Caricaturas de Barrister (Abogados) en revista inglesa Vanity Fair

sábado, 20 de agosto de 2016

270).-Abogados y jueces chilenos.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio  Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Heredia Sanchez;Paula Flores Vargas; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; Katherine Alejandra Del Carmen  Lafoy Guzmán

Juez Daniel Urrutia Laubreaux
Hernán Abelardo Cereceda Bravo 
Ambrosio Rodríguez Quirós

Juez Daniel Urrutia Laubreaux


12.649.541-2

Introducción 

El Juez Daniel David Urrutia Laubreaux  lleva 15 años en la carrera judicial  y en los últimos 24 meses acumula siete sumarios en su contra.
Se tituló como Licenciado en ciencias jurídicas en la Universidad de Chile, en dia 10 abril de 2000, fue investido como Abogado.
ingreso a la tercera categoría del Escalafón Judicial el 21-02-2006, ingresó al servicio judicial el 15-06-2001.

El juez está al borde de convertirse en el primer juez removido por “actuaciones políticas” en el estrado y por desafiar a la autoridad. Su caso es hoy bandera de lucha de los dirigentes del gremio, pero tiene escaso apoyo entre sus pares.
Un día decidió dejar de usar corbata, pues, según comentó a un amigo, era una vestimenta que “uniformaba” a las personas y “validaba estereotipos en las estructuras jerárquicas” de las sociedades.
El juez de garantía Daniel Urrutia Laubreaux, de 41 años, comenzó entonces a usar camisas blancas con bordados multicolores en el pecho, imitando las que popularizó el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que están inspiradas en el arte de los indígenas otavaleños. Quienes lo conocen cuentan que no sólo decidió usarlas en el estrado, sino que -además- él mismo diseñó los bordados que están hechos a mano.
La “pinta” del magistrado se transformó en comentario obligado de fiscales, defensores y abogados que desfilan por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los tribunales más importantes de la capital, tiene jurisdicion sobre la comuna de Santiago.
Pero a nadie le sorprendió tanto, porque “era el juez Urrutia”.

Carrera 

En 2005 fue la primera vez que este egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile desafió a sus superiores. Quienes lo conocen desde esa época sostienen que ese hito coincide con un cambio radical en su vida: de ser un estudiante de bajo perfil, católico, que se opuso a que en la escuela se instalara una máquina expendedora de condones a convertirse en una suerte de “paladín” de la defensa de los derechos humanos y un constante dolor de cabeza para las cúpulas del Poder Judicial.
Urrutia ese año era juez de garantía de Coquimbo y decidió realizar un postítulo que fue calificado con nota 7,0 por el abogado José Zalaquett. Su tesis fue revolucionaria para esa época. Recién instalándose la Reforma Procesal Penal en el país y esta nueva figura del juez que debe velar por el debido proceso en el entonces naciente sistema, Urrutia hizo un duro emplazamiento a sus superiores. En su tesis de posgrado dijo que la Corte Suprema debía pedir perdón por su rol durante el régimen militar. El hecho escandalizó a las autoridades judiciales de la época y se tradujo en un sumario y su primera sanción por “atacar” al máximo tribunal del país.
En 2013, cuando se conmemoraron 40 años del Golpe, la Suprema hizo una histórica declaración en que si bien no pidió perdón, reconoció haber omitido su rol de defensa de derechos humanos en el régimen de Pinochet. La misma tesis que ocho años antes le valió a Urrutia su primer castigo.

Hoy, el juez está otra vez en el ojo del huracán. Titular del tribunal de garantía en que se tramitan casos como el denominado “milicogate” “mascadas”, Urrutia ha batido un récord en materia disciplinaria, ya que en dos años acumula siete sumarios, tres de los cuales están paralizados por el Tribunal Constitucional (TC). A esto se suma que es investigado en una causa penal por la Fiscalía Sur, por supuesta prevaricación.
Su caso ha sido tomado como bandera de lucha por los dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), quienes llevaron este caso -y el de otros dos jueces- ante el TC para que se declare inconstitucional el proceso disciplinario del Poder Judicial en el que acusan falta de un debido proceso y violación de garantías.
El magistrado Mauricio Olave -quien fue compañero de generación de Daniel Urrutia en la universidad y que hoy es dirigente del gremio que une a los jueces del país- sostiene que “él está tranquilo, cuenta con nuestro respaldo en la necesidad de mantener independencia y garantía del debido proceso para los jueces y esperamos que el TC cumpla con su rol y falle a su favor”.

Tribunal intervenido

Pese a que la directiva de la ANM le brinda un apoyo irrestricto, Urrutia no goza de simpatía entre sus pares y tampoco entre los funcionarios de su tribunal. El año pasado, cuando ocupó el cargo de juez presidente del 7° Juzgado de Garantía, se enfrascó en discusiones con el administrador y con profesionales encargados de las actas de las audiencias.
 En una denuncia ante la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, presentada el 6 de julio de 2016, los funcionarios describen que “con asombro creciente hemos sido víctimas y testigos de una serie de malos tratos, hostigamientos y demostraciones de poder, del todo injustas y oprobiosas, efectuadas por el juez Urrutia”.
El mal clima laboral y la serie de “indisciplinas” de Urrutia hicieron que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera intervenir el tribunal. La ministra Adelita Ravanales, visitadora del juzgado, se fue a instalar al Centro de Justicia para analizar su gestión y proponer una fórmula para superar una crisis en la que en un minuto hubo 15 funcionarios con licencia médica por estrés.
Uno de los trabajadores del lugar sostiene que “es peculiar la postura del juez Urrutia, lucha por terminar con el trato jerárquico de los ministros, pero no es capaz de hacerlo él mismo con sus propios funcionarios”.
El 7° de Garantía actualmente está intervenido por la Asociación Chilena de Seguridad, una situación inédita, comentan altas autoridades del Poder Judicial. En paralelo, el juez Urrutia intenta revertir su situación ante el TC, pues si es sancionado tres veces en un plazo de tres años será removido. No es la primera vez que este magistrado pasa por una situación de este tipo.

“Exilio” en México

Luego de su primera sanción el 2005, dos años después fue amonestado junto a otros jueces del 7° Juzgado de Garantía tras conocerse diferencias de opinión que los sancionados tuvieron en una diligencia probatoria del denominado “caso quesos mágicos”, con el entonces magistrado Guillermo de la Barra, quien actualmente es superior jerárquico de Urrutia, ya que fue nombrado ministro de la corte santiaguina.
Esa segunda sanción motivó un viaje de Urrutia a México para “sanear su hoja de vida” y evitar la tercera sanción que lo expulsara del Poder Judicial.
Estuvo tres años viviendo un “autoexilio” en el “Estado Libre y Soberano de Chiapas”. Hizo clases en la Universidad Autónoma de esa ciudad. Lejos de morigerar su veta de defensor de derechos humanos, esta experiencia profundizó su convicción de que “cada vez que en un lugar del mundo se viola un derecho fundamental, es porque un juez no intervino”, como les ha señalado a sus amigos para justificar su conducta.
En esa época, seis de sus estudiantes fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes y Urrutia decidió ser aún más “latinoamericanista”.
Hace algunos meses, comenta un funcionario del 7° de Garantía, llegó una machi al tribunal. Ninguno de los presentes se cuestionó mucho la escena, “era obvio que iba al despacho del juez de la camisa de colores”. Otro profesional aseguró que intentó que las salas del tribunal tuvieran señaléticas en español y en mapudungún, la lengua mapuche. No concitó apoyo institucional.

El magistrado, cuya figura es una de las más controvertidas del actual sistema penal, inspira una cruzada de apoyo internacional de redes de jueces y abogados ligados al mundo de los derechos humanos, que ven en él una víctima de la persecución de un poder del Estado. A nivel interno, suscitó esta semana el apoyo de 85 abogados chilenos, que a través de una carta publicada en La Tercera manifestaron abiertamente su apoyo. Sin embargo, no hay términos medios para la opinión que Urrutia genera en el mundo judicial. O valoran su arrojo o critican sus formas.
La mayoría de los fiscales que han litigado en su tribunal, quienes principalmente son de la zona Centro Norte, aseguran que desde el estrado excede sus facultades. “Nos hace sentir muchas veces como un enemigo, es como que tuviéramos que litigar contra el defensor del imputado y además el magistrado”, dijo un persecutor que lo conoce desde el 2006, año en que llegó como juez a Santiago.
Desde su entorno, aseguran, Urrutia cree que su rol es asegurar las garantías del imputado, pues es éste el que se enfrenta a todo el poder estatal: fiscalía y la policía. Una vez le comentó a un colega que antes de llegar a ese tribunal, el 7° de Garantía, era llamado “la séptima fiscalía”, porque tras un año de funcionamiento -la Reforma Procesal Penal se instaló en la Región Metropolitana a mediados del 2005- nunca se decretó una detención ilegal en esa jurisdicción, hasta su desembarco.

Tras la huella del Juez Garzón

La Fiscalía Sur hoy tramita una causa penal en su contra por uno de los hechos que abrió uno de sus siete sumarios, quizás el más grave: una eventual prevaricación. Este delito se le imputa a un juez que falla contra lo que dispone la ley.

Urrutia sobreseyó a 76 personas de la agrupación Andha Chile que habían sido llevadas ante la justicia por el Ministerio Público por desórdenes en el marco de una protesta al interior de un banco. Algunos de los manifestantes ya habían sido condenados en el proceso. Pese a ello, el magistrado acusó a la fiscalía de discriminar a esos imputados y pretender acallar con eso la “protesta social”. Anuló fallos ya ejecutoriados y a todos les aplicó un sobreseimiento que luego fue revocado por la corte santiaguina, desatando, una vez más, la molestia del tribunal de alzada.

Su último sumario, el séptimo ya, es por haberle ordenado al Servel y a Gendarmería instalar mesas de votación en la cárcel para que imputados en prisión preventiva que no han perdido su derecho a voto lo hicieran.

 “Quedamos atónitos, todo un circo armado porque el niñito terrible quería que 22 presos votaran, por supuesto que anulamos lo que hizo, y se ordenó un sumario, no porque se crea que los imputados en prisión preventiva no pueden votar, sino porque todo lo que hizo fue irregular, ir de visita sin estar asignado, autoagendarse una audiencia… Los ánimos de figuración ya excedieron toda lógica”, dijo un ministro de la Corte de Santiago, la misma que ya le propuso a la Corte Suprema que, por lo pronto, traslade a Urrutia de tribunal.
Algunos jueces, que no pertenecen a su círculo íntimo, aseguran que toda su rebeldía es parte de un diseño comunicacional que busca instalarlo en escenarios internacionales, que si es expulsado podrá recorrer el mundo siendo el primer magistrado chileno alejado de sus funciones por su “actuar político” en estrado y por desafiar a sus superiores.
 “El quiere ser un juez como Juan Guzmán, como Baltasar Garzón”, dicen.

En la Corte Suprema miran con distancia el conflicto. Saben que en algún momento tendrán que volver a pronunciarse respecto del mismo juez que en 2005 los desafió a pedir perdón. Y, aseguran, es posible que tres sanciones lo exoneren.En las últimas semanas, Urrutia no parece ser el mismo. Volvió a ocupar corbata y no ha protagonizado ninguna polémica. Toma su mate de vez en cuando en el estrado y está reflexivo. En su estado de WhatsApp no aparece su nombre, sino “L’enfant terrible” (niño terrible). La expresión francesa para aquellos niños que hacen preguntas incómodas a sus padres, pero que también se usa en personas vanguardistas y cuyas opiniones se apartan de las reglas tradicionales.

Articulo publicado 2020


Hernán Abelardo Cereceda Bravo 




(Santiago, 29 de abril de 1926) es un abogado y juez chileno. Fue ministro de la Corte Suprema de Chile entre 1985 y 1993, año en que fue destituido en un proceso de acusación constitucional por abandono de sus deberes en una causa de derechos humanos.

Hijo de Eliodoro Cereceda Arancibia –Premio Nacional de Ciencias de la Educación en 1989–1​ y de Emma Bravo Almeida. Se casó el 10 de enero de 1953 con Laura Montero Cabrera.
Estudió desde 1938 en el Internado Nacional Barros Arana, y entre 1948 y 1956 estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, jurando como abogado el 6 de junio de 1956.​ En 2006 fue homenajeado por el Colegio de Abogados por sus 50 años de ejercicio profesional.
Fue procurador y luego abogado de la Caja de Empleados Particulares hasta 1957. Ese año viajó a España en comisión de servicios, invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, para estudiar medicina legal en la Universidad Central de Madrid, obteniendo un diplomado en Investigación Criminal.​ También ejerció como profesor de derecho procesal en la Universidad de Chile.

Carrera judicial

Ingresó al Poder Judicial el 23 de mayo de 1957, ejerciendo como secretario del 1° juzgado especial de menores de Santiago, mismo tribunal donde fue nombrado juez suplente en 1960. Posteriormente fue juez titular del 4° juzgado especial de menores de Santiago (1961) y del 5° juzgado civil de mayor cuantía de Santiago (1964). En 1963 fue reconocido por la Sociedad de Instrucción Primaria con el premio al «mejor juez».
El 17 de julio de 1969 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y el 10 de enero de 1985 fue designado ministro de la Corte Suprema de Chile.​ En este rol ejerció como ministro del Tribunal Constitucional de Chile entre 1989 y 1993.​

Acusación constitucional y destitución

El 15 de diciembre de 1992, un grupo de diputados de la oficialista Concertación presentaron una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, Leonel Beraud Poblete y Germán Valenzuela Erazo y contra el auditor general del Ejército Fernando Torres Silva, quien ejercía como integrante de la Corte Suprema por disposición del Código de Justicia Militar.
Los cuatro acusados, más dos abogados integrantes, habían conocido de la causa por la detención y desaparecimiento de Alfonso Chanfreau ocurrida en 1974, durante la dictadura militar, y fueron acusados por abandono de los deberes por tres causas: el traspaso de la causa de Chanfreau a la justicia militar, en contravención a normas expresas de la Constitución y a la ley; a la demora injustificada en la dictación del fallo; y a la integración indebida de la Sala de la Corte Suprema por parte de los acusados.
La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación por 66 votos a favor, 39 votos en contra y 1 abstención, con fecha 9 de enero de 1993. El 20 de enero del mismo año, el Senado resolvió la acusación, rechazándola en todas sus partes respecto de Beraud, Valenzuela y Torres, y acogiéndola solo por la causal de demora en la dictación de la sentencia respecto de Cereceda, por 25 votos a favor –incluyendo los votos de Hugo Ortiz de Filippi, Sebastián Piñera e Ignacio Pérez Walker, militantes de la centroderechista RN– y 20 en contra. Con ello, Cereceda fue destituido de su cargo como miembro de la Corte Suprema –siendo la primera y única vez en la historia de Chile en que un miembro de la Corte Suprema es destituido–​ además de la prohibición de desempeñar un cargo público, sea o no de elección popular, durante el plazo de 5 años.
Comentario de la prensa sobre ministro.




Ambrosio Rodríguez Quirós





Curriculum

Nacido en Santiago el año 1945. 

Estudios

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile Sede Valparaíso. 1970.

Actividades académicas

Fue Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. 1970-2010.
Fue Director de Departamento Derecho Privado de la Universidad de Chile. 1975-1977.
Profesor de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo. 2000a la fecha.
Actividades laborales
Fue Abogado Socio en el Estudio Jurídico Stichkin, Figueroa, Rodríguez y Nun Abogados. 1976-1981.
Fue Presidente de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile. 1982-1984.
Fue Procurador General de la República. 1986-1990.
Fue Abogado Socio en el Estudio Jurídico Rodríguez, Cardemil y Uribe Etxeverría, Abogados y Compañía Limitada. 1990-2004.
Fue Abogado Socio en el Estudio Jurídico Espina, Zepeda, Acosta, Rodriguez y Tavolari. 2004-2007.
Fue Abogado Socio en el Estudio Jurídico Tavolari & Rodriguez. 2007-2013.
Abogado Socio del Estudio Jurídico Rodríguez y Cía. 2013 a la fecha.
Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

Distinciones

Premio Instituto de Ciencias Penales. 1967.
Premio Luis Vicuña Suárez en Derecho Civil. 1967.
Premio Mejor Profesor por Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. 2016.

Membresías

Colegio de Abogados de Chile. Se recibió de abogado en 1970

Características

A veces lleva apuntes de hojas color amarillo de lo viejas que son
Grita como si te estuviera retando cuando pone énfasis a lo importante.
Si sabes de rodeos, vas a entender sus chistes.

Sus clases

Sabe harto, modula bien al hablar y da ideas coherentes, pero no es indispensable ir a las clases para pasar el ramo. (Tanto así que recomienda estudiar de libros y no de sus apuntes de clase).

Sus pruebas

Por decir lo menos, sospechosas: laaargas, tortuosas, y la corrección, otro cacho más.
Las notas oscilan entre un 3 y 5.5, ni más ni menos...
En las orales es rajón y grita y le pega a la mesa.... y si no sabes te dice "pero le estoy preguntando de que color es el caballo blanco de napoleón!!!", te pregunta harto rato, te hace sufrir y pone notas 3 sin piedad.
Nunca la tomes en rezagados, es en su oficina y mientras pone un tema clásico bélico te hace preguntas y si después de contestarle 10, la próxima no la sabes... tienes el 3.0 asegurado...
La corrección de las pruebas en la Universidad del Desarrollo depende totalmente de la ayudante.
En los exámenes finales el no es el problema... pero su ayudante y Rabat rajan.

Datos freak

Hizo clases en la facultad por cuarenta años.
Fue la única persona en desempeñar el extraño cargo de "Procurador General de la República", creado por Pinochet especialmente para él.
Cuando era Presidente del equipo de fútbol de la Universidad de Chile trajo al guatón Luis Santibáñez a La Moneda para que firmara su contrato como entrenador y prometió un estadio para la "U".
Ruiz-Tagle dijo en una entrevista del libro de María Monckeberg "No sé porque sigue aquí aún" (en la facultad).
Apareció en la franja del SÍ [1]
Según Piñera, fundó Linares.
Augusto Pinochet confesó que le tenía miedo.
Eximio colaborador de la dictadura. Era que no.
Pertenece al partido de derecha Renovación Nacional.
Si te fijas bien, verás que tiene un aire a la Tía Castrol.
Salvo por la ponchera es IGUAL al ex futbolista Marco Antonio Cornez
Fue abogado defensor de Augusto Pinochet en el proceso de desafuero por la Operación Cóndor.

Como se demora tanto en corregir, cuando sus alumnos le empiezan a cobrar las notas él dice algo como "¿y no están las notas? pero cómo, si yo mismo las llevé ayer", sólo para ver cómo después sus incautos alumnos corren al departamento a encontrarse con que las notas, por supuesto, no están. Cuando se te pasan los plazos para pedir recorrección y las pruebas no están te dice: "a lo imposible nadie está obligado".
En civil 1 dedica una clase completa y toda la pizarra a escribir aforismos jurídicos, la mayoría de los cuales nunca se usan, salvo en conversaciones aburridas entre abogados.
Cada cierto tiempo recibía una gran FUNA de los estudiantes en los pasillos de la Facultad.
Fue procesado junto a casi toda la familia Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos, en lo cual salió en libertad y declarado inocente.

El club de la Universidad de Chile.

Fue dirigente de la "U", justo cuando apareció la antes desconocida "deuda histórica" (misteriosamente en su presidencia del club se perdió mucha plata, desfalco del que el equipo nunca se recuperó). Transformó el Club Deportivo en la Corfuch desvinculando La Universidad de Chile. Cuando contrató al Guatón Santibáñez como entrenador del plantel, lo hizo ir a firmar a su oficina de Procurador General de la República, en La Moneda. Salió en primera página de "El Mercurio" saludando al profesor en la puerta del palacio.

Fue el gran responsable de la gran deuda histórica del fútbol chileno en los 80 cuando Rolando Molina presidía la ACF (Asociación Nacional de Fútbol). Junto a éste último como aliado perjudicaron por años el deporte popular con consecuencias como la pérdida de la oportunidad de organizar un mundial juvenil,dejando la imagen del fútbol chileno por el suelo ante la FIFA desechando cualquier posibilidad de organizar mundiales a futuro. Como Presidente de U. de Chile, dejó a esta institución con una deuda insostenible que culminó con la posterior baja a Segunda División. 
Está demás mencionar que en su muy cuestionada administración "desaparecieron" millones de dólares que nunca fueron justificados. Tal como Dragicevic y el "Guatón" Vergara, este señor engrosa las listas de los dirigentes que participaron en los tiempos tristes y oscuros del fútbol chileno. 
Más información: Leer primer capítulo de "Historias del Fútbol Chileno II".

Publicaciones

Una cuestión de principios. La defensa de la libertad y la democracia en la Constitución Política de 1980. Editorial Oficina del Abogado Procurador General. 562 páginas.


Tiempo 

viernes, 12 de agosto de 2016

269).-Los Abogados en Italia: ¿Demasiados y con bajos ingresos?.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ;Paula Flores Vargas; Ana Karina Gonzalez Huenchuñir;  Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; 

Muchos Abogados en Italia y bajos ingresos profesionales.

Introducción.

En nueve años y medio da tiempo para muchas cosas. Se puede fundar, hacer triunfar y hundir una empresa, estudiar una carrera y sacarse unas oposiciones de las difíciles o criar a un hijo, entre otras infinitas posibilidades. También uno se puede pasar esos 114 meses esperando a que la Justicia apure sus infinitos recorridos y acabe dictaminando un veredicto final sobre un proceso que tal vez nos condiciona la vida.

De demasiados abogados, a una plaga de Abogados.

Es lo que les ocurre a los italianos. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia, la duración media de las causas civiles que pasan por la Corte de Casación (el Supremo transalpino) es de nueve años y medio. Si el implicado es afortunado y no precisa recurrir al más alto Tribunal, la duración media se queda en seis años y tres meses. Franz Kafka encontraría inspiración de sobra en Italia si tuviera que escribir hoy “El proceso”.
¿Quién tiene la culpa de esta situación?
 ¿La falta de jueces y de medios?
 ¿El irrefrenable impulso de los italianos por pleitear?
 Es evidente que la escasez de magistrados y de juzgados contribuye a alargar los tiempos de los procesos, al igual que ocurre con la inclinación de los ciudadanos a recurrir a la Justicia por los motivos más nimios. Y es que la habitual frase “ti faccio causa” (te llevo a juicio) no es sólo una amenaza: en demasiados casos acaba convirtiéndose en una pesada e interminable realidad.

230 mil abogados, con una población de 59,83 millones (2013)
2601 habitantes por abogado.

Existe otro elemento que explica los tiempos infinitos de la Justicia. Italia es el país europeo con mayor número de abogados, 230.000, una cifra que aumenta con las 15.000 nuevas incorporaciones que se producen cada año. Este ejército de letrados tiene que ganarse la vida de alguna manera.
 Poco importa el dinero y tiempo que pierden los implicados y el Estado: lo importante es impulsar nuevos procesos y dilatarlos al máximo. Echar la culpa a los abogados por la lentitud de la Justicia es algo recurrente entre los italianos. Incluso entre los que saben del tema.
 El último en hacerlo ha sido el magistrado Piercamillo Davigo, ex fiscal del caso Manos Limpias y hoy consejero de la Corte de Casación.

Cerca de 250 millones en indemnizaciones por la lentitud de la justicia.

Los letrados, por supuesto, rechazan esta tesis, aunque admiten que su número es excesivo. El mes pasado el Corriere della Sera denunciaba que sólo en la ciudad de Milán hay 20.000 abogados, la mitad que en toda Francia.
Para intentar resarcir a las víctimas de la lentitud de su Justicia y, de paso, ofrecer algo más trabajo a su legión de abogados, Italia cuenta con una ley desde 2001 que contempla indemnizaciones para los ciudadanos que ven cómo sus procesos se alargan más de lo previsto. Si una causa excede los tres años en el tribunal de primera instancia, el afectado tendrá derecho a recibir una cantidad como compensación por cada año extra que pase.
En menos de una década que la normativa lleva en vigor, el Ministerio de Justicia ha tenido que pagar 250 millones de euros en resarcimientos. Esta ley, en principio positiva, ha tenido un efecto indeseable para el Estado: en un desquiciante rizado del rizo son muchos los que tienen que abrir un proceso y pedir una nueva indemnización porque tarda demasiado en llegar la compensación que les corresponde por una causa anterior.

Hace 100 años.

"En Italia, hoy en día, los profesionales del derecho son muy superiores en número a las necesidades sociales", escribió el abogado italiano Piero  Calamandrei en 1921. Después de casi un siglo, las palabras del jurista florentino vuelven a ser más relevante que nunca.
El 2011, existe un porcentaje anormal de abogados habitantes: 332 abogados por 100.000 habitantes, mientras  que en Francia hay 75 letrados por 100.000 de Francia.

A menudo, en  Europa argumentaron que en un mercado libre para los servicios de la multiplicación de los operadores es siempre algo positivo en favor de la competencia. En el caso de la clase de los abogados, sin embargo, el elevado número de profesionales de la ya pesada carga para el presupuesto de la justicia italiana, que, con más de seis millones de casos civiles pendientes y más de las tres millones en casos penales, no puede hacer frente a la tasa de litigiosidad italiano. Los abogados, de hecho, por un lado, proporcionar un servicio al ciudadano, pero por otro requieren el estado.

Año judicial

En la inauguración del año judicial 2011, el primer presidente del Tribunal de Casación Ernesto Lupo, en este sentido, dijo:
 "Observamos un exceso de demanda de justicia con respecto a la capacidad real de respuesta, debido en parte a las nuevas dinámicas sociales (en áreas tales como, protección de la privacidad antimonopolio, nuevas figuras de las relaciones laborales, las transacciones financieras y de seguros), y en parte a situaciones cada vez más comunes de abuso de proceso, con el fin de alcanzar fines distintos de la solución de la controversia, en particular a los efectos de tiempo de retardo en el cumplimiento de las obligaciones.
Existe, por tanto, con ritmo cada vez más alarmante, el fenómeno de la llamada demanda anormal de la justicia, es decir, la repetición anormal de una acción legal para asuntos de serie, y poco valor económico, que obstruyen los tribunales de primera instancia, con la participación , de manera desproporcionada al interés protegido, las energías de los jueces y el personal administrativo y contribuyendo significativamente a la expansión en la duración media de los ensayos. "

De acuerdo con el magistrado en el uso distorsionado de la función judicial con respecto a su propósito real. 
Y las cosas empeoran año tras año. De acuerdo con el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), en 2008 en Italia por cada juez hay 26.4 abogados, en Francia y en Inglaterra, respectivamente 7.1 3.2. En el año 2010 en comparación con un índice de 8,2 para Francia y 5 para Inglaterra, hay un aumento de hasta 6 puntos, hasta 32,4, por Italia.

Bajos renumeraciones

Con la gran cantidad de abogados en Italia, ha provocado que un gran numero de los Abogados tengan bajos ingresos profesionales.

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