Luis Alberto Bustamante Robin; José Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdés; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Álvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Verónica Barrientos Meléndez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andrés Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma; Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matías Heredia Sánchez; Alamiro Fernández Acevedo; Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas
|
En la sociedad franceses es más importante entrar a las Grandes Escuelas, que las Universidades, siendo los exámenes de ingreso más altos, que las carreras universitarias. siendo la Escuela politécnica la más importante.
La École polytechnique. |
 La École polytechnique. (literalmente, Escuela Politécnica), es una gran escuela de ingenieros francesa fundada en 1794 bajo el nombre de Escuela central de obras públicas (École centrale de travaux publics). Es un establecimiento público de enseñanza y de investigación bajo la tutela del Ministerio de Defensa, es un miembro fundador desde 2007 de ParisTech, uno de los polos de investigación y de educación superior francés.
Esta escuela fue fundada en 1749, como un establecimiento público d enseñanza e investigación que se encuentra bajo la tutela del ministerio de defensa francés. La escuela fue creada por la ley 15 de Fructidor del año 1795 que buscaba crear una nueva escuela central de trabajos públicos. En 1805, Napoleón Bonaparte, con el fin de luchar contra los eventos de indisciplina demasiado frecuentes en los estudiantes de esta escuela a principios del siglo XIX, da a la escuela un estatus militar y la instala en la montaña de Saint Génevieve, en París. La escuela pretendía alejarse del individualismo de los arquitectos, por medio de la técnico conseguir la construcción de obras ingenieriles que respondieran a la función y le prestaran servicio a la comunidad.   Formación. La escuela asegura la formación de ingenieros (500 alumnos por promoción), seleccionados cada año a través de uno de los concursos de admisión más antiguos y más difíciles junto al de la École normale supérieure entre aquellos que preparan los alumnos de clases preparatorias, pero también a través de admisiones paralelas para alumnos universitarios. El diploma asociado a los tres primeros años de la formación es el de ingénieur diplômé de l'École polytechnique desde 1937; desde 2004, la formación en polytechnique dura cuatro años y un segundo diploma, llamado Diplôme de l'École polytechnique, se asocia al fin de esta formación. La École entrega igualmente el diploma de Dóctor de l’Ecole polytechnique (desde 1985) y forma a estudiantes de máster (2004). Los polytechniciens integran mayoritariamente las empresas privadas en Francia y en el extranjero, 20 % entre ellos integran un grand corps de l'État, y un porcentaje significativo sigue en investigación a través del doctorado. Posee un gran prestigio en el sistema de educación superior en Francia, la École polytechnique se asocia a menudo a la selectividad y a la excelencia académica. Alumnos
El campus de la École agrupa simultáneamente dos promociones de 500 alumnos ingenieros (de los cuales 100 son extranjeros) cada una, que llevan el título de polytechniciens, y 450 estudiantes de doctorado (150 cada año) y 100 alumnos de máster (50 por año). Los alumnos ingenieros franceses son en casi su totalidad reclutados por un concurso al finalizar las clases preparatorias a las grandes escuelas (CPGE) MP, PC (concurso en común con l'ESPCI ParisTech), PSI, PT y TSI. Los estudiantes que poseen ciertos problemas de salud (en particular, visuales, auditivos, motores) no son autorizados a pasar el concurso de entrada. Entre las escuelas científicas, la admisión a Polytechnique es generalmente juzgada como una de las más difíciles en razón de la baja tasa de renuncia de los admitidos. Por ejemplo, hubo solamente 42 alumnos franceses que renunciaron (alumnos escogidos que decidieron no integrar la École) en MP y PC el 2006 para un total de 331 cupos a entregar, la menor tasa junto a la de la École normale supérieure (rue d'Ulm). El 2010, la École acogió 205 alumnos provenientes de MP, 146 de PC, 48 de PSI, 10 de PT, y 5 de TSI. Más de la mitad de entre ellos proviene de lycées Sainte-Geneviève (78 élèves), Louis-le-Grand (73), du Parc (25), Hoche (25), Henri-IV(24) y Pierre de Fermat(19).
Desde el 2000 existe una vía de admisión para los alumnos en tercer año de licenciatura ofreciendo 10 cupos; el 2007, sólo 7 candidatos postularon y el único candidato admitido renunció. Los alumnos de ingeniería internacionales son reclutados ya sea por el mismo concurso que los alumnos franceses (première voie), o bien por selección basada en antecedentes y exámenes escritos y orales (seconde voie), lo que permite reclutar a universitarios internacionales. Dos cupos son propuestos a los ingenieros de nacionalidad francesa que vienen de obtener su diploma de la école Arts et Métiers ParisTech, con una medalla de oro o de plata. Las condiciones de admisión son las mismas que en las demás filières, salvo por el límite superior en edad; los candidatos deben tener menos de 23 años el 1 de enero del año del concurso. Contrariamente a la mayoría de las escuelas de ingenieros, el año de la promoción corresponde al año de entrada y no al año de la obtención del diploma. La selección está inspirada en el sistema de educación superior meritocrático francés: todo alumno, sin importar su situación financiera, puede acceder a las clases preparatorias a las grandes escuelas (CPGE) y por lo tanto a las mejores formaciones de educación superior. Sin embargo esta afirmación no se aplica a los estudiantes con alguna discapacidad o con ciertos problemas de salud, que no están autorizados a pasar el concurso de entrada. Durante la creación de la École, el concurso de entrada había sido creado por la Convención nacional para evitar el favoritismo, de manera de realizar « el reclutamiento sobre la base de méritos individuales», para ser « perfectamente conformes al ideal republicano». El éxito de los alumnos en la educación y en la continuación de sus estudios está correlacionado positivamente al medio social de sus padres, esta correlación siendo explicada por diferentes factores (condiciones de estudio, cultura del esfuerzo, etc); los alumnos de CPGE pertenecen a categorías sociales de un nivel de educación más alto que la media, y esta composición sociológica se acentúa para los alumnos de la École. Siendo el elemento más prestigioso del sistema de educación superior francés, la École Polytechnique recibe críticas de sociólogos que evocan un mecanismo de « reproducción social». Pierre Bourdieu habla de « nobleza del Estado» para los alumnos que integran los grands corps de l'État. François Furet, « esta discusión dice todo sobre el futuro de la institución: el reclutamiento de los mejores bajo concurso y la ideología meritocrática, la necesidad social de las ciencias y de las técnicas y la formación de élites, la reconstitución del privilegio social por el estado bajo la apariencia de la igualdad» (prefacio de Terry Shinn, L'École polytechnique, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1980). Entre 1815-1829, poco después de su creación, 60 % de los polytec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Grandes Escuelas. |
La expresión Gran Escuela (en francés, Grande école) designa en Francia a una serie de establecimientos públicos y privados de Educación superior de alto nivel, que se caracterizan por una estricta selección de los alumnos mediante un concurso, un número pequeño de alumnos y una rigurosa formación de cinco años. Estos establecimientos están generalmente dedicados a un solo ámbito como las ciencias, la ingeniería, las letras y las ciencias humanas, la gestión y el comercio, contrariamente a las universidades que se dedican a diversos dominios. Desde su creación, las grandes escuelas se han dedicado a formar los altos cargos de la función pública destinados a gestionar y dirigir los principales cuerpos del Estado francés. Las Grandes Escuelas fueron creadas en 1794 bajo la Revolución francesa, y se las llamaba "escuelas centrales". Las primeras fueron:
Fue el caso, entre otras, de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, la más antigua, fundada en 1747, o de la École nationale supérieure d'arts et métiers (Arts et Métiers ParisTech), fundada en 1780 en calidad de escuela para los niños de militares. Desarrollo histórico. Durante la Revolución (1789-1799), las universidades francesas que existían desde la Edad Media fueron disueltas (la Sorbona , por ejemplo, el 5 de abril de 1792) o clausuradas. No fue hasta el reinado de Napoleón que se fundaron nuevas universidades en 12 ciudades en 1808. Paralelamente a las universidades, que seguían divididas en facultades y eran responsables de las asignaturas tradicionales de derecho y medicina, así como de la educación general "lettres" (literatura/filosofía/filología), se creó gradualmente un nuevo tipo de institución de educación superior. Estas instituciones solían ofrecer formación en una sola materia o en un grupo de disciplinas estrechamente relacionadas y su objetivo era proporcionar al estado funcionarios profesionales leales y competentes. Una característica importante de estas instituciones desde el principio fue el número limitado de plazas disponibles, basado en la demanda prevista de graduados, y el acceso restringido, que se canalizaban mediante exámenes de ingreso ( concours ) . Cuando las Cámaras de Comercio e Industria comenzaron a establecer escuelas de negocios (écoles de commerce) a finales del siglo XIX , siguieron el ejemplo de las universidades estatales. Las sucesoras de estas instituciones, las actuales Grandes Écoles, se han convertido desde hace tiempo en universidades de élite, en gran medida gracias a los rigurosos procesos de selección que aplican. En disciplinas como la economía, donde existen varias Grandes Écoles, es posible establecer comparaciones dentro de la categoría respectiva y las clasificaciones son un hecho. Además, las Grandes Écoles más antiguas y tradicionales gozan de mayor prestigio que las instituciones más jóvenes, y las ubicadas en París y sus alrededores casi siempre gozan de mayor prestigio que las de provincias. |
La Escuela Normal Superior de París. |
La Escuela Normal Superior de París (también conocida como École normale supérieure, Normale Sup, Normale, ENS, ENS-Paris, ENS-Ulm o Ulm) es una Escuela Normal Superior francesa fundada el 30 de octubre de 1794, cuyo campus principal está situado en la rue d'Ulm (Calle de Ulm) de París. ENS-Ulm fue la primera Escuela Normal Superior fundada para preparar a los futuros profesores de Francia, reservada para los hombres hasta 1985. Poco conocida fuera del mundo francófono al no ser parte del sistema universitario tradicional, la ENS-Ulm es una de las instituciones de educación superior más selectivas del mundo con una tasa de admisión de menos del 5%. La ENS es considerada la escuela más prestigiosa de Francia y forma a la élite de la investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 14 ganadores del Premio Nobel, 11 ganadores de la Medalla Fields, así como una buena parte de los científicos y filósofos más influyentes del siglo XX. Tiene campus anexos en el boulevard Jourdan y en el suburbio de Montrouge, así como un anexo para biología en Foljuif. Con el propósito original de preparar profesores de instituto, hoy en día enseña a futuros investigadores, profesores de universidad, funcionarios de alto rango, así como a líderes políticos y empresariales. Se centra en la relación entre preparación e investigación, con énfasis en la libertad de currículo. Aparte de la Escuela Normal Superior de París, se han establecido otras tres escuelas normales superiores, con objetivos similares:
Como en muchas otras grandes écoles, la ENS admite principalmente a sus alumnos dos o tres años después del instituto. La mayoría proceden de las prépas (clases preparatorias) y deben pasar uno de los exámenes competitivos más exigentes de Francia. Los estudios en la ENS duran cuatro años. Muchos dedican su tercer año a la agrégation, que les permite enseñar en institutos y universidades. Desde la reforma ENS de París admite cada año unos 100 estudiantes en ciencias, y otros tantos en humanidades. Los normaliens, como se conoce a los estudiantes de la ENS, mantienen un nivel de excelencia en las varias disciplinas en las que son preparados. Los normaliens de Francia y otros países de la Unión Europea son considerados funcionarios del Estado, y como tales reciben un salario mensual durante 4 años. A cambio, deben dedicarse a servir los intereses de Francia seis años más. Aunque rara vez se lleva a cabo, esta cláusula de exclusividad es revocable mediante pago (normalmente por la firma contratante del interesado). |
Arts et Métiers ParisTech |
La Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios (en francés: École nationale supérieure d'arts et métiers, Arts et Métiers ParisTech o ENSAM, es una de las más antiguas escuelas de ingeniería francesas. La Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios está considerada como la mejor escuela de industrialización en el grupo ParisTech, formando ingenieros de muy alto nivel. Sus estudiantes, los Gadz'Arts, perpetúan antiguas tradiciones (Ropas especiales, ceremonias, jerga, canciones). Los ingenieros de la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios conservan una influencia consecuente en el mundo industrial y están agrupados en una sociedad, la SOCE, con 30.000 miembros, una de las asociaciones de antiguos alumnos más grande de Europa. Historia.
La primera Escuela Superior de Artes y Oficios fue fundada en 1780 en Liancourt en departamento francés de Oise por el duque Frederic Alexandre de La Rochefoucauld-Liancourt para los alumnos de su regimiento de caballería. Es la primera vez que el aprendizaje manual está incluido en una instrucción general. En este tiempo, la escuela fue dedicada a la formación de obreros especializados y técnicos medios. En 1792, el duque debe exiliarse, la escuela se instala en el castillo de Liancourt. A su regreso en 1799 la escuela había sido transferida a Compiègne y orientada hacia la armada. Bonaparte, primer cónsul en ese entonces, corrige la situación por medio del decreto del 6 Ventôse Año XI (25 de febrero de 1801), determina los programas de estudio con la ayuda de Monge, Laplace y Bertholet y confiere a la escuela el título de Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios. En 1804, crea una segunda escuela en Beaupreau, y después, en 1806, la escuela de Compiègne es transferida a Châlons-sur-Marne (hoy conocida como Châlons-en-Champagne), la escuela es instalada en el convento confiscado de los hermanos de Toussaint de Doctrine y es el centro más antiguo que sigue en funcionamiento. En 1815, la escuela de Beaupreau es transferida a la abadía del Ronceray en Angers. El duque de La Rochefoucauld Liancourt muere en París el 27 de mayo de 1827 a la edad de 80 años. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen 4 nuevas escuelas: Aix-en-Provence (1843) Cluny (1890) Lille (1900) Paris (1912) El 22 de octubre de 1907, Gaston Doumergue (Ministro de Industria y Comercio) hace promulgar la ley por la que se crea el diploma de Ingeniero de Artes y Oficios. En 1963, después de elevar notablemente el nivel de los programas, las Escuelas de Artes y Oficios pasan a ser Escuelas superiores nacionales de artes y oficios (ENSAM). También se abre el centro de Burdeos. En 1976, el Ministerio de Educación National concede a ENSAM el estatus de Gran Escuela, que implica la reducción de los cursos a tres años, después de un ciclo preparatorio de dos años en Matemáticas avanzadas y otras asignaturas universitarias de corte tecnológico. En mayo de 1980, la Sociedad de Ingenieros de Artes y Oficios (asociación de antiguos alumnos) celebra el bicentenario de la creación de la prestigiosa escuela en la granja de Liancourt, comprada por la asociación para conmemorar el evento. El 22 de septiembre de 1998 un nuevo centro abre sus puertas en Metz que recibe alumnos franceses y alemanes. |
Las grandes escuelas actuales son las siguientes: |
Escuelas de ingenieros :
|
Escuelas preparando a funciones empresariales:
|
Casa de Salvador Allende. |
Abogada de BB.NN. que redactó contrato para comprar casa de Allende: "Olvidé que existía una prohibición constitucional".
En su declaración ante la fiscalía dice que el jefe de división de la cartera pidió constantemente a los funcionarios acelerar el proceso. Llegó al ministerio en 2022 y con ello comenzó su carrera laboral, apuntó. 29 de Septiembre de 2025 Por Eduardo Candia, El Mercurio En el marco de la indagatoria por la compraventa de la casa que perteneció al ex Presidente Salvador Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo —que dirige las pesquisas— ha tomado múltiples declaraciones a funcionarios de las diversas reparticiones que participaron del fallido proceso. Uno de los testimonios corresponde a Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien comentó, entre otros aspectos, que el jefe de división de la cartera pidió constantemente a los funcionarios acelerar el hoy fallido proceso de adquisición. "Respecto a la compra de este inmueble debo mencionar que es primera vez que tengo conocimiento que como Ministerio de Bienes Nacionales compramos de oficio, ya que lo que se acostumbra es comprar a solicitud de otros servicios y ministerios, sin embargo, esta vez como los fondos estaban asociados a nuestro ministerio debía nacer desde el mismo la necesidad de compra, por lo que entiendo que se tomó como iniciativa la ya propuesta anteriormente por el Servicio del Patrimonio y las Culturas", planteó la profesional. Se pretendía una compraventa por casi mil millones de pesos. De la universidad al gobierno
Ahora, si bien ella redactó el contrato para comprar casa de Allende desde Bienes Nacionales, en el proceso participaron jefaturas y funcionarios de distintas reparticiones, por ejemplo, de Presidencia, de las Culturas, entre otras. De hecho, tanto la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, como la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia por este caso, dijeron en sus declaraciones ante la fiscalía que se levantaron alertas desde sus equipos —jurídicas, comunicacionales— y que estas se comunicaron a La Moneda. Asesores de Presidencia, no obstante, lo han negado. Más adelante, respondiendo otra pregunta a los fiscales, expresó: "Debo señalar que en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS), sin embargo, debo aclarar que mí labor principal era realizar un análisis documental del inmueble lo que implica los estudios de títulos". Tanto Allende como Fernández dejaron sus cargos —a la primera de ellas, la removió el Tribunal Constitucional; la segunda, renunció a su cargo— en medio de la polémica por esta inhabilidad no considerada y que terminó por frenar la compraventa. Redacción del contrato post decreto, a solicitud de jefe de división.
PARTICIPACIÓN INTERMINISTERIAL Y CONTRADICCIONES.
Datos
Francisca José Burgos Bustos Investida como abogado 04-03-2022 Universidad De Chile Rut: 18.845.353-8 |
 María Isabel Allende Bussi (Santiago, 18 de enero de 1945) es una socióloga y política socialista chilena. Está formada académica y profesionalmente como socióloga de la Universidad de Chile y tiene el grado de magíster en sociología alcanzado en la Universidad Autónoma de México, además de otra maestría en Ciencias Políticas de la FLACSO. A nivel internacional, en su juventud y durante su exilio político de la dictadura militar, que vivió su país entre 1973 y 1990, recorrió el mundo denunciando las violaciones a los derechos humanos de dicho régimen, entrevistándose con jefes de Estado y personeros internacionales de todo el mundo en pos de la recuperación de la democracia en Chile. Luego del regreso a la democracia en su país y durante su carrera parlamentaria, se ha relacionado con autoridades internacionales en representación de Chile y ha sido frecuentemente invitada como autoridad acompañante en los viajes presidenciales. En 2017 fue elegida vicepresidenta de la Internacional Socialista, organización que agrupa a los partidos socialdemócratas y socialistas del mundo. Desde el 11 de marzo de 2017 es, además, presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea – Chile, para consolidar y dinamizar los vínculos interparlamentarios entre los Estados que son parte de la comisión, y fomentar y perfeccionar el Acuerdo UE-Chile. Fue diputada por dieciséis años seguidos entre 1994 y 2010 representando a localidades de la región de Coquimbo y de la Metropolitana (cuatro periodos legislativos consecutivos). Posteriormente, fue elegida como senadora por la región de Atacama (periodo 2010-2018) y, en noviembre de 2017, por la región de Valparaíso, periodo 2018-2026. Además, fue la primera mujer en alcanzar el cargo de presidenta del Senado de su país y la segunda en llegar a encabezar la Cámara de Diputados, este último en el período 2003-2004. En 2025 fue destituida como senadora por el Tribunal Constitucional tras haber firmado un contrato de compraventa de la casa de su padre con el Estado, con el fin de instaurarla como museo nacional. Si bien la compraventa no se concretó, la celebración de contratos con el Estado constituye una causal de cesación del cargo. Con esto se vuelve la primera senadora en ser destituida por un tribunal constitucional. Militante socialista, fue presidenta de su partido entre 2015 y 2017. Además, entre 1990 y 2010, ocupó los cargos de primera vicepresidenta, de vicepresidenta de la Mujer, de encargada de Relaciones Internacionales y encargada de la Secretaría de Organizaciones Sociales del PS. Desde el año 2006 encabeza “Grandes Alamedas”, grupo interno de su partido, que reúne a distintas sensibilidades de la renovación socialista. Es la tercera hija del expresidente Salvador Allende y de su esposa, Hortensia Bussi; es también prima segunda y tocaya de la escritora Isabel Allende Llona. Controversias En enero de 2025 la senadora, junto a su sobrina y ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, se vio involucrada en la venta de la casa de Salvador Allende —ubicada en Guardia Vieja 392— al Estado, que vulneraba el artículo 60 de la Constitución de la República, el cual prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. La venta generó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Posteriormente también renunció la ministra Fernández. El 3 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional acordó la destitución de Isabel Allende Bussi de su cargo de senadora, siendo la primera senadora en la historia en ser destituida por este órgano jurídico. |
 Marcela Paz Alejandra Sandoval Osorio (Arica, 9 de febrero de 1974) es una periodista y política chilena, militante del partido Frente Amplio. Se desempeñó como diputada por el distrito N.° 14 de la Región Metropolitana de Santiago, en reemplazo del renunciado Renato Garín. En marzo de 2022 fue designada por la Coordinadora Sociocultural de la Presidencia Irina Karamanos como directora de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu). Entre agosto de 2023 y enero de 2025 fue Ministra de Bienes Nacionales bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. |
La casa de Allende: escándalo sin villanos y la “irresponsabilidad organizada” 11.04.2025 Por Mauro Basaure  El autor de esta columna escrita para CIPER analiza la destitución de la senadora Isabel Allende desde el concepto de “irresponsabilidad organizada” que concede la carencia de dolo, pero que grafica “la falta de controles efectivos, la obediencia acrítica y la ‘omnipotencia aprendida’ que a veces rodea a las altas autoridades (y que) generan terreno fértil para que se cometan infracciones legales o constitucionales a la vista de todos”. Y que, “al final del día, la imagen de Isabel Allende conmovida, despidiéndose de un hemiciclo que la aplaude entre lágrimas, simboliza un nuevo rostro del escándalo político: aquel en que la ley se rompe no por astucia criminal, sino por un conjunto de omisiones y lealtades mal entendidas”. A primera vista, la destitución de la senadora Isabel Allende por la compraventa fallida de la casa de su padre podría interpretarse como un típico caso de corrupción. Sin embargo, lo ocurrido dista de la imagen del “político villano” que abusa de su poder para beneficio personal. Se hizo a plena luz del día, con fines supuestamente nobles —convertir la propiedad en museo— y sin señales de enriquecimiento ilegítimo. Antes que un delito a la sombra, pareciera ser el fruto de un conjunto de errores compartidos, hechos con tal torpeza que se acabó violando uno de los artículos más simples de la Constitución: la prohibición de que parlamentarios firmen contratos con el Estado.  Lo dramático de este final es la escena de la propia Isabel Allende, emocionalmente quebrada y rodeada de muestras de solidaridad de sus colegas al despedirse del Congreso, donde sirvió por más de tres décadas. Su trayectoria en el socialismo chileno, su rol en la recuperación democrática y su trabajo por la memoria histórica la habían convertido en una figura de enorme peso simbólico. Verla abandonar el Senado, con el dolor propio de quien no había obrado con “maldad” sino con impericia y exceso de confianza, generó una mezcla de consternación e injusticia. No era, desde luego, el arquetipo de político coludido que a veces vemos en los noticieros, como ocurriría con casos abiertamente corruptos al estilo de Luis Hermosilla u otros que aparecen negociando influencias. Si no es corrupción, ¿qué es, entonces? Para entender este “escándalo sin villanos”, conviene más recurrir a la sociología que a la cuestión jurídico penal. Sociólogos como C. Wright Mills o Ulrich Beck resultan más útiles que un manual de derecho en este punto. No hay delito premeditado, pero sí un fenómeno de “irresponsabilidad organizada”: un sistema en el cual distintos actores —asesores, ministerios, la propia senadora— colaboraron sin mala fe para materializar una compraventa que, en teoría, rendiría homenaje al expresidente Allende. En ese actuar colectivo, nadie se dio el tiempo de alzar la voz, o si alguien lo hizo, no fue escuchado.  Aunque se suele asociar el concepto de “irresponsabilidad organizada” a Ulrich Beck, en realidad emana de reflexiones más cercanas a Mills, donde se describe cómo las burocracias y las élites pueden llegar a cometer transgresiones graves sin intención dolosa, gracias a la dispersión de responsabilidades y la confianza excesiva en la validez de sus propios actos. Cada uno cumple su rol en la cadena, asumiendo que la validación legal (o moral) la aporta otro eslabón. El desenlace es tan público como devastador: un icono del socialismo chileno sale del Congreso en medio de lágrimas y aplausos, sin haberse embolsado un peso, pero habiendo cometido una infracción constitucional de la que fue al mismo tiempo promotora y víctima. Este tipo de casos son más parecidos a lo que vemos en comedias políticas como “Yes Minister” o “The Thick of It”, donde la verdadera amenaza está en la inercia burocrática y la obsecuencia a la autoridad, que a los dramas de manipulación y dolo que refleja “House of Cards” o la historia de “All the President’s Men”. En esos clásicos de la corrupción política, el villano actúa con total conciencia criminal; aquí, en cambio, todo surge de la prisa con efectos jerárquicos, impuesta por un presidente que se considera heredero de Salvador Allende, la deferencia ante el poder y la lógica burocrática, tan bien expresada por la abogada Francisca Moya, quien dijo conocer la inconstitucionalidad de la compra afirmando al mismo tiempo que no le correspondía a su cargo ponerla en cuestión. De esta forma, el “caso de la casa de Allende” se ha convertido en un escándalo de nuevo tipo, uno en el que la ausencia de villanos con intenciones lucrativas no disminuye el daño provocado. Al contrario, la sensación de injusticia se acentúa cuando una figura de la talla de Isabel Allende, con un bagaje político de más de treinta años y sin acusaciones previas de corrupción, ve truncada su carrera por una seguidilla de despropósitos administrativos. Y si bien ella es corresponsable de lo ocurrido, se percibe un sinsabor, un “¿cómo pudo pasar?” que apunta a múltiples niveles de la burocracia y la asesoría política. Desde la perspectiva sociológica, la conclusión es clara: la falta de controles efectivos, la obediencia acrítica y la “omnipotencia aprendida” que a veces rodea a las altas autoridades generan terreno fértil para que se cometan infracciones legales o constitucionales a la vista de todos. Sin malicia, pero con enorme desprolijidad. Todo ocurrió en el ámbito de lo oficial, y no de lo oficioso, para decirlo en palabras de los sociólogos Pierre Bourdieu o Luc Boltanski.  La paradoja es que, a menudo, resulta más difícil de aceptar que un acto tan grave no responda a la codicia o el engaño, sino simplemente a la incompetencia y a la confianza desmedida. Por eso se busca la explicación más rápida y fácil: al villano y sus tramas ocultas. Así ha sido en este caso. Pero pensando de este modo, se pierde lo más interesante e instructivo del caso. Es un escándalo basado en la banalidad del mal burocrático, para decirlo con Hannah Arendt. Paradójicamente, eso lo hace más doloroso y, en cierto modo, más humillante para un país que espera de sus líderes más inteligencia y al menos el rigor mínimo de respetar la norma fundamental. La sociología, tan vapuleada en estos días, ofrece claves para entender por qué una serie de personas inteligentes y experimentadas puede llegar a cometer un error tan evidente: las dinámicas de poder, la complacencia ante la “orden de arriba” y el temor a contradecir al líder construyen, poco a poco, una trampa sin escapatoria. Al final del día, la imagen de Isabel Allende conmovida, despidiéndose de un hemiciclo que la aplaude entre lágrimas, simboliza un nuevo rostro del escándalo político: aquel en que la ley se rompe no por astucia criminal, sino por un conjunto de omisiones y lealtades mal entendidas. |
Gobierno: Presunto caso de falsa detenida desaparecida fue detectado por el Plan de Búsqueda. Publicado: Lunes, 29 de Septiembre de 2025 |
 Cordero afirmó que "el Gobierno está estudiando una querella" respecto a este caso. El Gobierno resaltó este lunes que el caso de Bernarda Vera Contardo, quien figura como víctima de desaparición forzosa en el Informe Rettig y fue, presuntamente, hallada con vida en Argentina, fue detectado en el marco del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Bernarda Vera, profesora de educación básica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) -alias "Anita-", desapareció a sus 27 años tras ser detenida en octubre de 1973. Un reportaje emitido el domingo por Chilevisión indicó que, "con el transcurrir de los años, han surgido diversas versiones respecto de cuál fue realmente su destino", y sus periodistas ubicaron y hablaron brevemente, en Argentina, con una mujer que "sería la chilena Bernarda Vera". "Estas informaciones, pese a estar en poder de las autoridades, inexplicablemente no han conducido al esclarecimiento del caso", resaltó el canal. Hoy, en un punto de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó la cronología del caso y destacó que las "inconsistencias" sobre la historia de Vera fueron descubiertas por la periodista y académica Pascale Bonnefoy, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que instauró el Gobierno de Gabriel Boric. El secretario de Estado explicó que, siendo él ministro de Justicia y Derechos Humanos, conoció los primeros antecedentes en 2024; y resaltó que el proceso de chequeo incluyó intercambio de información con el Gobierno de Suecia, país al que, aparentemente, viajó Vera tras escapar de Chile en medio de la dictadura. "El equipo del Plan Nacional de Búsqueda, por las características y la sensibilidad que tiene este aspecto, tomó la decisión de comunicarle a la única hija que se encuentra en el país de las indagaciones que estaba haciendo en el contexto del Plan. (Esto fue) en enero del 2025, y la información con antecedentes sobre la situación de esta persona recién se recibió por (parte de) el Estado de Suecia, producto de un oficio emitido en abril de 2025, en mayo este año. A partir de esto se entregaron los antecedentes al juez que está a cargo de la investigación de este caso", detalló Cordero. Agregó que "el Gobierno está estudiando una querella" respecto a este caso, pero puntualizó que "la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocicimiento" de la irregularidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia y al respeto en las opiniones. El ministro de Seguridad también señaló que es "falso" que Sandro Gaete, exfuncionario del Plan de Búsqueda, le hubiera informado a él directamente sobre la situación de Bernarda Vera. Fuentes cercanas a la investigación del Plan Nacional y al reportaje periodístico han apuntado a que la hija de Bernarda Vera desconocía que su madre podría seguir con vida fuera del país. UDI oficiará a la Contraloría. Desde el mundo político, la oposición centró su crítica en el posible fraude fiscal asociado a las pensiones de reparación. El diputado UDI Jorge Alessandri anunció que oficiará a la Contraloría General de la República "para que revise si hay más casos como este, si hay más personas defraudando al Estado con este tipo de mentiras por tantos años". El legislador argumentó que, "si un canal de televisión pudo encontrar a una de estas personas, alguien como Dorothy Pérez (la contralora) y sus facultades con la Contraloría puede encontrar a muchos más", señalando que, de confirmarse el fraude, se estaría malgastando "miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes" en "falsos exonerados". Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) afirmó que su bancada también oficiará al ente contralor para determinar si el ministro Cordero incurrió en una falta al no denunciar un eventual cobro "malicioso" ante la justicia, en caso de haber tenido conocimiento previo. Mientras que la diputada comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó su preocupación por el "secretismo" que, a su juicio, aún se mantendría en las Fuerzas Armadas respecto a las desapariciones forzadas. "Creo, por lo tanto, que hay que incorporar con absoluta urgencia la realización de pruebas de examen de ADN que permita corroborar si esta persona lo es o no. Porque más allá de la noticia, más allá del aprovechamiento político que quieran hacer los mismos sectores que guardan silencio para los familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, se vuelve a abrir la herida", analizó la parlamentaria. Familiares de Ejecutados Políticos critican reportaje: "Acá hubo una intención política" Mientras, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), cuestionó duramente el reportaje de Chilevisión: "Me parece que acá hubo una intención política", acusó. Bernarda Vera "puede ser ella, no puede ser ella, pero, mientras no lo comprueben, no lo digan certeramente, no podrían haber hecho esa nota o, por lo menos, haberla planteado de una forma no tan dañina para los familiares de las víctimas y tampoco para el movimiento y el Plan Nacional que se está haciendo", afirmó la dirigente. Bernarda Rosalba Vera Contardo.  Instancia Calificadora: CVR violación de DDHH Militancia: MIR - MCR Región: X Los Lagos Ciudad: VALDIVIA Comuna: PANGUIPULLI Fecha Detención/Muerte: 10-10-1973 Ocupación: PROFESORA ENSEÑANZA BASICA Edad: 27 El 10 de octubre de 1973, entre las 21:00 y las 23:00 horas, fueron detenidas en el sector de Liquiñe, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, las siguientes personas: -Salvador ALAMOS RUBILAR, 45 años, industrial, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe; -José Héctor BORQUEZ LEVICAN, 30 años, obrero maderero, Jefe de Faenas del fundo Trafún, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Daniel Antonio CASTRO LÓPEZ, 68 años, comerciante, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe; -Carlos Alberto CAYUMAN CAYUMAN, 31 años, obrero maderero, vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Mauricio Segundo CURIÑANCO REYES, 38 años, artesano carpintero, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe; -Carlos FIGUEROA ZAPATA, 46 años, obrero maderero, Consejero del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero y Forestal «Panguipulli», militante del Partido Socialista, detenido en Paimún; -Isaías José FUENTEALBA CALDERON, 29 años, Jefe de Area del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en el fundo Trafún, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). Fue detenido en Liquiñe, cuando se dirigía a su domicilio; -Luis Armando LAGOS TORRES, 50 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, militante del Partido Socialista, detenido en Carranco; -Alberto Segundo REINANTE RAIPAN, 39 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Ernesto Juan REINANTE RAIPAN, 29 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Modesto REINANTE RAIPAN, 18 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Luis RIVERA CATRICHEO, cuya identidad se acreditó por medio de testigos, 54 años, obrero Maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia política conocida, detenido en Paimún; -Alejandro Antonio TRACANAO PINCHEIRA, 22 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Miguel José TRACANAO PINCHEIRA, 25 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; -Eliseo Maximiliano TRACANAO VALENZUELA, 18 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún; Es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba VERA CONTARDO, 27 años, profesora de la escuela de Puerto Fuy (Complejo Maderero y Forestal Panguipulli), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en Trafún. De acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruído por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado. Se ha podido acreditar que las detenciones fueron practicadas por personal uniformado, quienes portaban una lista con los nombres de los detenidos, confeccionada por civiles que también participaron en éstas. Los agentes aprehensores fueron guiados por el sector por algunos funcionarios de Carabineros de la dotación del Retén de Liquiñe. Los efectivos militares vestían uniforme de combate y se identificaron como «militares» ante los familiares, señalando que los detenidos regresarían a sus casas tan pronto como prestaran algunas declaraciones. Testimonios recibidos por esta Comisión permiten presumir que los uniformados pertenecían al Grupo Nº 3 de Helicópteros Maquehua ubicado en la ciudad de Temuco y pertenecientes a la Fuerza Aérea. Se movilizaban en un vehículo particular, una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), un vehículo policial y en la ambulancia del Retén de Liquiñe; contaron también con el apoyo de un helicóptero. Actuaron divididos en varios grupos, que se juntaron en el cruce de Coñaripe, cercano a todos los lugares en que se practicaron las detenciones. Allí tomaron el camino a Villarrica y en el puente sobre el río Toltén, ubicado a la entrada de la ciudad, les dieron muerte y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Dos de ellos fueron reconocidos por los lugareños, antes de sumergirse definitivamente en el río. La Comisión se formó convicción que las dieciséis personas mencionadas fueron ejecutadas al margen de todo proceso , por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos impidiendo a sus familiares darles una digna sepultura. Fundamentan esta convicción las siguientes evidencias: -Se acreditó la detención de las personas antes mencionadas; -Las investigaciones realizadas por esta Comisión acreditan fehaciente que todas ellas desaparecieron después de su detención, perdiéndose todo rastro. Sumado a esto la constancia que ninguno de los detenidos ha tomado contacto con sus familias, realizó gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni registra entradas o salidas del país, ni defunción, posteriores a sus detenciones; -Testimonios múltiples verosímiles y concordantes recibidos por esta Comisión dan cuenta de haber oído disparos en el Puente Villarrica sobre el río Toltén alrededor de las 02:00 horas del día 11 de Octubre, y haber visto rastros de sangre en él al día siguiente; -La existencia de testigos que declaran haber reconocido al menos dos de los cuerpos encontrados en Villarrica como pertenecientes a dos de los detenidos desaparecidos de Liquiñe; -Fueron infructuosos los intentos de esta Comisión por contar con información oficial sobre el caso de parte de autoridades militares y de los funcionarios que deberían haber dado una explicación al respecto. |
29 de Septiembre de 2025 Quién es Bernarda Vera, la ex-militante del MIR que figuraba como detenida desaparecida mientras realmente residía en Argentina. Un reportaje reveló que Bernarda Vera, mirista, figuraba dentro del Informe Rettig como detenida desaparecida, razón por la que su hija chilena continuaba buscándola hasta el día de hoy. Aquí la historia de la profesora que tras ser detenida en dictadura logró huir de Chile. Por Marianne Mathieu  Según los registros chilenos, en octubre de 1973 habría sido la última vez que se habría visto a la entonces militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien en ese entonces tenía 27 años y era perseguida por agentes militares de la dictadura. Vera era una profesora de enseñanza básica en la escuela de Puerto Fuy, en la Región de Los Ríos. En el sitio del Museo de la Memoria, Vera figura como ejecutada el 10 de octubre de 1973, tras haberse presumido que habría sido detenida junto a un grupo de obreros y militantes de partidos a fines de la Unidad Popular. Testigos dijeron que se ocultaba en el Complejo Maderero Panguipulli. Ahí habrá sido fusilada en el Puente Villarrica, sobre el Río Toltén, dado que se le acusaba haber participado en el asalto al Retén Neltume. En el Informe Rettig es detenida desparecida desde esa fecha. A la mañana siguiente, cuando la gente comenzó a replegarse “ella pasó por la casa de mi tía, por lo que se sabe que el día 12 de septiembre estuvo acá, y luego se fue rumbo a Pilmaiquén. Ahí es donde mi tía no la vio nunca más“, aseguraba en 2019 a RioenLinea Anita Durán, una profesora que había trabajado junto a Vera. Ese es el relato que hoy en día se encuentra en entredicho, luego de que Chilevisión emitiera un reportaje donde se mostraría que Bernarda Vera habría logrado escapar de una detención y habría cruzado hacia Argentina, país donde actualmente se encuentra viviendo en Mar del Plata. Antes de eso también, de acuerdo a los antecedentes que recopiló el medio, estuvo viviendo en Suecia, entre 1978 y 1999. En todos sus movimientos, que tienen registro desde 1975 a la fecha, se pueden observar traslados entre los países, un matrimonio y nacimientos de hijos. Sospechas previas de que Vera habría sido vista en Argentina, Brasil y Europa. Hace años existían sospechas de que Vera habría sido vista en Brasil y Argentina. Así también hay registros en redes sociales de quienes dicen haberla conocido, asegurando que había quienes la vieron en Europa y en Brasil, pero los mismo habían negado que ello fuera probable. Sin embargo, lo que habría relatado a dicho medio las profesoras que compartieron con Bernarda en Puerto Fuy, Ida Sepúlveda y Anita Durán, ambas negaron categóricamente que ello fuese una posibilidad, “debido a que —según relató Sepúlveda—, ella hubiese vuelto por su hija“. Y es que Bernarda Vera, al huir de Chile, dejó atrás a una de sus hijas, quien luchó incansablemente por encontrar a su madre. Ella misma fue contactada por el canal de televisión para la emisión del reportaje, ante lo cual declaró que si bien no tenía antecedentes del caso, en caso de que su madre estuviera viva, está segura que la hubiese contactado. |
El costo de la falta de transparencia en la gestión de Bernarda Vera. 29/09/2025 Francisco Martorell El caso de Bernarda Vera Contardo —la presunta detenida desaparecida que hoy se cree que vive en Argentina— no solo cuestiona verdades históricas sostenidas por más de medio siglo, sino que también expone una debilidad institucional persistente: la tendencia del poder a manejar la información como un recurso, intentando ocultar o manipular los hechos según las conveniencias políticas o emocionales del momento. El gobierno de Gabriel Boric tuvo conocimiento de los antecedentes desde 2024. Fue el Plan Nacional de Búsqueda el que, mediante un cruce de datos, descubrió incongruencias en la versión oficial sobre Vera, quien supuestamente fue detenida por militares en octubre de 1973 en Liquiñe. Según lo reconocido por el ministro Luis Cordero, la periodista y académica Pascale Bonnefoy jugó un papel crucial en la identificación de estas inconsistencias. Aun así, el Ejecutivo decidió mantener el silencio. No se trata de un asunto menor. Este caso toca aspectos profundos de la historia, implica el sufrimiento real de una familia y pone en jaque las bases de la reparación y la verdad. A pesar de esto, el gobierno esperó a que un reportaje televisivo revelara el hallazgo para actuar. Solo entonces comenzaron las respuestas y las solicitudes de “prudencia”. Este mismo patrón se evidenció recientemente con el exsubsecretario Manuel Monsalve, cuando La Moneda retuvo información clave durante 48 horas sobre su causa judicial. ¿Por qué no anticiparse? ¿Por qué no gestionar la comunicación de temas tan sensibles? ¿Por qué dejar que la noticia surja desde el exterior, sin contexto ni preparación adecuadas? Es comprensible —y valioso— abordar el tema de los detenidos desaparecidos con la sensibilidad necesaria. Hay heridas abiertas, duelos sin cerrar y vidas marcadas por el sufrimiento. Sin embargo, la razón de Estado también demanda transparencia, especialmente cuando se trata de la confianza en las instituciones. Una sociedad democrática no puede construirse sobre silencios estratégicos ni decisiones poco claras. El Gobierno debió haber informado antes. Explicar lo que se sabía, lo que se investigaba y lo que aún no se podía confirmar. Esta actitud —de confiar en la ciudadanía y tratarla como adulta— fortalece, no debilita. La transparencia no es un lujo para los tiempos de calma; es una obligación ética en momentos difíciles. El caso de Bernarda Vera no solo reescribe una historia personal. También muestra que, a 50 años del golpe, seguimos teniendo deudas con la verdad. No solo con la verdad histórica, sino con la verdad del presente. Y en esa deuda, la opacidad no puede ser el medio para resolver el costo político. |
CODEPU y el caso de Bernarda Vera: "Solidarizamos con los familiares de DD.DD. y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista" A través de un comunicado, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo mostró su preocupación en torno a las reacciones que se puedan generar a partir de la información develada por un reportaje de CHV Noticias. Diario UCHILE 29-09-2025 Derechos Humanos La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) reaccionó al reciente reportaje televisivo sobre Bernarda Rosalba Vera Contardo, calificada como detenida desaparecida en el Informe Rettig, que plantea la posibilidad de que esté viva en Argentina. La organización cuestionó el carácter “no concluyente” del reportaje y advirtió que su difusión generó conmoción en organismos de derechos humanos y en familiares de víctimas de la dictadura. En su comunicado, la organización señaló que, de confirmarse que Vera sigue con vida, se trataría de un caso donde “alguien que pudo ser una víctima vive. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror”. No obstante, recordaron que “ella, su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la verdad y toda la justicia”. El organismo contextualizó que los hechos se originaron en la zona cordillerana de Neltume, lugar marcado tanto por la organización social de los trabajadores como por la represión posterior al golpe de Estado. Igualmente, recordaron que desde 1973 la localidad fue escenario de allanamientos, torturas, prisión política y fusilamientos, en hechos como los de Liquiñe, Chihuio y la Caravana de la Muerte. Además, CODEPU insistió en que el caso evidencia las limitaciones de la Comisión Rettig, cuyo informe de 1991 fue apenas un primer paso hacia la verdad y la justicia. Según la organización, con el paso del tiempo esos objetivos se han visto debilitados por pactos de silencio, prescripciones, fallos tardíos y protecciones a los responsables, en un contexto donde incluso se debate la entrega de beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos. “En nuestra opinión, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar cada uno de los casos recogidos en los informes oficiales. El Estado tenía y tiene la obligación de realizar todas las gestiones para aclarar toda duda razonable en la calificación de una víctima. Desconocemos si se ejecutaron todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron. Estamos convencidos que ésta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes y que fuera el resultado de la acción del propio Estado”, expresaron. En esa línea, y sobre el Plan Nacional de Búsqueda, creado para esclarecer el destino de los desaparecidos, plantearon que “los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece”. Adicionalmente, reafirmaron que un caso aislado no invalida la magnitud de las violaciones cometidas durante la dictadura: “Un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron la condena internacional durante los 17 años de su existencia”, enfatizaron. En lo inmediato, expresaron solidaridad con los familiares de víctimas que enfrentarán lo que definen como una “ofensiva negacionista” a partir de esta situación. Finalmente, CODEPU condenó “todo intento de obtener ganancias políticas espurias” y advirtió sobre el riesgo de que sectores que apoyaron la dictadura utilicen este caso para relativizar o negar los crímenes cometidos. “Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia. El Estado tiene la obligación de investigar, verificar y realizar la justicia”, concluyó el comunicado. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario