Shea y Scott despedidos por la policía por el asesinato de un niño.
José B. Treaster
31 de agosto de 1974
New York Times
El oficial de policía Thomas J. Shea, absuelto el pasado junio por un jurado del asesinato de un niño de 10 años de Queens, fue declarado culpable ayer por el Departamento de Policía de disparar ilegalmente y sin causa justificada los tiros que causaron la muerte. El oficial Shea fue destituido tras el veredicto del departamento.
Al mismo tiempo, su compañero, el oficial Walter J. Scott, fue despedido bajo los cargos de haber mentido en un intento de proteger al oficial Shea.
Al recomendar los despidos tras un juicio departamental que duró casi dos semanas, Philip R. Michael, subcomisionado a cargo de los juicios, declaró que los dos agentes carecían de la madurez y el criterio que se requieren para ser buenos agentes de policía. Su permanencia en el cargo es inaceptable.
Los abogados de los dos policías dijeron que tenían la intención de apelar los despidos ante la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado conforme al Artículo 78 del Código de Servicio Civil.
“Esto es parte de lo que será una larga batalla”, dijo William Sonenshine, quien, junto con Jacob Evseroff, defiende al oficial Shea. “Esto no ha terminado, ni mucho menos”.
La decisión desató una ola de ira entre los policías, que inundaron la centralita de la Asociación Benéfica de Patrulleros con llamadas expresando su indignación.
Ambos agentes reconocieron haber disparado sus revólveres durante una persecución al amanecer del 28 de abril de 1973 en el barrio pobre y predominantemente negro de South Jamaica, en Queens. En esta persecución, Clifford Glover, de 10 años, fue asesinado y su padrastro, Add Armstead, fue detenido. Los dos policías iban vestidos de civil y patrullaban en un vehículo particular sin distintivos.
Los policías sostuvieron que el niño y su padrastro —quienes, según dijeron, vestían como dos hombres que poco antes habían asaltado a un taxista— les habían disparado. Pero el Sr. Armstead lo negó constantemente, y nunca se encontró ningún arma.
“Shea y Scott no recibieron disparos, no estaban persiguiendo a personas armadas, no corrían ningún peligro personal y no tenían ninguna causa posible para usar sus armas”, dijo el comisionado Michael, quien presidió el juicio departamental, en una declaración de hallazgos y conclusiones.
Los dos policías, añadió, “ni siquiera estaban en el umbral del uso adecuado de la fuerza letal”.
El oficial Shea, quien estuvo suspendido poco después del tiroteo, fue el segundo policía de la ciudad de Nueva York acusado de asesinato en acto de servicio. El primero, Robert F. McAllister, también fue absuelto por el jurado en su juicio de 1924.
El oficial Scott no fue acusado formalmente y solo fue suspendido brevemente. Hasta ayer, estaba asignado al cuartel general del Comando Sur de Brooklyn.
Ni el agente Shea, quien llevaba 14 años en la policía, ni el agente Scott, quien llevaba siete años en el departamento, tenían derecho a una pensión, que solo se otorga tras 15 años de servicio. De haber tenido derecho a ella, la habrían perdido como consecuencia de la condena del departamento.
El caso, que involucra a dos oficiales blancos y una víctima negra, desencadenó fuertes reacciones emocionales en la comunidad y entre las bases del Departamento de Policía.
Inmediatamente después del tiroteo, estallaron disturbios en el sur de Jamaica y los residentes enojados salieron a las calles nuevamente después de la absolución del oficial Shea en la Corte Suprema del Estado el 12 de junio.
Durante el juicio departamental en la Jefatura de Policía del bajo Manhattan, se produjeron varias pequeñas manifestaciones contra los dos agentes. El último día del proceso, el jueves pasado, más de 1500 policías fuera de servicio, algunos con sus esposas e hijos, acudieron para mostrar su apoyo a los agentes Shea y Scott.
La acción del departamento sorprendió y complació a los residentes del sur de Jamaica y a los abogados del niño asesinado, pero enfureció a los policías.
"Esto ayudará a restaurar la confianza de la comunidad en el sistema", dijo James Heyliger, director ejecutivo de la Asociación Comunitaria de Central Queens, que coordina programas de lucha contra la pobreza en el sur de Jamaica.
"Creo que la mayoría de la gente pensaba que si el jurado absolvía a Shea, un juicio departamental con la participación de la propia policía seguramente lo absolvería", dijo Heyliger.
Harry H. Lipsig, un abogado que presentó una demanda civil de 11 millones de dólares contra la ciudad y los dos policías en nombre del patrimonio del chico Glover y una demanda por 6 millones de dólares en nombre del Sr. Armstead, dijo que era bueno "ver que se logró algo de justicia y que el testimonio fraudulento que cegó al jurado en el juicio por asesinato no nubló efectivamente la visión clara del juez de los hechos en el Departamento de Policía".
Elogió al departamento por su “coraje” a pesar de lo que describió como “la presión de elementos bien intencionados pero equivocados que buscaban una disposición diferente”.
Para Ken McFeeley, presidente de la Asociación Benéfica de Patrulleros, el despido del oficial Shea no fue ninguna sorpresa.
“Llevo dos semanas diciendo que esto iba a pasar”, dijo. “Esto no es más que un juicio irregular. Pero me sorprende que también le hicieran esto a Scott. No pensé que le pasaría esto”.
El Sr. McFeeley, quien tiene el rango de oficial de policía, dijo que se sentía "muy avergonzado de todo el departamento".
“Esto no es más que un caso de ceder ante la presión comunitaria y política”, dijo. “¿A quién recurres cuando todo el departamento está empeñado en destruirte? ¿A quién puedes recurrir?”
El Sr. McFeeley dijo que su oficina había recibido una avalancha de llamadas de miembros de la policía expresando su furia. Dijo que tenía cuatro hombres atendiendo los teléfonos "para intentar calmarlos".
Dijo que no se planearon manifestaciones porque “ningún tipo de manifestación ahora va a ayudar a Shea y Scott”.
El Sr. McFeeley y otros defensores de los dos agentes alegaron que la estructura del juicio departamental impedía un juicio justo. El comisionado de juicios actúa como juez y jurado, evaluando las pruebas presentadas por el fiscal (quien también es miembro del Departamento de Policía) y los abogados de los policías acusados.
El Sr. McFeeley y los demás también sostuvieron que el oficial Shea había sido puesto en doble peligro, porque ya había sido juzgado por un jurado y absuelto.
El comisionado Michael dijo que el concepto de doble enjuiciamiento era “inaplicable” en el caso del oficial Shea.
Dijo que otros tribunales habían establecido que los juicios departamentales eran procedimientos civiles, no penales. Por lo tanto, la carga de la prueba que recae sobre el fiscal es menos rigurosa, en parte, según algunos abogados, porque las penas que un tribunal civil puede imponer generalmente se consideran menos severas que las que puede imponer un tribunal penal.
En un juicio civil, el fiscal debe probar su versión sólo mediante “la preponderancia de la evidencia”, en lugar de “más allá de toda duda razonable”, como en un juicio penal.
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