Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma; Paula Flores Vargas; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig; Katherine Alejandra Del Carmen Lafoy Guzmán
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Tesis: Derecho de la seguridad social del personal de las Fuerzas de la Defensa Nacional. |
Introducción. La seguridad social es la protección que una sociedad política (Estado) y civil, proporciona a las personas para asegurar el acceso a la asistencia sanitaria y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, y demás beneficios previsionales y sociales. La seguridad social, se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la salud, la vejez y las discapacidades. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 denominado Administración de la seguridad social, definió la seguridad social como sigue: La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. |
Legislación nacional. En Chile, existen tres ramas principales de seguridad social: Ordinario, Especial y Transitorio: El régimen ordinario de Seguridad Social esta formado por las AFP., ISAPRE, y FONASA.; El régimen especial de Seguridad Social formado por DIPRECA y CAPREDENA; Régimen transitorio formado por antiguas Cajas de Previsión Social, agrupadas en INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.(IPS) |
Estadísticas. |
Afiliados y pensionados. AFP. I.-Pensionados. -Por Vejez.(Al 31 de marzo de 2021) 1.920.763 personas. - Inválidos Definitivos.(Al 28 de Febrero de 2021) 316.093 personas Total: 2.236.856 Pensionados. II.- Numero de afiliados. 11.122.922 personas |
IPS (Ex CAJAS DE PENSIONES) Pensiones: -Antigüedad 16.298 personas -Vejez 279.150 personas -Invalidez 71.891 personas -Por leyes especiales 11.843 personas -Sobrevivencias 209.251 personas Total: 588.424 Pensionados. |
CAPREDENA I.-Afiliados. 64.329 personas. II.- Pensionados 169.045 personas. |
DIPRECA I.-Afiliados. 70.467 personas. II.- Pensionados. 133.049 personas. |
TOTAL DE PENSIONADOS DEL SISTEMA PREVISIONAL CHILENO. 3.127.274 personas. |
EL SISTEMA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS |
La previsión del personal de las Fuerzas Armadas es parte del conjunto de normas y medios con que el Estado aborda las necesidades de seguridad social de los hombres y mujeres que sirven en las instituciones de la Defensa. Conforme a lo anterior y, dadas las particularidades de la carrera militar, se desarrolló un sistema especial con el propósito de garantizar al personal de las Fuerzas Armadas la debida protección a lo largo de toda su vida. 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA El sistema previsional chileno se compone de dos partes, derivadas de la reforma previsional de 1981. En una parte se encuentran todas aquellas personas que se incorporaron al nuevo sistema de capitalización individual, las cuales cotizan en cuentas personales gestionadas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del sector privado. Con posterioridad a la promulgación del DL 3.500, toda persona que se inicia en su vida laboral tiene la obligación de asociarse al nuevo sistema. La otra parte se mantuvo en los sistemas denominados de reparto, los que quedaron estructurados sobre la base de una administración central: el Instituto de Normalización Previsional. Este sistema, normado por el DL 3.501, incorpora a las cajas de pensiones civiles existentes a esa fecha y normaliza los beneficios que entrega en un sistema único; además, mantiene la cartera de jubilados que existía a la fecha de la entrada en vigencia del nuevo sistema. Este cambio en el sistema previsional chileno no se extendió, sin embargo, al personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, el que mantuvo sus respectivos sistemas, diferenciándose en cuestiones de detalle. A grandes rasgos, el sistema de las Fuerzas Armadas es de reparto, con aportes del personal activo, de los pensionados y del Estado. Los primeros entregan un 6% de su remuneración o pensión, concurriendo a financiar un fondo común de beneficios. Asimismo, este fondo común de beneficios financia otras prestaciones de carácter social y la administración de CAPREDENA. 2. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL ADMINISTRADO POR CAPREDENA CAPREDENA entrega los beneficios previsionales a través de cuatro fondos. A continuación se presentan sus rasgos más relevantes. 2.1. El Fondo Común de Beneficios Tiene por principal misión pagar los beneficios previsionales, pagar las transferencias dispuestas por ley y financiar la administración de la señalada Institución Previsional. Entre los beneficios previsionales está el pago de las pensiones de retiro y montepío, cuyo financiamiento se encuentra determinado en la Ley Orgánica de la Caja, DFL. N°31 de 1953, ratificada por la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la siguiente forma: a) De cargo de la Caja, el 25% del valor inicial de las pensiones. Para dar cumplimiento a esta obligación legal, la Caja cuenta con el 6% de las imposiciones previsionales del personal activo y pasivo de las FF.AA. (antes del año 1979, la tasa de cotización era de un 8%). b) De cargo Fiscal directo, el 75% de dicho valor inicial, más la totalidad de todo reajuste o aumento de ellas que se disponga. Si bien no puede existir un déficit en este Fondo, en atención a que el Estado debe concurrir con aquella parte que no es posible financiar con las cotizaciones previsionales, al revisar las cifras de los últimos años es posible advertir la necesidad de un creciente aporte fiscal directo, el que se ha duplicado en el período. El gráfico 34 muestra el aporte fiscal directo a CAPREDENA entre los años 1990 y 2002. En la actualidad, CAPREDENA mantiene a 92.547 pensionados y montepiados. 2.2. El Fondo de Desahucio. Creado por la Ley N°8.895, del 4 de octubre de 1947, su principal objetivo es pagar desahucios conforme a las disposiciones establecidas en el DFL N°1 (G), de 1968, y en la Ley N°18.948 Orgánica Constitucional de las FF.AA., de 1990. Hasta el año 1989 presentaba sus estados financieros en forma equilibrada en cuanto a sus ingresos y egresos, situación que empezó a variar a partir del año 1990, como resultado de modificaciones legales efectuadas entre 1988 y febrero de 1990. Conforme a lo anterior, estructuralmente se generó un nivel de gastos superior a los ingresos, el cual pudo ser financiado, por un tiempo, con cargo al patrimonio del Fondo, situación que se mantuvo hasta el año 1995. A partir de esta fecha se ha requerido de sucesivos aportes fiscales directos. 2.3. El Fondo de Medicina Curativa. Está regulado por la ley Nº 19.465 y se financia con la imposición del 6% sobre las pensiones de retiro y montepío pagadas por CAPREDENA, deducido el 17,5% que debe ser puesto a disposición de las respectivas Comandancias en Jefe institucionales, y con un aporte de cargo fiscal del 1% sobre las pensiones de retiro y montepío pagadas por la Caja. En la práctica, significa que este fondo se financia con un 5,95% de las cotizaciones de sus imponentes. El fondo financia las prestaciones de salud a 42.000 pensionados afiliados, que constituyen un 45% de los pensionados; el resto permanece, o se ha reafiliado, en los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas. Este fondo es complementado por un fondo solidario voluntario. 2.4. El Fondo de Auxilio Social. Fue creado por la Ley Nº 16.258, de 1965, con el objetivo de conceder préstamos habitacionales y de auxilio a los imponentes de CAPREDENA, cuyo patrimonio inicial se conformó con el saldo deudor de los créditos concedidos por esa institución. De acuerdo a la normativa vigente, el presupuesto para cada año se distribuye entre imponentes en servicio activo y pensionados, en proporción a las imposiciones que cada grupo aporta al Fondo Común de Beneficios. 3. LOS BENEFICIARIOS Y LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA. 3.1. Los Beneficiarios Todo el personal de planta que sirve en las Fuerzas Armadas en las distintas categorías: oficiales, cuadro permanente y empleados civiles de planta participan del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Asimismo, participa el personal retirado y sus familiares directos sobrevivientes, los pensionados y montepiados del sistema. El sistema cubre riesgos durante la carrera profesional del personal, protegiendo al miembro del sistema y a sus familiares, hasta el fallecimiento del último de ellos con derecho al sistema. Estando el beneficiario en actividad, ello incluye los accidentes, enfermedades invalidantes, fallecimiento en actos de servicio y, a partir de los veinte años de servicio, la posibilidad de pensionarse con un porcentaje de la remuneración proporcional a los años de servicio. 3.2. Los Fundamentos del Marco Previsional Una de las funciones esenciales del Estado es la defensa de la patria, para lo cual requiere del ciudadano dedicado a esta tarea un compromiso que involucra incluso su propia vida. Por esta razón, el Estado entrega a este ciudadano una retribución justa durante su servicio y, una vez finalizado éste, un esquema adecuado de previsión y seguridad social. El riesgo y el desgaste por el ejercicio de la profesión militar son incompatibles con un sistema de previsión basado en índices de mortalidad e invalidez normales. El diseño de una carrera jerarquizada y de progresión piramidal es incompatible con un sistema que se fundamenta en la edad para asegurar una cierta rentabilidad de los fondos en una cuenta de capitalización individual. Por lo demás, la formación profesional, altamente especializada y específica, del personal de las Fuerzas Armadas, no permite que todos tengan cabida en el mercado laboral tras su pase a retiro. 4. CRITERIOS PARA UNA MODERNIZACIÓN 4.1. La Situación Vigente. El marco previsional definido en los puntos anteriores presenta hoy una situación caracterizada por un costo creciente, que surge de la necesidad de financiar la previsión del numeroso personal perteneciente a las grandes promociones de los años 70, que se está retirando por haber culminado su carrera, y por los beneficios introducidos por las modificaciones de las leyes que regulan la previsión militar efectuadas en los años 80. En segundo término, el mantenimiento de ciertos beneficios, para los cuales no han cambiado las reglas básicas que los regulan durante un largo período, se ha traducido en una carga excesiva para un sistema fundado en criterios adecuados a situaciones ya pasadas que ha incrementado el costo de tales beneficios y a hecho crecer el número de beneficiarios. Por otra parte, estos beneficios presentan importantes diferencias con el sistema civil que protege a quienes no pudieron optar por el nuevo sistema de capitalización individual que rige en el país o que prefirieron mantenerse en el sistema de reparto administrado por el Estado. Finalmente, se perciben diferencias incluso en beneficios de la misma naturaleza. 4.2. El Proceso de Modernización. Hace un tiempo se iniciaron estudios para analizar los posibles caminos de solución a la situación descrita anteriormente, habiéndose explorado las características y los costos de un sistema de previsión militar que incorporara criterios relacionados con el sistema previsional vigente. A partir de los resultados de estos estudios y de los criterios definidos por el Ministerio se trabajó para elaborar un proyecto que diera viabilidad económica y social al sistema previsional que comparten las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Los criterios que se han tenido en consideración dicen relación con la necesidad de mantener un sistema específico para las Fuerzas Armadas y las policías basado en el sistema de reparto actualmente vigente, dadas las características de la carrera profesional en esas instituciones. Dentro de este marco, se abordará la reforma de los distintos subsistemas en forma separada, ya que cada uno de los fondos administrados por CAPREDENA (o DIPRECA) enfrenta problemas específicos que requieren de soluciones específicas. Un estudio en detalle de la legislación vigente y su reglamentación, así como de cada uno de los beneficios que conforman las pensiones, permitirá actualizar tanto los derechos del personal militar, de los pensionados y de sus familiares, como los requisitos para acceder a ellos. Por último, la aplicación de un criterio de gradualidad en la modernización supondrá que ningún militar en servicio activo verá afectados sus derechos y ningún pensionado verá modificada su pensión por la implementación de los cambios que se propongan. El plan de trabajo considera la participarán de los organismos gubernamentales relacionados con el tema y de las propias instituciones militares y policiales, y contempla la conformación de grupos técnicos encargados de estudiar los procesos específicos. Será tarea de estos grupos entregar una propuesta de modernización que englobe los aspectos económicos, legales y de seguridad social. |
 Las Fuerzas Armadas de Chile se constituyen por el Ejército (desde 1810), la Armada (desde 1817) y la Fuerza Aérea (desde 1930) y son dependientes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están compuestas exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). |
 CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) es una institución de seguridad social chilena, fundada el 9 de septiembre de 1915, por Ley N° 3029 que crea la “Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional”. El 5 de febrero de 1953 mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 31, pasa a denominarse “Caja de Previsión de la Defensa Nacional”. Es uno de los Servicios de la Administración Descentralizada del Estado de Chile que conforman el Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por la Ley de Presupuesto del Sector Público, que es aprobada anualmente por el Congreso Nacional (Poder Legislativo). En cuanto a sus objetivos y actividades institucionales, está sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional. Desde el punto de vista presupuestario y en razón a su carácter previsional, depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La labor previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de Chile comienza en el año 1879, cuando producto de la Guerra del Pacífico se crea la "Sociedad Protectora de viudas y huérfanos de los mártires de la Patria" con el objeto de proteger a los inválidos, a las viudas, a los huérfanos, y a las demás personas que quedaren en desamparo por motivo de la guerra que sostiene la República. Esta Sociedad se denominará La Protectora, tendrá su domicilio en Valparaíso i durará por el término que determina su objeto, según decía su Acta fundacional. Pero no es sino el 9 de septiembre de 1915 en que se promulgó la Ley N° 3029, la cual crea la Caja de Retiro y Montepío para el personal de Ejército y de la Armada, como una sección de la Caja Nacional de Ahorros, en cuyo Consejo se integran dos miembros del Ejército de Chile y dos de la Armada de Chile. Este documento jurídico es la norma legal que da origen a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de Chile, CAPREDENA, y por tanto, este es considerado como su documento fundacional. Esta norma legal fue promulgada siendo Presidente de Chile S.E. don Ramón Barros Luco y su Ministro de Guerra y Marina Don Guillermo Soublette Garín. La Ley n° 3029, en su artículo 1° decía "Créase para el Ejército y la Armada Nacional una Caja de Retiro y Montepío de los oficiales de guerra y mayores, de la gente de mar y de tropa contratada, que tendrá a su cargo el pago de las pensiones de retiro y montepío que se decreten con posterioridad a la fecha de la promulgación de la presente ley". Hoy en día además de cancelar las "Pensiones al Personal en Retiro" del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, administra el "Fondo de Desahucio", con el cual se paga dicho beneficio, el "Fondo de Auxilio Social" que permite que los imponentes obtengan préstamos de auxilio y habitacionales. Se ha incorporado la "Administración del Fondo de Medicina Curativa", orientado a financiar las atenciones de salud de los pensionados y sus cargas familiares, el desarrollo de "Centros de Salud y Rehabilitación", la instauración de un "Fondo Solidario" cuyo objetivo es generar un sistema de seguros complementarios a la bonificación de salud. |
La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) es un servicio público chileno, funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Santiago, se relaciona con el presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior y tiene por finalidad administrar el sistema de previsión social y de salud de los cuerpos armados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. Historia.
En 1924 se dictó la ley N.º 4.052 que crea la Caja de Asistencia, Previsión y Bienestar Social de la Policía y que entró en vigencia en agosto del año siguiente. Esta caja beneficiaba sólo al personal de carabineros. Posteriormente se incorporaron a su régimen los funcionarios de los Servicios de Investigaciones (PDI) y el personal de Prisiones (Gendarmería). El 28 de mayo de 1927, mediante la dictación del Decreto Supremo N.º 3.650, se fusionó la Caja de Asistencia, Previsión y Bienestar Social de las Policías de Chile con la Sección Carabineros de la Caja de Retiro del Ejército y la Armada, creándose así la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile. La causa inmediata de su creación obedeció a que el 27 de abril del mismo año los servicios de policías fiscales y de Carabineros formaron en conjunto el cuerpo de Carabineros de Chile, órgano encargado del orden y seguridad interior del país hasta la actualidad. A partir de la fundación del cuerpo de carabineros surgió la necesidad de contar con una legislación previsional común y refundir todas las disposiciones en un solo texto legal, dictándose, en consecuencia, el DFL N.º 4.901, de 20 de julio de 1927, que estableció que esta institución continuaría denominándose «Caja de Previsión de los Carabineros de Chile», con objetivos bien definidos y que, en lo principal, son los mismos que rigen la actual Dipreca. En 1975 se dicta el D.L. N.º 844, que dispuso el cese en las actividades de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, creando al mismo tiempo el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, que absorbió sus funciones, pasando a depender del Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente, en 1976 se dicta el D.L. N.º 1.468, que modifica la denominación del Departamento de Previsión, pasando a llamarse Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, nomenclatura que conserva hasta la actualidad.
El Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, más conocido como Hospital DIPRECA, es un hospital ubicado en la comuna de Las Condes en la zona oriente de Santiago, específicamente en la Avenida Vital Apoquindo a la altura del 1200. Sus orígenes se remontan a 1941 cuando la Caja de Previsión de Carabineros de Chile compró 30 ha de una propiedad llamada Baños de Apoquindo. En 1947 se instaló en el lugar un sanatorio para enfermos broncopulmonares. Ya en los años 1960 se propuso construir un hospital para atender a los imponentes de la Caja de Previsión, cuya primera piedra se colocó el 28 de abril de 1977. El hospital fue inaugurado finalmente el 21 de abril de 1986. |
Título: Derecho de la seguridad social del personal de las Fuerzas de la Defensa Nacional Autor: FRANCO ANTONIO GONZALEZ FORTUNATTI Información de la publicación: Santiago, Chile: UBO, 2003 Descripción física: 216 hojas Contenido:
Resumen: Las fuerzas de Defensa Nacional cumplen una gran labor social y a la comunidad, pero que ocurre con los funcionario en retiro. El presente documento analiza los derechos de previsión social que poseen los funcionarios de las Fuerzas de Defensa Nacional de nuestro país, analizando las normativas legales, las pensiones, previsiones y casos como los de inutilidad para el servicio desde la perspectiva legal. Término de la materia:
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NOTA DE PRENSA SOBRE PREVISIÓN MILITAR. |
Reforma 2019.
Las pensiones que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas sacan ronchas en el debate público, debido a la enorme diferencia entre la jubilación promedio de un militar respecto a las del resto de la población.
La brecha es más o menos conocida: mientras un suboficial percibe en promedio sobre los $700 mil mensuales, la media de los civiles jubilados lo hace con solo $259 mil, según las últimas cifras de la Superintendencia de Pensiones. La diferencia puede ser incluso más amplia, considerando que, en el marco del proyecto de ley que modifica la carrera militar, se parte del escenario de que un oficial se retira con una pensión que ya supera los $2 millones.
Esta diferencia abismal frecuentemente se aborda en la discusión pública, aunque hasta ahora no se sabe que, precisamente, las pensiones de los uniformados son el principal destino del Presupuesto de la Nación.
La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que agrupa a las tres ramas de las FF.AA., y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), que incluye a Gendarmería, son los beneficiarios más grandes de la ejecución presupuestaria del país.
Así, pese a que en 2018 se había destinado a Capredena y Dipreca un total de $1.676.727 millones, el fisco terminó desembolsando aproximadamente $2.005.700 millones, casi un 20% más que lo previsto.
Analizando cada beneficiario por sí solo, Capredena es la entidad que más dinero recibe. El año pasado fueron $1.217.400 millones, lo que incluye –además de las jubilaciones de uniformados– el gasto en personal, entre otros, para su propio funcionamiento. Por debajo aparecen Banco Estado, con aportes de $1.143.000 millones, la TGR con otros $1.020.000 millones y, luego, Dipreca, entidad que percibió del erario $788.300 millones, aproximadamente.
El caso de la T GR es particular, pues es receptora de dineros de otros servicios y, al mismo tiempo, realiza pagos en nombre de otros. Por tanto, dejando fuera esta institución, las primeras tres entidades con mayores ingresos por parte del fisco son Capredena, Banco Estado y Dipreca. La ejecución del gasto En 2019 y de acuerdo a la Ley de Presupuestos, se consideró para Capredena y Dipreca un total de $2.176.495 millones, ajustándose a los requerimientos económicos adicionales registrados en 2018. En el caso de la caja previsional de las FF.AA., se tomó en cuenta un aumento de 1,3% para este año, debido al mayor gasto en jubilaciones, pensiones y montepíos, mientras que en el caso de Carabineros el alza fue de 5,2%, argumentando las mismas razones.
A marzo de este año, el fisco ya ha desembolsado $691 mil millones, correspondientes al 32% del presupuesto proyectado. El monto va en directo beneficio de un pequeño grupo de personas: 105.635 pensionados de Capredena y 67.296 de Dipreca.
De esta forma, traspasando estas cifras al dólar promedio de 2018 y de 2019, el Estado destinó el año pasado US$3.142 millones a las cajas que administran las pensiones de los uniformados, mientras que el presupuesto previsto para el año en curso alcanzaría los US$3.230 millones.
Estos volúmenes de gasto fiscal, en contexto, siguen siendo relevantes. Para los años 2018 y 2019, el Presupuesto de la Nación se ha fijado en US$70 mil millones, por lo que las jubilaciones de los uniformados representan poco menos del 5% del gasto país, constituyéndose como los beneficiarios directos con mayor ponderación del erario.
Pilar Solidario. Las cifras son más que abultadas, pues el tesoro público destina al Pilar Solidario $1.646.336 millones, monto que suma $147 mil millones por el bono por hijo (entre otras partidas) y que, en dólares, totaliza US$2.660 millones.
En su última Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al fortalecimiento del Pilar Solidario en el marco de la reforma previsional, el cual en régimen –es decir, en cuatro años más– alcanzará U$3.500 millones anuales.
Se trata del mayor incremento de recursos en toda su historia y ratifica el sólido compromiso de nuestro Gobierno con mejorar las pensiones y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, señaló el Mandatario.
Y , en concreto, este mayor aporte –previsto para la reforma en régimen– significaría un incremento del orden del 30%, considerando la media del dólar este año.
La gran diferencia, sin embargo, es que los beneficiarios de este sistema son 1.562.675 personas, nueve veces más que los pensionados de Dipreca y Capredena, entidades que, por lo demás, ya perciben montos similares a los que pretenden destinarse al Pilar Solidario.
Esta situación ha llevado a distintos actores a empujar cambios al sistema de previsión de las FF.AA. y Carabineros, cuestión que hace tiempo tiene preocupado al mundo militar.
De hecho, a fines de 2018 se filtró un polémico audio por parte del comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en una conferencia dada en la Escuela Militar en noviembre de dicho año;Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Son algo que hay que cuidar con dientes y muelas; si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo.
Y su posición parece no encontrar oposición en el Congreso, ya que el proyecto de Modernización de la Carrera Militar no modifica la fórmula detrás del volumen de las pensiones de los uniformados, solo considera extender el período de actividad para jubilarse.
En el caso de los oficiales, sería de 38 a 41 años, los suboficiales de 35 a 40 años y, además, se posterga el derecho a recibir pensión completa de 30 a 35 años de servicio. |
Un informe realizado por la Fundación Sol reveló las diferencias que existen entre las pensiones que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas con las que recibe un ciudadano común. El documento, titulado “Pensiones por la fuerza: resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden”, fue elaborado por primera vez con datos solicitados vía Ley de Transparencia y que fueron entregados por los uniformados. El análisis fue elaborado en un contexto en que durante los últimos años la mejora de las pensiones se ha convertido en una de las principales demandas de la ciudadanía, lo que ha derivado en el surgimiento de movimientos como “No+AFP”, marchas y protestas, y el anuncio tanto del gobierno de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera de una Reforma previsional. Además se basó en las diferencias en las formas de imponer que existen en el país: mientras todos los ciudadanos comunes debieron migrar en 1981 al mercado de cuentas individuales de las AFP, las Fuerzas Armadas y de Orden se mantuvieron en su sistema de cajas previsionales. Los resultados Entre los resultados, consignados por El Mostrador, la fundación detectó que de las 105.956 pensiones que entregó Capredena entre los años 2005 y 2018, 70.649 corresponden a pensiones de retiro, que es el símil de la pensión de vejez que recibe la ciudadanía. A diciembre de 2018, el monto promedio pagado fue de $972.354. El desglose muestra que los oficiales con 8.095 pensiones de retiro recibieron en promedio $2.005.997, mientras que otros cargos ligados a Capredena, como médcos,profesores, auxiliares y pilotos recibieron en promedio $722.191. En Dipreca la situación es similar. Son 68.082 las pensiones que entregan, desglasadas en pensiones de antigüedad, invalidez, orfandad, otras jubilaciones y viudez. En promedio Dipreca paga en concepto de pensiones $849.478, la más alta es de invalidez y alcanza los $1.248.430. Por otra parte, Carabineros es la institución que más recibe pensiones de Dipreca, con un promedio de $773.410. Sin embargo, la institución que más gana es la Policía de Investigaciones, con un monto promedio de $1.511.857; Carabineros, en tanto, recibe $982.005. Diferencias abismales Mientras 684 mil personas en diciembre de 2018 recibieron una pensión de $227.693-incluyendo el subsidio estatal a través del aporte previsional solidario-, 37 mil pensionados por antigüedad de Dipreca obtuvieron un monto promedio de $1.085.708 es decir, casi 5 veces más. La diferencia es aún mayor en el caso de los jubilados de Gendarmería, que obtienen pensiones 5,9 veces mayores, y de Investigaciones, que con un promedio de $1.511.857, equivale a 6,6 veces más. En el caso de las 70 mil pensiones por retiro pagadas por Capredena, el monto promedio es 4,3 veces mayor que el que pagan las AFP y Compañías de Seguro vejez-edad, diferencia que alcanza casi 9 veces si se compara con las 8 mil pensiones que reciben los oficiales y cuyo valor promedio supera los $2 millones. 03.09.2019 |
Montepíos: El pozo sin fondo de la familia militar. 01.11.2007 Por Francisca Skoknic Las historias dan para un libro: marinos que se casan con sus sobrinas, hijas de militares contraen matrimonio en el extranjero, conviven o se anulan. Y eso sin contar las que mienten. Dipreca se querelló por fraude previsional contra 114 mujeres que juraban ser solteras sin serlo. Todo, con tal de recibir un montepío único en Chile para viudas, hijas y hermanas solteras de uniformados. Sólo eliminar el beneficio de orfandad ahorraría hoy más de $5 mil millones a todos los chilenos. A juzgar por los registros oficiales, el capitán de fragata (r) Leopoldo Fischer, viudo y sin hijos, había decidido a sus 87 años hacer un gran cambio en su vida. Hace exactamente tres años se casó con una mujer más joven, M.H., de 47 años, anulada de su primer matrimonio. Pero la investigación de CIPER da cuenta de otra historia. Fischer vive solo en un cómodo departamento en Viña del Mar. Su “esposa”, vive en una casa en Las Condes en compañía de su pareja desde hace diez años, del hijo de esta unión de 8 años y de dos hijos de su primer matrimonio. Fischer no ha sido engañado. M.H. es su sobrina y el matrimonio fue sólo un acto de conveniencia para que ella herede a la muerte del marino su buena pensión de la Armada y para que junto a sus tres hijos pudiera gozar desde el mismo momento del matrimonio -y a un precio que ningún afiliado a Isapre tiene- de los servicios del Hospital Naval, el mejor de la Quinta Región. Fischer no contrajo matrimonio para ayudar a una mujer desvalida. Tanto M.H. como su pareja son médicos veterinarios. Juntos acumulan cuatro propiedades, una sociedad agrícola además de una clínica para animales y una hijuela en Melipilla. La peculiar situación del capitán Fischer no es una excepción en el sistema de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Según un estudio hecho en 2003 por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de las 12.465 hijas solteras mayores de 24 años de uniformados que recibían montepío, 1.360 eran casadas y se habían anulado antes del fallecimiento del padre. La pregunta obvia fue cuántas anularon su matrimonio para recibir el beneficio. La Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) también hizo lo suyo y detectó el año pasado que 114 mujeres que reciben montepíos de la institución como solteras, en realidad están casadas. Otras 30 pensiones se pagan a personas ya fallecidas. Así, gracias al uso de la tecnología –un simple cruce de sus bases de datos con las del Registro Civil–, la institución que paga las pensiones de la policía uniformada, Investigaciones y Gendarmería, comprobó lo que desde hace años era un secreto a voces: que el de por sí oneroso sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden es objeto de abuso y sujeto a una fiscalización dudosa. Ciento cuarenta y cuatro querellas han sido presentadas este año por Dipreca en contra de sus propios beneficiarios en el 4º Juzgado del Crimen. Se invocó fraude previsional. Y si bien hasta ahora la justicia ha declarado en la mayoría de los casos la prescripción, lo comprobado por Dipreca, una pequeña muestra del problema global, obliga a enfrentar con urgencia la descomposición de un sistema que nació en 1817 cuando Bernardo O`Higgins era director supremo y se acostumbraba que una hija permaneciera soltera para cuidar a sus padres. Los montepíos se incrementaron tras la Guerra del Pacífico, pues se quiso proteger a las familias de los combatientes, alcanzando hasta sus nietas. Hoy, el sistema beneficia a las viudas de los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuyo montepío equivale al 100% de la pensión de los uniformados, mientras que sus hijas y hasta hermanas pueden obtener un 75%, siempre y cuando sean solteras. Mientras en el Congreso se discute actualmente un millonario aporte para financiar la reforma que saque al sistema privado de AFP del colapso que tiene a casi la mitad de los jubilados recibiendo menos que la pensión mínima ($75.000), el sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden se ha transformado en un pozo sin fondo de recursos fiscales. Al punto que hoy representa el 56% del gasto del Fisco en remuneraciones del área militar, mientras que los funcionarios activos sólo reciben el 44% del total, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa. Este año el Fisco invirtió $299.401 millones en pensiones de Dipreca y $500.000 millones en Capredena, es decir, un total de US$ 1.500 millones. La cifra es equivalente a todo lo gastado en 2007 para los programas de protección social Chile Solidario (Pobreza) y Chile Crece Contigo (Infancia). Según los cálculos hechos en el Ministerio de Defensa, eliminar el beneficio de orfandad ahorraría hoy $5.498 millones, los que al 2014 se elevarían a $20.125 millones. Cambio de sexo y convivencia. El vicealmirante Luis Gómez Carreño nació en el siglo antepasado (1865), es considerado un héroe en la Armada y hasta una población de Viña del Mar fue bautizada con su nombre. Su fama data de 1906, cuando se hizo cargo de contener el pánico de la población tras el terremoto de Valparaíso. Murió en 1930 en un accidente de tránsito y como todos sus compañeros de armas, legó a su familia la generosa pensión establecida para los uniformados tras la Guerra del Pacífico. Tan generosa, que su hija Jeannette, quien en enero cumplirá 100 años, aún recibe el montepío que le heredó su padre. El monto de su montepío se ha ido incrementando tras la muerte de su madre y sus hermanas, gracias al llamado “acrecimiento”. La última alza fue el 2004, cuando su pareja concurrió a la subsecretaría de Marina para los trámites de transferencia del beneficio que recibía su recientemente fallecida hermana Carmen. El caso de la hija de Gómez Carreño es emblemático pues refleja cuánto puede extenderse el pago en el tiempo: el almirante pasó a retiro en 1924 con 45 años de servicio, por lo tanto entre, pensiones y montepíos, los pagos del Estado llevan 83 años, cifra que aumenta a 127 años si se suman los que recibió mientras estuvo activo. En promedio, dice la vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, el montepío duplica el tiempo que la persona cotiza como funcionario activo. “Estamos absolutamente conscientes de que hay muchas mujeres que –más allá de las que anularon su matrimonio, porque hoy día con el divorcio no tienen ninguna posibilidad de generar montepío- conviven, tienen hijos, mantienen una familia, sin matrimonio, y son beneficiarias de montepío”, reconoce Ewing, quien promueve el fin de las distorsiones. Si el sistema no cambia, continuarán abusos como el de C.M., exitosa médica con propiedades y un muy buen pasar que desde 2005 agregó a sus bienes la pensión de su fallecido padre contraalmirante. Ella, al igual que otros casos, es soltera pero para todos sus conocidos es casada. El matrimonio se celebró en Paraguay, con lo cual sigue siendo soltera para la previsión de la Armada. De allí que, en la “familia militar”, uno de los sectores más conservadores del país, se registre un inusual número de mujeres que conviven en vez de casarse para no perder un beneficio que consideran suyo, pero que pagan todos los chilenos. Muchas de ellas, además, tienen ingresos propios. Como J.A.V, ingeniera agrónoma de 37 años, que si bien tiene un excelente registro de bienes e ingresos recibe pensión del Ejército por su padre, un coronel fallecido en 2001. La vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, cuenta que no es raro que algunos pensionados lleguen a preguntar cómo pueden hacer para repartir el montepío, pues “tienen la idea de que la pensión forma parte de su herencia”. Según el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, antiguamente existía la idea de que el montepío formaba parte del patrimonio del uniformado, por lo que algunos se casaban con la persona más cercana, lo que incluye a empleadas o enfermeras, con tal de no perderlo. Con el tiempo, el ardid ha derivado en otras prácticas. -Hay abusos, yo los veo. Llegan hijas profesionales de más de 50 años, con hijos y que no se han casado para no perder el montepío, pero qué les va a decir uno -admite el subsecretario Vergara, ante la evidencia de que esa práctica sigue siendo legal. Entre los casos insólitos, el más recordado en el Ministerio de Defensa es el del hijo de un funcionario de la Fuerza Aérea, que en los años 80 se operó para cambiarse de sexo y legalizó su nueva condición de mujer en el Registro Civil. Tras la muerte de su padre y ya con el nombre de Leslie Santana, acudió a solicitar el montepío al que tienen derecho las hijas mujeres solteras. Leslie alcanzó notoriedad más tarde, cuando se radicó en España y se convirtió en una famosa vedette transexual. En 1997 vino a Chile, según la prensa de la época, a concretar su segundo matrimonio. No fue posible chequear si sigue recibiendo el montepío y sólo se sabe de ella a través de la prensa de farándula madrileña, donde Leslie se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Fracaso legal. “¿Habrá algún almirante dispuesto a casarse conmigo?”, solía decir en broma Michelle Bachelet en 2003, cuando como ministra de Defensa envió los proyectos de ley que modificaban el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La situación de Bachelet fue invocada en la Cámara por la diputada Carolina Tohá, quien planteó que como la ministra era hija de general y además anulada, podía algún día pedir montepío. -Sabemos que no lo hará jamás; no obstante, tendría ese derecho. ¿Qué pensarían las chilenas si vieran eso? ¿Qué justificación tiene este beneficio? -cuestionó Tohá. En esa época ya estaba claro qué tan creativas como numerosas son las formas que las familias de los uniformados han desarrollado para no perder un beneficio único en Chile y que se paga con fondos fiscales. El mensaje presidencial que modificaba la Ley Orgánica de las FF.AA. sostenía que “existe evidencia de abusos, irracionalidad o distorsiones” en diversas áreas. Y se proponía diversas modificaciones, entre las que se limitaba los llamados montepíos de orfandad, eliminando a hijas y hermanas solteras, y la exigencia a las viudas de los jubilados de un mínimo de tres años de matrimonio para acceder al beneficio. El objetivo central era aminorar la enorme carga fiscal que representa el sistema previsional de los uniformados cuyos beneficiosos son muchísimo mayores que los que reciben el resto de los chilenos y que además es objeto de abusos. Un privilegio que todos pagamos Fue a partir de 1980, en plena dictadura, cuando todos los chilenos fueron obligados a ingresar al sistema privado de pensiones que administran las AFP. Desde entonces deben cotizar en torno a 12,5% de sus sueldos. Pero hubo una excepción: los uniformados no aceptaron el cambio y exigieron mantener el sistema antiguo de reparto. Quienes pertenecen a Capredena sólo aportan el 6% de sus remuneraciones para pensiones y el resto es pagado por el Estado. Además de las pensiones, tienen acceso a un privilegiado sistema de salud. Como contrapartida, las pensiones son mucho mayores. Mientras en el sistema de AFP la jubilación promedio apenas alcanza los $166.000, los afiliados a Capredena reciben un desahucio de entre 20 y 30 sueldos (según antigüedad) y pensiones que en promedio ascienden a $430.000. A diferencia de los civiles, los uniformados pueden llegar a jubilar con el equivalente a su último sueldo: un suboficial de Ejército con 30 años de servicio se puede retirar con $730.000 y un general o almirante con más años puede llegar a recibir $2.300.000, una cifra impensable en el sistema privado. En cuanto a los montepíos, con motivo de la tramitación del proyecto de ley en 2003, el entonces director de Capredena, Patricio Silva, informó que el promedio de los montepíos de hijas y hermanas ascendía a $300.000, el doble de lo que ese año recibían los jubilados de las AFP tras toda una vida de trabajo. Silva reveló también que el gasto mensual en montepíos era de 2.040 millones de pesos, es decir 24 mil millones de pesos anuales, a los que había que sumarle unos 500 montepíos nuevos cada año. Sólo el pago a las 1.360 mujeres que habían anulado su matrimonio tenían un costo de 367 millones de pesos, el 14,98% del gasto mensual por ese concepto. En ese momento a casi todos les pareció que había que racionalizar el sistema. De hecho, el Proyecto de Ley sobre la Modernización del Sistema Previsional y de Salud de las FF.AA. y Carabineros (PRESFAC) fue consensuado con todas las ramas de la Defensa, cuyos representantes concurrieron a la Cámara de Diputados a dar su visto bueno. Pero algunos parlamentarios fueron más inflexibles que los propios uniformados, al parecer, presionados por el personal retirado y sus familias. En las actas se registra la oposición de la diputada Angélica Cristi –hija de un general de Carabineros- quien consideró necesario saber por qué se habían anulado tantas montepiadas. La diputada Lily Pérez planteó que era arbitrario suponer que era sólo por burlar el sistema y Alberto Cardemil propuso dejar fuera de los cambios a las hijas de los uniformados que ya estaban en retiro. En la sala, el diputado Jorge Ulloa fue enfático al decir que se estaba quitando “nuevamente” beneficios a los pensionados: -Hace unos minutos recibí un e-mail: “Estoy muy preocupado por la reforma de la previsión de las Fuerzas Armadas en que se pone empeño para despojar de montepío a la hija soltera. Tengo una hija soltera de 50 años; actualmente no trabaja, nos cuida. ¿Qué pasará con ella cuando mi esposa y yo dejemos este mundo?”-afirmó. Finalmente, el artículo que eliminaba los montepíos a hijas y hermanas fue rechazado en la Cámara y siguió su trámite con modificaciones. Sabiendo que no habría quórum, en marzo de 2006 el gobierno optó por archivar el proyecto. Pero ahora, en plena discusión de los millones que debe aportar al Fisco para resolver el problema de las pensiones mínimas de los chilenos, nada justifica que el fraude de los montepíos de las Fuerzas Armadas y de Orden siga siendo intocable. Escándalo en Dipreca. La fiscalización de las irregularidades en Dipreca es muy reciente. Recién el año pasado esa institución tuvo la capacidad de cruzar sus bases de datos con las del Registro Civil. Luego de los asombrosos resultados obtenidos, el director Juan Donati, instauró la política del pareo permanente: los datos se cruzarán al menos tres veces al año, pese a que cada proceso cuesta 9 millones de pesos. La decisión más importante fue iniciar acciones legales por los cobros irregulares. Los 30 casos de fallecidos corresponden a beneficiarios sin defunción notificada, por lo que la pensión siguió siendo depositada en la cuenta del Banco Estado. O bien fue retirada por otra persona o quedó allí, sin que nadie advirtiera el hecho. Las otras 114 irregularidades corresponden a mujeres que no dieron cuenta de que se habían casado o simplemente mintieron. Donati explica que del total de 60 mil pensionados, los ilícitos detectados corresponden sólo a al 0,2%, aunque enfatiza que “tienen que tratarse como situaciones irregulares y tomarse todas las medidas para intentar recuperar dineros y generar un precedente de que no se van a aceptar irregularidades”. La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, añade que no se seguirán pagando pensiones que no corresponden. Y anuncia que ya se pidió a Contraloría una reinterpretación de las resoluciones que ha dictado hasta ahora, en las que ha favorecido a las mujeres casadas que reciben montepíos. El argumento del ente contralor ha sido la aplicación de la “prescripción adquisitiva”, lo que implica que transcurridos cinco años desde que se empezó a pagar el montepío, la persona tiene derecho sobre el beneficio, aún cuando haya cometido irregularidades para obtenerlo. Un argumento similar ha sido invocado por la justicia para desestimar las querellas. Algunas fueron derivadas a juzgados de otras jurisdicciones, varias se sobreseyeron temporalmente y muchas se declararon prescritas y fueron archivadas. Ante la imposibilidad de manejar tal cantidad de causas, Dipreca –con sólo 4 abogados en todo el país- solicitó al Consejo de Defensa del Estado analizar todos los caminos legales para recuperar los fondos fiscales. El abogado del CDE Luis Orellana explica que hasta ahora los análisis jurídicos indican que el mejor camino es optar por la justicia civil. En los casos penales –dice– el tribunal consideró que el principio de ejecución –el momento en que se comienza a pagar el montepío– está prescrito, pero la idea es argumentar que las prestaciones se pagan mes a mes y cada vez se comete el ilícito. Por ello, puede pedirse el reintegro de lo recibido en los últimos cinco años bajo la figura de “pago indebido”. Donati acota que al otorgar el montepío a una hija o hermana soltera, hay una resolución de la Contraloría que dice explícitamente que la beneficiaria lo pierde si se casa. Por lo tanto, el no cumplimiento de esa norma puede llevar a concluir que existe una intencionalidad, pues está claro que conocían las reglas. Dipreca aún no ha hecho un cálculo de cuánto dinero se perdió por estos fraudes previsionales –se deben sumar intereses y reajustes–, pero ha desplegado una serie de medidas para impedir que se repitan. Además de los pareos trianuales, se informó en todas las boletas de pago que se están iniciando acciones legales contra quienes vulneren el sistema y se instaló un punto de control del Registro Civil en las oficinas de Dipreca, para chequear cada vez que se otorga una pensión si la beneficiaria es soltera. También se pidió a los hospitales institucionales y sus servicios funerarios que se informe de los fallecimientos de los afiliados, de modo de cortar los pagos inmediatamente. Y al Banco Estado se le solicitó informar trimestralmente de las cuentas que no han tenido movimientos. En Capredena el sistema de cruce de bases de datos empezó aplicarse hace unos 5 años, momento en el cual se detectaron 49 casos irregulares. Algunos se llevaron a la justicia sin mucho éxito, pues fueron sobreseídos o con condenas remitidas, y aunque se analiza caso a caso, se tiende a negociar con los infractores para conseguir la devolución del dinero. La voz de la Contraloría. A través de los dictámenes y oficios de la Contraloría es posible reconstruir la jurisprudencia respecto a las montepiadas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y apreciar cómo en varias ocasiones los distintos gobiernos han intentado frenar los abusos y también cómo la Contraloría ha variado sus criterios. En una línea paralela, estos mismos oficios permiten apreciar los vanos intentos de algunas hijas por recibir el beneficio a toda costa. La prescripción adquisitiva. Este argumento de la Contraloría ha impedido que en muchos casos se ponga fin a los montepíos de aquellas mujeres que han mentido sobre su estado civil y han recibido el beneficio por más de 5 años pese a estar casadas. A partir de 2003, este criterio parece haber quedado a firme, aunque ahora la Subsecretaría de Carabineros pide su reconsideración. Rosario Violeta Díaz Andrade es hija del suboficial de Carabineros Samuel Díaz Luna, fallecido en 1945 y cuya viuda murió en 1993. A partir de esa fecha, su hija Rosario comenzó a recibir el montepío, pero Dipreca alega que “no comunicó que había contraído matrimonio el 29 de octubre de 1954”, lo cual fue descubierto recién en 2004, por lo cual “incurrió en un ilícito previsional, al declarar que su estado civil era soltera y no viuda”. Es decir, recibió el benefició por 11 años pese a no cumplir los requisitos. La contralora subrogante, Noemí Rojas, determinó que “no obstante la existencia de un vicio… no corresponde cuestionar la validez, porque al haber transcurrido más de cinco años desde la concesión del montepío, están prescritas las acciones que en su momento pudo ejercer el respectivo instituto previsional, según normas generales de prescripción contenidas en el Código Civil, debiendo aquél entenderse incorporado definitivamente al patrimonio de la ocurrente”. Las casadas Laura García Herrera es hija del empleado administrativo de la Armada Juan Bautista García Díaz, quien falleció en 1972. Su viuda recibió montepío hasta que murió en 1979 y luego comenzaron a recibirlo sus hijas Laura y Nolfa. Según informó la Subsecretaría de Guerra a la Contraloría, en 1991 se acreditó que Laura García estaba casada al momento de comenzar a recibir el montepío y que enviudó en 1983. Y se dejó sin efecto la resolución que le entregaba la pensión. En 1993, Laura García reclamó a la Contraloría que debían restituírselo, ya que había recibido el montepío interrumpidamente por más de 10 años, con lo cual adquiría el derecho por “prescripción adquisitiva”. El organismo respondió que según la ley, no pueden recibir montepío quienes están casados y “no podrán recuperarlo por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio”. Agregó que “el matrimonio la dejó impedida definitivamente para gozar del montepío al fallecimiento de su padre, de modo tal que habiéndose extinguido su derecho, no le resulta posible recuperarlo por motivo alguno, ni aún por prescripción adquisitiva, dado que es imposible incorporar al patrimonio lo que jurídicamente no existe”. Como si fuera poco, el subcontralor Miguel Solar ordenó a Laura García restituir todo el dinero recibido indebidamente entre 1979 y 1992. Similar es el caso de María Eugenia Poblete Mella, hija del sargento 2º del Ejército Ricardo Poblete Acevedo, quien pidió que le restituyeran el montepío que la quitaron en 2001. La Subsecretaría de Guerra informó que Capredena le entregó antecedentes que acreditaban que Poblete se encontraba casada al momento de recibir el beneficio en 1986, pese a haber presentado una declaración jurada con dos testigos ante notario, asegurando que era soltera. Por eso, no sólo se le suspendió el montepío sino que se solicitó al Consejo de Defensa del Estado que iniciara acciones legales en su contra. El entonces subcontralor, Jorge Reyes, le dio la razón al subsecretario. Las viudas Tradicionalmente, la Contraloría consideró que aquellas hijas que enviudaban antes del momento que causaba el montepío (muerte del padre o la madre), tenían derecho a recibirlo. Por ejemplo, el 20 de julio de 1970 otorgó el beneficio a la hija viuda de un carabinero y argumentó que “al estar casadas no pueden recuperar calidad de beneficiarias si posteriormente enviudan, porque los requisitos que habilitan para impetrar beneficio deben cumplirse precisamente al momento de la delación de este. Pero sí pueden gozar de él las hijas que se encuentran viudas a la fecha de la delación, pues tienen calidad de beneficiarias por el solo hecho de ser hijas del causante, y por cumplir requisitos al fallecimiento de éste, ya que no existe impedimento de encontrarse en estado civil de casada”. En la misma línea, el 11 de abril de 2003 sostuvo que una hija viuda de un oficial de la Fuerza Aérea podía recibir el montepío, agregando que “acorde a la ley de matrimonio civil, éste se disuelve por la muerte natural o presunta de uno de los cónyuges”. El dictamen 4052 del 29 enero de 2004 marca un cambio en la interpretación de la norma y es explícito en sentar jurisprudencia. Lo gatilla una presentación de Eliana Salazar Salazar, hija viuda del cabo 1º de la Fuerza Aérea Heraldo Salazar Lillo, quien tras la muerte de su madre pidió el montepío, el que le fue rechazado por la Subsecretaría de Aviación y luego aceptado por la Contraloría en 2003. Adicionalmente, la Subsecretaría solicitó reconsiderar su caso y uno más: el de María Raquel Cordero Cuevas, hija viuda del general de Brigada Aérea, Osvaldo Cordero Vallejos. El argumento fue que “ser viuda impide satisfacer la condición de no haber contraído matrimonio”, según el artículo 202 del DFL (G) Nº1 de 1968. Además, a diferencia de lo sostenido en otros casos por la Contraloría -que afirma que la nulidad no permite recuperar el montepío-, sostiene que el requisito de “no haber contraído matrimonio” sólo lo cumplen las hijas solteras y anuladas, “por el efecto propio de la institución de la nulidad”. Sorpresivamente, la Contraloría le dio la razón a la Subsecretaría al afirmar que no es posible adquirir el estado de viudez si no se ha estado casado, por lo tanto la viudez acredita el haberlo estado. Sin embargo, de todos modos ordena entregarle el montepío a Eliana Salazar y a Raquel Cordero, “así como a toda otra hija viuda que lo haya requerido antes de la vigencia del criterio jurisprudencial contenido en este oficio”. Explicita luego que esto vale para todas las Fuerzas Armadas y Carabineros. Coherente con esto, la Contraloría negó el beneficio, en diciembre de 2005, a la hija viuda de un oficial de la Armada. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2006, volvió a establecer un matiz a favor de Sonia Henríquez Jara, hija del funcionario de la Armada Guillermo Henríquez Henríquez. La entonces contralora subrogante, Noemí Rojas, acogió el argumento de que las pensiones se pagan desde el momento de la muerte del causante, lo que ocurrió el 24 de octubre de 2003, es decir antes del dictamen que cambió la jurisprudencia en enero de 2004. Por eso, ordenó pagarle el montepío y revocar un oficio anterior que se lo había negado. Las anuladas. Además de las consideraciones hechas en los oficios mencionados anteriormente, el año pasado la Contraloría debió pronunciarse en un caso de nulidad matrimonial. Se trataba de la hija de un ex funcionario de la FACh, quien al morir su padre en 1991 era soltera y por lo tanto comenzó a recibir el montepío. Se casó en 1999, pero no informó de aquello hasta que en 2004 fue detectada y su montepío cancelado. Tras esto, la mujer se anuló y dos años más tarde pidió que le restituyeran el beneficio pues ya no estaba casada.
Bígamos El ex coronel de Ejército José Nogues Larraín se casó dos veces antes de fallecer el 21 de junio de 1988. Insólitamente, la Subsecretaría de Guerra le concedió pensión de montepío a sus dos mujeres, Luz Johnson Garfias y María Inés de Jesús Ramírez Jara. Luego, se le quitó el beneficio a esta última, pues el 12 de septiembre de 1989 -tras la muerte de Nogues- quedó ejecutoriado el fallo de nulidad por haber un matrimonio anterior no resuelto. María Inés Ramírez se había casado con el coronel Nogues en Tlaquiltenango, México, en 1961, y luego inscrito el matrimonio en Chile en 1967. Pero la pensión la recibió su primera mujer, luego de que en enero de 1990 el contralor Osvaldo Iturriaga estableciera que Luz Johnson, debía recibir el beneficio desde el día de la muerte del coronel. Un caso aún más extraño tuvo lugar en 1984, cuando luego de morir el suboficial de Ejército Juan Alberto Prado Parra, se dio una disputa por el montepío entre su segunda y su tercera esposa. Margarita Escobar Abarca se casó primero con él, pero fue declarada presuntamente muerta en 1977 y se fijó su fallecimiento en 1971, aunque había desaparecido un par de años antes. Reapareció después de 14 años y dos meses -justo para pedir el montepío-, por lo que legalmente su matrimonio seguía siendo válido e incluso pudo pedir la nulidad del siguiente vínculo de su esposo, pero no lo hizo. Y si hubiera querido hacerlo, no tuvo tiempo. Margarita Escobar murió pocos meses después de su reaparición, por lo que la Contraloría sólo se pronunció sobre si tenía derecho a pago durante ese breve período en que estuvo legalmente viva y viuda. El entonces contralor, Osvaldo Iturriaga, decidió que sí. Un tercer caso de bigamia tuvo lugar en 2003, cuando a las dos cónyuges del civil del Ejército Pablo Juan Bautista Allamand Madaume se les concedió el montepío en partes iguales. Inés Elvira Grado Letemayer, quien se casó en 1935, reclamó que el segundo matrimonio de su esposo con Josefina Alicia Molidari Corradiri, que tuvo lugar en 1965, no era válido. Esta segunda ceremonia tuvo lugar 5 días antes de que la justicia mexicana disolviera el primer matrimonio, acto que según la Contraloría no tiene validez en Chile. La contralora (s) Noemí Rojas consideró que el segundo matrimonio adolecía de vicio de nulidad porque el primero seguía vigente, por lo que había un año de plazo para solicitar judicialmente la nulidad. Por eso, estableció que si transcurrido ese tiempo no se había hecho la gestión, el montepío podría seguirse pagando a las dos mujeres. Casadas en el extranjero. Una de las prácticas que usualmente se mencionan como forma de burlar el sistema, es casarse en el extranjero y no validar el vínculo en Chile. En enero de 2006, la Contraloría conoció uno de estos casos, el que fue delatado por la propia hermana. María Ester Cerda Meneses recibió en 2003 el montepío por ser hija del suboficial mayor de la Armada Mardoqueo Cerda Fernández. Dos años más tarde, se otorgó participación en el beneficio a su hermana Sonia Jimena Cerca Meneses, tras solicitarlo mediante una declaración jurada simple. María Ester debía dividir el montepío con su hermana María Jimena, pero la acusó ante la Contraloría de haberse casado en Buenos Aires, Argentina, en 1977. La contralora (s) Noemí Rojas determinó que al no estar inscrito en Chile el matrimonio, no produce efectos legales y le permiten acceder a los beneficios previsionales. María Ester y María Jimena debieron compartir el montepío. Las hermanas. El más inusual de los casos es el de las hermanas solteras que reciben montepíos. Nora Isabel Calderón Cima quiso heredar el beneficio de su hermana Inés, pensionada de Capredena. Sin embargo, la Contraloría acogió el argumento de la Subsecretaría de Guerra, pues la norma sostiene que el montepío “le asiste sólo a las hermanas solteras huérfanas, que carezcan de medios propios de vida iguales a una suma equivalente en ingresos mínimos o acrediten invalidez o incapacidad absoluta”. Nora Calderón no cumplía el requisito, ya que recibía una pensión del INP. La ley que viene La distorsión y los abusos detectados en el sistema previsional de las FF.AA. y de Orden serán nuevamente sometidos al escrutinio público en los próximos meses. Y ello porque el ministro de Defensa, José Goñi, tiene listo el borrador de un proyecto de ley que moderniza la carrera militar –cuyo pilar principal es su alargue- y que incluye la modificación al sistema previsional. La propuesta sólo espera ser zanjada con el Ministerio de Hacienda. Si actualmente a partir de 20 años de servicio los uniformados pueden acceder a parte de la pensión, el proyecto aumenta el rango a 25 años, mientras que para recibir el máximo se requerirá cumplir 35 años de servicio en vez de los 30 actuales. Según el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, la idea es aprovechar las capacidades y preparación de los funcionarios, que hoy pueden jubilar a los 50 años con sus pensiones completas. Además, se incorporan nuevos requisitos para los ascensos. Los cambios tendrán directa incidencia en el sistema previsional, pues aumentará el tiempo y el monto de las cotizaciones subirá a 9,5%. Se insistirá también en todos los puntos incluidos en el proyecto del 2003, como los montepíos, reliquidaciones (contratos a jubilados y acceso a dos jubilaciones), y dobles pensiones (por dos cargos en la carrera). Según los cálculos oficiales, si entrara en vigencia en 2007, esto significaría un ahorro de $28.000 millones y llegaría a $62.000 millones en 2014. “Hay que terminar con las distorsiones previsionales. Es un sistema que creemos que es justo y que pude ser absolutamente perfeccionado”, resume la vicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing. Conforme a los nuevos tiempos en que las mujeres también ingresan a las Fuerzas Armadas, Capredena está proponiendo que junto con terminar con las distorsiones se permita que las mujeres uniformadas también puedan dejar el montepío a sus esposos. Si se aprueban todos los cambios, el costo inicial aumentará el aporte del Fisco en 63 mil millones de pesos el primer año. “La tendencia se elimina en 10 años y en otros 10 años se recupera el mayor gasto”, dice Raúl Vergara, quien asegura que en dos décadas debería revertirse la tendencia actual y el 56% del gasto correspondería a personal activo y sólo el 44% al pasivo. |
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Thai-Isan. COCINA ORIENTAL. |
Pollo Satay. sate (o satay) de pollo indonesio es un plato de brochetas adobadas que se preparan a la parrilla o en barbacoa. Se acompañan con una suculenta salsa de cacahuete muy popular no solo en Indonesia, sino en toda la cocina del sureste asiático. La palabra indonesia sate se pronuncia así, casi como lo haríamos en español: la grafía satay, más extendida, corresponde a la pronunciación anglosajona; a los angloparlantes les cuesta acabar una palabra en una letra -e sin más, y dicen -ey.
Estas pequeñas brochetas son un plato típico de Tailandia. Son jugosas, divertidas de comer y caracterizadas por el especial sabor de los cacahuetes. Y además son fáciles de hacer aunque hay que pringarse un poquillo, pero eso no nos asusta, ¿verdad? Se acompaña con algún arroz de estilo oriental.  Mezclar todos los ingredientes en un cuenco, incluidos los trozos de pollo. Dejar marinar en la nevera de 2 a 4 horas. Con las manos, id ensartando los trozos de pollo marinado en las brochetas. No hace falta dejar espacios entre trozo y trozo. Precalentar el grill de horno a potencia alta e introducir las brochetas en una fuente resistente al calor en la parte baja del horno para que esté lo más alejada posible del grill. Dorar durante 5 minutos, dar la vuelta a las brochetas y hornear otros 5 minutos. Ya debería estar listo para comer, pero en cualquier caso, cortad un trozo de pollo para aseguraros de que está hecho por dentro. Si no lo estuviera, necesita más tiempo de horno. Ingredientes para 6 comensales. 3 pechugas de pollo de tamaño medio, cortadas en tacos de 2 cm 3 cucharadas soperas de mantequilla de cacahuetes sin sal 50 ml de salsa de soja 1 cucharada sopera de azúcar moreno 50 ml de zumo de limón Pimienta de cayena al gusto 1 cucharada de postre de ajo en polvo.  El cacahuete, una legumbre oriunda de los Andes, cuyo fruto se desarrolla bajo tierra como un tubérculo, fue introducido en el sudeste asiático por comerciantes portugueses y españoles en el siglo XVI, y se hizo popular con rapidez gracias a su adaptación al clima tropical. .jpg) Las noticias más antiguas de esta receta de sate proceden de los vendedores de comida callejera de la isla de Java, de donde se extiende a toda Indonesia, para acabar siendo considerada uno de los platos nacionales. Hay quien afirma que con el sate trataban de replicar las brochetas de carne típicas de los comerciantes árabes que en el siglo XIX intercambiaban textiles por las especias de la zona.  De modo que combinamos una técnica árabe con un ingrediente andino para conformar un plato nacional indonesio: viva el mestizaje, pardiez. El sate cruzó hace tiempo el estrecho de Malaca para convertirse en un plato habitual en el sudoeste asiático, al que cada país aporta su toque distintivo.  Hoy día se prepara casi con cualquier carne, y en Indonesia se suele servir con la característica salsa de cacahuete, con kecap manis, una salsa de soja dulce, y tradicionalmente se acompaña con pasteles de arroz. Prueba nuestra receta e incorpora estas deliciosas brochetas a tu repertorio de barbacoa de verano. |
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Santiago de Chile. Memoria histórica. |
La memoria histórica es un concepto historiográfico reciente, que puede atribuirse en su formulación más común al historiador francés Pierre Nora,[Nota 1.] y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginario, valorándose y tratándolo con especial respeto. La memoria histórica puede ser: física como un monumento, una estatua entre otras representaciones físicas del pasado; social que se refiere a la forma en que los grupos construyen, mantienen y reconstruyen recuerdos compartidos de su pasado, como tradiciones y experiencias históricas, a través de la comunicación y las prácticas sociales. o colectiva es un conjunto compartido de recuerdos, conocimientos y experiencias que un grupo social o comunidad construye y transmite para formar su identidad. Se manifiesta en elementos culturales como monumentos, arte, canciones, y se mantiene viva a través de la educación y la transmisión oral y escrita, conectando el presente con un pasado común y moldeando el futuro del grupo. Santiago una ciudad moderna. Las ciudades de Nueva York, y Londres, a diferencia de Santiago, son ciudades arquitectónicamente antiguas, con edificios construidos en su mayoría en el siglo XIX o siglos anteriores, con calles, callejuelas o callejones estrechos para el moderno tránsito de automóviles, no tiene muchas autopistas o avenidas urbanas modernas como las novísimas metrópolis, como Los Ángeles, California. Todas estas importantes ciudades pagaron el precio del progreso y el éxito, Londres y Nueva York fueron las primeras megaciudades del mundo, ganaron las batallas comerciales de su época; Londres desde el siglo XVIII, se convirtió en la capital comercial, financiera de Europa, con el puerto más grande del mundo; La ciudad de Nueva York, con las líneas de ferrocarriles, el canal de Erie, y su importante puerto, ganó la supremacía sobre las ciudades portuarias de Philadelphia y Boston; ambas ciudades crecieron muy rápidamente, lo que en su momento le dio categoría de ser las mayores ciudades del mundo, centro de la civilización occidental. Una vez que llenaron el espacio disponible en la urbe, te encontrase con unas ciudades terriblemente congestionada con planeamiento y servicios públicos o vías de transporte de fines del siglo XIX o de la primera mitad del siglo pasado. Solo por dar un ejemplo, los metros o ferrocarriles metropolitano de estas ciudades a veces subterráneos son viejos, ruidosos, sucio, húmedos y poco confiable (no es raro que anuncian la suspensión de servicio en una estación intermedia, para desesperación de los turistas que no entienden inglés y ven como todos los pasajeros se bajan y el tren no se mueve). Hoy día, los metros más modernos y bonitos suelen estar en las ciudades en paises en vías de desarrollo, aun de las más pobres, dado que recién ahora pueden construirlos, como el metro de ciudad de Argel, la capital de Argelia, ciudad pobre de solemnidad, tiene un metro que es nuevo, recién inaugurado. La ciudad de Santiago de Chile, a pesar que tiene casi 500 años de ser fundada por conquistadores, es una urbe moderna y dinámica en la América Latina, sus edificios en su mayoría fueron construidos en la segunda mitad del siglo pasado o comienzo del siglo presente, con una arquitectura internacional, rodeada por la majestuosa cordillera de los Andes, esta capital combina la historia, la cultura y una vibrante vida urbana; habiendo muy pocos edificios antiguos, construidos en la épocas colonial y decimonónica, a consecuencia de los terremotos o las renovaciones urbanas. Santiago al contrario de Nueva York o Londres, es una ciudad moderna y contemporánea: tiene modernos medios de transporte con un metro, buses y las autopistas urbanas; con edificios y casas de estilo contemporáneo o internacional; por los terremotos y las renovaciones urbanas planificadas por autoridades, quedan muy pocos edificios del siglo XIX o de comienzo del siglo XX. El metro de Santiago es uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica, siendo el más extensa de Sudamérica y el segundo ferrocarril urbano con mayor extensión de América Latina después del Metro de la Ciudad de México; Está combinado con el sistema Red movilidad, que lo une con los ferrocarriles de cercanía, y los buses urbanos. Actualmente cuenta con siete líneas, 143 estaciones y una extensión de 149 km de longitud, se planea su expansión a 10 línea y más de 200 kilómetros de extensión en la próxima década. Santiago de Chile, recién en la década del 40 del siglo pasado, alcanzó un millón de habitantes, en comparación de la urbe de Londres, que alcanzó esta cantidad en el año 1801, y Nueva York en la década del 50 del siglo XIX; Pero se tardó varias décadas, para que la sociedad santiaguina, sea completamente urbana, nacidas y criadas en las costumbres y culturas citadinas, había una enorme cantidad emigrantes de las áreas rurales, viviendo en la urbe, y tardó décadas en desaparecer sus costumbres y prácticas culturales. Memoria histórica física de Santiago. La arquitectura de Santiago Chile está influenciada por su geología que convierte a Chile en uno de los países con mayor incidencia de los terremotos del mundo,que moldeó su arquitectura urbana. Casi no queda nada de su época colonial, y del siglo XIX, por estos siniestros, de la memoria histórica física de Santiago, solo quedan los palacios y iglesias, como El palacio de La Moneda, y la Catedral Metropolitana, reliquias del pasado colonial. Con respecto a la área urbana, la comuna de Santiago Centro, es el sector urbano más antiguo, se urbanizó completamente en la década del 20 del siglo pasado, el recto de las comunas de la urbe santiaguina, terminó en urbanizarse recién a comienzo del siglo XX. La mayoría de sus edificios se construyeron en el siglo XX, con arquitectura moderna, que es una forma de designar al conjunto de corrientes o estilos arquitectónicos que se han desarrollado a lo largo del siglo pasado en todo el mundo. En el centro de Santiago, fue renovado completamente, en el siglo XX y comienzo de este siglo, construyendo modernos edificios de oficina y habitacionales. Pero todavía se conservan barrios históricos en la comuna, construido en la primera mitad del siglo pasado. Las demás comunas de la ciudad, se urbanizaron completamente durante el siglo pasado y a comienzo de este siglo, ocupando todo el territorio posible urbanizable de la provincia de Santiago. Muchos poblaciones y villas fueron construidas por las corporaciones de las vivenda o la autoconstrucción de los mismos propietarios, con una arquitectura de Chile Central rural. Memoria histórica social. La memoria de lo urbano es responsable, en gran medida, de nuestra idea sobre las ciudades. Aparece tanto en la experiencia de lo real como en las múltiples aportaciones inmateriales que recibimos. Es el caso, por ejemplo, de las historias que atesora la ciudad y que ayudan a explicar su realidad actual. Sean grandes acontecimientos o sucesos cotidianos, sus espacios las recuerdan y las reflejan, logrando expresar un cierto carácter colectivo. La literatura es uno de los instrumentos principales para la captación de esos mensajes. Su demostrada capacidad para “excitar” nuestra mente le permite crear imágenes poderosas, que pueden llegar a ser tan intensas como las propiamente sensoriales. Así pues, también la literatura “mira” a la ciudad. La literatura “urbana” (Como ejemplo "Las ciudades de Edward Rutherfurd: Londres, Nueva York y París") nos permite aproximarnos de forma amena a la realidad presente, acercándonos a las aspiraciones y a los esfuerzos que generaciones anteriores hicieron para conformar el espacio que hemos heredado. Una buena forma de “mirar” la ciudad con los ojos de la mente.
Pero también las ciudades se construyen con elementos inmateriales, que residen en nuestra mente siendo ingredientes imprescindibles para configurar nuestra “idea” de cada ciudad. Son muy diversos, pero ahora nos interesa destacar especialmente a los que informan sobre lo acontecido en la ciudad. Éstos constituyen una amalgama de historias reales, aunque a veces puedan estar mitificadas o distorsionadas, con leyendas, construidas sobre bases más o menos ciertas. En cualquier caso, sean ficciones o hechos ciertos, sean grandes acontecimientos o sucesos cotidianos, esas historias explican y justifican algo de la realidad actual de nuestros entornos urbanos. Se encuentran en los libros de historia y sobre todo en la literatura, un instrumento muy poderoso, capaz de añadir una aureola fantástica a un determinado lugar o a un periodo de tiempo concreto. Son narraciones y como tales son etéreas, pero pueden integrarse con firmeza en nuestro pensamiento y condicionar nuestra idea particular sobre cada ciudad. Por eso, decimos que la literatura también nos ayuda a comprender la ciudad. Los autores que reflejan su época (sean antiguos o contemporáneos) nos trasladan el relato de su mundo para que conozcamos sus argumentos. Y los autores que trabajan fuera de su tiempo se convierten en médiums, que con el fruto de sus esfuerzos investigadores e imaginación, también contribuyen a nuestra construcción mental. En este siglo, Santiago de Chile, es una «ciudad global de clase Alfa», también llamada ciudad mundial o ciudad centro, que se puede definir como aquella urbe que actúa como un actor principal en la economía mundial. El concepto proviene del estudio de la geografía urbana, y se basa en la teoría de que la globalización dio lugar a una jerarquía de ubicaciones geográficas estratégicas, cada una con distintos niveles de influencia en la economía, el comercio y la cultura a nivel mundial. Los santiaguinos, en su mayoría ya no tienen apego a su barrio, o comuna, por varios razones: Por el cambio de domicilio a lo largo de su vida, desde su nacimiento a fallecimiento; No hay una memoria historia social y colectiva en la mayoría de la población de Urbe, por ser Santiago una urbe muy moderna, y no ser muy antiguos sus comunas o barrios, en síntesis el crecimiento demográfico fue muy rápido; recién en la década del 2020, se estancó el crecimiento urbano, provocado por la migración campo ciudad desde la independencia de la República. Notas. 1.-París, 17 de noviembre de 1931-París, 2 de junio de 2025] conocido por sus trabajos sobre la identidad, la memoria, el oficio del historiador y el papel de la edición en Ciencias sociales. |
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