Luis Alberto Bustamante Robin; José Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdés; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Álvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Verónica Barrientos Meléndez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andrés Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma; Nelson Gonzalez Urra ; Ana Karina Gonzalez Huenchuñir; Ricardo Matías Heredia Sánchez; Alamiro Fernández Acevedo; Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas;
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Introducción. El juicio a los líderes del proceso independentista catalán, legalmente Causa Especial número: 20907/2017 del Tribunal Supremo de España, y popularmente conocido como la Causa del procés, es un juicio oral que se celebrará durante los primeros meses de 2019 en el Tribunal Supremo de España. El tribunal será presidido por el juez Manuel Marchena. El juez Pablo Llarena coordinó una instrucción entre octubre de 2017 y julio de 2018, a raíz de la cual se juzgará a 18 personas, incluyendo la práctica totalidad del gobierno de Cataluña presidido en 2016-2017 por Carles Puigdemont, así como Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y varios miembros de Mesa del Parlamento de Cataluña. Varios procesados se encuentran en situación de prisión preventiva sin fianza. Durante la vista previa, y a petición de las defensas de los acusados, el tribunal decidió devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los casos de acusados exclusivamente de desobediencia. Estos acusados son Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya. |
Procés catalán. |
El proceso soberanista de Cataluña, más conocido como el procés catalán, es un conjunto de hechos sociales y políticos que se han desarrollado desde el año 2012 en la comunidad autónoma de Cataluña con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña respecto de España. Antecedentes. La restauración de los Borbones en 1975, marcó la apertura de un proceso de transición de autonomía política de Cataluña. Se otorgo un Estatuto de Autonomía para Cataluña, aprobado por Estado Español, contemplaba la existencia de un órgano legislativo, el Parlamento de Cataluña, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones autonómicas. En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña. Primer Gobierno tripartito y el nuevo Estatuto (2003-2006) Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 se formó un gobierno de coalición tripartito entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall, que puso en marcha la reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar el autogobierno de Cataluña. Numerosos analistas sitúan la corrupción de CiU, partido que había gobernado Cataluña, como detonante del inicio del proceso soberanista. Por ejemplo, según Joan Herrera el independentismo se usó para «tapar con la senyera» casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música o las comisiones del Caso 3%. En febrero de 2005, el presidente de la Generalidad Pasqual Maragall denunció en el Parlamento catalán:
En septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, con 120 votos a favor (CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA) y 11 votos en contra (PPC). A continuación la propuesta de reforma fue presentada al Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlamento de Cataluña a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo. En marzo de 2006 se aprobó una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales con los votos favorables de PSOE, CiU, PNV, IU, BNG y CC; los votos en contra de PP, ERC y EA; y la abstención de Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai. Posteriormente, el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña aunque con menos votos que la vez anterior: 97 a favor (CiU, PSC e ICV-EUiA) y 38 en contra (ERC y PPC). ERC pasó a votar en contra al considerar insuficiente el Estatuto después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España. El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9 % de participación, el Sí obtuvo un 73,2 % y el No un 20,6 %. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente un aggiornamento del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España. Segundo Gobierno tripartito (2006-2010) Tras la aprobación del nuevo Estatuto pese a la baja participación en el referéndum, el nacionalismo catalán inició entre 2006 y 2010 una «metamorfosis» que le llevaría a defender una salida al bloqueo del modelo territorial fuera del marco de la Constitución española de 1978 y que progresivamente iría siendo asumida por una parte considerable de la ciudadanía catalana. Un cambio reforzado por una movilización popular cada vez más presente. El primer hito en esa movilización fue la manifestación del 18 de febrero de 2006 con el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir» («Somos una nación y tenemos derecho a decidir») convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y respaldada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), mientras se estaba debatiendo en el Congreso de Diputados el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. «Ese día y por primera vez, de una manera descarada, el catalanismo salió a la calle para reclamar el derecho a decidir». Una serie de obras publicadas en 2007 fueron poniendo los cimientos de la mutación ideológica del catalanismo político. En L’engany Vicenç Villatoro advertía que el segundo tripartito presidido por José Montilla estaba aboliendo el «eje nacional» sustituyéndolo por el eje derecha-izquierda. En El preu de ser catalans Patricia Gabancho dejaba claro en el subtítulo del libro que es lo que pretendía denunciar: Una cultura mil·lenària en vies d’extinció. Alfons López Tena en Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia defendía abiertamente la independencia como única vía para la supervivencia de Cataluña. También aparecieron artículos en la prensa como los de Ferran Mascarell en los que afirmaba que el reconocimiento del derecho a decidir era la única alternativa para evitar que Cataluña continuara «desdibujando su personalidad».
El «derecho a decidir» fue asumido también por Convergencia Democrática de Cataluña que dio un «giro copernicano» abandonando el «autonomismo». El 1 de diciembre tuvo lugar en Barcelona una segunda gran manifestación soberanista, convocada de nuevo por la Plataforma por el Derecho a Decidir bajo el lema «Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures» («¡Somos una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras») debido a una serie de problemas en las infraestructuras catalanas: un apagón eléctrico en Barcelona, el colapso del aeropuerto de Barcelona y las interrupciones y los atrasos de los trenes de cercanías de RENFE del área de Barcelona. En los tres casos los organismos responsables eran de competencia estatal (Red Eléctrica, AENA y Adif). A la manifestación, en la que abundaron los gritos a favor de la independencia, ya no acudieron solo dirigentes de ERC como en la del año anterior, sino que en la cabecera también estuvieron figuras públicas vinculadas a Convergencia o al Partit dels Socialistes de Catalunya. Así, «un problema de infraestructuras, que se tendría que haber resuelto por medio de una fuerte inversión fruto de la negociación política, también se usó para ampliar la base de la movilización soberanista». En 2009 se produjo un nuevo impulso del procés en cuanto a la movilización social con las consultas populares sobre la independencia en varias localidades catalanas. La primera se celebró en Arenys de Munt con la pregunta: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?». Durante el año y medio siguiente se fueron celebrando las consultas, culminando con la de Barcelona en abril de 2011. Aunque carecían de validez legal y la participación en las mismas fue bastante baja, demostraban que existía una movilización social favorable a la independencia. En su organización participaron unas 60.000 personas y en las votaciones alrededor de 700.000. Frente a la política de colaboración con el gobierno central que defendía el presidente José Montilla, tanto Esquerra Republicana como CiU fueron definiendo una postura cada vez más clara a favor de la superación del marco autonómico. Artur Mas, líder de CiU, además del «derecho a decidir» comenzó a incluir en sus discursos el término «Estado propio» y empezó a hablar del «déficit fiscal» y de los «agravios» de todo tipo que padecía Cataluña. Que el autonomismo era contemplado ya como una vía muerta por el nacionalismo catalán lo puso de manifiesto el editorial conjunto de los periódicos catalanes publicado el 26 de noviembre de 2009 con el título La dignidad de Cataluña en el que expresaban su preocupación por la sentencia que fuera a emitir el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. Manifestación contra el recorte del Estatuto (julio de 2010) El 28 de junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que supuso un nuevo recorte al texto aprobado por el Parlamento de Cataluña cinco años antes. La sentencia respondía al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2006 por el Partido Popular, al que siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Fue la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico. Según algunos analistas, la sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso. No lo interpretó así la mayoría de las fuerzas políticas catalanas. La decisión del tribunal constitucional generó un profundo descontento entre los partidos impulsores del Estatuto, que apoyaron una manifestación de protesta organizada por la entidad de defensa de la cultura catalana Òmnium Cultural en Barcelona bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos». También secundaron la manifestación los sindicatos y cerca de 1.600 entidades. Encabezaron la marcha el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, y el del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach. El PSC trató de dar un carácter institucional a la marcha y centrarla en la protesta contra el Tribunal Constitucional pero los lemas y banderas independentistas dominaron la manifestación. Montilla se vio incluso obligado a abandonarla precipitadamente. Los organizadores afirmaron que se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de Cataluña hasta esa fecha. Las cifras de participación oscilaron entre los 425.000 calculados por el periódico El País y los 1.500.000 que cifró Òmnium Cultural. La sentencia del Tribunal Constitucional supuso el final del pacto tripartito (PSC, ERC y ICV-EUiA) del gobierno catalán, la apertura de disensiones internas en el propio PSC y la mejora de perspectivas electorales por parte de CiU. Gobierno de Mas (2010-2012) En 2007, Artur Mas, presidente de CiU, que no había obtenido mayoría en las elecciones autonómicas de 2006 y había tenido que dejar paso de nuevo al gobierno tripartito, inició un proceso de «refundación» del catalanismo bajo la denominación La Casa Gran del Catalanisme («Casa Grande del Catalanismo»), en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». Inicialmente, las reivindicaciones de CiU se centraban en aspectos prácticos como la gestión de las infraestructuras. En las elecciones autonómicas de 2010, CiU incluyó como punto fundamental de su programa electoral el «derecho a decidir», centrado en la necesidad de que Cataluña dispusiera de un nuevo modelo de financiación, similar al concierto económico del País Vasco, el «pacto fiscal»,excluyendo la posibilidad de celebrar una consulta sobre la independencia, al menos en la siguiente legislatura. Durante la campaña, Mas declaró que solo apoyaría al PSOE o al PP tras la celebración de las siguientes elecciones generales si se comprometían a conceder el pacto fiscal a Cataluña, y que no consideraba que para ello fuese necesario reformar la Constitución española, argumentando que ni el concierto vasco y el convenio navarro figuraban como tales en la constitución. Durante la campaña electoral, ERC, que hasta entonces formaba parte del gobierno y que pedía un referéndum de autodeterminación en su programa electoral, se había ofrecido a apoyar la investidura de Mas, si lo necesitase, sin requerir de CiU que convocase dicha consulta. Las elecciones dieron la victoria a CiU, con 62 escaños, pero sin conseguir la mayoría absoluta. Artur Mas se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal similar al concierto vasco. Según Mas, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de 2006 había dado por terminado el pacto constitucional entre Cataluña y España. En su discurso no excluyó explícitamente la independencia, pero, sin nombrarla, la descartó por el momento. Ningún partido votó a favor de su investidura en primera ronda. ERC, porque Mas no contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación y el Partido Popular, por estar en contra del planteamiento de Mas respecto al derecho a decidir. Protestas del 15-M (2011) En 2011 estalló en toda España el movimiento de protesta social 15-M. Desde el punto de vista de la cuestión territorial, el movimiento no simpatizaba con el nacionalismo ni el independentismo provocando reacciones como la del ex vicepresidente de la Generalidad Carod Rovira de ERC claramente en contra del movimiento. En Cataluña el 15 de junio de 2011 los manifestantes del 15-M produjeron incidentes frente al Parlamento que obligaron a una parte de los políticos a entrar escoltados en vehículos blindados, y al ya entonces presidente Artur Mas a entrar en helicóptero. El diputado convergente Gerard Figueras, que acudió a pie al hemiciclo, fue sorprendido por los manifestantes, insultado, escupido y tuvo que pedir auxilio a los policías mientras que otros políticos también sufrieron insultos, escupitajos y lanzamiento de objetos varios. Numerosos periodistas, políticos e intelectuales han indicado que estas protestas fueron una de las claves que explicarían la posterior sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, el periodista Enric Juliana admitió años después que el proceso soberanista pudo haber sido creado para intentar desviar la atención de la crisis económica y las protestas ciudadanas. El «pacto fiscal» (julio de 2012) El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprobó el denominado «pacto fiscal» —un texto que proponía que Cataluña se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto económico que regula la relación tributaria entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco— con el apoyo a la totalidad de CiU, ICV-EUiA y ERC y la abstención del PP. El 20 de septiembre de 2012 Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña se reunió con Mariano Rajoy que respondió que no había margen para negociar la propuesta. Artur Mas señaló que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar decisiones, ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España. Hay que indicar que durante la transición el gobierno central ofreció al gobierno catalán que este tuviera un régimen económico similar al navarro o al vasco y fue rechazado por el entonces líder Jordi Pujol porque creía que una Hacienda catalana sería muy impopular y porque pensaba que no conseguiría un alto grado de eficiencia en la recaudación fiscal. Movilizaciones independentistas (2012) A lo largo de 2012 varios municipios y consejos comarcales catalanes se pronunciaron en favor de la independencia y sus plenos aprobaron declararse «territorio catalán libre», añadiendo que la legislación española solo estaría en vigor en dichos municipios de «forma provisional» hasta que el parlamento catalán dictase una nueva legislación. El primer municipio en aprobar la moción fue San Pedro de Torelló el 3 de septiembre de 2012. Durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2012 tuvo lugar en Barcelona la manifestación Catalunya, nou estat d'Europa («Cataluña, nuevo estado de Europa») organizada por la organización independentista Asamblea Nacional Catalana. Se consideró la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en Cataluña, a la que acudieron 600 000 personas según la Delegación del Gobierno y 2 000 000 según los organizadores. El proyecto de la consulta El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar un referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la X legislatura del Parlamento de Cataluña «prioritariamente», con posterioridad a las elecciones autonómicas de 2012. La resolución obtuvo 84 votos a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y C's) y 25 abstenciones (PSC). El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación. Durante varios meses, los partidarios del referéndum no lograron un consenso acerca de qué pregunta sería formulada en la consulta —un referéndum consultivo, no vinculante—. En octubre de 2012, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso que la pregunta fuera «¿Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?» Sin embargo su socio en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, se opuso tres meses después a que la consulta únicamente ofreciese la independencia como alternativa al estatus actual. En marzo de 2013 ERC pidió que la pregunta fuera «¿Usted cree que Cataluña debería ser un Estado independiente?», con solo dos respuestas posibles: «Sí» y «No». y en septiembre de 2013 se opuso públicamente a la opinión de Artur Mas, que en ese momento barajaba la posibilidad de que el referéndum incluyera varias preguntas. Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». Gobierno de Mas (2012-2015)
Después de la negativa del Gobierno de Rajoy a negociar sobre el «pacto fiscal», CiU decidió que no tenía sentido seguir con la legislatura, ya que esa era su propuesta política más importante. Esta circunstancia, unida a la gran participación en la manifestación de la Diada de 2012, empujó a CiU a convocar elecciones anticipadas y presentarse esta vez con una consulta de autodeterminación en el programa electoral. Las elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2012. CiU volvió a ser la fuerza política más votada, aunque bajó en número de escaños. Las candidaturas partidarias de la realización de la consulta aumentaron su representación en el Parlamento de Cataluña, pasando de 86 diputados en la IX legislatura (CiU, ICV-EUiA, ERC y SI) a 87 en la X legislatura (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP). Tras las elecciones, CiU negoció con ERC su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad de Cataluña. El 19 de diciembre de 2012 firmaron un pacto de gobernabilidad que incluyó entre sus puntos la denominada «Consulta sobre el futuro político de Cataluña».Se comprometieron a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pudiera decidir si quería constituirse en un «nuevo Estado en Europa». El acuerdo estipuló que la fecha de la consulta debería ser pactada entre ambas formaciones, las cuales se comprometieron a llevarlo a cabo en 2014 «salvo que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga». El acuerdo permitió que Artur Mas fuera investido Presidente de la Generalidad de Cataluña por segunda vez. Declaración de soberanía El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la «Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña» con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar.7374 Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13). Votaron en contra PPC (19) y C's (9). De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo así las órdenes de la dirección del partido de votar en contra de la propuesta. La CUP dio un «sí crítico» con 1 voto a favor y 2 abstenciones. En marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó que la declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia. Diada 2013 La Asamblea Nacional Catalana durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Apoyaron la cadena los partidos CiU y ERC así como otras 14 entidades de Cataluña. Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de El Pertús hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de norte a sur. Los organizadores animaron a los habitantes de los denominados "Países Catalanes" (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el departamento francés de Pirineos Orientales) a participar en la cadena o en actos simultáneos. La "confesión" de Jordi Pujol El 25 de julio de 2014, el que hubiera sido president durante 20 años, Jordi Pujol, reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política habida cuenta del enorme ascendiente que Jordi Pujol había tenido durante 30 años en la sociedad catalana. Tras estas revelaciones, numerosos miembros de la familia Pujol-Ferrusola acabaron investigados por la policía. Jordi Pujol Ferrusola acabó en la cárcel aunque salió meses después tras depositar una fianza. Consulta independentista del 9-N En diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anunció su intención de celebrar el referéndum el 9 de noviembre de 2014 con una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». Inmediatamente el Gobierno de España advirtió de que tal referéndum no tendría lugar por contravenir la Constitución española. Petición de la cesión de competencias El 16 de enero de 2014 el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalidad de Cataluña pudiera celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña. Se aprobó con 87 votos a favor y 43 en contra. Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) e ICV-EUiA (13) así como tres diputados del PSC que rompieron la disciplina de voto. Votaron en contra PPC (18), PSC (16) y C's (9). La CUP (3) se abstuvo a pesar de estar a favor de realizar el referéndum, por considerar que no se debía pedir permiso a Madrid. El 8 de abril de 2014 el Congreso de los Diputados rechazó la petición, por 299 votos en contra frente a 47 a favor. Votaron en contra PP (185), PSOE (107), UPyD (5), UPN (1) y Foro Asturias (1). Votaron a favor CiU (16), Izquierda Plural (11), PNV (5), BNG (2), Amaiur (7), ERC (3), Compromís (1) y Geroa Bai (1). Se abstuvo el diputado de Coalición Canaria (1). Diada 2014 El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizaron una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema «Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo», formando los concentrados una «V» que simbolizaba las palabras «voluntad, votar y victoria». Un cálculo estadístico por parte de Llorenç Badiella, responsable del Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad de Barcelona arrojó una cifra de alrededor de 900 000 participantes en la «V». La delegación de gobierno estimó la asistencia de la concentración en 520 000 personas, mientras que la guardia urbana cifró la asistencia en 1 800 000. La Asamblea Nacional Catalana, conjuntamente con la Asociación de Municipios por la Independencia, presentó el 15 de septiembre al Parlamento de Cataluña 750.000 firmas en favor de que el Parlamento declare la independencia si no se puede celebrar la consulta el 9 de noviembre. La campaña se fundamenta, según sus organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición, recogido en la legislación autonómica y estatal. Ley de consultas Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, CiU y ERC empezaron a elaborar una ley de consultas que amparase la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre, construyendo un sistema legal alternativo al de un posible referéndum. En julio de 2014, la ponencia correspondiente del Parlamento catalán finalizó la redacción del proyecto y en agosto el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avaló la legalidad de la ley por 5 votos a favor y 4 en contra, al señalar que la ley estaba amparada por el artículo 122 del Estatuto. Los 4 juristas que presentaron votos particulares argumentaron que la ley vulneraba la Constitución. En septiembre, la ley de consultas fue aprobada por el Parlamento de Cataluña con 106 votos a favor y 28 en contra. Votaron a favor CiU, ERC, PSC, ICV y CUP, y en contra el PP y C's. Aunque apoyó la ley, el PSC manifestó que la ley no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. El portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto». La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios realizaron un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas. El 96,2 % de los 947 ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo. El 27 de septiembre el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta explicando que había llegado el momento de ejercer el «derecho a decidir» y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. El coste previsto de la consulta era de casi 9 millones de euros. Tras un informe favorable del Consejo de Estado, el Gobierno presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas y contra el decreto de convocatoria. El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos quedando suspendida cautelarmente la consulta. Al día siguiente, el gobierno de Cataluña anunció la suspensión «cautelar y temporal» de la campaña del 9N, evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia. El 1 de octubre, el Gobierno de Cataluña presentó un recurso contra la impugnación de la consulta argumentando un genérico derecho de participación de la ciudadanía en procesos electorales tratando de diferenciar consultas, referéndums y vinculación de los mismos. El 3 de octubre los partidos favorables a la consulta acordaron continuar defendiendo la consulta. Proceso participativo Tras la suspensión de la consulta, el presidente de la Generalidad anunció públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando los recursos de la Generalidad de Cataluña pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la ley de consultas que no había sido suspendida, sin aclarar exactamente en qué marco jurídico se basaba la nueva consulta. Declaró que no iba a dar pistas para impedir la impugnación por parte del gobierno de España y que había que «engañar al Estado». El Gobierno catalán se comprometió a financiar e impulsar un proceso participativo, cambiando la forma de actuar administrativamente, sin dejar constancia documental publicada de las órdenes impartidas, con el objetivo de celebrar la consulta suspendida por los tribunales. Se abrió una página web para reclutar voluntarios denominada «participa2014.cat». Se optó por brindar las sedes públicas para votar y se requirió a funcionarios del Departamento de Educación que prestaran una participación voluntaria en el control de esas sedes electorales. El líder de ERC exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. El líder de ICV declaró que no apoyaba esta nueva consulta, y que no iría a votar, aunque más tarde rectificó.El líder del PSC dijo que la nueva consulta era un engaño, ya que no tenía ninguna garantía democrática, mientras que el PP de Cataluña declaró que el proceso había acabado. Unió se mostró en contra de celebrar unas elecciones anticipadas y proclamar unilateralmente la independencia.La ANC apoyó la nueva consulta pero exigió la celebración de unas elecciones plebiscitarias en 3 meses. En ese contexto de cambio de escenario del 9N, varios políticos independentistas propusieron unas elecciones plebiscitarias de candidatura única en el caso de no poder finalmente realizar la consulta. El Gobierno central solicitó un nuevo informe al Consejo de Estado, que avaló la presentación de un recurso al valorar que al mantenerse la pregunta y continuar implicando recursos de la Administración se estaba ante un reiterado fraude de ley que había de tener consecuencias legales graves. El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno y la consulta quedó suspendida cautelarmente. Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaría con el proceso participativo y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue rechazado. El día previo a la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo era delito y ordenó a la policía autonómica una lista de los locales públicos y de los responsables de la consulta. Además, también exigió al gobierno de la Generalidad que confirmara si era la que había puesto a disposición los locales para la realización del proceso. La Fiscalía también reclamó a la empresa Unipost, responsable del reparto de la información sobre el proceso, que explicara qué entidad facilitó la lista de destinatarios y le exigió las facturas de los contratos. Esa misma tarde, la asociación Sociedad Civil Catalana denunció ante el juzgado de guardia el uso de colegios públicos para la realización de la Consulta. Celebración del proceso participativo El 9 de noviembre de 2014, los locales abrieron sin ninguna incidencia grave a las 9:00 horas. Poco después, algunas organizaciones políticas, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya (PxC), presentaron denuncias al juzgado de guardia, exigiendo la detención de dirigentes del gobierno de Cataluña y la paralización del proceso por incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el proceso participativo. Por la tarde, el juzgado de guardia se opuso a la retirada de las urnas por tratarse de medidas «desproporcionadas» pero inició una investigación. El 80,76% de los votantes se mostraron a favor de que Cataluña fuera un Estado independiente, aunque la participación estimada fue del 37,02% de la población residente mayor de 16 años. El mismo día 9 de noviembre, el presidente Mas explicó que intentarían realizar una "consulta definitiva" legal, vinculante y pactada con el gobierno español. Si ese acuerdo no llegara a realizarse, Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones soberanistas. Poco después de la celebración de la consulta, el Fiscal General del Estado presentó una querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el presidente Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau. Finalmente en 2018 Mas acabaría siendo condenado por el Tribunal Supremo a un año de inhabilitación y por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por la celebración de la consulta. En febrero de 2015 el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N.140 En junio de 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proceso participativo. Elecciones «plebiscitarias» El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía hubiera presentado una querella contra él por la celebración del proceso participativo del 9-N, Artur Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses, tras unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario. El plan fue respondido por el Partido Popular el 13 de diciembre mediante la "Declaración de La Granja" en la que se oponía a la reforma de la Constitución porque «la soberanía y la unidad de España» no son negociables. El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunció el adelanto de las elecciones autonómicas al día 27 de septiembre de 2015 y afirmó que tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña. El 30 de marzo de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural pactaron la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses si los partidos soberanistas ganaban las elecciones. Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy les advirtió de que ningún Gobierno de España autorizaría la ruptura de la soberanía nacional. Debido a diferencias entre los dirigentes de los dos partidos políticos que conformaban la federación Convergència i Unió (CiU), el 14 de junio de 2015 se realizó una consulta a la militancia de Unión Democrática de Cataluña (UDC) sobre la utilización de medios ilegales en el proceso independentista. La militancia de UDC apoyó a la dirección al votar con un ajustado 50,9% a favor de respetar el marco legal. Tras un ultimátum de CDC a UDC para que decidiera si se sumaba o no a la hoja de ruta independentista, el 17 de junio los tres consejeros de UDC salieron del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Al día siguiente CDC confirmó que UDC y CDC no se presentarían juntos a las elecciones autonómicas y que el proyecto político de la federación de CiU se había acabado. Logo de Junts pel Sí En julio de 2015 tuvieron lugar negociaciones entre CDC, ERC y entidades soberanistas para definir una candidatura unitaria que defendiera la independencia de Cataluña. Acordaron que la lista estaría encabezada por 3 personalidades independientes: Raül Romeva, exeurodiputado por Iniciativa per Catalunya (ICV); Carme Forcadell, expresidente de la ANC; y Muriel Casals, presidente de Òmnium Cultural. Artur Mas se situaría en el cuarto puesto y Oriol Junqueras, líder de ERC, en el quinto. También acordaron que Artur Mas sería investido presidente de la Generalidad en caso de victoria.Más tarde anunciaron que la candidatura se llamaría Junts pel Sí. La plataforma Ara es l'hora organizó, durante la fiesta del 11 de septiembre de 2015, la llamada «Vía Libre a la República Catalana», una concentración multitudinaria que llenó un tramo de 5,2 kilómetros de la Avenida Meridiana de Barcelona con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña. El carácter plebiscitario que los partidos soberanistas quisieron dar a las elecciones autonómicas fue asumido por los medios de comunicación, que centraron el debate en la cuestión independentista en vez de en las competencias propias del Gobierno autonómico que se eligiera. Al igual que ya se había detectado en el proceso participativo del 9N (2014) se volvió a repetir el carácter nacionalista de los medios de comunicación de Madrid y Barcelona que informaron en favor de las posturas políticas mayoritarias en su área de procedencia. La lista independentista de Junts pel Sí (JxSÍ) ganó las elecciones al conseguir 62 escaños en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos (Cs) obtuvo 25 escaños, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) obtuvo 16 escaños, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) obtuvo 11 escaños, el Partido Popular (PP) obtuvo 11 escaños y la Candidatura de Unidad Popular-Llamada Constituyente (CUP-CC) obtuvo 10 escaños. Los partidos a favor de la independencia ganaron las elecciones en escaños, pero no en número de votos. Los principales dirigentes de Junts pel Sí afirmaron que los resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar el proceso de constitución de una República Catalana, mientras que el candidato de la CUP afirmó que no se había ganado el plebiscito, pero sí que había un voto independentista mayoritario. Los líderes de Ciudadanos, PSC, PSOE y PP enfatizaron que las elecciones habían dejado clara la inexistencia de una mayoría a favor de la independencia. |
Gobierno de Puigdemont (2015-2017) El 26 de octubre de 2015 se inició la XI legislatura del Parlamento de Cataluña y Carme Forcadell de Junts pel Sí fue elegida presidenta del Parlamento. Un día después, Junts pel Sí y la CUP registraron una propuesta de declaración en la que instaban a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república»,161 que fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP). Tras un informe favorable del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que en diciembre de 2015 declaró inconstitucional la declaración por unanimidad. Gobierno Puigdemont (enero de 2016)
El 9 de enero de 2016 Artur Mas dimitió para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, cuando todos los partidos políticos daban por hecho que habría que repetir las elecciones autonómicas. Acordaron elegir al alcalde de Gerona Carles Puigdemont (CDC) como presidente de la Generalidad.166 A principios de febrero Junts pel Sí y la CUP iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N.167 Pese al informe negativo de los servicios jurídicos de la cámara, la Mesa del Parlament aprobó en marzo de 2016 seguir adelante con la creación formal de las ponencias. PPC y el PSC anunciaron su intención de recurrir al Tribunal Constitucional. En abril el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, por 71 votos a favor y 52 en contra, una moción reivindicando la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional. En marzo de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas,170 que fue anulada por unanimidad por el Tribunal Constitucional en julio de 2016. La ley pretendía la creación de "un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña, la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña; el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos", estructuras de Estado para sustituir a las españolas. En enero de 2016, el Parlamento de Cataluña creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente con el apoyo de JxSí, CUP y CSQEP. La comisión concluyó en julio con el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán y su legitimidad para iniciar un proceso constituyente.El Tribunal Constitucional exigió al Parlamento de Cataluña el cumplimiento de la Constitución al declarar que «la labor de la Comisión de Estudio es inviable» por la similitud entre las conclusiones de la comisión y la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015, la cual fue suspendida el 2 de diciembre. El 27 de julio las conclusiones fueron avaladas en el pleno del Parlamento por 72 votos a favor (JxSí y la CUP) y once en contra (CSQEP). El PSC no participó en la votación pero se mantuvo en el pleno, mientras que el PP y Ciudadanos se ausentaron de la cámara. El Once de Septiembre de 2016, se realizaron movilizaciones independentistas bajo el lema «A punto», que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. A diferencia de otros años, no existió una manifestación unitaria: hubo cinco concentraciones en Barcelona, Tarragona, Lérida, Salt y Berga, cada una dedicada a un eje concreto de la «nueva república». Según Sociedad Civil Catalana acudieron a las manifestaciones 292 mil personas. Según la Delegación del Gobierno en Cataluña acudieron 350 mil personas. Según la Guardia Urbana de Barcelona y las policías locales acudieron 800 mil personas. En junio de 2016, la CUP no apoyó los presupuestos autonómicos al considerar que no cumplían el acuerdo de investidura, dejando en el aire el futuro de la legislatura. Por ello, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont anunció que se sometería a una moción de confianza en septiembre y que en caso de perderla se disolvería el Parlamento y se convocarían nuevas elecciones. Finalmente, la CUP anunció que votaría a favor del Presidente en la moción, desvinculando la decisión de la negociación sobre el referéndum. Puigdemont recibió el apoyo de 72 diputados y el rechazo de los 63 restantes, por lo que pudo continuar en el cargo.En su discurso Puigdemont anunció la celebración de un referéndum independentista vinculante en septiembre de 2017. El Presidente ofreció al Gobierno central la posibilidad de una consulta acordada, aunque aseguró que la propuesta seguiría adelante sin tener un acuerdo con Madrid. Referéndum de independencia del 1-O El 6 de octubre de 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña antes de septiembre de 2017, con una pregunta clara con dos opciones de respuesta.185 En ese mismo pleno, la cámara legislativa pidió que la Generalidad comenzara con la preparación de las «estructuras de estado» en materias como gestión tributaria y fiscal, educación o prestaciones sociales. El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la resolución y denunció ante la Fiscal General del Estado a Carme Forcadell, presidente del Parlamento de Cataluña, y a los miembros de la mesa del Parlamento por la posible desobediencia a las sentencias emitidas por parte del Tribunal. El 9 de junio se anunció oficialmente la celebración del Referéndum sobre la independencia de Cataluña en un acto celebrado en el Pati dels Tarongers del Palacio de la Generalidad de Cataluña. El referéndum se celebraría el 1 de octubre con la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No» en catalán, castellano y aranés.
El operativo del referéndum fue dirigido desde la Consejería de Economía por el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras encabezado por Josep Maria Jové.189 La compra de las urnas para el referéndum fue discutida en el seno del Govern por primera vez a principios de 2017, llegándose al acuerdo en mayo de que fuera la Consejería de Gobernación, encabezada por Meritxell Borràs del PDeCAT, la que llevara a cabo el proceso de licitación de la compra de las urnas. Pero el concurso quedó desierto porque ninguna empresa se presentó. Según los periodistas Laia Vicens y Xavi Tedó, autores del libro Operació Urnes, las 10.000 urnas del referéndum fueron compradas en junio por un particular que pagó por ellas 100.000 euros de su bolsillo. Las urnas fueron transportadas desde China hasta el puerto francés de Marsella y posteriormente fueron llevadas a una localidad de la Cataluña Norte, cercana a la frontera con España, a donde llegaron el 7 de agosto. El presidente Puigdemont fue informado inmediatamente y solo un grupo muy reducido de personas supieron del asunto. Poco después se trasladaron a ocho almacenes del interior de Cataluña, y posteriormente a 40 locales más pequeños desde donde se harían llegar a los colegios electorales. El 11 de septiembre de 2017, Diada de Cataluña, ya habían cruzado la frontera unas 6.500 urnas, las necesarias para abastecer todas las mesas electorales, y las 3.500 restantes permanecieron en Francia para cubrir cualquier incidencia. Finalmente las urnas fueron confiadas a voluntarios, la inmensa mayoría de ellos militantes de los partidos independentistas, que las guardaron en sus casas o en otros lugares, como bosques o capillas. Los servicios de inteligencia españoles no consiguieron encontrarlas. El modelo de urna fue presentado oficialmente el 29 de septiembre, solo dos días antes del 1-O, durante una rueda de prensa celebrada en el Centro Internacional de Prensa habilitado para el seguimiento de la jornada y en la que intervinieron el vicepresidente Junqueras y los consejeros Jordi Turull y Raül Romeva. El 6 de septiembre, los grupos independentistas presentaron la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña para regular la celebración del referéndum de autodeterminación, sus consecuencias en función del resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña para sustituir a la Junta Electoral. La ley establecía que «el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente, su condición política» y que «el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña». La ley fue aprobada por el Parlamento catalán el mismo 6 de septiembre, tras una sesión de 12 horas que se destacó por un ambiente de crispación, tensiones y enfrentamientos entre los bandos secesionista y constitucionalista,209 con 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y Germà Gordó) y 11 abstenciones. Los diputados del bloque unionista (C's, PSC y PP) abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, los populares colocaron banderas catalanas y españolas en sus asientos. Las rojigualdas fueron retiradas por la diputada de Podemos, Àngels Martínez, que fue reprendida por algunos sectores del independentismo como la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y de su propia formación política, como Pablo Iglesias. El 8 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la ley y apercibió a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos públicos de la Generalidad recordando que no podían participar en el referéndum. El 7 de septiembre la mayoría independentista aprobó la segunda ley que rompía con la legalidad constitucional y estatutaria: la llamada Ley de Transitoriedad. Había sido presentada el 28 de agosto y su objetivo era establecer el marco legal desde la declaración de independencia hasta la aprobación de la constitución de la república catalana, garantizando la seguridad jurídica y la continuidad de los servicios públicos en el proceso de transición de Cataluña a un estado independiente. Fue aprobada por 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y el diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (de los adscritos al grupo de CSQEP). Los parlamentarios de Cs, PSC y PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal. La normativa entraría en vigor en caso de una victoria del «Sí» a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, cuando se daría por iniciado el proceso de "transición nacional". El 12 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley, como ya había hecho con la ley de referéndum. Manifiesto antiindependentista Parar el golpe (17 de septiembre) El 17 de septiembre de 2017, diez días después de que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña aprobara la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña y la Ley de Transitoriedad que rompían con la legalidad constitucional y estatutaria y que fueron inmediatamente suspendidas (y más tarde anuladas) por el Tribunal Constitucional, se hizo público el manifiesto Parar el golpe. 500 profesores en defensa de la democracia constitucional suscrito por profesores de las universidades españolas y cuyos primeros firmantes eran el filósofo Fernando Savater y el historiador Ángel Viñas —y que solo firmaron ocho profesores de las universidades catalanas, entre ellos Felix Ovejero y Francesc de Carreras, fundadores de la asociación Ciutadans de Catalunya, y el politólogo e historiador Alberto Reig Tapia―. En el manifiesto se decía que el «Gobierno autonómico» y «los grupos secesionistas representados en el Parlamento catalán» no habían dudado «en traspasar todos los límites de la legalidad y de la decencia para apelando al fundamentalismo de un inexistente “derecho a decidir”, dividir a la sociedad catalana e impedir el ejercicio de los derechos de las minorías parlamentarias, poniendo en riesgo la convivencia y la paz civil». A continuación se hacía un «llamamiento a los catalanes sensatos y a todos los españoles de buena voluntad» para que en «una situación en que la que nos jugamos el ser o no ser de la democracia española» se movilizaran «para exigir al Gobierno de España, a todas sus instituciones y partidos democráticos, que actúen con la máxima celeridad, firmeza y determinación para proteger los derechos de todos». Así, se requería al Gobierno para que «como poder ejecutivo» hiciera «uso de la fuerza legítima que al Estado le corresponde en exclusiva» y recurriera «a todos los medios constitucionales sin excepción para salvaguardar las instituciones democráticas y la unidad de la nación española consagrada en nuestra Constitución, impidiendo la celebración de un falso “referéndum” ilegítimo e ilegal, poniendo a disposición de la justicia a los responsables de este atropello a la democracia y haciendo que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley». El 21 de septiembre, al día siguiente de que se produjeran los incidentes ante la Conselleria d’Economia y solo cuatro días después de la publicación del manifiesto Parar el golpe, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universidad Rovira i Virgili (SEPC-URV), pedía la dimisión de Alberto Reig Tapia por haberlo firmado pues según el SEPC-URV el manifiesto atentaba contra «las libertades y los derechos del pueblo catalán» y animaba «a la censura y al uso de la violencia contra la voluntad popular». En referencia a los incidentes del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía en el «Comunicado de rechazo al profesor de la URV Alberto Reig» se decía: «Así como Reig pide, ya se ha hecho evidente la violencia empleada por las fuerzas de ocupación del Estado para intentar detener la actividad política favorable al referéndum. La intervención contra cargos electos, las identificaciones y los registros a imprentas y medios de comunicación, es, quizás, la democracia de la nación española que defiende Reig». El comunicado del SEPC-URV acababa con la frase: «El fascismo avanza sino se lo combate». Campaña (15 al 29 de septiembre) La campaña de la Generalidad de Cataluña a favor del referéndum tuvo lugar entre el 15 y el 29 de septiembre de 2017. D Celebración del referéndum (1 de octubre) El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional, aunque durante la celebración del referéndum se detectaron numerosas irregularidades. El Gobierno español denunció que se cambiaron las reglas del referéndum 45 minutos antes del inicio de la votación. Entre las nuevas normas, se incluyó un censo universal con el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro y se aceptaron papeletas caseras no oficiales y votos sin sobre. La Policía Nacional y la Guardia Civil entraron en unos 400 colegios electorales para interrumpir la votación y se requisaron las urnas. Se produjeron casos de violencia por la resistencia de algunos ciudadanos, que acabaron detenidos. Uno de los objetivos policiales fueron los colegios electorales donde iban a votar los líderes independentistas. La policía intervino en la Escola Nostra Llar de Sabadell, donde tenía que votar la presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, que finalmente votó en la escuela Joanot Alisanda, y en el colegio de Sant Julià de Ramis, donde debía votar Carles Puigdemont, que finalmente votó en Cornellà del Terri, tras burlar el dispositivo de la policía española que lo seguía. También se produjeron algunas escenas de tensión entre Mossos d'Esquadra y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por la clausura de los colegios electorales. Se acusó a algunos mossos de manipular actas del 1-O para hacer creer a la fiscalía de que habían cumplido con la orden de retirar las urnas y la Guardia Civil acusó a los Mossos de haber vigilado a sus agentes. El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero acabaría siendo procesado por sedición por la Audiencia Nacional por la inacción de los Mossos y sus actuaciones contra la policía y la guardia civil. Según el Departamento de Salud de la Generalidad las cargas policiales causaron 844 heridos atendidos en hospitales, aunque esta cifra fue puesta en duda por el Gobierno español. De acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato. Hubo acusaciones falsas de violencia policial, como una mujer, concejal de Esquerra Republicana de Catalunya e interventora en un instituto de Barcelona, que acusó a la policía de haberle roto todos los dedos de una mano «expresamente, uno por uno» aunque después dijo que solo tenía una inflamación en un dedo. Se difundieron a través de las redes sociales algunas imágenes de civiles lesionados en otros eventos diferentes y fotomontajes engañosos. La Generalidad de Cataluña presentó los resultados del referéndum que mostraron un 90% de votantes a favor de que Cataluña fuera un Estado independiente en forma de república, con una participación del 43%. La participación fue inferior a la consulta del 9N de 2014 cuando votaron 2,3 millones de personas. Huelga general catalana El 3 de octubre de 2017 se llevó a cabo una huelga general convocada por los sindicatos CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC, así como por los Comités de Defensa de la Huelga, sucesores de los Comités de Defensa del Referéndum. El motivo de la convocatoria fue denunciar la vulneración de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales en diferentes centros de trabajo consecuencia de la intervención en ellos del cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, enmarcada dentro de la campaña represiva llamada Operación Anubis contra la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ante la urgencia de los acontecimientos, la petición de huelga fue tramitada el 21 de septiembre y de acuerdo con el preaviso legalmente establecido, esta no se pudo realizar antes del 3 de octubre. Paralelamente, el 1 de octubre, después de los violentos hechos represivos durante la jornada electoral del referéndum sobre la independencia de Cataluña, la Mesa por la Democracia decidió convocar una paralización social general, bajo el nombre de «parada de país», para el mismo 3 de octubre. La composición de esta plataforma fue heterogénea, agrupando a entidades sociales (Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural), organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USOC) y organizaciones patronales (PIMEC, CECOT), entre otras muchas. Reivindicaban la dignidad del pueblo catalán y denunciaban la represión del Estado español contra la ciudadanía de Cataluña. En el discurso retransmitido por televisión desde el Palacio de la Zarzuela el rey Felipe VI ―era la primera vez que hablaba fuera de los actos protocolarios y los mensajes de Nochebuena― dijo: Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. (…) Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.(…) Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. El discurso de Felipe VI fue recibido de forma entusiasta por los partidos constitucionalistas y de forma muy crítica por los partidos independentistas. El presidente Carles Puigdemont declaró al día siguiente: «Así no, majestad». Declaración de independencia
El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Instantes después Puigdemont propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. Tras el pleno, diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron la Declaración de independencia de Cataluña. Al día siguiente, el Gobierno de España requirió al presidente de la Generalidad que confirmara si había declarado la independencia, paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución española. Una semana después, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia. Entretanto, el 15 de octubre de 2017, Jordi Sànchez Picanyol, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ingresaron en la prisión de Soto del Real (Comunidad de Madrid), siendo acusados de delito de sedición por haber encabezado los altercados en contra del operativo policial del 20 de septiembre. Por los mismos actos, Josep Lluís Trapero, mayor de los Mozos de Escuadra y la intendente del cuerpo Teresa Laplana fueron requeridos para declarar ante la Audiencia Nacional, quedando en libertad con medidas cautelares. El día 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima por 70 votos a favor, 2 en blanco, 10 en contra y la ausencia de PSC, PP y Cs. Intervención de la autonomía catalana (octubre de 2017-junio de 2018) El 27 de octubre de 2017 el Senado aprobó dar la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española a Cataluña. A continuación, Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y del resto de miembros del Gobierno de la Generalidad, la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017. Tras la huida de Carles Puigdemont a Bruselas y la querella de la Fiscalía por rebelión, Puigdemont y sus ex-consejeros fueron citados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el día 2 de noviembre. La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del ex-vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex-consejeros de la Generalidad. Por su parte Puigdemont permaneció en Bruselas, siendo citado a declarar ante la justicia belga tras la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española. Paralelamente, se seguía una instrucción contra los miembros aforados del Parlamento de Cataluña, llevada por el juez Pablo Llarena Conde en el Tribunal Supremo. El 24 de noviembre, Llarena dictó un auto por el cual —tras solicitar informe a Lamela— acumulaba a la causa contra los miembros aforados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la de los no aforados del destituido Gobierno catalán y la de los miembros de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y ANC Jordi Sánchez que instruía Lamela. Así, quedó para Lamela únicamente la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero —ya destituido como major de los Mossos— y Teresa Laplana. El 22 de diciembre, Llarena amplió la acusación a Artur Mas (expresidente de la Generalidad), Marta Rovira (número dos de ERC), Anna Gabriel (exportavoz de la CUP en el Parlament), Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), Mireia Boya (expresidente del grupo parlamentario de la CUP) y a Neus Lloveras (presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia) por pertenecer al Comité Estratégico del procés, con una participación destacada en su desarrollo y "aportando el apoyo político". |
Antecedente Histórico. |
09/06/2019
José Enrique Ruiz-Domènec termina su libro Informe sobre Catalunya (Taurus, 2018) con la siguiente frase: “La historia de Catalunya no es sino una eterna repetición”. Este debate es para otros foros, pero la verdad es que el juicio al procés y el de Companys por el 6 de octubre presentan notables coincidencias, como el hecho de que en ambas ocasiones la Fiscalía hable de golpe de Estado. Hay características que se repiten, pero también apreciables diferencias entre los episodios. El banquillo Por el procés están siendo juzgados en el Tribunal Supremo nueve exmiembros del Consell Executiu (Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Bassa, Forn, Vila, Borràs y Mundó), la expresidenta del Parlament (Forcadell) y dos líderes de organizaciones sociales (Sánchez y Cuixart). Por el 6 de octubre se sentaron en 1935 en el banquillo del Tribunal de Garantías Constitucionales siete integrantes del Govern: Companys, Esteve, Lluhí, Barrera, Mestres, Gassol y Comorera. En 1934 se fue al extranjero un conseller, Dencàs. En el 2017, el expresident y cuatro consellers: Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig y Serret. La DUI y la República El 6 de octubre de 1934, Lluís Companys, president de la Generalitat, proclamó “el estado catalán dentro de la República federal española”. El 10 de octubre del 2017, Carles Puigdemont, president de la Generalitat, anunció esta resolución del Parlament: “Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. La realidad de Companys duró diez horas, tras la intervención del ejército. La de Puigdemont, segundos, después de que este mismo la dejara en suspenso. Las palabras de Companys no ignoraban a España, sino que la transformaban en un Estado federal. En su declaración en el juicio, Companys aseguró que “iba a defender la República que estaba en peligro”, si bien admitió que el citado estado federal “no estaba constituido más que en mi mente”. La DUI separaba Catalunya y España. En sus testimonios ante el tribunal ahora, los acusados han sostenido que la DUI no era más que una declaración simbólica para seguir negociando. Los fiscales de hace 84 años y los de ahora coinciden en que había cauces legales para las reclamaciones Mandato popular y legitimidad El Govern de 1934 actuó mientras había una revuelta en España promovida desde los partidos de la izquierda porque llegaron al Gobierno formaciones de derecha, a los que tildaban de enemigos de la República y a los que acusaban de fraguar un golpe fascista. El Govern de 2017 decía actuar por un mandato popular que situaba por encima de la ley. El fiscal de 1935 expuso que el relevo gubernamental se hizo por los cauces legales y reglamentarios. Los fiscales del 2019 insistieron que sin ley, no hay democracia. Ambos representantes de la acusación han coincidido en una cosa. La frase de 1935: “Se trata de uno de los alzamientos denominado golpe de Estado”. La del pasado martes: “El procés fue un golpe de Estado”. La violencia El 6 de octubre de 1934 ocurrió en un periodo revolucionario en España, en el cual murieron más de 1.700 personas entre soldados y civiles, principalmente en Asturias. En Catalunya, depende de las fuentes, hubo entre 50 y 78 muertos. Por el 1 de octubre de 2017, según los datos aportados por las defensas, resultaron lesionadas 1.066 personas, cinco graves. Tres por traumatismo craneal, uno por infarto y otro por pérdida de globo ocular (que además está siendo investigado por agredir a un policía). Ningún muerto. La diferencia entre ambos episodios es abismal, pero los tiempos han cambiado. La Fiscalía actual insiste en que existió violencia. Fue la necesaria, aseguraron, y además los miembros del Govern sabían que podía producirse y se sirvieron de ella. Esta semana, el Ministerio Público incidió en que no sólo cuenta el ataque físico, sino también la coacción. La violencia ambiental ya ha sido recogida en sentencias del Supremo, como la del cerco al Parlament, entonces aplaudida por el Govern de la Generalitat de Artur Mas, donde estaba Francesc Homs, ahora abogado de la defensa. La Constitución En el juicio de 1935, el Fiscal de la República sostuvo que se buscaba “sustituir un gobierno constitucional por uno anticonstitucional” y que en Catalunya “el estado espiritual de rebeldía estaba latente”. Solicitó una condena por rebelión militar. El Tribunal de Garantías Constitucionales impuso 30 años por este delito. En el juicio al procés, los fiscales del Estado expusieron que no se trató de un asalto al poder porque ya lo tenían, sino de liquidar la Constitución en una parte del territorio, en el cual se declararía la independencia. Esto para ellos es una rebelión, sin apellido. Tanto en 1935 como en 2019, los fiscales han coincidido en algo: los acusados tenían cauces legales para canalizar sus aspiraciones y no lo hicieron. La historia será un círculo, o tal vez no, pero presenta notorias coincidencias. La declaración de 1934 convertía España en un estado federal; la DUI separaba Catalunya del resto |
Juicios |
Juicio del procés El 12 de febrero de 2019 comenzó el juicio a los 18 detenidos por este proceso en el Tribunal Supremo, acusados de delitos de rebelión, desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos. El partido político VOX ejerció como acusación popular en el juicio. Tras cinco meses de juicio, el 12 de junio fue declarado visto para sentencia. El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Acusados ORIOL JUNQUERAS Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 12 años de cárcel por sedición y malversación. Ex-vicepresidente del Govern y 'exconseller' de Economia i Hisenda, lleva en prisión preventiva desde el 2 de noviembre del 2017. En ausencia de Carles Puigdemont, las acusaciones le señalan como la cabeza visible del Govern que impulsó el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27-O. Fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep Maria Jové) y, según la fiscalía, decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mossos. A propuesta de su departamento se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O. Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Catalunya para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda. CARME FORCADELL Fiscalía: 17 años por rebelión. Abogacía del Estado: 10 años por sedición. Ex-presidenta del Parlament, lleva en prisión desde marzo del 2018, cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre del 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza. Como principal representante del poder legislativo en Catalunya, las acusaciones también le consideran "promotora" del 1-O y la DUI. Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament tramitó las iniciativas que, durante el turbulento pleno del 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión. También permitió la votación, con el rechazo frontal de la oposición, de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la república catalana. JORDI SÀNCHEZ Fiscalía: 17 años por rebelión. Abogacía del Estado: 8 años por sedición. Expresidente de la ANC, él y Jordi Cuixart son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre del 2017. También se le considera "promotor", en su caso como responsable de la vertiente social del 'procés' en su condición de líder de una entidad que jugó un "papel crucial" como instrumento de presión al Estado. Se encargó, según las acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y permanente" y dirigió y consintió el asedio a la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre del 2017. También se le acusa de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial. Es actualmente diputado de JxCat y fue candidato a la presidencia de la Generalitat, pero no pudo someterse a la investidura en el Parlament por estar encarcelado. JORDI CUIXART Fiscalía: 17 años por rebelión. Abogacía del Estado: 8 años por sedición. Presidente de Òmnium Cultural, está encarcelado desde el 16 de octubre del 2017. También se le considera "promotor", en su caso como responsables de la vertiente social del 'procés' en su condición de líder de una entidad que jugó un "papel crucial" como instrumento de presión al Estado. Se encargó, según las acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y permanente" y dirigió y consintió el asedio a la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre del 2017. También se le acusa de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial. JOAQUIM FORN Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 11 años y medio por sedición y malversación. 'Exconseller' de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d'Esquadra. Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre del 2017. Como el exvicepresidente, dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación, a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir en masa a votar. JORDI TURULL Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 11 años y medio por sedición y malversación. 'Exconseller' de Presidència, fue encarcelado también el 2 de noviembre del 2017, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión en marzo del 2018. Desde su departamento se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos. Autorizó, junto con otros 'exconsellers', contrataciones para el referéndum unilateral y controlaba el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), esencial en la logística del 1-O y desde el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum. Tras las renuncias de Puigdemont y Sànchez a la presidencia de la Generalitat, llegó a someterse a una votación de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado y ya no pudo someterse a la segunda votación. JOSEP RULL Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 11 años y medio por sedición y malversación. 'Exconseller' de Territori, pasó en prisión un mes a finales del 2017 y en marzo del 2018 regresó a la cárcel, junto con Turull. Según las acusaciones, además de alentar a los ciudadanos a votar el 1-O, prohibió "arbitrariamente" que un barco en el que viajaba la Policía atracase en Palamós (Girona). RAÜL ROMEVA Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 11 y medio por sedición y malversación. 'Exconseller' de Relacions Institucionals i Exteriors, se encuentra en la misma situación procesal que Rull y Turull. Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el 'procés'. Dirigía el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" que, según la fiscalía, actuaba como 'lobby' para difundir el 'procés' en el exterior. Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional sobre la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un 107%. DOLORS BASSA Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía del Estado: 11 años y medio por sedición y malversación. 'Exconsellera' de Treball i Afers Socials, también está encarcelada desde marzo. Según las acusaciones, el departamento que dirigía ocultó gastos del 1-O, retiró a los funcionarios la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación. SANTI VILA Fiscalía y Abogacía del Estado: 7 años por desobediencia y malversación. 'Exconseller' de Cultura, pasó una noche en la cárcel en noviembre del 2017 hasta que pagó su fianza y quedó en libertad provisional. Como el resto de miembros del Govern, la fiscalía sostiene que adoptó acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, "desobedeciendo el mandato judicial" y disponiendo para ello de forma "ilegítima" de fondos públicos. CARLES MUNDÓ Fiscalía y Abogacía del Estado: 7 años por desobediencia y malversación. 'Exconseller' de Justícia, estuvo en la cárcel cerca de un mes, entre noviembre y diciembre del 2017, antes de quedar en libertad provisional. Como el resto de miembros del Govern, la fiscalía sostiene que adoptó acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, "desobedeciendo el mandato judicial" y disponiendo para ello de forma "ilegítima" de fondos públicos. MERITXELL BORRÀS Fiscalía y Abogacía del Estado: 7 años por desobediencia y malversación. 'Exconsellera' de Governació, estuvo en la cárcel cerca de un mes, entre noviembre y diciembre del 2017, antes de quedar en libertad provisional. Como el resto de miembros del Govern, la fiscalía sostiene que adoptó acuerdos para ejecutar y desarrollar el 1-O, "desobedeciendo el mandato judicial" y disponiendo para ello de forma "ilegítima" de fondos públicos. Aunque Governació es el departamento que regula todos los procesos electorales, estas competencias fueron traspasadas a la Conselleria d'Economia, con Junqueras al frente, meses antes del 1-O. |
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Los acusados — Son doce en total, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva. — En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, el ex vicepresidente y ministro regional de Economía, Oriol Junqueras, es el principal acusado. — La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell que leyó el 27 de octubre de 2017 la proclamación de independencia. — Al igual que Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. — Cinco ex ministros regionales catalanes: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. — Y otros tres ex ministros catalanes actualmente en libertad condicional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.
Delitos — De los doce, nueve (Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa) están acusados por la fiscalía de rebelión, agravada para seis de ellos por malversación (Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa). — El grave delito de rebelión, según el Código Penal español aplicable a aquellos "que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", conlleva una pena de 15 a 25 años de cárcel. — Esta acusación es cuestionada por los independentistas y varios juristas. De hecho, la cuestión central del proceso será probar el uso de la violencia, algo negado por los separatistas. — La fiscalía afirma que hubo "incidentes violentos", como durante la manifestación del 20 de septiembre, así como "actos de violencia y agresión contra las fuerzas de seguridad" en el referéndum del 1 de octubre. Esta última jornada, de todas maneras, quedó marcada por escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo. — Los tres exministros catalanes Vila, Mundó y Borràs son acusados de desobediencia y malversación. Acusadores — Particularidad del sistema judicial español, en este proceso intervienen tres acusadores diferentes: 1. La fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político. 2. Los abogados del Estado, altos funcionarios que defienden los intereses del Estado, que se muestran más clementes y han reemplazado el cargo de rebelión por el de sedición, reclamando penas de doce años como máximo. 3. Y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad, será ejercida por el partido ultraderechista Vox. Esta formación, que gana terreno gracias a su discurso hostil al independentismo, se enorgullece de solicitar penas duras para "más de 700 años de prisión" en total para el conjunto de acusados. |
Magistrados del Tribunal Supremo. Siete Magistrados -seis varones y una mujer- forman el tribunal que juzgará a los 12 líderes del 'procés'. Ninguno de los magistrados tiene menos de 30 años de carrera judicial, como magistrados o como fiscales.
Manuel Marchena Es el presidente del tribunal y será el encargado de redactar la sentencia. Es fiscal por oposición. Se considera de talante conservador, aunque sus primeros ascensos en la carrera fiscal llegaron de la mano del PSOE. Ha estado a punto de presidir el Tribunal Supremo a propuesta del PP, pero un whatsaap del portavoz de este partido, Ignacio Cosidó, jactándose de su designación le llevó a renunciar. Marchena llegó a la Sala de lo Penal del Supremo en 2007 y la preside desde 2014. Fue el instructor de la causa por los supuestos cobros del Banco Santander por parte del exjuez Baltasar Garzón que acabó archivada y participó en el juicio en el que se le condenó a 11 de inhabilitación por las escuchas de la trama 'Gürtel'. Ha sido ponente de numerosas resoluciones, como la que condenó al rapero César Strawberry que fijó los límites de la libertad de expresión ante enaltecimientos del terroismo. También presió el tribunal que condenó al ‘exconseller’ Francesc Homs por el 9-N. Andrés Martínez Arrieta Fue por unos días el presidente del tribunal que iba a juzgar el 'procés' por ser el magistrado más antiguo de los que forman parte de la Sala Segunda, a la que llegó en 1998, después de haber sido el vocal más joven del Consejo General del Poder Judicial. Es uno de los fundadores de la moderada Francisco de Vitoria y fue ponente de la sentencia que absolvió a Baltasar Garzón en el caso de los crímenes del franquismo. Antonio del Moral Fiscal por oposición, ejerció en el Supremo entre 1999 y 2012, cuando fue nombrado uno de sus magistrados. Entre otras resoluciones ha sido ponente de la que condenó a Iñaki Urdangarin por el ‘caso Nóos’ y de la que rebajó la inhabilitación al expresident Artur Mas por el 9-N. Su incorporación al tribunal del 'procés' se produjo para reemplazar al exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, que a su vuelta al Supremo se apartó del caso. Juan Ramón Berdugo Magistrado del Supremo desde 2004 ha sido ponente de la sentencia que revisó la condena del caso Rocío Wanninkhof y de la que confirmó la absolución del expresidente de la Generalitat valencia Francisco Camps en el caso de los trajes. También formó parte de la Sala que estableció la 'doctrina Botín' y la 'doctrina Parot', que luego fue anulada por el TEDH. Recientemente ha sido uno de los cuatro magistrados que emitieron un voto particular a la sentencia que establecía que toda agresión de un hombre a su pareja o expareja debe ser considerada violencia machista. Luciano Varela Fundador de la progresista Jueces para la Democracia, participó en la redacción de la Ley del Jurado de 1994. Llegó al Supremo en 2007 y se encargó de la instrucción de la causa seguida contra Garzón por los crímenes del franquismo. Entre las sentencias de las que ha sido ponente destaca la que confirmó los cuatro años de prisión al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Ana Ferrer Instructora del ‘caso Roldán’ que acabó con la condena del exdirector general de la Guardia Civil, ha sido la primera mujer en presidir la Audiencia Provincial de Madrid y, en 2014, fue la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo. Tanto ella como Andrés Palomo han sido los últimos magistrados en incorporarse al tribunal del 'procés'. Lo hicieron cuando se decidió que la Sala juzgadora estaría compuesta por siete jueces y no por cinco dada la relevancia del asunto a tratar. Andrés Palomo Nombrado para el Supremo a la vez que Ferrer, había sido presidente de la Audiencia de Segovia. No está integrado en ninguna asociación judicial. Fue el instructor de la causa que se siguió contra el ‘exconseller’ Francesc Homs, por la que fue condenado a 13 meses de inhabilitación. Entre las sentencias que ha redactado destacan la que anuló por falta de pruebas la condena a 119 años de cárcel a la etarra Itziar Alberdi Uranga, huida durante 22 años y la que revocó por primera vez una condena a prisión permanente revisable. |
Abogados defensores.
Jordi Pina Abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull. 33 años de ejercicio profesional. Defendió a la 'exconsellera' Irene Rigau en el juicio del 9-N. Vicedecano del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, fue el abogado de Jordi Montull en el proceso por el saqueo del Palau de la Música y está personado en el 'caso 3%''. Le gusta organizar excursiones a países exóticos y coger 'bolets'. Es un 'culé' empedernido. Andreu van den Eynde Abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Ha representado a entidades de derechos humanos, como SOS Racisme. Llevó la defensa de las víctimas del atropello mortal de un tren en Castelldefels durante la verbena de San Juan de 2010. Vinculado a ERC desde que les hizo la 'compilance' para evitar que el partido pueda cometer algún delito. Es guitarrista de la banda de 'thrash metal' Vientos de Poder. Olga Arderiu Abogada de Carme Forcadell. Especialista en derecho penal y penitenciario. Diputada de la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Ha participado en el Grupo de la Mujer del Consell Municipal de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y es vocal de la Associació de Dones Emprenedores. Lleva a uno de los principales implicados en el 'caso 3%'. Entre sus aficiones están los deportes y la fotografía. Javier Melero Abogado de Joaquim Forn. Fue el letrado de Artur Mas en el juicio por el 9-N. Ha estado en los principales casos judiciales de los últimos años ya que es el letrado habitual de Convergència. Defendió a Oriol Pujol en el 'caso ITV' y al ex tesorero del partido en el 'caso Palau', así como en el 'caso 3%'. Gran aficionado al boxeo estuvo en las reuniones que acabaron en el nacimiento de Ciudadanos, aunque no se considera fundador. Marina Roig Abogada de Jordi Cuixart. Presidenta de la Sección de Derecho Penal del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Diplomada en Criminología. Ha cursado especializaciones en derecho penal de menores, penitenciario y violencia machista. Entre sus aficiones está la lectura y el baile. Mariano Bergés Abogada de Dolors Bassa. Compañero de despacho de Marina Roig. A lo largo de su andadura profesional ha asumido la defensa de intereses particulares y de grandes empresas y multinacionales. Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Pau Molins Abogado de Santi Vila. Uno de los penalistas más reputados de Barcelona, defensor de Félix Millet y de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Su familia tiene una de las empresas con más vinculaciones con la burguesía catalana, Cementos Molins. Es el abogado del expresidente del Barça Sandro Rosell. Vocalista del grupo musical Porfinviernes. Le acompañará en el juicio del Supremo el abogado Joan Segarra. Josep Riba Abogado de Carles Mundó. Miembro del despacho de Fermín Morales, ha estado presente en numerosos casos mediáticos, como la defensa de excargos socialistas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en el 'caso Pretoria' y la representación del futbolista Samuel Etoo. Ejerció la acusación por la muerte de un asaltante en la vivienda de los joyeros Tous. Toca el piano clásico. Judit Gené Abogada de Meritxell Borras. Socia de Javier Melero. Más de 20 años de ejercicio como abogada, siempre en la especialidad de penal. Natural de Torà (Segarra). Forofa del Barça. Sus dos hijas y su profesión le ocupan casi todo el tiempo. |
FISCALES
Los fiscales del tribunal Supremo. Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que representarán al ministerio público en el juicio cuentan con una amplia experiencia. Los cuatro pertenecen a la máxima categoría de la carrera. Son Fidel Cadena, Jaime Moreno, que fue también el fiscal del juicio contra Francesc Homs; Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, y Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado. Los Abogados del Estado. Edmundo Bal fue sustituido como abogado del Estado jefe de Penal por Rosa María Seoane, después de que el primero fuera apartado de la causa del procés por ser partidario de acusar por rebelión en vez de la sedición por la que finalmente se decantaron los Servicios Jurídicos del Estado.Los Servicios Jurídicos del Estado serán representados en el juicio por ella y Elena Sáenz. La acusación popular: Vox El partido de Santiago Abascal ejerce la acción popular desde que comenzó la instrucción en el Tribunal Supremo. Los abogados personados en el procedimiento tienen también altos puestos de responsabilidad en el patido: Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico nacional de esa formación. |
Sentencias El lunes 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, descartando la rebelión propugnada por la fiscalía y la acusación particular. |
Meritxell Borràs | Desobediencia |
Jordi Cuixart | Sedición | 9 años de prisión |
Carme Forcadell | Sedición | 11 años y 6 meses de prisión |
Joaquim Forn | Sedición | 10 años y 6 meses de prisión |
Oriol Junqueras | Sedición y malversación | 13 años de prisión |
Carles Mundó | Desobediencia |
Raül Romeva | Sedición y malversación |
Josep Rull | Sedición |
Jordi Turull | Sedición y malversación |
Santi Vila | Desobediencia |
Jordi Sànchez Picanyol | Sedición | 9 años de prisión |
Dolors Bassa |
Sedición y malversación | 12 años de prisión |
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