grupo de abogados con experiencia en el área relevante de la ley, dando una ventaja a la acusación desde el principio. Las empresas recibirán el mismo pago, ya sea que ganen o pierdan un caso, lo que significa que la presión será primordial para revertirlo lo más rápido posible, convenciéndoles de que se convenzan de ser culpables, ya sea en interés del cliente o no. . Compare eso con uno de los casos actuales de North, defendiendo un juicio por homicidio "horrendo". Él ha estado viajando una hora en cada sentido para encontrarse con su cliente.
Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Justicia ha defendido los recortes y los cambios propuestos, señalando que Gran Bretaña tiene actualmente "uno de los sistemas de asistencia jurídica más caros del mundo" y que "los abogados profesionales que brindan un servicio de calidad seguirán estando disponibles, solo como son ahora ". "Ahora estamos considerando cuidadosamente todas las respuestas a la consulta antes de tomar decisiones finales", agregó. "Hemos sido muy claros al escuchar todos los puntos de vista y ya hemos indicado que esperamos hacer cambios a las propuestas actuales para permitir que el cliente elija un abogado para continuar. Nuestros planes no impedirán que las personas tengan un juicio justo, pero lo harán". ofrecer una mejor relación calidad-precio ". Para otros, sin embargo, los planes del gobierno parecen un paso atrás a principios del siglo XIX, cuando los prisioneros tenían que defenderse en la corte. El abogado pionero William Garrow presentó la frase "presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario". Pero recientemente, el miembro del Tory Bob Neill, ex abogado criminalista y miembro del Comité Selecto de Justicia, dijo al programa Today que "la mayoría de la gente común no cree que los delincuentes deban elegir quién los representa", sin tener en cuenta este principio fundamental. de la ley británica. Aún así, muchos miembros del público tienen poco interés en el sistema de justicia penal, seguros de que ni ellos ni sus seres queridos entrarán en contacto con él. "De hecho, te sorprendería la frecuencia con la que te encuentras con casos en los que una persona de carácter previamente intachable termina en el banquillo de los acusados", dice North. Él cita el ejemplo de una anciana que, conduciendo a casa desde un funeral a altas horas de la noche, estrelló su automóvil en un camión y mató a cinco personas, incluidos dos miembros de su propia familia. "Ella fue acusada de muerte por manejo peligroso y fue horrible. La mujer no era una delincuente, había cometido un terrible error, estaba destrozada y petrificada, siempre había vivido en el lado correcto de la ley y ahora posiblemente iría a prisión. Pero su abogado hizo una presentación tan fantástica ante el juez, que lo conoció y respetó, y presionó a la CPS para que retire los cargos. Eso no hubiera sucedido con un abogado menor ". Las víctimas del crimen pueden quedar igualmente vulnerables a los cambios propuestos. "Si su hija fue atacada, o si su esposo se cayó de la bicicleta y resultó herido por un conductor ebrio, querría saber que el mejor defensor posible era un fiscal, no alguien que había estado en un curso residencial de fin de semana", dice una consejera de reina con 25 años de experiencia. Recientemente, el vicepresidente de la Federación de la Policía, el inspector Steve White, dijo que las víctimas estaban siendo traicionadas porque el Servicio de la Fiscalía usaba defensores internos más baratos para enjuiciar delitos graves como violación y asesinato, en lugar de abogados externos con más experiencia. "La razón por la que no los están recogiendo, sospecho, es que los abogados mejor calificados tienen un precio", dijo. "Es simple economía de libre mercado; si pagas con maní, obtienes monos." El vendedor de eBay concluye su lista: "No te recomiendo que sigas una carrera en el barra a menos que ames el trabajo tanto que estés preparado para hacerlo por nada". Cuando me puse en contacto con ella, me dijo que me encantaría. para ayudar con este artículo, pero no pudo. Ella estaba emigrando. |
BREXIT |
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida comúnmente como brexit,un acrónimo de «British exit»), fue un proceso político que supuso el abandono por parte del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea. Tras un referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016 en el que el 51.9 por ciento de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea, el Gobierno británico invocó en marzo de 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de dos años que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Ese plazo se prolongó debido a la complejidad y desacuerdos en las negociaciones y a disputas parlamentarias internas; en un primer término se previó hasta el 12 de abril de 2019 y volvió a ser prolongado hasta el 31 de octubre de 2019. Por tercera y última vez, el plazo volvió a ser ampliado hasta el 31 de enero de 2020. Pasada esa fecha, tras haberse aprobado definitivamente el Acuerdo de Retirada a las 00:00 horas del sábado 1 de febrero de 2020, Reino Unido abandonó automáticamente la Unión Europea a las 23:00 horas (hora británica) del día anterior. En virtud de dicho acuerdo, hubo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que el Reino Unido se mantuvo en el mercado europeo y los ciudadanos y las empresas no notaron diferencias. El Reino Unido y la UE negociaron una nueva relación política y económica durante dicho período transitorio, que firmaron la Nochevieja de 2020, y que entró en vigor al día siguiente. La retirada de la Unión la defendieron principalmente los euroescépticos de derecha (aunque también en menor medida los de izquierda), mientras que los europeístas, que abarcan todo el espectro político, han abogado por la permanencia en la Unión y el mantenimiento de la unión aduanera y el mercado único. Ya en 1975 se había celebrado un primer referéndum sobre la permanencia del país en la Comunidad Económica Europea, precursora de la UE, con resultado favorable a la permanencia. En los años setenta y ochenta, la salida de la Comunidad Europea fue abogada principalmente por la izquierda política, y el manifiesto electoral de 1983 del Partido Laborista abogaba por la retirada total. En 1987, el Acta Única Europea, la primera revisión importante de los Tratados de Roma de 1957, estableció formalmente el mercado único europeo y la Cooperación Política Europea. Desde la década de 1990, la oposición a una mayor integración europea vino principalmente de la derecha. Cuando en 1992 el Tratado de Maastricht, que creó la UE y el mercado único y garantizó las cuatro libertades básicas (la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en toda la UE) fue presentado ante el Parlamento, hubo divisiones dentro del Partido Conservador, lo que llevó a una rebelión sobre el Tratado. El Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP por sus siglas en inglés), formado en 1993, creció fuertemente a principios de la década de 2010 y la influencia de la campaña People's Pledge ('compromiso del pueblo') entre partidos también se ha descrito como influyente para lograr un referéndum. El primer ministro británico, David Cameron, prometió durante la campaña para las elecciones generales de 2015 celebrar un nuevo referéndum, una promesa que cumplió en 2016 tras la presión del ala euroescéptica de su partido. Cameron, que había hecho campaña para permanecer, renunció después del resultado y fue sucedido por Theresa May, su exministra del Interior. Llamó a elecciones generales anticipadas menos de un año después, perdiendo la mayoría absoluta. Su gobierno en minoría se apoyó en el Partido Unionista Democrático. May anunció la intención del Gobierno británico de no ser miembro permanente del Mercado Único Europeo o de la Unión Aduanera tras el abandono de la Unión y prometió derogar la Ley de Comunidades Europeas de 1972 e incorporar la legislación vigente de la Unión Europea que fuera de interés para el país en la legislación nacional del Reino Unido. Las negociaciones con la UE comenzaron oficialmente en junio de 2017. En noviembre de 2018, se publicó el Proyecto de Acuerdo de Retirada, negociado entre el Gobierno británico y la Comisión Europea. La Cámara de los Comunes votó en contra del acuerdo por un margen de 432 a 202 (la mayor derrota parlamentaria en la historia para un Gobierno del Reino Unido) el 15 de enero de 2019, y nuevamente el 12 de marzo con un margen de 391 a 242 en contra del acuerdo. El 14 de marzo de 2019, la Cámara de los Comunes votó para que May solicitara a la Comisión una ampliación del período permitido para la negociación. Miembros de toda la Cámara de los Comunes rechazaron el acuerdo. Los líderes sindicales exigieron que cualquier acuerdo debía mantener una unión aduanera y un mercado único. Theresa May acabó dimitiendo en julio de 2019, siendo sustituida por Boris Johnson, quien obtuvo un gran resultado electoral en diciembre de ese año en nuevos comicios anticipados. Los efectos del Brexit estarán determinados en parte por el Acuerdo de cooperación y comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se aplicó provisionalmente a partir del 1 de enero de 2021 y entró en vigor formalmente el 1 de mayo de 2021. La opinión mayoritaria entre los economistas es que el brexit tiene la posibilidad de reducir la renta per cápita real del Reino Unido a medio y largo plazo, y que el referéndum sobre el brexit en sí mismo dañó la economía. Existe la posibilidad que el brexit reduzca la inmigración desde países del Espacio Económico Europeo (EEE) al Reino Unido, y plantea desafíos para la educación superior y la investigación académica del Reino Unido. |
 La Common Travel Area es una zona libre de pasaporte que comprende las islas de Irlanda, Gran Bretaña, la Isla de Man y las Islas del Canal. Las fronteras internas están sujetas a los mínimos o a ningún control fronterizo y pueden ser cruzadas con normalidad por cualquier ciudadano británico o irlandés con sólo el documento de identidad. El mantenimiento del área envuelve una considerable cooperación en cuanto a materia de inmigración por parte de ambos gobiernos británico e irlandés. Relación entre Irlanda, y Reino Unido, está regulado el Acuerdo Marco de Windsor, que es un acuerdo firmado el 27 de febrero de 2023 entre el Reino Unido y la Unión Europea que revisa el Protocolo de Irlanda del Norte, un anexo al acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. El Acuerdo de Windsor tiene como objetivo reducir significativamente los trámites aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte , así como la normativa de la Unión Europea aplicable en Irlanda del Norte, dos aspectos establecidos por el protocolo. |
13 November 2020 Noticias Adelie Cordier Abogada y árbitro internacional Miles de abogados británicos quieren ejercer en Europa a pesar del BREXIT. Un problema al que se enfrentan miles de abogados de Inglaterra y Gales es que pueden haber perdido los derechos de ejercicio profesional en los países de la Unión Europea cuando finalice el periodo de transición del Brexit. Los datos obtenidos a través de un estudio realizado recientemente por el Colegio de Abogados de Irlanda determinan que estos abogados de Inglaterra y Gales no tendrán el derecho de ejercer su profesión como abogado dentro de la frontera de la Unión Europea a penos que tengan una presencia profesional (oficina) o societaria (sede) en alguna de esos países. Este hecho puede suponer un duro golpe para muchas firmas británicas. A lo largo de estos últimos meses, muchos abogados británicos se han inscrito en el Colegio de Abogados de Irlanda con el fin de poder ejercer sus labores en el resto de Europa. “Los abogados irlandeses cualificados que residan en Inglaterra y Gales y que soliciten un certificado de ejercicio a la Sociedad no tendrán derecho a un certificado de ejercicio. Este será el caso tanto si intentan mantener ciertos derechos de práctica en la UE después del Brexit como si no. La Sociedad no expedirá un certificado de ejercicio profesional a esos abogados a menos que puedan demostrar en el curso de sus solicitudes que ejercen (o tienen la intención de ejercer) en Irlanda desde un establecimiento físico en Irlanda", declara a nivel institucional el Colegio de Abogados de Irlanda. Entre las firmas británicas, Allen & Overy y Linklaters son las que albergan un mayor número de abogados británicos inscritos en el Colegio de abogados irlandés. "El Colegio de Abogados de Irlanda ha expedido durante años certificados de ejercicio a muchos abogados irlandeses con sede en Inglaterra y Gales, ya sea que su primer título sea la República de Irlanda o que sean abogados del Reino Unido que han recalificado en Irlanda”, ha declarado David Greene, presidente del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales. Irlanda, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Irlanda está geopolíticamente entre el Reino Unido y la europa continental, es miembro de la Unión Europea. Tiene la ventaja de ser el único país de la Unión Europea que tiene un sistema jurídico del Common Law, siendo atractivo para las empresas de estados unidos que quiere entrar al mercado común europeo.
El 1 de enero de 1973, el entonces Primer Ministro irlandés Jack Lynch firmó el ingreso del territorio en la Comunidad Económica Europea junto con el Reino Unido y Dinamarca. A pesar de unos comienzos difíciles, el país ha pasado de pobre a uno de los más ricos del mundo per cápita, gracias sobre todo a su pertenencia al club comunitario. "La pertenencia a la Unión Europea (UE) sacó a Irlanda de la sombra de nuestro vecino británico y nos permitió no sólo ser independientes políticamente, sino también económicamente. La normativa de la UE contribuyó a modernizar nuestra economía. Los fondos de la UE fueron vitales para mejorar las infraestructuras de Irlanda, el transporte y otros ámbitos", sostiene John Bruton, ex Primer Ministro irlandés y embajador de la UE en Estados Unidos. Desde 1973, el valor de las mercancías irlandesas ha pasado de 3.500 millones de libras a 120.000 millones de euros. La población ha pasado de 2,9 millones de habitantes a algo más de cinco. Mientras tanto, la participación en la Educación superior se sitúa actualmente en el 63%, frente al 59% de media de la OCDE. En 2013, Irlanda pasó de ser receptora de fondos comunitarios a ser contribuyente neta. Sin embargo, la participación en el sector agroalimentario ha caído en los últimos 50 años y el sector pesquero no está contento con la pertenencia a las 27, como explica, Thomas Pringle, diputado independiente:
El éxito irlandés es un recordatorio para todos los países que aspiran a entrar en la UE de que si su solicitud tiene éxito y gastan el dinero de Bruselas con inteligencia., ellos también pueden disfrutar de una prosperidad similar en los próximos años y décadas. Economía de Irlanda.
La economía de Irlanda es moderna y enfocada al comercio. A partir del año 1985 experimentó un crecimiento espectacular hasta la Gran Recesión de 2008, periodo durante el cual multiplicó su renta per cápita por más de 10, pasando de 6018 a 61 313 dólares, lo que equivale a un crecimiento anual compuesto del 11,1 %. Gracias a ello, Irlanda pasó de ser un país pobre a tener una de las rentas por habitante más altas del mundo y la cuarta de Europa, solo por detrás de Luxemburgo, Noruega y Suiza. En 1988 Irlanda empezó a reducir el tipo del impuesto sobre sociedades, que en ese momento era del 50 %, pasando al 40 % en 1991, 20 % en 2001 y 12,5 % en 2003, cifra que se ha mantenido hasta la actualidad. Esto atrajo a numerosas multinacionales que establecieron su sede allí. La agricultura, que alguna vez fue el sector más importante, se encuentra actualmente empequeñecida por la industria, la cual representa un 38 % del PNB, alrededor del 80 % de las exportaciones y emplea a 28 % de la fuerza laboral. A pesar de mantener su robusto crecimiento fundamentalmente a base de exportaciones, la economía está siendo beneficiada también por una subida en el consumo y la recuperación de las inversiones en negocios y la construcción. Irlanda es uno de los mayores exportadores de bienes y servicios relacionados con el software en el mundo. De hecho, mucho software extranjero, y en ocasiones música, se filtra a través de la República para sacar ventaja de una política basada en no cobrar impuestos sobre gabelas y regalías de bienes con copyright. Durante los años 1990 el gobierno irlandés puso en marcha una serie de programas económicos diseñados para frenar la inflación, aliviar la carga impositiva, reducir el gasto del gobierno como un porcentaje del PNB, incrementar las habilidades de la fuerza laboral a base de formación y promover las inversiones extranjeras. El Estado se unió a la iniciativa del euro en enero de 2001 (abandonando la libra irlandesa) junto con otras diez naciones de la Unión Europea. Este período de elevado crecimiento económico llevó a muchos a bautizar la República el Tigre Celta. La economía sintió el impacto de la desaceleración de la economía global en 2001, particularmente en el sector de exportación de tecnología avanzada, donde la tasa de crecimiento fue reducida prácticamente a la mitad. El crecimiento del PNB permaneció estable y relativamente robusto, con una tasa de alrededor del 6 % en 2001 y 2002, pero se esperaba que esto cayera al 2 % hacia 2003. Desde 2001 el crecimiento del PNB ha sido mucho peor, un tercio menor que el año anterior. Finalmente la crisis global puso en evidencia la fragilidad de ese milagro, con un saldo desolador: el crecimiento de Irlanda es negativo y el desempleo a fin de 2009 podría llegar al 14 % de la fuerza laboral (4,3 % en 2006). El gobierno ha tenido que garantizar los depósitos bancarios por 105 000 millones de dólares, nacionalizó el Anglo Irish Bank y aprobó un rescate de entidades por unos 7500 millones de dólares. Su déficit fiscal ya supera el 6 % del PBI en 2008 y llegaría al 11 % en 2009. El gobierno quiere reducir el salario de los empleados públicos. Irlanda ha crecido mucho, económicamente hablando, desde su entrada en la UE y desde la modificación de su régimen impositivo, especialmente de la reducción del impuesto sobre sociedades hasta el 12,5 % actual, pasando de ser uno de los miembros más pobres a ser el segundo más rico (después de Luxemburgo). Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el déficit presupuestario supera el 30 % en 2010. Los alquileres han aumentado un 65 % desde 2011 como consecuencia de la escasez de viviendas en los centros urbanos. |
Irlanda se enriquece, Reino Unido languidece: historia de dos países después del Brexit. Los impuestos bajos, el inglés y una fuerza laboral muy formada han convertido a Irlanda en uno de los países más ricos y con las arcas públicas más llenas de Europa mientras sus vecinos británicos apenas crecen y no tienen recursos para invertir. Oxford (Reino Unido) — 21 de diciembre de 2024 Uno de los mayores debates en Irlanda es qué hacer con el dinero público que el Estado tiene ahora “de sobra”. El número de personas empleadas se acerca al récord de tres millones para un país de poco más de cinco millones de habitantes y uno de los más ricos de Europa. Las subidas de precios son inferiores a la media de la zona euro mientras la economía está creciendo más de lo esperado y las perspectivas para 2025 y 2026 son muy buenas. Al otro lado del mar de Irlanda, el Reino Unido hace equilibrismos para rellenar baches en las carreteras, hacerse cargo de trenes decrépitos y reformar la sanidad pública mientras enfada a empresarios y propietarios por subir impuestos. La fuerza laboral se ha reducido desde la pandemia a un ritmo no visto desde los años 80. Si no fuera por el capital concentrado en Londres, el país sería uno de los más pobres de Europa mientras aumenta la desigualdad y la pobreza. La inflación está entre las más altas de Europa y es la mayor del G-7 mientras la economía lleva dos meses cayendo contra pronóstico y afronta un 2025 con una mejoría modesta y precios altos. El Banco de Inglaterra anunció este jueves que mantiene los tipos de interés en el 4,75% y no se atreve a bajarlos como el Banco Central Europeo y la Reserva Federal por el riesgo que supone la inflación. El Banco de Inglaterra, además, ha cambiado su previsión de crecimiento este trimestre de 0,3% a cero. Es la historia de dos economías que siguen interrelacionadas, pero que han tomado caminos diferentes. La divergencia entre Irlanda y el Reino Unido sólo se ha acrecentado con el Brexit. La salida del Reino Unido de la UE no ha dañado a la economía irlandesa como se temía por sus relaciones comerciales con el antiguo país dominante, y en algunos aspectos la ha beneficiado. De la City a Dublín. Desde el Brexit, más empresas grandes, sobre todo del sector financiero, se han mudado del Reino Unido a Irlanda. Entre 2016, el año del referéndum del Brexit, y 2021, al menos 135 empresas de este sector se instalaron en Dublín, según un informe del grupo de expertos New Financial. Entre ellas, se encuentran algunas con marcas históricas asociadas a Londres, como Barclays y Thomson Reuters; otras ya estaban en Irlanda, pero han expandido sus operaciones, como Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America. La revista británico-estadounidense The Economist, que en 2016 predecía que Irlanda sería el país que más sufriría los efectos del Brexit, dice ahora que la irlandesa es la segunda economía a la que le ha ido mejor en 2024, por detrás de España. Su ranking con 37 países desarrollados considera cinco variables: el PIB, la bolsa, la inflación subyacente, el desempleo y el déficit público. En el caso de Irlanda, el artículo destaca la fuerza del sector tecnológico. El hecho de que Irlanda sea el único país de habla inglesa (junto a la pequeña Malta) dentro de la Unión Europea juega a su favor para multinacionales ya dispuestas a instalarse allí por uno de los impuestos de sociedades más bajos de Europa. Desde finales de los 90 hasta este año ha sido del 12,5% y, tras un acuerdo internacional de la OCDE, lo ha subido a un mínimo del 15% para las grandes empresas. Dentro de la UE, sólo Hungría mantiene impuestos más bajos y la media en la UE es del 21%. En el Reino Unido, el impuesto de sociedades para las compañías con beneficios de más de 300.000 euros es ahora del 25% (en España está a ese nivel pero para empresas con un volumen de negocio de más de un millón). “Por lo que se refiere a las multinacionales, obviamente se trata de los impuestos bajos, pero algo que también ha beneficiado a Irlanda es que la mayoría de las empresas podrían estar más inclinadas a ubicarse aquí por nuestra pertenencia a la Unión Europea”, explica a elDiario.es Kieran McQuinn, economista del Instituto de Investigación Económica y Social y profesor del Trinity College en Dublín. También comenta que ser un país que tiene el inglés como primera lengua en la Unión Europea “sin duda es una ventaja”. Así, han aumentado los estudiantes de la UE que optan por Irlanda -en 2022 se habían triplicado respecto a 2017- mientras disminuyen en el Reino Unido -a la mitad en el mismo periodo-. En este caso no se trata sólo del papeleo, sino de que ahora los ciudadanos de la UE, con la excepción de los irlandeses, ya no pagan la misma matrícula que los británicos sino la que se cobra a nacionales de otros países, es decir tres veces más. La llegada de estudiantes a Irlanda se añade a una de las fuerzas laborales más formadas de Europa, en particular en la región de Dublín. El efecto de la pandemia. McQuinn cree que es difícil desentrañar el efecto del Brexit del efecto de la pandemia, que en Irlanda empujó en último término el crecimiento por la presencia de dos sectores clave que se han expandido más desde entonces: el de la tecnología -Google, Amazon, Apple, Microsoft o Intel tienen en Irlanda sus sedes europeas y facturan ahí parte sus ingresos globales- y el de las farmacéuticas. El Producto Interior Bruto per cápita de Irlanda es más del doble que el del Reino Unido. En el caso de Irlanda, este dato está distorsionado por la facturación de las multinacionales y la medida de la riqueza más adecuada es la Renta Nacional Bruta modificada, que se centra en la producción doméstica, pero incluso comparando este ratio per cápita los irlandeses están muy por delante de los británicos. El efecto del Brexit como freno del crecimiento ya lánguido del Reino Unido se ha agravado mientras se despliegan las nuevas reglas y se refleja en el desplome del comercio con sus principales socios, el desperdicio de recursos en papeleo y la falta de trabajadores en sectores clave. En este contexto, lo que ha beneficiado a Irlanda es construir una economía más independiente de su vecino, cuya andadura, sin embargo, también preocupa a los irlandeses.
El riesgo de Trump. Pero el mayor riesgo para Irlanda viene ahora del otro lado del Atlántico, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y la posibilidad de que empiece una guerra comercial y ataque a Irlanda para repatriar parte del negocio de las tecnológicas y otros sectores. El elegido por Trump para ser ministro de Comercio es Howard Lutnick, un inversor de Wall Street que durante la campaña electoral en Estados Unidos apuntó directamente a la isla: “Es absurdo que Irlanda entre todos los países tenga un superávit comercial a nuestra costa”, dijo. El primer ministro irlandés, Simon Harris, alertó hace unos días de que el Estado podría perder 10.000 millones de euros en ingresos sólo con que tres multinacionales estadounidenses se llevaran parte de su negocio de vuelta a casa por la presión de Trump. “Este es el nivel de riesgo al que estamos expuestos”, dijo Harris. El temor a que la nueva Administración en Estados Unidos le complique la vida a sus multinacionales en Irlanda es parte del debate ahora del nuevo Gobierno irlandés sobre el uso del superávit presupuestario, que está en niveles récord. Las arcas públicas están llenas entre otras cosas por el pago de más de 14.000 millones de euros en impuestos atrasados de Apple después de una batalla legal de una década. En septiembre, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE le dio la razón a la Comisión Europea, que cuestionaba las ventajas fiscales que el Gobierno irlandés le había dado a Apple. En todo caso, más allá de estos ingresos “caídos del cielo”, lo que recauda el Estado irlandés con el impuesto de sociedades se ha triplicado desde 2019. Sólo de enero de este año a noviembre, el Estado irlandés ha ingresado unos 35.000 millones de euros con este impuesto, es decir casi un 60% más que en el mismo periodo del año anterior. El Estado tiene fondos de inversión y el debate es cuánto debería ahorrar pensando en los aranceles de Trump y otros giros del sector tecnológico en particular. El consejo asesor de la fiscalidad en Irlanda, la agencia independiente que vigila el presupuesto, aconseja ahorrar más y considerar estos beneficios como “finitos, de alto riesgo” igual que hace Noruega con el petróleo.
“Nuestro vigilante presupuestario nos lleva años advirtiendo… Los ingresos de los impuestos no están relacionados con el trabajo que hace la gente en la economía irlandesa”, escribe Liz Carolan, periodista especializada en tecnología y política y autora del boletín The Briefing. “Tenemos una economía construida por contables, literalmente… Los ministros de Economía que han construido este modelo eran contables, abogados o ambos. Pero la contabilidad no es economía”. Vivienda. El superávit presupuestario tiene, además, que atender algunos de los problemas exacerbados por la presencia de las multinacionales de tecnología y farmacia. De hecho, según destaca McQuinn, el economista, los fondos extra para el Estado también “deberían usarse para abordar algunos problemas de infraestructura clave que existen actualmente en la economía, ya sea vivienda, transporte, o energía”. La vivienda, en particular, centra el debate público por el encarecimiento y la competencia por el espacio dado el flujo de trabajadores de grandes multinacionales estadounidenses con sueldos altos. Cómo facilitar el acceso a la vivienda, de hecho, ha sido uno de los centros de atención de la campaña electoral de las elecciones de noviembre, que volvió a ganar el partido tradicional de centro-derecha, Fianna Fáil. El grupo seguirá gobernando en coalición con otro centrista, Fine Gael, y alguno más pequeño a la izquierda como el laborista o el socialdemócrata. La vivienda es central para el acuerdo. El gasto público anual en Irlanda es ahora uno de los más altos de la UE, pero siguen necesitando decenas de miles de viviendas más. |
El futuro del Derecho de la UE en el Reino Unido. 28 de noviembre de 2023 Reino Unido Fondo. Aunque el Reino Unido abandonó la UE, la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018 garantizó que el Derecho de la UE vigente al 31 de diciembre de 2020 quedara esencialmente "congelado" y siguiera aplicándose en el derecho nacional, a pesar del Brexit. Esto se hizo para garantizar cierta continuidad legislativa: si toda la legislación de la UE hubiera dejado de aplicarse repentinamente el 31 de diciembre de 2020, se habrían generado importantes lagunas en el tejido legislativo del Reino Unido, especialmente en ámbitos como los derechos laborales. Este Derecho de la UE congelado se conoce comúnmente como "Derecho de la UE retenido". Hasta el momento, la mayor parte de este Derecho de la UE retenido ha seguido aplicándose en el Reino Unido, lo que significa que ha habido pocas divergencias legislativas con respecto a la UE. Sin embargo, en septiembre de 2022, se presentó al Parlamento el Proyecto de Ley de Revocación y Reforma del Derecho de la UE Conservado, que prometía derogar automáticamente todo el derecho de la UE conservado para el 31 de diciembre de 2023. Esto provocó bastante pánico entre los abogados laborales en particular, ya que el Proyecto de Ley en su forma original habría arrancado grandes trozos de la legislación laboral del Reino Unido, incluyendo las regulaciones TUPE, el derecho a vacaciones anuales pagadas y la semana laboral de 48 horas, sin ninguna legislación de reemplazo lista para llenar los vacíos. La Ley. Finalmente, el Gobierno del Reino Unido cedió y modificó el proyecto de ley. La nueva Ley de Revocación y Reforma del Derecho de la UE Conservado ya no derogará automáticamente toda la legislación de la UE, sino que modificará la relación entre la legislación de la UE y la del Reino Unido de forma más sutil. En resumen, la Ley:
El corto plazo. El 31 de diciembre de 2023 ya no representa el fin del mundo legislativo que antaño fue; por el momento, la legislación del Reino Unido no se verá afectada por la Ley. Sin embargo, a partir del nuevo año, el nuevo procedimiento de remisión empezará a tener impacto en los procedimientos judiciales y de tribunales laborales. Los tribunales y los tribunales inferiores podrán plantear una cuestión de remisión cuando la jurisprudencia de la UE sea relevante para el procedimiento y el asunto sea de interés público general. Si bien este último aspecto de la prueba puede ser muy exigente, si existe una cuestión de derecho que afecte, por ejemplo, a un gran número de empleadores y empleados, los tribunales y juzgados podrían estar más dispuestos a plantear una cuestión de remisión a los tribunales superiores. También podemos esperar que los ministros comiencen a ejercer sus nuevas competencias para reformar la legislación de la UE. Si el Gobierno quiere evitar una sobrecarga judicial con referencias a estas áreas controvertidas, probablemente intentará introducir estas reformas hacia finales de 2023 o principios de 2024. El futuro. Para cualquier demanda presentada después del 1 de enero de 2024, la legislación del Reino Unido ya no tendrá que interpretarse conforme a las directivas de la UE, y los derechos de la UE directamente efectivos dejarán de aplicarse. Si bien la jurisprudencia de la UE sigue siendo vinculante para los tribunales inferiores, el proceso de remisión mencionado anteriormente implica que su situación será incierta. La relectura de la jurisprudencia de la UE dará a los tribunales superiores amplio margen para desviarse en diversas cuestiones. Sin embargo, a pesar del estímulo del Gobierno, no hay garantía de que los tribunales superiores quieran desviarse del enfoque del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es muy posible que la legislación del Reino Unido, en su mayor parte, siga siendo conforme con la legislación de la UE, a pesar de la posibilidad de divergencia que ofrece la Ley. Cabe señalar también que cualquier reforma de la legislación de la UE por parte de los ministros debe cumplir con los requisitos del acuerdo comercial vigente entre el Reino Unido y la UE, que exige al Reino Unido mantener ciertos estándares mínimos. Esto limitará la posibilidad de que el Gobierno del Reino Unido simplemente elimine toda la legislación de la UE. A pesar de esto, ya existen indicios de divergencia. La recientemente introducida Directiva de Transparencia Salarial introduce nuevas obligaciones de información sobre la brecha salarial de género en toda la UE, pero esto no se aplicará en el Reino Unido. El Gobierno británico también ha propuesto cambios en la TUPE, el pago de vacaciones y el cálculo del tiempo de trabajo. Puede leer más sobre esto aquí . Es probable que estas sean algunas de las primeras reformas legislativas que la Ley haga posibles. Por supuesto, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, es difícil ofrecer demasiada certeza sobre el futuro de la legislación laboral del Reino Unido. Si bien el Gobierno conservador parece centrarse en la desregulación y la simplificación, es más probable que un Gobierno laborista adopte un enfoque favorable a los empleados y, por lo tanto, se desvíe menos de la trayectoria actual de la UE. En algunos casos, el Partido Laborista podría incluso introducir reformas que vayan más allá de las protecciones que ofrece actualmente la legislación de la UE. |
Hogan Lovells es la última firma que abre en Dublín en respuesta al Brexit. 9 de marzo de 2021 Si bien la medida facilita el acceso de la empresa internacional a los tribunales de la UE, también ve "nuevas oportunidades" en la capital irlandesa.
Hogan Lovells abrirá sus puertas en Dublín y se sumará a un grupo de firmas de abogados internacionales que se instalarán allí en respuesta al Brexit.
La oficina será la número 17 de la firma en Europa y se centrará inicialmente en áreas de práctica con fuertes conexiones con el derecho de la UE, como servicios financieros y derecho regulatorio y de la competencia. Sin embargo, esta medida también permitirá a la firma colaborar más estrechamente con clientes irlandeses de los sectores de gestión de fondos, banca y seguros, todos ellos importantes en la capital irlandesa. Dublín ha estado presionando para atraer clientes de Londres tras la salida del Reino Unido de la UE. Antes del Brexit, la mayoría de los despachos internacionales con importantes oficinas en Londres se conformaban con atender el mercado irlandés desde el Reino Unido. Sin embargo, el pasado noviembre, la Law Society of Ireland dictaminó que los abogados con titulación inglesa y galesa que habían obtenido la admisión en el registro irlandés antes del Brexit, como forma de mantener su acceso a la UE, debían tener una sede física en Irlanda para ejercer dichos derechos. Controvertidamente, la misma norma se aplicó a los abogados con titulación irlandesa que ejercían en Londres. Si bien Hogan Lovells ya tiene una presencia sustancial en toda la UE, un atractivo adicional de mudarse a Irlanda es el vínculo entre los tribunales irlandeses y el Tribunal de Justicia Europeo ahora que Irlanda es la única jurisdicción de derecho consuetudinario dentro de la UE. La oficina estará dirigida por el socio de antimonopolio Chris Hutton, quien afirmó: «Poner a los clientes en el centro de todo lo que hacemos es una prioridad estratégica para la firma, y tener presencia en Dublín es precisamente eso. La apertura de una oficina de Hogan Lovells allí ha sido bien recibida por nuestros clientes actuales y también presenta nuevas oportunidades. Estoy entusiasmado de dirigir la nueva oferta de la firma en Irlanda». La nueva oficina es un hito importante para la presidenta saliente de la empresa para EMEA, Marie-Aimée de Dampierre, quien reemplazará a Leo Von Gerlach como presidente de la firma global en mayo . La semana pasada, Ashurst reveló que abriría en Dublín, inicialmente como base para sus cinco socios de derecho de competencia de la UE con sede en Londres y sus equipos, aunque dijo que "consideraría servicios adicionales en el futuro de acuerdo con la estrategia de crecimiento de la firma". Y en diciembre, Burges Salmon abrió una oficina subsidiaria en Dublín para permitir que su práctica de propiedad intelectual continúe con su oferta de marcas registradas de la UE. Incluso antes del Brexit, Dublín estaba demostrando ser un destino atractivo para varias empresas británicas, incluidas Kennedys, DAC Beachcroft, DLA Piper, Pinsent Masons, Simmons & Simmons y Fieldfisher. El mes pasado, Hogan Lovells realizó una serie de contrataciones en Londres para fortalecer sus prácticas corporativas y de litigios, incluido un equipo liderado por el prestigioso socio de litigios Kevin Lloyd de Debevoise & Plimpton. |
El impacto del Brexit en el sistema jurídico irlandés 28 de mayo de 2021 Vórtice Dra. Simona Balestra / Vortex 1. La relación entre Irlanda y el Reino Unido. El Reino Unido e Irlanda siempre han mantenido vínculos muy estrechos. El sistema jurídico es uno de ellos, ya que ambos países tienen sistemas jurídicos de common law y las sentencias del Reino Unido se convierten con frecuencia en un precedente judicial aplicado por los tribunales irlandeses . 2. La cronología del Brexit El 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum en el Reino Unido, en el que se votó a favor de abandonar la Unión Europea (el 51,9 % votó a favor, es decir, 1,25 millones de votos). El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido comunicó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la UE en virtud del artículo 50 del Tratado. En ese momento, las negociaciones se centraban en tres cuestiones principales: (i) los derechos de los ciudadanos, (ii) la liquidación financiera, (iii) el estatus de la frontera irlandesa (es decir, la salvaguarda). Sobre esta última cuestión, el acuerdo era que no habría frontera dentro de la isla de Irlanda, pero sí habría una frontera en el mar de Irlanda. El 24 de enero de 2020, el Reino Unido y la UE firmaron un acuerdo de retirada y el 31 de enero de 2020 el Reino Unido abandonó la UE, siempre que las partes también hubieran firmado un acuerdo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. 3. Amenazas y oportunidades. El Reino Unido siempre ha sido un socio ideológico de Irlanda a nivel de la UE , y será un desafío para Irlanda no poder seguir contando con esta colaboración. En cuanto al sistema jurídico, Irlanda será la principal jurisdicción de derecho consuetudinario que quede en la UE (tanto Malta como Chipre cuentan con elementos de derecho consuetudinario y civil). El Brexit podría llevar a que la legislación de la UE se redacte o interprete de forma sustancialmente distinta a la que dictarían los principios del common law, dejando a Irlanda mucho más aislada. Además, es probable que Irlanda se vea presionada a desvincularse de los precedentes judiciales del Reino Unido y avanzar hacia los principios consagrados en los sistemas de derecho civil . 4. La profesión jurídica Desde 2016, más de 4500 abogados titulados en Inglaterra y Gales se han inscrito en el Colegio de Abogados de Irlanda . Todos los profesionales del derecho estaban preocupados por lo que ocurriría al finalizar el período de transición el 31 de diciembre de 2020. Recientemente, se ha llegado a un acuerdo recíproco entre la Law Society of Ireland y la Solicitors Regulation Authority de Inglaterra y Gales, que establece que:
Sin embargo, esta última situación no se aplicaba ni siquiera antes de la firma de este acuerdo. De hecho, el sistema estaba desequilibrado, ya que los abogados irlandeses debían realizar un examen adicional de Derecho Inmobiliario y Transacciones de Propiedad Inglesas para obtener la cualificación como solicitors en Inglaterra y Gales, mientras que los abogados ingleses, por el contrario, solo pagaban una tasa de aproximadamente 300 libras para registrarse como solicitors irlandeses. Sin embargo, lo importante ahora es que el acuerdo recíproco facilita aún más la colaboración entre profesionales del derecho en ambos países que antes del Brexit. El presidente de la Sociedad de Derecho Irlandés, el Sr. Cahill, afirmó: « El Brexit ha demostrado ser un catalizador para la creación de empresas en Irlanda, con varias firmas británicas estableciéndose aquí , invirtiendo y ofreciendo contratos de formación para aspirantes a abogados. La oportunidad de restablecer y desarrollar estos acuerdos beneficiará a los abogados de ambas orillas del mar . […] Muchos abogados tienen clientes que, como emigrantes en el pasado, tenían propiedades e intereses comerciales en el Reino Unido e Irlanda, y están acostumbrados y se sienten perfectamente cómodos tratando con sus abogados en ambas orillas del mar de Irlanda». |
El contenido del “Marco de Windsor” El Protocolo de Irlanda del Norte es un acuerdo especial que garantiza que la frontera terrestre entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es un Estado miembro de la UE, siga siendo invisible y respete el acuerdo de paz que puso fin a décadas de violencia. En virtud de este régimen, Irlanda del Norte sigue las normas aduaneras de la UE, sigue formando parte del mercado único de mercancías y aplica la legislación comunitaria sobre el IVA para evitar los controles fronterizos entre ambas partes. EL acuerdo, firmado antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido bien recibido por los nacionalistas, que abogan por estrechar los lazos con Irlanda y la UE, pero ha enfurecido al movimiento unionista, que se queja de que el protocolo ha creado una frontera innecesaria en el Mar de Irlanda y separa de hecho a la provincia del resto del Reino Unido. 
El primer ministro británico, Rishi Sunak, a la vista de los innegables efectos negativos del Brexit sobre la economía británica (el Reino Unido será el país de la OCDE que menos crezca en 2023, y la inversión parece estancada desde el referéndum de 2016), decidió que prefería facilitarle la vida a ciudadanos y empresas antes que obtener réditos electorales con cuestiones soberanistas. Tras varios meses de negociación y encuentros de alto nivel con la presidenta de la Comisión, ha cerrado un importante acuerdo que permite mirar hacia adelante en las relaciones entre el Reino Unido y la UE. El acuerdo lleva el nombre de “Marco de Windsor”, con el evidente objetivo de identificarlo con la Casa Real y, por tanto, con una política de Estado más allá de las peleas partidistas. Así hay que interpretar también la recepción por el Rey, Carlos III, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, inmediatamente después de la firma del acuerdo (y antes de su presentación al Parlamento). La prueba de que la medida surtió efecto es que la noticia de la recepción provocó un evidente malestar en algunos unionistas y conservadores radicales. El acuerdo se puede entender como una adenda interpretativa, que no cambia la esencia del Protocolo, es decir, la necesidad de establecer controles en el mar de Irlanda, pero sí la forma práctica de implementar dichos controles, minimizándolos. Podemos destacar los siguientes elementos del acuerdo:
Conviene señalar dos aspectos importantes. En primer lugar, la idea de dos carriles no es nueva, ya se planteó en su día durante las negociaciones de la salvaguarda irlandesa, pero la Comisión rechazó entonces esa posibilidad. El cambio de criterio hay que entenderlo como una cesión de la Comisión, basada en dos factores. El primero es la constatación de que, tras un tiempo de funcionamiento del Protocolo (por imperfecto que haya sido), no se ha observado un considerable flujo de comercio a través de Irlanda del Norte –que podría hacer pensar en entradas descontroladas hacia el mercado único– y la configuración de un mecanismo de intercambio de información aduanera que resulta ahora mucho más creíble que con el gobierno anterior. En el fondo, se demuestra que la Comisión está dispuesta a hacer cesiones cuando hay un marco de negociación de buena fe. En segundo lugar, hay que matizar el concepto de “veto de Stormont”, del que Sunak presumió en el Parlamento. La posibilidad de no aplicar (más que de vetar) regulaciones europeas en circunstancias excepcionales no es más que la constatación de que no se puede obligar a Irlanda del Norte a asumir legislación contra la voluntad “mayoritaria” del país, pero eso no es nuevo. Por lo pronto, el acuerdo del Espacio Económico Europeo permite a sus países integrantes (Noruega, Islandia y Liechtenstein) ejercer el denominado “derecho de reserva”, es decir, la no aplicación de una normativa europea que pueda generar problemas. Por otro lado, el propio Protocolo concedía ya al Parlamento norirlandés la posibilidad, con mayorías reforzadas, de no prorrogarlo. La clave, en cualquier caso, está en el carácter excepcional y mayoritario de las posibles objeciones a la legislación comunitaria por parte de todas las fuerzas políticas norirlandesas, y no en la mera oposición del gobierno británico. Lo que reconoce Bruselas, con buen criterio, es el peso de la opinión del conjunto de fuerzas políticas que firmaron los Acuerdos de Viernes Santo, y no la primacía de la legislación británica sobre la europea. Más aún, este freno no cambia en ningún caso la consideración del TJUE como intérprete último de la legislación comunitaria. No es, pues, un cambio jurisdiccional, sino una muestra de respeto hacia el papel del parlamento norirlandés. Además, la UE se reserva el derecho de aplicar “medidas correctivas apropiadas” en el caso de que, como consecuencia de este freno, las divergencias regulatorias con Irlanda del Norte devinieran considerables. Conclusiones y valoración: El Marco de Windsor es un acuerdo muy positivo, beneficioso para ambas partes: la UE cede en la medida en que asume un pequeño riesgo por los menores controles; y el Reino Unido cede en la medida en que admite la jurisdicción última del TJUE. Muchas de las medidas adicionales de simplificación se derivan de la propuesta de la Comisión de octubre de 2021. El acuerdo no es tanto un cambio jurídico (más allá de la adenda), como un gran salto en términos de confianza y de cooperación. Cuando la relación euro-británica se plantea de buena fe, nada impide aproximar posturas. Sunak ha decidido, con buen criterio, someter el acuerdo al voto de su Parlamento. Conviene moderar el optimismo: en noviembre de 2018 también Theresa May acordó un Protocolo de Irlanda muy razonable, con una unión aduanera que evitaba los controles arancelarios y, sobre todo, las pesadas reglas de origen –el principal motivo por el que las PYME a menudo no pueden aprovechar las ventajas de un acuerdo de libre comercio–, pero fracasó a la hora de vendérselo a los unionistas (entonces socios de gobierno) y a sus compañeros de partido en sus sucesivas votaciones parlamentarias. Boris Johnson, quien abiertamente abandonó a los unionistas con un Protocolo mucho peor que el de Theresa May (que exigía mayores controles fronterizos), se erige en estos días en defensor de las esencias conservadoras, con el objetivo de volver a la arena política, de donde tuvo que salir apresuradamente. El grupo de defensores radicales del Brexit (el European Research Group, encabezado por Jacob Rees-Mogg) tampoco parece entusiasmado. Así pues, Sunak no lo tendrá fácil, pero hay al menos tres elementos que favorecen una posible ratificación de su acuerdo:
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