Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra; Paula Flores Vargas; Ana Karina Gonzalez Huenchuñir ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig;
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| Iglesia a la izquierda y Palacio de Justicia a la derecha. |
Introducción
El convento de las Salesas Reales, o convento de la Visitación de Nuestra Señora, es un conjunto arquitectónico de la ciudad española de Madrid, del que forman parte la iglesia de Santa Bárbara y el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.
En origen, las hermanas salesas, llegadas de Annecy (Saboya) en 1747, ocuparon unas casas en Prado Viejo, de donde se trasladaron a un beaterio existente en la calle San José. De allí pasaron al que sería su emplazamiento definitivo, junto a la Puerta de Recoletos, en la actual calle Bárbara de Braganza. La reina había comprado allí unos terrenos para su fundación. Su proyecto era no sólo la creación del convento, sino asegurarse un lugar tranquilo donde pudiera residir en caso de la muerte del rey, Fernando VI.
El convento fue fundado en 1748 por la reina Bárbara de Braganza para colegio y residencia de jóvenes de la nobleza, siendo enterrado en la iglesia el rey Fernando VI así como la propia reina fundadora, su esposa. Actualmente, la iglesia acoge la parroquia de santa Bárbara, y el resto de la construcción es sede del Tribunal Supremo.
El convento fue diseñado por el francés François Carlier, aunque debido a un viaje de éste a Parma, fue Francisco Moradillo quién lo llevó a cabo, modificando incluso el proyecto original al incluir dos torres-campanario. Las obras, comenzadas en 1750, apenas duraron siete años, inaugurándose templo y convento en 1758, con solemnes ceremonias, en presencia de la reina fundadora, fallecida poco más tarde.
La muerte de la reina no supuso un cambio para el convento, que siguió contando con grandes patrocinadores que lo embellecieron. Cuando en 1870 las religiosas fueron exclaustradas, el convento se destinó a Palacio de Justicia, aunque la iglesia siguió abierta al culto. En septiembre de 1891, ésta se constituyó como parroquia bajo la advocación de Santa Bárbara, en tanto las monjas con algunas piezas artísticas del viejo monasterio se establecieron en un nuevo convento en la calle de Santa Engracia, obra del marqués de Cubas.
En el siglo XX, el ya Palacio de Justicia sufrió dos grandes incendios que afectaron a las antiguas dependencias conventuales, gravemente dañado en el incendio de 1915 en el que resultaron también destruidas numerosas obras de arte depositadas por el Museo del Prado, aunque la iglesia no resultó afectada. La restauración la realizó Joaquín Rojí.
La escalinata que accede a la portada del templo fue realizada en 1930 por Miguel Durán al abrir la nueva calle Bárbara de Braganza.
En 1939, tras el final de la Guerra civil, tuvo lugar una Ceremonia religiosa especial celebrada por las autoridades de la recién instaurada dictadura franquista, con la asistencia de Francisco Franco y otros dignatarios. La ceremonia se celebró solo un día después del llamado "Desfile de la Victoria" y constituyó uno de los eventos que organizó el régimen para celebrar su victoria en la Guerra civil.
Importancia Artística
Su tamaño y su riqueza arquitectónica convierten al Palacio de Justicia en uno de los edificios más impresionantes de Madrid, hoy sede del Tribunal Supremo. Cuenta además con una interesante historia llena de vicisitudes que aumenta el interés que despierta entre los madrileños y los turistas. En 1870 se destinó a Palacio de Justicia el antiguo monasterio de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María, más conocido como las Salesas Reales, según parece por idea de Eugenio Montero Ríos, el entonces ministro de Gracia y Justicia que más tarde presidiría el Tribunal Supremo. Y en este antiguo monasterio funcionó la administración de la Justicia entre 1875 y 1915, fecha en la que un incendio destruyó gran parte del edificio.
Pero para hablar del origen de las Salesas Reales nos remontamos a 1746, fecha en la que el monarca Fernando VI aprueba la fundación de este espacio cumpliendo así la voluntad de su mujer, la portuguesa Bárbara de Braganza. Su idea fue la de albergar un colegio y residencia para la educación de las doncellas nobles y se puso bajo tutela de la rama femenina de la orden fundada en 1610 por San Francisco de Sales (los salesianos). Pero también existía un interés más personal de la reina. «La relación de Bárbara de Braganza con su suegra Isabel de Farnesio, madrastra de su marido, no era buena y se piensa que quería tener un palacio a donde ir por si enviudase», explica la guía durante la visita al Tribunal Supremo. El edificio fue concebido y proyectado por el arquitecto francés Francisco Carlier y la primera piedra se puso en 1750. Por entonces era muy habitual construir un palacio real asociado a un convento. En 1757 se consagró la iglesia y un año después se concluyó toda la obra pero la reina falleció pocos meses después en Aranjuez y nunca llegó a vivir en este palacio. Tampoco lo hizo Fernando VI, quien siguió el mismo camino que su amada falleciendo en 1759 a los 46 años. Ambos monarcas están enterrados en Santa Bárbara, una suntuosa iglesia barroca de tres naves y una fachada-retablo que se salvó del referido incendio.
El origen del Tribunal Supremo es anterior al del Palacio de Justicia. «Se creó con la constitución de 1812 y fue pasando por varias sedes», explica a ABC Javier Herreros, del gabinete técnico del Tribunal Supremo. La primera sede fue en el palacio gaditano de los Marqueses de Recaño y un año después se trasladó a Madrid, al antiguo Consejo Supremo de Castilla, el Palacio de los Consejos. En 1823 estableció su sede provisional en la Audiencia de Sevilla y poco después en Cádiz, siguiendo siempre al Gobierno y a las Cortes. En 1834 regresó al Palacio de los Consejos de donde salió en 1875 para instalarse definitivamente en las Salesas. Para ello fue antes necesario obras de rehabilitación.
El 5 de mayo de 1915 fue una fecha fatídica para la historia de este palacio y de Madrid. Un incendio en la parte alta del edificio de cuyas llamas avisó un niño de 8 años acabó por destruir gran parte del complejo. Fue una defectuosa chimenea de una estufa la que provocó una desgracia que los madrileños presenciaron. El archivero bibliotecario, el señor Lostau, salvó todos los volúmenes de la biblioteca y también se lograron salvar obras de arte, muebles y pinturas. Pero hubo que lamentar una víctima, la del secretario-relator de la Sala Segunda José Armada, quien se asfixió cuando trataba de poner a salvo los sumarios. «Desde entonces se cuenta que su espíritu se quedó en el edificio y es nuestro fantasma», explica la guía.
Como curiosidad, por aquel entonces había calabozos y ese día estaba un preso que fue sacado inmediatamente por orden directa del presidente José Aldecoa. «Fue a raíz del incendio cuando se descubrió un pasadizo que llevaba a la cripta en la que estaban enterradas las religiosas salesas», explica Javier Herreros. Ahora es el depósito del Archivo del Tribunal Supremo
La actividad del Tribunal Supremo regresó a su anterior sede y se encargó el proyecto de reconstrucción al arquitecto Joaquín Rojí después de quedarse el concurso desierto. Rojí fue conservador y optó por mantener la planta con los dos patios principales (del palacio y del convento), las dos fachadas principales, las alturas (3 plantas) y las apariencias generales además de conservar las dimensiones primitivas. A su vez realizó algunas modificaciones logrando un aspecto más palaciego. En la fachada principal se mantuvo la obra de Carlier con sus pilastras y sus balcones y la coronó con un grupo escultórico de tres figuras que representan a la Ley, la Equidad y el Derecho, obras del escultor Miguel Blay. Ya en la fachada de Marqués de la Ensanada, Rojí optó por innovar y por ella se creó el acceso a la Audiencia Territorial de Madrid.
En el interior destaca la escalera principal, la gran galería de los pasos perdidos, los pasillos principales, las salas de vistas, el salón de plenos y el despacho del presidente del Tribunal Supremo (en donde probablemente estaba el antiguo cuarto particular de la Reina) . El nuevo edificio lo inauguró Alfonso XIII en 1925.
Como causa de la Guerra Civil se produjeron varios traslados del Tribunal Supremo. «Hubo dos tribunales, el Tribunal Supremo republicano marchó a Valencia y después a Barcelona y el del bando nacional se instaló en la antigua Chancillería de Valladolid», cuenta Herreros. En marzo de 1939, tras la toma de Madrid por las tropas nacionales, regresan al Palacio de Justicia.
A lo largo de los años se han llevado a cabo varias remodelaciones del edificio aunque la principal fue entre 1992 y 1995, al salir a otros inmuebles la Audiencia Territorial de Madrid y el Colegio de Abogados.
En todo el edificio se encuentran objetos de gran belleza y valor como son un conjunto de doce sillas de madera que la reina Isabel II regaló después del incidente que tuvo con el marquetero a quien no quiso pagar un 40% más del presupuesto acordado antes del trabajo. Una subida de precio que el autor de las sillas justificaba por tener una enorme labor artesanal ya que las sillas cuentan con más de 500 incrustaciones de madera. Sillas que se lograron salvar del incendio de 1915. Y en las paredes encontramos obras conocidas como la Inmaculada Concepción de Claudio Coello.
Tribunal Militar de 1930
El convento de las Salesas Reales, o convento de la Visitación de Nuestra Señora, es un conjunto arquitectónico de la ciudad española de Madrid, del que forman parte la iglesia de Santa Bárbara y el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.
En origen, las hermanas salesas, llegadas de Annecy (Saboya) en 1747, ocuparon unas casas en Prado Viejo, de donde se trasladaron a un beaterio existente en la calle San José. De allí pasaron al que sería su emplazamiento definitivo, junto a la Puerta de Recoletos, en la actual calle Bárbara de Braganza. La reina había comprado allí unos terrenos para su fundación. Su proyecto era no sólo la creación del convento, sino asegurarse un lugar tranquilo donde pudiera residir en caso de la muerte del rey, Fernando VI.
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| Bárbara de Braganza (Maria Madalena Bárbara Xavier Leonor Teresa Antónia Josefa de Bragança; Lisboa, 4 de diciembre de 1711-Aranjuez, 27 de agosto de 1758)1 fue una infanta portuguesa, hija de Juan V de Portugal y María Ana de Austria. Bárbara contrajo matrimonio en 1729 en la ciudad de Badajoz con el entonces príncipe de Asturias, Fernando VI, llegando a ser reina consorte de España. No tuvo hijos. |
El convento fue fundado en 1748 por la reina Bárbara de Braganza para colegio y residencia de jóvenes de la nobleza, siendo enterrado en la iglesia el rey Fernando VI así como la propia reina fundadora, su esposa. Actualmente, la iglesia acoge la parroquia de santa Bárbara, y el resto de la construcción es sede del Tribunal Supremo.
El convento fue diseñado por el francés François Carlier, aunque debido a un viaje de éste a Parma, fue Francisco Moradillo quién lo llevó a cabo, modificando incluso el proyecto original al incluir dos torres-campanario. Las obras, comenzadas en 1750, apenas duraron siete años, inaugurándose templo y convento en 1758, con solemnes ceremonias, en presencia de la reina fundadora, fallecida poco más tarde.
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| Tumba de Fernando VI de España |
La muerte de la reina no supuso un cambio para el convento, que siguió contando con grandes patrocinadores que lo embellecieron. Cuando en 1870 las religiosas fueron exclaustradas, el convento se destinó a Palacio de Justicia, aunque la iglesia siguió abierta al culto. En septiembre de 1891, ésta se constituyó como parroquia bajo la advocación de Santa Bárbara, en tanto las monjas con algunas piezas artísticas del viejo monasterio se establecieron en un nuevo convento en la calle de Santa Engracia, obra del marqués de Cubas.
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| Fachada de la Iglesia de Santa Bárbara |
En el siglo XX, el ya Palacio de Justicia sufrió dos grandes incendios que afectaron a las antiguas dependencias conventuales, gravemente dañado en el incendio de 1915 en el que resultaron también destruidas numerosas obras de arte depositadas por el Museo del Prado, aunque la iglesia no resultó afectada. La restauración la realizó Joaquín Rojí.
La escalinata que accede a la portada del templo fue realizada en 1930 por Miguel Durán al abrir la nueva calle Bárbara de Braganza.
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| Tribunal Supremo de España en Madrid (vista aérea) |
En 1939, tras el final de la Guerra civil, tuvo lugar una Ceremonia religiosa especial celebrada por las autoridades de la recién instaurada dictadura franquista, con la asistencia de Francisco Franco y otros dignatarios. La ceremonia se celebró solo un día después del llamado "Desfile de la Victoria" y constituyó uno de los eventos que organizó el régimen para celebrar su victoria en la Guerra civil.
Importancia Artística
Su tamaño y su riqueza arquitectónica convierten al Palacio de Justicia en uno de los edificios más impresionantes de Madrid, hoy sede del Tribunal Supremo. Cuenta además con una interesante historia llena de vicisitudes que aumenta el interés que despierta entre los madrileños y los turistas. En 1870 se destinó a Palacio de Justicia el antiguo monasterio de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María, más conocido como las Salesas Reales, según parece por idea de Eugenio Montero Ríos, el entonces ministro de Gracia y Justicia que más tarde presidiría el Tribunal Supremo. Y en este antiguo monasterio funcionó la administración de la Justicia entre 1875 y 1915, fecha en la que un incendio destruyó gran parte del edificio.
Pero para hablar del origen de las Salesas Reales nos remontamos a 1746, fecha en la que el monarca Fernando VI aprueba la fundación de este espacio cumpliendo así la voluntad de su mujer, la portuguesa Bárbara de Braganza. Su idea fue la de albergar un colegio y residencia para la educación de las doncellas nobles y se puso bajo tutela de la rama femenina de la orden fundada en 1610 por San Francisco de Sales (los salesianos). Pero también existía un interés más personal de la reina. «La relación de Bárbara de Braganza con su suegra Isabel de Farnesio, madrastra de su marido, no era buena y se piensa que quería tener un palacio a donde ir por si enviudase», explica la guía durante la visita al Tribunal Supremo. El edificio fue concebido y proyectado por el arquitecto francés Francisco Carlier y la primera piedra se puso en 1750. Por entonces era muy habitual construir un palacio real asociado a un convento. En 1757 se consagró la iglesia y un año después se concluyó toda la obra pero la reina falleció pocos meses después en Aranjuez y nunca llegó a vivir en este palacio. Tampoco lo hizo Fernando VI, quien siguió el mismo camino que su amada falleciendo en 1759 a los 46 años. Ambos monarcas están enterrados en Santa Bárbara, una suntuosa iglesia barroca de tres naves y una fachada-retablo que se salvó del referido incendio.
El origen del Tribunal Supremo es anterior al del Palacio de Justicia. «Se creó con la constitución de 1812 y fue pasando por varias sedes», explica a ABC Javier Herreros, del gabinete técnico del Tribunal Supremo. La primera sede fue en el palacio gaditano de los Marqueses de Recaño y un año después se trasladó a Madrid, al antiguo Consejo Supremo de Castilla, el Palacio de los Consejos. En 1823 estableció su sede provisional en la Audiencia de Sevilla y poco después en Cádiz, siguiendo siempre al Gobierno y a las Cortes. En 1834 regresó al Palacio de los Consejos de donde salió en 1875 para instalarse definitivamente en las Salesas. Para ello fue antes necesario obras de rehabilitación.
El 5 de mayo de 1915 fue una fecha fatídica para la historia de este palacio y de Madrid. Un incendio en la parte alta del edificio de cuyas llamas avisó un niño de 8 años acabó por destruir gran parte del complejo. Fue una defectuosa chimenea de una estufa la que provocó una desgracia que los madrileños presenciaron. El archivero bibliotecario, el señor Lostau, salvó todos los volúmenes de la biblioteca y también se lograron salvar obras de arte, muebles y pinturas. Pero hubo que lamentar una víctima, la del secretario-relator de la Sala Segunda José Armada, quien se asfixió cuando trataba de poner a salvo los sumarios. «Desde entonces se cuenta que su espíritu se quedó en el edificio y es nuestro fantasma», explica la guía.
Como curiosidad, por aquel entonces había calabozos y ese día estaba un preso que fue sacado inmediatamente por orden directa del presidente José Aldecoa. «Fue a raíz del incendio cuando se descubrió un pasadizo que llevaba a la cripta en la que estaban enterradas las religiosas salesas», explica Javier Herreros. Ahora es el depósito del Archivo del Tribunal Supremo
La actividad del Tribunal Supremo regresó a su anterior sede y se encargó el proyecto de reconstrucción al arquitecto Joaquín Rojí después de quedarse el concurso desierto. Rojí fue conservador y optó por mantener la planta con los dos patios principales (del palacio y del convento), las dos fachadas principales, las alturas (3 plantas) y las apariencias generales además de conservar las dimensiones primitivas. A su vez realizó algunas modificaciones logrando un aspecto más palaciego. En la fachada principal se mantuvo la obra de Carlier con sus pilastras y sus balcones y la coronó con un grupo escultórico de tres figuras que representan a la Ley, la Equidad y el Derecho, obras del escultor Miguel Blay. Ya en la fachada de Marqués de la Ensanada, Rojí optó por innovar y por ella se creó el acceso a la Audiencia Territorial de Madrid.
En el interior destaca la escalera principal, la gran galería de los pasos perdidos, los pasillos principales, las salas de vistas, el salón de plenos y el despacho del presidente del Tribunal Supremo (en donde probablemente estaba el antiguo cuarto particular de la Reina) . El nuevo edificio lo inauguró Alfonso XIII en 1925.
Como causa de la Guerra Civil se produjeron varios traslados del Tribunal Supremo. «Hubo dos tribunales, el Tribunal Supremo republicano marchó a Valencia y después a Barcelona y el del bando nacional se instaló en la antigua Chancillería de Valladolid», cuenta Herreros. En marzo de 1939, tras la toma de Madrid por las tropas nacionales, regresan al Palacio de Justicia.
A lo largo de los años se han llevado a cabo varias remodelaciones del edificio aunque la principal fue entre 1992 y 1995, al salir a otros inmuebles la Audiencia Territorial de Madrid y el Colegio de Abogados.
En todo el edificio se encuentran objetos de gran belleza y valor como son un conjunto de doce sillas de madera que la reina Isabel II regaló después del incidente que tuvo con el marquetero a quien no quiso pagar un 40% más del presupuesto acordado antes del trabajo. Una subida de precio que el autor de las sillas justificaba por tener una enorme labor artesanal ya que las sillas cuentan con más de 500 incrustaciones de madera. Sillas que se lograron salvar del incendio de 1915. Y en las paredes encontramos obras conocidas como la Inmaculada Concepción de Claudio Coello.
11/02/2019
Historias y otras curiosidades del salón del Supremo donde se
juzgará el ‘procés’(Separatistas catalanes)
Historias y otras curiosidades del salón del Supremo donde se
juzgará el ‘procés’(Separatistas catalanes)
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| El Salón de Plenos del Tribunal Supremo será, con toda probabilidad, donde se celebrará el juicio. |
El Salón de Plenos del Tribunal Supremo de España donde se va a enjuicia a los 12 acusados por el ‘procés’ es la sala principal y la estancia de mayor singularidad del edificio. Justo ahí, donde a partir del día 12 estará sentado el ex-vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de imputados del Govern, acude cada año el Rey para presidir el solemne acto de la apertura judicial.
La estancia está adornada con mármoles, tapicerías, un techo abovedado, extraordinarias vidrieras y espectaculares lámparas de araña. En su frontal, un escudo, obra original del escultor Mariano Benlluire, modificado durante la República, cuando fue retirado el relieve el retrato de Alfonso XIII, que preside la sala.
Cuando Oriol Junqueras y sus compañeros levanten la vista verán la composición pictórica “La Ley triunfando sobre el mal o El vencimiento de los delitos y los vicios ante la aparición de la Justicia”, realizada por Marceliano Santa María Sedano en 1920.
Para llegar al Salón de Plenos el público ha de pasar por la monumental escalera de honor una vez cruzado el vestíbulo presididas por las figuras de Justiano y Alfonso X, realizadas por Lorenzo Coullaut Valera.
Esta sala, donde durante alrededor de tres meses estarán sentados, al menos tres días por semana, los acusados por el ‘procés’, se encuentra en la segunda planta del Tribunal Supremo, el que fuera antes el gran Palacio de Justicia de Madrid.
Juicios históricos
Tribunal Militar de 1930
No en vano aquí se han celebrado ya grandes juicios. Tal vez el más singular, la vista ante un tribunal Militar de parte de los conjurados en el pacto de San Sebastián, el acuerdo de los partidos de la España diversa para promover la Segunda República en 1930. En el banquillo de los acusados se sentaron Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga y Fernando de los Ríos, como relataba puntualmente la crónica de La Vanguardia del 22 de marzo de 1931.
Fueron condenados a seis meses de cárcel de los que luego fueron indultados. A Álvaro de Albornoz no le dejó buen sabor de boca su paso por el banquillo de ese Salón de Plenos, en un juicio en el que tuvo como defensora a Victoria Kent -la primera mujer abogada de la historia de España-, aunque salió absuelto.
Por eso, cuando fue nombrado ministro de Justicia de la Segunda República , en diciembre de 1931, lo primero que ordenó fue que quitaran el busto de Alfonso XIII y que lo sustituyeran por el escudo de España que hoy conocemos. “Esto ya no es una monarquía
sino una República”, dijo Albornoz.
Un trabajo que también realizó Benlluire y que explica que, en el centro, no figuren las tres flores de lys de la Casa Borbón, como sucede en los escudos actuales.
Tribunal Militar de 1932
Por eso, cuando fue nombrado ministro de Justicia de la Segunda República , en diciembre de 1931, lo primero que ordenó fue que quitaran el busto de Alfonso XIII y que lo sustituyeran por el escudo de España que hoy conocemos. “Esto ya no es una monarquía
sino una República”, dijo Albornoz.
Un trabajo que también realizó Benlluire y que explica que, en el centro, no figuren las tres flores de lys de la Casa Borbón, como sucede en los escudos actuales.
Tribunal Militar de 1932
En esos mismos sillones centrales en los que se sentarán hoy el secretario de Gobierno, Tomás Sanz, los letrados de la Administración de Justicia de las diferentes Salas del Supremo y los presidentes y decanos de los diferentes consejos generales y colegios de las profesiones de la ley, en 1932 lo hicieron el entonces teniente general, y director general del Cuerpo de Carabineros, José Sanjurjo, y tres oficiales más, por el golpe de estado fallido. Sanjurjo fue finalmente condenado a cadena perpetua.
En 1934 fue amnistiado. Se marchó a Portugal y desde allí estuvo presente en todas las conspiraciones contra la República, incluyendo la de 1936. Iba a ser el líder máximo, pero su muerte, en un accidente de aviación, le dejó el camino libre al general Francisco Franco.
Tribunal Militar de 1983
51 años más tarde, en 1983, se celebró también en ese Salón de Plenos el juicio, en casación, contra 24 de los implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Entre los acusados se encontraban el teniente general Jaime Milans del Bosch, los generales de División, Alfonso Armada y Luis Torres Rojas, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, quien asaltó el Congreso de los Diputados.
Tribunal de 1997
El lugar también fue el escenario, en 1997, de uno de los juicios más mediáticos de la historia del tribunal: el proceso por el caso Filesa, sobre la financiación ilegal del PSOE
En el banquillo se sentaron el diputado Carlos Navarro Gómez, el senador Josep María Sala, Luis Oliveró, tío del diputado, Alberto Flores, y los “conseguidores” Aida Álvarez, Guillermo Molledo, Luis Sánchez, Francisco Javier Iglesias, Julio Calleja, Juan Antonio Molina, Eugenio García y Diego Ramos, para responder por los delitos de falsedad en documentos mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.
La instrucción, en un principio, la llevó el magistrado -y catedrático de Derecho Penal- Marino Barbero, quien luego se retiró y pasó a manos de su compañero, Enrique Bacigalupo.
En el juicio quedó probado que el PSOE había montado una red de empresas -Filesa, Malesa y Time Export- a través de las cuales canalizaba el dinero de las comisiones recibidas por adjudicaciones públicas. El diputado y ell senador fueron condenados a tres años de prisión.
Tribunal de 1998
En 1998 el Salón de Plenos volvió a articularse como sala de vistas. La Sala de lo Penal celebró allí el proceso contra el exministro del Interior, José Barrionuevo, el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el exdirector general de Seguridad, Julián Sancristóbal, los policías Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, José Amedo, Julio Hierro, Francisco Saiz Ojeda y Michel Domínguez, los exagentes José Ramón Corujo y Luis Hens y el político del PSOE, Ricardo García Damborenea.
Todos ellos fueron juzgados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano que fue confundido en Santander con un etarra.
El exministro, su segundo y su tercero fueron condenados a diez años de cárcel. El resto recibieron diferentes penas de nueve a dos años de cárcel.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, también fue juzgado, y condenado, tras una vista pública llevada a cabo en el Salón de Plenos.
El tribunal le impuso 15 años de 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos, así como a 18 meses de multa, a razón de 1.000 pesetas diarias (540.000 pesetas), por un delito continuado de prevaricación judicial (dictar una resolución injusta a sabiendas).
El tribunal consideró prevaricadoras la decisiones adoptadas por Gómez de Liaño en el llamado caso Sogecable, del que fue instructor.
“Lo que no es discutible es que las decisiones basadas en la propia convicción empecinada del juez, sin fundamento racional en la ley, son incompatibles con el Estado democrático de derecho”, decía la sentencia.
Fue el segundo exvocal del CGPJ condenado por prevaricación, tras su compañero, Lluis Pascual Estevill, Gómez de Liaño, que hoy ejerce la abogacía, fue después indultado por el Gobierno de José María Aznar.
Pro ahí no terminó la cosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que recurrió contra la resolución condenatoria, le dio la razón y condenó a España, por unanimidad a pagar a Gómez de Liaño 5.000 euros por los “daños morales” al considerar que no tuvo un juicio independiente e imparcial y que se había violado el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tribunal de 2008
Las paredes del Salón de Plenos del Supremo también fueron testigos del recurso de casación contra la sentencia del juicio del 11-M, que se celebró en la Audiencia Nacional. Fue en 2008.
En general, el Supremo mantuvo las condenas establecidas por el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez, absolviendo a tres condenados y condenando a uno de los juzgados exonerados.
Los principales condenados fueron Hamd Ahmidan, a 23 años de prisión, Rachid Aglif y Abdelmajid Bouchad, a 18 años de prisión, Hassan El Haski, a 15 años de prisión, Basel Ghalyoun, Mohamed Bouharrat, Fouad El Morabit Amghar, Mouhannad Almallah, Saed el Harrak, Youssef Belhadj y Mohamed Larbi Ben Sellam, a 12 años de prisión cada uno.
Rafa Zouhier, por su parte, recibió 10 años de prisión, Abdellah Fadual El Akil, 9 años de cárcel, y Raúl González, 5 años de prisión.
Tribunal de 2008
En ese lugar también se celebraron las vistas públicas de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -formada por un tribunal de 16 magistrados- que debía decidir la legalización de los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su relación con la desaparecida Herri Batasuna.
Fue en septiembre de 2008. El entonces presidente del Tribunal Supremo y de la mencionada Sala del 61, Francisco Hernando, explicó que ambas formaciones, suspendidas de sus actividades desde febrero por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasa Garzón, suponía “la liquidación y puesta a disposición de lo que establece la Ley de Partidos Políticos de todos los bienes y efectos que pertenecían a esos partidos”
Durante dos días, 125 testigos protegidos -policías nacionales y guardias civiles que prestaban sus servicios de forma encubierta en el País Vasco, jugándose la vida- declararon ante el tribunal, tras un biombo, facilitando las pruebas que facilitaron la ilegalización de ambas formaciones.
Su ausencia, en las elecciones autonómicas, posibilitó, por primera vez en la historia de Euskadi, que hubiera un lehendakari socialista, Patxi López, que consiguió la Lehendakaritza gracias al apoyo del Partido Popular.
Paradójicamente, el siguiente imputado en sentarse en el banquillo de los acusados en ese Salón de Plenos fue el hombre que había conseguido poner de rodillas a ETA: el juez Baltasar Garzón.
Fue juzgado en dos procesos diferentes en ese mismo entorno. El primero, por el caso de las escuchas a los abogados y a sus clientes, en el caso Gürtel, por el que fue condenado a 11 años de inhabilitación. Y el segundo, por el caso de la Memoria Histórica, por el que fue absuelto.
Cristo crucificado en el salón del plenos del Tribunal Supremo.
La imagen del Cristo crucificado que desde los años 40 adorno una de las paredes enteladas del salón del plenos del Supremo, el recinto más solemne del alto tribunal, ha sido retirada de su emplazamiento el pasado viernes, cuatro días antes de la vista de las cuestiones previas al juicio por la secesión unilateral de Cataluña, señalada para el próximo martes.
Se trata de una talla religiosa obra de Fernando de Castro Martín, un preso republicano que labró en los talleres penitenciarios la escultura con destino al Tribunal Supremo. Fuentes de la institución señalaron que hace pocos años el hijo del autor visitó el tribunal y confirmó con bocetos y otras pruebas documentales que la talla fue realizada por su padre, que estuvo recluido en la cárcel de Alcalá de Henares hasta 1946.
El Cristo "ha sido retirado para su restauración", explican las mismas fuentes, que desvinculan este hecho de la inminente celebración del juicio del 'procés' y de la presunta intención de evitar que la presencia de una obra religiosa en la sala puede ser utilizada por los abogados de la defensa -que no están siendo especialmente colaboradores con la buena marcha del proceso- para provocar un conflicto alegando una supuesta falta de neutralidad ideológica.
Las fuentes consultadas aseguraron que "simplemente es que a esa obra le tocaba ser restaurada". "Llevamos un orden riguroso de restauración del patrimonio artístico del palacio de justicia y era el momento del Cristo del salón de plenos.
Tenemos un presupuesto que hay que ejecutar", añadieron.No se sabe cuánto tiempo será necesario para la restauración, aunque no se prevé excesivo porque la obra se encuentra en buen estado de conservación. "Igual para cuando empiece el juicio el trabajo está terminado y la escultura vuelve a su lugar", manifestaron las mismas fuentes.
Lo que de momento es seguro es que el Cristo crucificado no estará en su emplazamiento para la vista del próximo martes 12 de Febrero de 2019, primera prueba de fuego pública de la Sala encargada de juzgar el 'procés'. El alto tribunal ha decidido que los actos jurisdiccionales relacionados con esta causa se celebren en el salón de plenos porque tiene el suficiente espacio para que las numerosas partes personadas puedan trabajar con comodidad. Con ese mismo fin se van a introducir algunos cambios en el mobiliario de los estrados. En esa sala se celebraron todos los procesos de ilegalizacion de ETA/Batasuna y juicio como el de Segundo Marey o Filesa.
Vista
En la vista del martes no estarán los encausados del 'procés' ya que su objeto es debatir las cuestiones previas al juicio. Las 18 defensas coinciden en sostener la falta de competencia de la Sala Penal para conocer del proceso relacionado con la declaración unilateral de independencia de Cataluña y esta cuestión tiene que ser resuelta antes del juicio para determinarse si éste debe ser celebrado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Según las defensas, la competencia sobre el 'procés' corresponde al TSJC "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán".
Se trata de una alegación que ha sido anteriormente planteada al magistrado instructor, Pablo Llarena, y a la Sala de Recursos. Ambos ratificaron la competencia del Supremo señalando que varios actos relevantes para el propósito de la secesión unilateral se realizaron fuera de Cataluña, desde las actuaciones del denominado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) hasta la contratación en el extranjero de observadores internacionales para el referéndum legal del 1-O,a los que se pagó con fondos públicos por parte de la Generalitat. En el referéndum celebrado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional participaron catalanes residentes fuera de la comunidad autónoma.
Una de las acusadas, la exconsejera Meritxell Borrás, afirmó en sus declaraciones judiciales que las urnas empleadas en el referéndum no se obtuvieron por la Consejería de Gobernación sino que hubo que comprarlas en el extranjero, donde también se imprimieron papeletas para la votación.
En 1934 fue amnistiado. Se marchó a Portugal y desde allí estuvo presente en todas las conspiraciones contra la República, incluyendo la de 1936. Iba a ser el líder máximo, pero su muerte, en un accidente de aviación, le dejó el camino libre al general Francisco Franco.
Tribunal Militar de 1983
51 años más tarde, en 1983, se celebró también en ese Salón de Plenos el juicio, en casación, contra 24 de los implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Entre los acusados se encontraban el teniente general Jaime Milans del Bosch, los generales de División, Alfonso Armada y Luis Torres Rojas, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, quien asaltó el Congreso de los Diputados.
Tribunal de 1997
El lugar también fue el escenario, en 1997, de uno de los juicios más mediáticos de la historia del tribunal: el proceso por el caso Filesa, sobre la financiación ilegal del PSOE
En el banquillo se sentaron el diputado Carlos Navarro Gómez, el senador Josep María Sala, Luis Oliveró, tío del diputado, Alberto Flores, y los “conseguidores” Aida Álvarez, Guillermo Molledo, Luis Sánchez, Francisco Javier Iglesias, Julio Calleja, Juan Antonio Molina, Eugenio García y Diego Ramos, para responder por los delitos de falsedad en documentos mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.
La instrucción, en un principio, la llevó el magistrado -y catedrático de Derecho Penal- Marino Barbero, quien luego se retiró y pasó a manos de su compañero, Enrique Bacigalupo.
En el juicio quedó probado que el PSOE había montado una red de empresas -Filesa, Malesa y Time Export- a través de las cuales canalizaba el dinero de las comisiones recibidas por adjudicaciones públicas. El diputado y ell senador fueron condenados a tres años de prisión.
Tribunal de 1998
En 1998 el Salón de Plenos volvió a articularse como sala de vistas. La Sala de lo Penal celebró allí el proceso contra el exministro del Interior, José Barrionuevo, el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el exdirector general de Seguridad, Julián Sancristóbal, los policías Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, José Amedo, Julio Hierro, Francisco Saiz Ojeda y Michel Domínguez, los exagentes José Ramón Corujo y Luis Hens y el político del PSOE, Ricardo García Damborenea.
Todos ellos fueron juzgados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano que fue confundido en Santander con un etarra.
El exministro, su segundo y su tercero fueron condenados a diez años de cárcel. El resto recibieron diferentes penas de nueve a dos años de cárcel.
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, también fue juzgado, y condenado, tras una vista pública llevada a cabo en el Salón de Plenos.
El tribunal le impuso 15 años de 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos, así como a 18 meses de multa, a razón de 1.000 pesetas diarias (540.000 pesetas), por un delito continuado de prevaricación judicial (dictar una resolución injusta a sabiendas).
El tribunal consideró prevaricadoras la decisiones adoptadas por Gómez de Liaño en el llamado caso Sogecable, del que fue instructor.
“Lo que no es discutible es que las decisiones basadas en la propia convicción empecinada del juez, sin fundamento racional en la ley, son incompatibles con el Estado democrático de derecho”, decía la sentencia.
Fue el segundo exvocal del CGPJ condenado por prevaricación, tras su compañero, Lluis Pascual Estevill, Gómez de Liaño, que hoy ejerce la abogacía, fue después indultado por el Gobierno de José María Aznar.
Pro ahí no terminó la cosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que recurrió contra la resolución condenatoria, le dio la razón y condenó a España, por unanimidad a pagar a Gómez de Liaño 5.000 euros por los “daños morales” al considerar que no tuvo un juicio independiente e imparcial y que se había violado el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tribunal de 2008
Las paredes del Salón de Plenos del Supremo también fueron testigos del recurso de casación contra la sentencia del juicio del 11-M, que se celebró en la Audiencia Nacional. Fue en 2008.
En general, el Supremo mantuvo las condenas establecidas por el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez, absolviendo a tres condenados y condenando a uno de los juzgados exonerados.
Los principales condenados fueron Hamd Ahmidan, a 23 años de prisión, Rachid Aglif y Abdelmajid Bouchad, a 18 años de prisión, Hassan El Haski, a 15 años de prisión, Basel Ghalyoun, Mohamed Bouharrat, Fouad El Morabit Amghar, Mouhannad Almallah, Saed el Harrak, Youssef Belhadj y Mohamed Larbi Ben Sellam, a 12 años de prisión cada uno.
Rafa Zouhier, por su parte, recibió 10 años de prisión, Abdellah Fadual El Akil, 9 años de cárcel, y Raúl González, 5 años de prisión.
Tribunal de 2008
En ese lugar también se celebraron las vistas públicas de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -formada por un tribunal de 16 magistrados- que debía decidir la legalización de los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su relación con la desaparecida Herri Batasuna.
Fue en septiembre de 2008. El entonces presidente del Tribunal Supremo y de la mencionada Sala del 61, Francisco Hernando, explicó que ambas formaciones, suspendidas de sus actividades desde febrero por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasa Garzón, suponía “la liquidación y puesta a disposición de lo que establece la Ley de Partidos Políticos de todos los bienes y efectos que pertenecían a esos partidos”
Durante dos días, 125 testigos protegidos -policías nacionales y guardias civiles que prestaban sus servicios de forma encubierta en el País Vasco, jugándose la vida- declararon ante el tribunal, tras un biombo, facilitando las pruebas que facilitaron la ilegalización de ambas formaciones.
Su ausencia, en las elecciones autonómicas, posibilitó, por primera vez en la historia de Euskadi, que hubiera un lehendakari socialista, Patxi López, que consiguió la Lehendakaritza gracias al apoyo del Partido Popular.
Paradójicamente, el siguiente imputado en sentarse en el banquillo de los acusados en ese Salón de Plenos fue el hombre que había conseguido poner de rodillas a ETA: el juez Baltasar Garzón.
Fue juzgado en dos procesos diferentes en ese mismo entorno. El primero, por el caso de las escuchas a los abogados y a sus clientes, en el caso Gürtel, por el que fue condenado a 11 años de inhabilitación. Y el segundo, por el caso de la Memoria Histórica, por el que fue absuelto.
Cristo crucificado en el salón del plenos del Tribunal Supremo.
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| Cristo crucificado en el salón del plenos del Tribunal Supremo |
La imagen del Cristo crucificado que desde los años 40 adorno una de las paredes enteladas del salón del plenos del Supremo, el recinto más solemne del alto tribunal, ha sido retirada de su emplazamiento el pasado viernes, cuatro días antes de la vista de las cuestiones previas al juicio por la secesión unilateral de Cataluña, señalada para el próximo martes.
Se trata de una talla religiosa obra de Fernando de Castro Martín, un preso republicano que labró en los talleres penitenciarios la escultura con destino al Tribunal Supremo. Fuentes de la institución señalaron que hace pocos años el hijo del autor visitó el tribunal y confirmó con bocetos y otras pruebas documentales que la talla fue realizada por su padre, que estuvo recluido en la cárcel de Alcalá de Henares hasta 1946.
El Cristo "ha sido retirado para su restauración", explican las mismas fuentes, que desvinculan este hecho de la inminente celebración del juicio del 'procés' y de la presunta intención de evitar que la presencia de una obra religiosa en la sala puede ser utilizada por los abogados de la defensa -que no están siendo especialmente colaboradores con la buena marcha del proceso- para provocar un conflicto alegando una supuesta falta de neutralidad ideológica.
Las fuentes consultadas aseguraron que "simplemente es que a esa obra le tocaba ser restaurada". "Llevamos un orden riguroso de restauración del patrimonio artístico del palacio de justicia y era el momento del Cristo del salón de plenos.
Tenemos un presupuesto que hay que ejecutar", añadieron.No se sabe cuánto tiempo será necesario para la restauración, aunque no se prevé excesivo porque la obra se encuentra en buen estado de conservación. "Igual para cuando empiece el juicio el trabajo está terminado y la escultura vuelve a su lugar", manifestaron las mismas fuentes.
Lo que de momento es seguro es que el Cristo crucificado no estará en su emplazamiento para la vista del próximo martes 12 de Febrero de 2019, primera prueba de fuego pública de la Sala encargada de juzgar el 'procés'. El alto tribunal ha decidido que los actos jurisdiccionales relacionados con esta causa se celebren en el salón de plenos porque tiene el suficiente espacio para que las numerosas partes personadas puedan trabajar con comodidad. Con ese mismo fin se van a introducir algunos cambios en el mobiliario de los estrados. En esa sala se celebraron todos los procesos de ilegalizacion de ETA/Batasuna y juicio como el de Segundo Marey o Filesa.
Vista
En la vista del martes no estarán los encausados del 'procés' ya que su objeto es debatir las cuestiones previas al juicio. Las 18 defensas coinciden en sostener la falta de competencia de la Sala Penal para conocer del proceso relacionado con la declaración unilateral de independencia de Cataluña y esta cuestión tiene que ser resuelta antes del juicio para determinarse si éste debe ser celebrado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Según las defensas, la competencia sobre el 'procés' corresponde al TSJC "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán".
Se trata de una alegación que ha sido anteriormente planteada al magistrado instructor, Pablo Llarena, y a la Sala de Recursos. Ambos ratificaron la competencia del Supremo señalando que varios actos relevantes para el propósito de la secesión unilateral se realizaron fuera de Cataluña, desde las actuaciones del denominado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) hasta la contratación en el extranjero de observadores internacionales para el referéndum legal del 1-O,a los que se pagó con fondos públicos por parte de la Generalitat. En el referéndum celebrado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional participaron catalanes residentes fuera de la comunidad autónoma.
Una de las acusadas, la exconsejera Meritxell Borrás, afirmó en sus declaraciones judiciales que las urnas empleadas en el referéndum no se obtuvieron por la Consejería de Gobernación sino que hubo que comprarlas en el extranjero, donde también se imprimieron papeletas para la votación.
La plaza
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| FABIOLA DEL PILAR GONZÁLEZ HUENCHUÑIR |
La plaza de la Villa de París, antes plaza del Palacio de Justicia, es un espacio ajardinado del barrio de Justicia, en el distrito centro de la ciudad de Madrid, España. La amplia superficie queda delimitada por las calles del General Castaños, García Gutiérrez y Marqués de la Ensenada. La preside el conjunto arquitectónicamente equilibrado de los edificios del Tribunal Supremo (con su fachada principal), y un lateral de la Audiencia Nacional.
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| Tiempo |
un hermoso palacio en el viejo Madrid, con un pasado real, ahora un palacio de justicia de Madrid, también con historia
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