246).-Barristers, Solicitors, y los Inns of Court de Inglaterra (Diccionario).

Paula Flores Vargas; Ana Karina Gonzalez Huenchuñir; Luis Alberto Bustamante Robin; José Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdés;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Álvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Verónica Barrientos Meléndez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andrés Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma; Nelson Gonzalez Urra; Ricardo Matías Heredia Sánchez; Alamiro Fernández Acevedo;  Soledad García Nannig; Katherine Alejandra Lafoy Guzmán;

Barristers, Solicitors, y los Inns of Court de Inglaterra (Diccionario).

campo de gules en que aparecen tres leones pasantes y contorneados  de oro, lampasados y armados o uñados de azur. Escudo de los cuatro Inns of Court. En sentido de las agujas del reloj, empezando por arriba a la izquierda: Lincoln's Inn, Middle Temple, Gray's Inn e Inner Temple. Un barrister es uno de los dos clases de profesional del derecho, que existen en Inglaterra, y otros países de la tradición del common law. Solicitor of the Supreme Court of England and Wales (Solicitor of the Senior Courts of England and Wales), es uno de los dos clases  un profesional del derecho, que existen en Inglaterra, y otros países de la tradición del common law.

After many years of attempting to explain the need for two kinds of lawyer in the United Kingdom to exasperated and confused European colleagues – and even US ones – I have lighted on the following language.  Solicitors are a primary market of legal services.	Después de muchos años de intentar explicar la necesidad de dos tipos de abogados en el Reino Unido para exasperar y confundir a los colegas europeos, e incluso a los estadounidenses, me he encendido el siguiente lenguaje. Los Solicitors son un mercado primario de servicios legales.
They are profit-sharing organisations in which senior lawyers manage teams of junior lawyers to do almost everything their clients want. They operate just like any law firm around the world, save to the extent that their life is made easier by the existence of a secondary legal services market, which must be accessed either through them or lawyers overseas, which is known as barristers, or the Bar.	Son organizaciones de reparto de utilidades en las cuales los abogados principales manejan equipos de abogados jóvenes para hacer casi todo lo que sus clientes desean. Operan como cualquier despacho de abogados de todo el mundo, salvo en la medida en que la vida se simplifica por la existencia de un mercado secundario de servicios legales, al que se debe acceder ya sea a través de ellos o abogados en el extranjero, que se conoce como barristers, o Bar.
Barristers operating in the secondary market have their lives run by their clerks, non-lawyers who administer the cooperative, cost-sharing organisations called ‘chambers’, which support them in their practices.	Los Barrister que operan en el mercado secundario tienen sus vidas dirigidas por sus empleados, no abogados que administran la cooperativa, organizaciones de costos compartidos llamadas 'cámaras', que los apoyan en sus prácticas.
Barristers are therefore spared the distraction of running a legal business which is a necessary part of practising from a profit-sharing firm. They are also spared the exhausting business of keeping both their clients and their partners happy.	Por lo tanto, a los Barrister se les ahorra la distracción de dirigir un negocio legal que es una parte necesaria de la práctica de una empresa de participación en los beneficios. También se ahorran el agotador negocio de mantener felices a sus clientes y a sus socios.
That arduous work and the profit sharing entities it requires is left to solicitors in the primary market, who stand between lay client and barrister, as a ‘professional client’ of the barrister, filtering out the essentials that the barrister needs to know to be effective in court or on paper.	Ese arduo trabajo y las entidades de participación en las ganancias que requiere se deja a los solicitors en el mercado primario, que se interponen entre el cliente laico y barrister, como un "cliente profesional" del barrister, filtrando los elementos esenciales que el barrister necesita saber para ser efectivo en la corte o en papel.
The result of this arrangement is that, from the beginning to the end of his career at the Bar, the barrister focuses exclusively on legal advice and advocacy in the courts. Unlike solicitors, he is not pulled away from this legal work as his career progresses, into management of other fee-earners or into developing the firm’s strategy or business development.	El resultado de este acuerdo es que, desde el principio hasta el final de su carrera en el Barra, el barrister se centra exclusivamente en el asesoramiento legal y la defensa en los tribunales. A diferencia de los solicitors, no se aleja de este trabajo legal a medida que avanza su carrera, en la gestión de otros contribuyentes o en el desarrollo de la estrategia de la empresa o el desarrollo empresarial.
In that sense, the independent English Bar – as barristers are collectively known – is a unique means of attracting and retaining large volumes of legal and advocacy talent to the dispute resolution market during their entire career as an advocate.	En ese sentido, el  Barra Inglesa Independiente inglés -como se conoce colectivamente a los barrister- es un medio único para atraer y retener un gran volumen de talento legal y de defensa en el mercado de resolución de disputas durante toda su carrera como defensor.
If that is a little abstract, then try this analogy. Think of a piece of litigation as a project to build a building.	Si eso es un poco abstracto, entonces prueba esta analogía. Piense en un litigio como un proyecto para construir un edificio.
Solicitors (or lawyers overseas) are the building contractors who arrange for people to dig holes in the ground and to build steel frames and to clad them. Some buildings can be built just with a building firm. Other, more specialist or complex buildings benefit from the input of an architect.	Los solicitors (o abogados en el extranjero) son los contratistas de la construcción que hacen arreglos para que las personas caven agujeros en el suelo y construyan marcos de acero y los cubran. Algunos edificios se pueden construir solo con una empresa de construcción. Otros edificios más especializados o complejos se benefician de la contribución de un arquitecto.

 

barrister

That is the barrister. An architect just has the ideas in his head, the books on his shelf and his means of communication: his pencil, his computer, and his voice. But the architect can’t build anything without a building contractor to work with. So we have two industries, with different roles, different cultures and, of course, different people working in them.	Ese es el Barrister. Un arquitecto simplemente tiene las ideas en su cabeza, los libros en su estantería y sus medios de comunicación: su lápiz, su computadora y su voz. Pero el arquitecto no puede construir nada sin un contratista de obras para trabajar. Entonces tenemos dos industrias, con diferentes roles, diferentes culturas y, por supuesto, diferentes personas que trabajan en ellas.
For the solicitors, it’s probably a great relief that they can access the talents of barristers without actually having the trouble and expense of employing these unusual people.	Para los solicitors, probablemente sea un gran alivio que puedan acceder a los talentos de los barrister sin tener realmente la molestia y el gasto de emplear a estas personas inusuales.
If barristers’ non-profit chambers attract and retain talent for the entire career of an advocate, then the four Inns attract and retain legal and advocacy talent beyond the natural life-span of a barrister’s career as an advocate, both into the world of judging from the Bench and further, into semi and full retirement.	Para los barrister, Si las cámaras sin fines de lucro de los barristers atraen y retienen talentos para toda la carrera de un defensor, entonces los cuatro Inns atraen y retienen el talento legal y defensor más allá del ciclo de vida natural de la abogacía de un abogado, tanto en el mundo de la evaluación desde el banco y más allá, a la semi y completa jubilación.
The good wine, good food, good conversation,and accompanying entertainment offered by the Middle Temple and the other three Inns of Court in London gives people a reason to hang around when they move on from seeing the law as a way of earning a living.	El buen vino, la buena comida, la buena conversación y el entretenimiento que ofrecen el Middle Temple y los otros tres Inns of Court en Londres le da a la gente un motivo para quedarse cuando dejan de ver la ley como una forma de ganarse la vida.
What is the significance for the legal services industry and its users of concentrating this legal and advocacy talent from across generations in any one of four convivial places in London?	¿Cuál es la importancia para la industria de servicios legales y sus usuarios de concentrar este talento legal y de promoción de generación en generación en cualquiera de los cuatro lugares de convivencia de Londres?
Each one of the four Inns is a uniquely valuable interface between the Bar and the Bench (judiciary). This can perhaps best be explained with the following anecdote. A while ago I argued a troublesome case against an opponent to whom that adjective is also apt.	Cada uno de los cuatro Inns es una interfaz de valor único entre Bar y The Bench (poder judicial). Esto quizás pueda explicarse mejor con la siguiente anécdota. Hace un tiempo argumenté un caso problemático contra un oponente al que ese adjetivo también es apto.
Not long after that, while carrying a sorry little sandwich along Middle Temple Lane to my desk in chambers to burn yet more midnight oil, I bumped into the judge before whom he had argued rolling up from Middle Temple Hall after a dinner of countless courses.	No mucho después, mientras llevaba un sándwich pequeño y apenado por Middle Temple Lane a mi escritorio en las habitaciones para quemar más aceite de medianoche, me topé con el juez ante el que había argumentado que se enrollaba desde el Middle Temple Hall después de una cena de innumerables platos.

Barrister

We greeted each other, grateful for the opportunity to display a degree more intimacy to each other than appropriate in Court. We then trod a little delicately around the subject of the case.	Nos saludamos mutuamente, agradecidos por la oportunidad de demostrar un grado de intimidad entre ellos más apropiado que en la Corte. Luego caminamos un poco delicadamente alrededor del tema del caso.
The judge’s eyes lit up and exclaimed with pleasure that his judgment had been reported and included in the footnotes several key textbooks. The judge thanked me warmly for his assistance in helping get the facts straight and the law right in a difficult case – and by doing so help the judge avoid an appeal.	Los ojos del juez se iluminaron y exclamaron con placer que su juicio había sido informado y se incluyeron en las notas a pie de página varios libros de texto clave. El juez me agradeció calurosamente su ayuda para ayudar a aclarar los hechos y la ley correcta en un caso difícil, y al hacerlo, ayudó al juez a evitar una apelación.
We waved each other a cheery goodnight. Next time I appear before the judge, I will be sure to try to be as helpful as I was last time – or more – so that I can have an even jollier and more respectful exchange when we next meet; the judge will be as pleasant to me in return in order to get the best assistance he can from the barrister before him.	Nos saludamos alegremente. La próxima vez que comparezca ante el juez, me aseguraré de tratar de ser tan útil como lo fui la última vez, o más, para poder tener un intercambio aún más alegre y más respetuoso la próxima vez que nos encontremos; el juez será tan amable conmigo a cambio para obtener la mejor asistencia que pueda del barrister ante él
This human dimension provides a powerful motivation for achieving high professional standards, independent of pursuing a client’s best interests or making a living.	Esta dimensión humana proporciona una poderosa motivación para alcanzar altos estándares profesionales, independientemente de perseguir los mejores intereses del cliente o ganarse la vida.
So the non-profit Inns help bind Bar and Bench together in the common enterprise of making and administering law. They promote civility, good sense, and mutual understanding. Where opportunities for such encounters are absent, mutual suspicion and resentment naturally flourish. When levels of aggression rise, cooperation is impeded and the quality of the legal product tends to drop.	Entonces, Inns, sin fines de lucro, ayuda a Bar y Bench a unirse en la empresa común de crear y administrar leyes. Promueven la cortesía, el buen sentido y la comprensión mutua. Donde las oportunidades para tales encuentros están ausentes, la sospecha y el resentimiento mutuos florecen naturalmente. Cuando aumentan los niveles de agresión, la cooperación se ve obstaculizada y la calidad del producto legal tiende a disminuir.
The Inns of Court are truly the institutions that caused Shakespeare to have two of his characters aspire to common law dispute resolution:  ‘[a]nd do as adversaries in law,/Strive mightily, but eat and drink as friends.’ (Taming of the Shrew, Act 1 Scene 2 line 251f )	Los Inns of Court son realmente las instituciones que causaron que Shakespeare tuviera a dos de sus personajes aspirando a la resolución de disputas de derecho consuetudinario:  '[y] hagan como adversarios en la ley, / esfuércense poderosamente, pero coman y beban como amigos'. ( LA FIERECILLA DOMADA, Acto 1 escena 2 ).

Dr D Simba, Solicitor Advocate - England & Wales

Queen's Counsel

En ciertos países de la Commonwealth, un consejero de la reina (c. r.) en inglés, Queen's Counsel —o consejero del rey cuando el rey es un varón— es un eminente jurista designado por patente real.​ El primer consejo de la reina extraordinario fue Sir Francis Bacon, a quien se le dio una patente con prioridad en la Barra en 1597, y formalmente nombrado por el Consejo del rey en 1603. El puesto de Consejero de la reina es un estatus honorífico conferido por la Corona por patente real y reconocida en los tribunales.​ Los nombramientos se realizan sobre la base del mérito y de un determinado nivel de experiencia. En general, debe haber sido por lo menos 15 años abogado. En Inglaterra y en País de Gales, un consejero de la Reina puede portar una toga de seda de un diseño especial.

Barrister

El extraordinario caso «Post Office», el mayor error judicial en la historia del Reino Unido. La esencia de este caso se encuentra en la implementación del programa de gestión y contabilidad Horizon, en el Post Office –el Correos británico– que se pensó que era infalible, y que ha dado lugar a un error judicial de proporciones nacionales. El caso, que bien podría ser obra de Charles Dickens, es tan aparentemente sencillo como dramático: Post Office es una popular compañía propiedad del Gobierno, de servicios postales al público en general a través de su extensísima red de oficinas, vendiendo además sellos y prestando algunos servicios bancarios y financieros. En el año 1999 y, por aquello de la supuesta eficiencia informática, Post Office introdujo un nuevo programa de gestión y contabilidad para sus 18.000 sucursales llamado “Horizon”, un sistema propiedad de la compañía japonesa Fujitsu y que prometía grandes mejoras en el servicio mediante la consabida reducción de tiempos, simplificación de los procedimientos y eliminación del papeleo y la burocracia. La cuestión es que, al poco de ser instalado, el nuevo programa empezó a notificar a la central numerosas discrepancias contables y descubiertos inexplicables en algunas sucursales y por valor de varios miles de libras en cada caso. Si bien los empleados afectados achacaron estas disparidades a errores del propio sistema “Horizon”, los responsables de la compañía negaron dicha posibilidad, insistiendo en la más absoluta infalibilidad del sistema informático que acababan de adquirir. Total, que aquellos empleados que no podían pagar de su propio bolsillo las cantidades que arrojaba el programa, en algunos casos teniendo incluso que hipotecar su casa, fueron acusados por Post Office ante la policía de robo, falsedad contable o fraude, y procesados ante los tribunales. ¿La principal prueba de cargo contra estos trabajadores? Pues ya como se imaginarán: los datos contables del dichoso sistema informático. Curiosamente estos descuadres contables siguieron apareciendo en el sistema y, durante varios años, Post Office continuó acusando a cientos de empleados que no quisieron o simplemente no podían compensar las diferencias económicas que arrojaba “Horizon”. La psicosis informática ante la irrefutabilidad de las pruebas del programa llegó al punto que a muchos acusados se les aconsejó que se declararan culpables, para así llegar a un acuerdo con la fiscalía y evitar una pena de cárcel. Pero incluso en ese caso, la pesadilla no acababa ahí. Una vez Post Office se aseguraba la condena de los acusados por algún delito, iniciaba después un imparable procedimiento de embargo de los bienes de sus exempleados, llevándolos a la más absoluta ruina económica. A ellos y a sus familias. Esta situación, que se desarrolló durante años, arruinó la vida de cientos de empleados de Post Office, quienes perdieron sus hogares y se vieron además estigmatizados por las condenas, derivando todo ello en graves problemas de salud, cuadros de depresión, llegando incluso en algún caso al suicidio. Basta decir que, entre el año 2000 y 2014, casi 900 empleados de Post Office fueron enjuiciados por las acusaciones vertidas por la compañía contra ellos. Con el paso de los años y con un número cada vez mayor de condenas, los afectados empezaron a unir sus fuerzas para poder plantar cara a las acusaciones y llamar la atención sobre el grave problema, lo que motivó en 2009 la aparición de un artículo en la revista “Computer Weekly” que directamente cuestionaba la fiabilidad del sistema informático “Horizon”. De tal manera, llegados a 2012 y, aunque la compañía ya sospechaba que algo fallaba en “Horizon”, Post Office siguió acusando a sus trabajadores con una aterradora media de persona por semana, todo ello basado en el supuestamente infalible programa de Fujitsu. Pero la situación cambió radicalmente en 2013 con la primera acción civil que inició un grupo de exempleados de Post Office alegando que las cifras ofrecidas por el sistema informático “Horizon” eran erróneas, reclamando una indemnización a la compañía. Para oponerse a esta demanda, Post Office utilizó una cantidad ingente de recursos públicos incluyendo a cuatro “barristers”, dos bufetes de “solicitors”, con unos costes estimados de casi 14 millones de libras en un procedimiento en el que hubo de todo: recusaciones de jueces, interminables interrogatorios a testigos, peritos y expertos contables,informáticos, etc. No obstante, en 2019 ante la evidencia de que el sistema informático no funcionaba bien y, tras varias decisiones judiciales Post Office accedió finalmente a un acuerdo transaccional con los demandantes de 58 millones de libras (casi 67 millones de euros), si bien no reconoció expresamente su responsabilidad. Pocos días después, la “High Court” de Londres en el asunto “Bates & Ors v the Post Office Ltd [2019] EWHC 3408 (QB)” afirmó sin ambages que el sistema “Horizon” no era robusto «ni siquiera remotamente «, teniendo graves problemas ya que contenía “errores y defectos”, existiendo un riego de que los débitos que aparecían en las cuentas de las sucursales fueran debidos al propio programa. Para el Juez Sir Peter Fraser, la conducta obstinada de Post Office en defender la fiabilidad del sistema “Horizon”, era “el equivalente en el siglo XXI a mantener que la tierra es plana». A pesar del acuerdo alcanzado con Post Office, como la demanda se encontraba financiada por el fondo “Therium”, tras ser detraídos los honorarios correspondientes, la indemnización obtenida de 58 millones quedó reducida a favor de los 557 demandantes a únicamente 11.5 millones de libras, (unos 13 millones de euros). Si hacen ustedes cuentas, cada demandante obtuvo unas 23.500 libras, (unos 27.000 euros), lo que supuso que los afectados no pudieran ni cubrir los daños derivados del calvario judicial, profesional, personal y económico sufrido a manos de Post Office. Esta circunstancia ha llevado recientemente a que algunos miembros del Parlamento británico hayan solicitado expresamente al Gobierno de Boris Johnson para que asuma el pago de las indemnizaciones directamente a los extrabajadores de la compañía. A raíz de este procedimiento civil, Post Office puso en marcha un sistema destinado a compensar a los afectados por los fallos del programa “Horizon”, presentándose más de 2.400 solicitudes, lo que hizo temer incluso por la viabilidad de la compañía, obligando al Gobierno a intervenir para cubrir parte del coste de los reembolsos. Paralelamente a la acción civil, desde hace unos años los tribunales están revisando las condenas por delitos a los trabajadores de Post Office, siendo la sentencia del pasado viernes 23 de abril el resultado de la apelación presentada por un grupo de estos condenados penalmente a raíz de las acusaciones efectuadas por la compañía. Durante este proceso se pudo tener ocasión de escuchar el trágico relato de aquellos que sufrieron la persecución implacable de Post Office: la pérdida del trabajo, ser acusados de robar, divorcios, pasando por grandes pérdidas económicas o directamente la ruina, a aquellos que además sufrieron penas de cárcel, siendo separados de sus familias. Por no hablar de aquellos que ya no están al haber transcurrido tantos años de pleitos. En cualquier caso, la “Court of Appeal” de Londres anuló por fin el pasado viernes 23 de abril de 2021, las condenas de 39 de estos antiguos trabajadores, señalando que los errores de Post Office en la investigación de los hechos “fueron tan atroces que hacen el enjuiciamiento de cualquiera de los ‘casos Horizon’ una ofensa a la conciencia del tribunal”. Al anunciar la decisión del tribunal, Lord Justice Holroyde dijo expresamente que “Post Office sabía que existían graves problemas de fiabilidad en Horizon» y, por tanto, “tenía el claro deber de investigar los defectos del sistema”. Pero no hizo nada  de eso. Aunque quedan muchos más casos de condenas que previsiblemente llevará a nuevas anulaciones, la situación generada por el asunto “Post Office” evidencia algunos graves fallos del sistema de justicia que traerá, no solamente nuevas acciones civiles en reclamación por los daños sufridos, sino además investigaciones públicas y procedimientos penales contra los responsables por la ocultación de información sobre el sistema “Horizon”. De momento, seguramente en previsión a lo que vendrá en los próximos años contra todos ellos, la controvertida directora general de Post Office durante su época “más sangrante”, Paula Vennells ya ha anunciado su renuncia en los consejos de administración de varias compañías y en el Grupo Asesor de Inversiones Éticas de la Iglesia de Inglaterra. Además, uno de los principales sindicatos del sector, “Communication Workers’ Union” ha solicitado que se le retire a Vennells la distinción de Comandante del Imperio Británico que se le concedió en 2019 por sus servicios a varios proyectos de caridad. Por cierto, el excelente equipo de profesional de “barristers” y “solicitors” encargado de llevar estos recursos resueltos ahora por la “Court of Appeal”, ha trabajado en el caso “pro bono”, es decir, han defendido a todas estas víctimas de forma absolutamente altruista, lo que es encomiable en una de las jurisdicciones más caras del mundo. Mi más sincero reconocimiento para ellos y para todas las víctimas del escándalo “Post Office”. Nota Inocentes después de muchos años luchando contra Correos del Reino Unido. Por Lourdes Gómez, Sputnik  -Viernes  23 Abril, 2021  Londres, 23 abr (Sputnik).- Decenas de exgerentes de oficinas de correos del Reino Unido fueron finalmente exonerados de toda responsabilidad penal o civil en el mayor caso de error administrativo y judicial de las últimas décadas. “Ganamos”, tuiteó jubilosa Seema Misrat. Tres jueces de apelación acababan de invalidar los antecedentes penales de 39 exjefes de oficinas de correos (el Post Office británico, PO) en una trascendental sentencia colectiva, dictada este jueves 23.   El Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales anuló en su dictamen las condenas por robo, fraude o falsedad en documentos de contabilidad de los miembros del grupo. Acusados sin razón La revocación de los veredictos de culpabilidad representa el principio del final de una batalla judicial y política que comenzó en 2000. De inmediato, les permite restaurar su reputación y su honra, que quedaron dañados en el mayor escándalo de error judicial destapado en Inglaterra. Son los primeros exonerados de, al menos, 736 gerentes y subjefes de correos que los tribunales británicos sentenciaron a penas de cárcel, a realizar servicios comunitarios o pagar multas sustanciosas por unos crímenes financieros que no cometieron. Embarazada de su segunda hija, Misrat fue sentenciada a 15 meses entre rejas debido a un agujero de 78.000 libras (más de 100.000 dólares) en la contabilidad de su oficina de Surrey, al sur de Londres. Las circunstancias coinciden en todos los casos. Las cuentas no cuadraban desde la instalación de un nuevo sistema informático, bautizado Horizon y desarrollado por Fujitsu. El PO acusó a los encargados de hurto y, en ocasiones, de incompetencia, cargo que algunos aceptaron para evitar ir a la cárcel. Error informático Pero la diferencia entre las cifras de ingresos y gastos la generaba el propio sistema informático. Horizon se programó con defectos y fallos que llamaron la atención de la central de correos casi inmediatamente después de su instalación, a partir de 1999, en la red de 18.000 oficinas que entonces cubrían el Reino Unido. No obstante, la entidad estatal mantuvo la política de enjuiciamientos hasta 2015, y solo ahora comienza a aceptar su responsabilidad en la destrucción de numerosas familias y la ruina de tantos sustentos y negocios.  Algunos afectados murieron sin poder validar su inocencia ante los vecinos y otros miembros de la comunidad. “Los últimos nueve años han sido infernales y una pesadilla completa. La condena nubló mi vida”, declaró Vipinchandra Patel a la salida del palacio de Justicia. Harjinder Butoy, que fue condenado a prisión por robo, se unió a los muchos que exigen responsabilidades penales y administrativas a los realmente culpables del terrible fiasco, incluidos ministros y secretarios de Estado que retienen el control oficial del PO. Reclamación al Gobierno “Se puede decir con confianza que el gobierno bien pudo actuar para detener la cruel conducta del Post Office … es culpable de mala administración en relación con la supervisión y regulación del PO”, señala la denuncia que ha interpuesto ante el Ombudsman Parlamentario la Alianza en Justicia de los Jefes de Correos (JFSA). El colectivo obtuvo una victoria fundamental en 2019, diez años después de fundación, cuando el PO reconoció finalmente su catastrófico error. El juez Peter Fraser, del Alto Tribunal, concluyó que Horizon estaba plagado de “virus, errores y defectos” y reprochó con dureza la actitud negacionista de la entidad estatal, que trató de defender la integridad del sistema hasta el último instante. “Equivale en el siglo XXI a mantener que la tierra es plana”, observó el magistrado. Disculpas e indemnización El PO se disculpó de los “errores históricos” y el consejero delegado actual, Nick Read, describió la exoneración de las sentencias originales como un “hito esencial” para afrontar el pasado antes de rectificar los fallos “lo antes posible”. “Debe haber una indemnización que refleje lo que ha sucedido”, declaró. El primer ministro, Boris Johnson, también se solidarizó con las víctimas, pero no indicó las medidas que tomará su gobierno.   “Celebro la decisión de la Corte de Apelación de revocar las condenas de 39 exjefes de correos en la disputa de Horizon, una injusticia lamentable que impactó devastadoramente en estas familias durante años”, declaró en su cuenta oficial de Twitter. El mandatario conservador prometió, al menos, que “se aprenderán las lecciones para asegurar que nunca vuelva a suceder” un escándalo de similar envergadura. (Sputnik) Causa civil. En diciembre de 2019, después de una larga serie de casos civiles, la Oficina de Correos acordó llegar a un acuerdo con 555 reclamantes y pagar 80 millones de dólares en daños, aunque los reclamantes recibieron solo 16,5 millones de dólares después de pagar los honorarios legales. Días después, una sentencia del Tribunal Superior dijo que el sistema Horizon contenía "errores,  y defectos" y "no era ni remotamente robusto". La oficina de correos enfrenta una factura de compensación potencialmente enorme. El histórico plan de déficit que estableció para reembolsar a los que perdieron, excluidos los que formaron parte del acuerdo del Tribunal Superior, ha recibido más de 2.400 reclamaciones. Aunque Royal Mail (responsable del correo del Reino Unido) se privatizó en 2012, la Oficina de Correos (la red nacional de sucursales postales) sigue siendo propiedad del gobierno, lo que significa que parte de la responsabilidad puede recaer en el gobierno del Reino Unido. El dictamen enérgico del viernes de que las 39 condenas fueron "una afrenta a la conciencia pública" abre la posibilidad de que los administradores de correos emprendan acciones civiles contra la Oficina de Correos por enjuiciamiento malicioso, buscando sumas significativas en daños. Otros 22 casos similares podrían ir directamente al Tribunal de Apelación, si se cree que una condena no es segura.

Más de un millar de propietarios de oficinas fueron acusados por un error informático de fraude y robo. Celia Maza Seema Misrat estaba embarazada de su segunda hija cuando fue condenada a quince meses en prisión acusada de robar 78.000 libras de la oficina del servicio de correos británico que regentaba. Lee Castleton quedó en quiebra después de que correos le demandara 320.000 libras tras perder la batalla legal donde le acusaban de haber robado 25.000 libras. Todo según la información del sistema informático Horizon instalado a finales de los 90, que se demostró defectuosa. Entre 1999 y 2015, más de mil propietarios de oficinas de todo el Reino Unido fueron llevados a juicio acusados erróneamente de fraude y malversación. Perdieron todo, casas, negocios, amigos. Sus hijos sufrieron acoso. Muchos acabaron en la calle o viviendo en caravanas. Hubo incluso cuatro suicidios. Se demostró que eran inocentes, pero no ha sido hasta ahora cuando han recibido el protagonismo que merecían. El Gobierno británico anunció ayer una nueva legislación para asegurar que los más de 700 afectados del calificado como «el peor error judicial en la historia legal británica reciente» sean «rápidamente exonerados y compensados». «Toda la verdad tiene que salir a la luz», aseguró ayer el «premier», Rishi Sunak, en la Cámara de los Comunes. Tras la amnistía, las víctimas recibirán una compensación de 600.000 libras. Fue en 2019 cuando la justicia británica falló a favor de un grupo de afectados del escándalo de correos británico. Dos años después, una instancia superior confirmó en apelación la sentencia. Sin embargo, ha sido ahora, a través de una exitosa serie de ITV («El Sr. Bates contra correos») cuando los británicos han puesto rostro y voz a la batalla que durante dos décadas libraron las víctimas contra el Gobierno. La serie, cuyo primer capítulo fue emitido el 1 de enero, ha tenido tal repercusión que el Ejecutivo ha tenido que modificar la agenda para dar prioridad al caso en Westminster. De las 900 condenas judiciales, hasta ahora solo habían concluido 142 trámites de apelación. Se habían pagado cerca de 28 millones de euros en indemnizaciones, pero decenas de víctimas han muerto sin ver ni una libra. Las oficinas postales de Reino Unido funcionan como franquicias, operadas por propietarios autónomos que subcontrata Post Offices Limited, propiedad a su vez del Gobierno. A finales de la década de los noventa, se impuso a las oficinas un sistema informático de contabilidad y gestión de inventario llamado Horizon IT, desarrollado por la tecnológica japonesa Fujitsu. Enseguida provocó duplicidades y errores que alteraron las cuentas. Pero en lugar de reconocer su culpa, correos acusó a los responsables de las oficinas. Muchos de ellos, aún sabiendo su inocencia, aceptaron declararse culpables para evitar ir a prisión. Aunque su reputación quedó para siempre marcada en sus comunidades. El Gobierno aceptó que la nueva ley de amnistía correría el riesgo de que se perdonara a personas genuinamente culpables de un delito, aunque estima que se trata de una proporción muy pequeña del número total de personas afectadas. Si bien no se han publicado todos los detalles de la ley, Downing Street dijo que equivaldría a una anulación general de las condenas vinculadas a TI Horizon. Pero el Departamento de Negocios aseguró que las condenas no se levantarían hasta que los responsables de las oficinas de correos firmaran una declaración de que no habían cometido ningún delito. Al firmar el mismo documento, serán elegibles para el pago de compensación de 600.000 libras que ya está disponible para las personas que han limpiado sus nombres a través de los tribunales. La declaración tiene como objetivo evitar que «los culpables se lleven cientos de miles de libras de dinero público». Cualquiera que firme esto falsamente será objeto de procesamiento por fraude. El Gobierno también anunció ayer que introducirá un pago único de 75. 000 libras para los 555 ex administradores de correos cuyo caso judicial grupal –dirigido por Alan Bates, protagonista en la vida real de la exitosa serie de ITV– ayudó a exponer la injusticia. El martes, Paula Vennells, ex consejera delegada de Post Office que dirigió la compañía de 2012 a 2019, anunció que devolvería de inmediato su condecoración real después de que así lo pidieran más de un millón de internautas. La Policía británica confirmó que investiga a correos por posible fraude al enriquecerse indebidamente con el dinero obtenido a raíz de esas sentencias penales y civiles erróneas.

Bates & Others v Post Office Ltd 

Rolls Building, Royal Courts of Justice

Bates & Others v Post Office Ltd fue una acción legal colectiva en el Reino Unido interpuesta por 555 subdirectores de correos contra Post Office Limited , comúnmente conocida como Post Office, la empresa estatal de correos . El caso fue visto por el juez Fraser en el Tribunal Superior entre 2017 y 2019. Se dictaron seis sentencias, dos de ellas sobre cuestiones de fondo y las demás sobre cuestiones de procedimiento. 

El juicio Common Issues examinó el contrato entre los subdirectores de correos y Post Office y falló mayoritariamente a favor de los demandantes, mientras que el juicio Horizon Issues concluyó que Horizon, el software de contabilidad de Post Office, contenía errores y defectos que podrían causar déficit en las cuentas de los subdirectores de correos.

No se celebraron más juicios programados, ya que los demandantes y la Oficina de Correos llegaron a un acuerdo tras el juicio de Horizon Issues. La acción judicial formó parte de la respuesta a injusticias de larga data que posteriormente se conocerían como el escándalo de la Oficina de Correos .

Hechos

Los subdirectores de correos son operadores comerciales autónomos que gestionan sucursales de Correos bajo contrato con la Oficina Postal estatal. En 1999, Correos implementó Horizon (producido y mantenido por Fujitsu ), un nuevo software de punto de venta electrónico y contabilidad, a su red de más de 11 000 sucursales. Poco después de la instalación de Horizon, los subdirectores de correos comenzaron a experimentar déficits inexplicables en sus cuentas, que, según los términos de sus contratos, debían solventar con su propio dinero, lo que condujo a deudas y, en ocasiones, a la quiebra. Correos rescindió los contratos y demandó a los subdirectores por los tribunales civiles y penales por los déficits generados por Horizon. 

Entre 1999 y 2015, más de 900 subdirectores de correos fueron procesados injustamente por contabilidad falsa y robo. La mayoría de estos procesos fueron procesos privados interpuestos por Correos en lugar del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS). 

En 2009, los medios de comunicación comenzaron a interesarse por los problemas de Horizon, y Computer Weekly publicó la noticia en mayo de 2009. Ese mismo año, Alan Bates , ex subdirector de correos que había perdido su negocio debido a las deficiencias de Horizon, fundó la Alianza de Justicia para Subdirectores de Correos (JFSA).

 Bajo la presión de la JFSA y un grupo de parlamentarios , liderados por James Arbuthnot , el Servicio Postal designó en 2013 a la firma de contabilidad forense Second Sight para investigar los procesos judiciales contra Horizon. Second Sight fue despedida en 2015 tras criticar la conducta del Servicio Postal, y se cerró un proceso de mediación sin llegar a ninguna resolución entre el Servicio Postal y los subdirectores de correos. 

El caso

Tras el fracaso del plan de mediación, Bates, quien ya había consultado a dos bufetes de abogados sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra la Oficina de Correos, logró persuadir a un nuevo bufete, Freeths of Nottingham , y a la firma de financiación de litigios Therium para que se hicieran cargo del caso. Bates y la contable forense Kay Linell formaron un grupo directivo para dirigir a los 555 demandantes que se unieron al caso.  

El Magistrado Fontaine concedió una orden de litigio colectivo el 22 de marzo de 2017, la cual fue aprobada por el Presidente de la Queen's Bench Division , y el Juez Fraser fue nombrado juez de gestión el 31 de marzo.

Los subdirectores de correos alegaron haber sido sometidos a un trato ilegal por parte del demandado, lo que les causó pérdidas financieras significativas (incluida la pérdida de su negocio y propiedad), quiebra, procesamientos, cumplimiento de penas comunitarias o privativas de libertad, angustia y mala salud conexa, estigma y/o daño a la reputación. La Oficina de Correos negó las reclamaciones y presentó una reconvención.  El caso estaba programado para ser visto en varios juicios en el Edificio Rolls de Londres. 

Los demandantes estuvieron representados en el tribunal por un equipo de Henderson Chambers dirigido por Patrick Green KC, instruido por Freeths, mientras que los abogados principales de Post Office incluyeron a David Cavender KC y Anthony de Garr Robinson KC, ambos de One Essex Court , instruidos por los abogados Womble Bond Dickinson .

Sentencias.

Se dictaron seis sentencias a lo largo del litigio. Dos de ellas (sentencias 3 y 6) fueron de fondo, mientras que las otras cuatro (sentencias 1, 2, 4 y 5) fueron de procedimiento.

Sentencia n.º 1 Solicitudes de modificación de horario – noviembre de 2017

Refiriéndose a los costos y las demoras, el juez dijo: "Adaptar las audiencias a su disponibilidad tiene todas las desventajas de armar un rompecabezas complejo, sin nada de la diversión asociada con esa actividad". 

Sentencia n.º 2 Solicitud de desestimación de pruebas – octubre de 2018

Esta decisión, tras una audiencia de gestión del caso, desestimó una solicitud de desestimación de aproximadamente una cuarta parte de las pruebas presentadas por los demandantes principales (más de 160 párrafos). El juez Fraser declaró: «La solicitud del demandado de desestimar estas pruebas parece ser un intento de... impedir que se transmitan pruebas con las que el demandado no está de acuerdo». 

 El juez comentó que la publicidad negativa para la Oficina de Correos no era motivo de preocupación para el tribunal si las pruebas eran pertinentes y admisibles. También advirtió contra la conducción agresiva de los litigios, especialmente en una acción colectiva de esta naturaleza. La solicitud fue desestimada.

Sentencia n.º 3, Cuestiones comunes – marzo de 2019

El juicio sobre cuestiones comunes se celebró durante 15 días en noviembre y diciembre de 2018, y la sentencia se dictó el 15 de marzo de 2019. Los subdirectores de correos y la Oficina de Correos habían identificado 23 cuestiones relacionadas con la relación contractual entre ellos y sobre las cuales no estaban de acuerdo. El juez dictó sentencia sobre cada una de ellas para que se resolvieran las obligaciones en virtud de todas las iteraciones de los contratos, tanto de forma retroactiva como prospectiva. 

 De las 23 cuestiones, solo siete se decidieron a favor de la Oficina de Correos. Las partes coincidieron en que, en general, los demandantes tuvieron más éxito.  La cuestión 1, relativa a si los contratos eran contratos relacionales , fue descrita por el juez como una de las cuestiones más importantes.  Encontró que los contratos de los subdirectores de correos son contratos relacionales: "Esto significa que la Oficina de Correos no tiene derecho a actuar de una manera que sería considerada comercialmente inaceptable por personas razonables y honestas". 

La sentencia criticó el testimonio de los testigos de Correos ante el tribunal. Refiriéndose a Angela van den Bogerd (Jefa de Asociaciones de Correos), el juez declaró: «No me proporcionó una declaración sincera y trató de ofuscar la información y engañarme».  Criticó además a Correos, afirmando que en ocasiones parecía «comportarse como si solo respondiera ante sí misma». 

Tras dictarse la sentencia, la Oficina de Correos anunció que apelaría . El 23 de mayo, el juez denegó la autorización para apelar y expuso sus motivos el 17 de junio.  La Oficina de Correos solicitó autorización para apelar dicha denegación. El juez Coulson denegó la autorización para apelar y presentó sus motivos por escrito el 22 de noviembre de 2019.

Sentencia N° 4 Solicitud de recusación – abril de 2019

La Oficina de Correos interpuso a Lord Grabiner para solicitar al Juez Fraser su recusación por aparente parcialidad . Al ser preguntado por la demora en la presentación de la solicitud, presentada tras el inicio del juicio de Horizon Issues, Grabiner respondió que la decisión se había tomado a nivel de junta directiva y que había necesitado tiempo para familiarizarse con el caso, añadiendo que la solicitud de recusación había sido examinada por otra persona de alto rango antes de que se tomara la decisión....  Los subdirectores de correos se opusieron a la solicitud de recusación y el juez la desestimó. 

La Oficina de Correos presentó una solicitud para apelar la negativa del juez a recusarse. Esta fue rechazada por el juez Coulson en el Tribunal de Apelación , quien dictaminó que la solicitud de recusación carecía de fundamento y había sido rechazada con razón por el juez Fraser. Simpatizó con la opinión de los subdirectores de correos de que la solicitud de recusación tenía como objetivo provocar el fracaso del juicio de Horizon Issues, aunque no llegó a ninguna conclusión al respecto. Calificó de amenazante el comentario de Grabiner sobre "otra persona de alto rango".  Posteriormente se reveló que la persona de alto rango era Lord Neuberger .

La Oficina de Correos acordó pagar 300.000 libras esterlinas en costas por la solicitud de recusación rechazada . Las costas de la Oficina de Correos en la solicitud de recusación ascendieron a más de 212.000 libras esterlinas, incluyendo 34.165 libras esterlinas para los abogados y 174.815 libras esterlinas para los asesores legales. 

Sentencia n.º 5, Costas en asuntos comunes – junio de 2019

En esta sentencia, se concedieron las costas a los subdirectores de correos en el juicio sobre Asuntos Comunes, con una reducción del 10 % para reflejar su fracaso en siete de los asuntos. La Oficina de Correos solicitó que las costas se reservaran hasta el final del litigio , ya que alegaron que una decisión provisional "demostraría una predeterminación del resultado general". 

El juez consideró esto una "amenaza velada o implícita", similar a la emitida en la solicitud de recusación, y desestimó el argumento de la Oficina de Correos. También expresó su preocupación por los elevados costos en los que ambas partes incurrían en el litigio. 

Sentencia n.º 6, Emisiones Horizon – Diciembre de 2019

Esta sentencia se refiere al funcionamiento y la funcionalidad del propio sistema Horizon. Las audiencias se celebraron durante 21 días en marzo, abril, junio y julio de 2019. La sentencia de 313 páginas se publicó en diciembre de 2019. 

El juez Fraser determinó que los errores y defectos de Horizon lo volvían poco fiable y tenían el potencial de causar discrepancias en las cuentas de los subdirectores de correos. 

 Criticó la evidencia de la Oficina de Correos, describiéndola como "meras afirmaciones y negaciones que ignoran lo que realmente ha ocurrido... [equivalente] al equivalente del siglo XXI a mantener que la tierra es plana". 

 Consideró que la evidencia presentada por el gerente de Fujitsu, Stephen Parker, no era ni remotamente precisa.  También criticó a la Oficina de Correos por adoptar una actitud amenazante hacia los subdirectores de correos e incluso acusarlos de delitos penales en el interrogatorio.

Asentamiento

Un borrador de la sentencia n.º 6 fue enviado a las partes en noviembre de 2019 y los demandantes, que para entonces se habían quedado sin fondos, acordaron un acuerdo de 56,75 millones de libras con la Oficina de Correos en diciembre de 2019. Después de deducir los costos legales de 46 millones de libras, los 555 demandantes se quedaron con menos de 12 millones de libras para dividir entre ellos. 

Cuando se hicieron públicos los detalles en agosto de 2020, se supo que una condición del acuerdo había sido el establecimiento de un plan de compensación para todos aquellos subdirectores de correos (no solo los 555) que habían sufrido pérdidas debido a Horizon. 

 El gobierno anunció más tarde que proporcionaría una compensación adicional a los litigantes a través del plan de compensación GLO, mientras que los demandantes condenados pasaron a ser elegibles para la compensación a medida que sus condenas fueron revocadas.

La complicada relación entre la abogacía inglesa y China.

Josep Gálvez relata en su columna el choque de trenes entre  la abogacía británica y el gobierno comunista chino. Anda el “Bar” de Inglaterra y Gales muy alborotado últimamente con las relaciones que mantiene con el gobierno chino. Una situación en consonancia con el cambio que está experimentando el Reino Unido respecto al país asiático en los últimos años, pasando de ser el mayor defensor de China a ser actualmente uno de sus mayores críticos. Y sorprende especialmente cuando, además, la relación comercial del país con China tiene un valor aproximado de 7.000 millones de libras (un poco más de 8.000 millones de euros), lo que convierte al gigante asiático en el cuarto socio comercial, el sexto mercado de exportación y nada menos que el tercero en la importación. Imaginen lo que supone todo eso en servicios jurídicos. UNA RELACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO INGLÉS CON HONG KONG. Como es sabido, por razones históricas y prácticas que se remontan, al menos, a los tiempos del Imperio Británico, el derecho inglés se sigue utilizando ampliamente en todo tipo de transacciones internacionales tanto en Asia, como en África, Oriente Medio o Europa. En efecto, la combinación de un uso expansivo del idioma inglés, la confianza y prestigio de sus tribunales y la inercia de una gran tradición jurídica que se remonta a la Edad Media, hace que el “common law” siga siendo la ley aplicable preferida en todo tipo de inversiones y proyectos transfronterizos en todo el mundo y también en China. Cualquiera que haya visitado Hong Kong habrá visto que la influencia inglesa sigue aún muy presente, sobre todo al haber sido una colonia británica durante 156 años. Concretamente hasta el día 1 de julio de 1997, cuando la soberanía del territorio fue devuelta a China, en el llamado proceso de “retorno” al continente asiático. No obstante, los grandes despachos de abogados ingleses siguen teniendo grandes intereses en explotar la que, según muchas previsiones, será la mayor economía del mundo antes de que termine esta década. De tal manera, estas firmas cuentan con grandes oficinas en Hong Kong y en China continental ya que el derecho inglés continúa siendo el derecho más utilizado en todo tipo de transacciones internacionales, aunque no tenga nada que ver ya con Inglaterra. Así, por ejemplo, un “solicitor” que asesore en fusiones y adquisiciones transfronterizas o un “barrister” que actúe en procesos de arbitraje internacional puede hacerlo perfectamente en Hong Kong, dado que el extenso ámbito de aplicación del derecho inglés permite muchas oportunidades profesionales tanto en el ámbito internacional como particularmente en Asia. No obstante, más allá de las complejidades geopolíticas, lo cierto es que la relación de China con el mundo jurídico inglés se ha enfriado últimamente a consecuencia de algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, lo que pone en peligro un importantísimo negocio en materia de servicios legales, como veremos. EL CASO DEL “BARRISTER” DAVID PERRY QC, UN AVISO A NAVEGANTES Este asunto tiene que ponerse primero en contexto con la creciente presión policial y judicial que el gobierno chino está ejerciendo en Hong Kong contra los opositores al régimen de Beijing, quienes se están viendo privados de las libertades de las que gozaban -paradojas del destino- bajo el estatus colonial británico. A ello hay que añadir, además, que el Reino Unido se ha erigido en estos últimos tiempos en un “puerto seguro” frente a la imparable apisonadora china, de tal manera que, por ejemplo, solamente durante el pasado mes de septiembre de 2020, se entregaron pasaportes británicos a casi 60.000 hongkoneses. Por si esto no fuera suficiente, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab se reunió con Lord Reed, el presidente del Tribunal Supremo, para discutir la conveniencia de que los jueces británicos sigan siendo nombrados como jueces no permanentes del Tribunal de última instancia de Hong Kong. Pues bien, para caldear aún más el asunto, si cabe, el abogado elegido para llevar a cabo la acusación contra uno de los más importante grupos de estos activistas prodemocracia ha sido, precisamente, inglés. En efecto, el “barrister” contratado por el Departamento de Justicia de Hong Kong -dependiente de Beijing- fue David Perry QC, un conocido penalista londinense, perteneciente al “Lincoln’s Inn”, con gran experiencia al haber participado en varios procesos penales en Hong Kong y, cuya intervención en esa jurisdicción se permite por la “inusual complejidad e interés público del asunto”. Así que, el pasado mes de enero de 2021, Perry fue designado como abogado de la acusación contra nueve de los principales activistas prodemocracia de Hong Kong por unos presuntos delitos de orden público consistentes en organizar y participar en una reunión no autorizada en 2009. La decisión de Perry de aceptar el encargo no gustó un pelo en el Reino Unido, de tal manera que fue muy criticado, llamándolo de “mercenario” para arriba, e incluso llegando el tema al parlamento británico, donde le dieron aún más caña. En el “Bar” se llegó a incluso a plantear por algunos colegas que Perry podría perder su condición de “Queen’s Counsel” (“QC”) al haber entrado «en claro conflicto con uno de sus deberes fundamentales” en relación al derecho inglés y al acuerdo de 1984 respecto a Hong Kong Además de los encendidos discursos a favor o en contra de la decisión de Perry, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su «grave preocupación» por las detenciones de estos opositores. El resultado de todo ello fue, como se imaginarán, la expresa renuncia de David Perry al caso. SANCIONES DE CHINA A “BARRISTERS” Y A UNA “CHAMBERS” En este ambiente algo enrarecido, se ha unido además una reciente polémica con las autoridades chinas a propósito de unas supuestas críticas efectuadas por unos “barristers” a propósito de los derechos humanos nuevamente. Pues sí. El pasado 22 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció la imposición de sanciones, entre otros, a la célebre Essex Court Chambers, junto a otras nueve personas, entre ellas, los “barristers” Baroness Kennedy QC y Sir Geoffrey Nice QC. Las sanciones consisten en la prohibición de entrar en la China continental, en Hong Kong y en Macao. Y además les prohíbe a estas personas y sus miembros a hacer negocios con ciudadanos e instituciones chinas, bloqueándose cualquier activo o propiedad que tengan en China. ¿La razón? Pues haber difundido «mentiras y desinformación» sobre el trato a los musulmanes “uigures” en la provincia china de Xinjiang. Según parece, a principios de este año, algunos “barristers” de la indicada “chambers” elaboraron un dictamen jurídico a instancia de “Global Legal Action Network”, una ONG británica que lleva a cabo acciones contra aquellos países implicados en violaciones de los derechos humanos. De tal manera, en el referido informe se incluían sutiles críticas, tales como que los actos llevados a cabo por China contra la comunidad “Uighur” en la región de Xinjiang “equivalían a crímenes contra la humanidad y de genocidio”. Como se imaginarán, el informe no gustó demasiado en Beijing y de ahí las sanciones a todo lo que se movía, incluyendo a toda una “chambers”. La cuestión es que la decisión del gobierno chino no solamente ha demostrado el evidente desconocimiento sobre el particular funcionamiento y estructura de las “chambers” inglesas, donde cada “barrister” es completamente independiente, sino que, además, ha derivado en el rechazo unánime de todas las instituciones de la abogacía del Reino Unido e incluso de Irlanda. En efecto, los cuatro colegios profesionales, “The Bar Council of England and Wales”, “The Bar Council of Ireland”, “The Bar Council of Northern Ireland” y “The Faculty of Advocates of Scotland”, han salido en tromba para defender a los afectados en un comunicado, calificando las medidas de ser «un ataque indiscriminado» e «incompatible con el respeto al Estado de Derecho». No obstante, a pesar de esta loable postura de “keep on rockin’ in the free world” hay que recordar los importantes intereses de la gran abogacía de los negocios en la zona, donde por el contrario, la máxima parece ser aquello “do nothing to upset China”(«no hacer nada para molestar a China»), no sea que se acabe el negocio. Veremos qué pasara. La semana que viene, más.

Tiempo 

A History of Chancery & Its Equity: From Medieval England to Today

Article by Russel Fowler Featured Author

Posted May 2012

Used with permission from the February 2012 issue of the Tennessee Bar Journal, a publication of the Tennessee Bar Association.

The states of Tennessee, Delaware and Mississippi are the three states maintaining distinctly separate courts of equity: Chancery Court. Yet every jurisdiction, state and federal, maintains equity jurisprudence, even if more commonly administered in the same tribunal. Equity is a product of centuries of historical development, and an appreciation of history is required for its understanding. As Justice Holmes observed, “The life of the law has not been logic: it has been experience.” 1

The story of equity is one of centuries of struggle inherent in the dual nature of equity: the systematic restraint of its theory and the practical resourcefulness of its purpose.

The concept of equity originates in the law of ancient Greece and Rome. Aristotle pondered it much, and his view of equity has been described by the preeminent Aristotelian expert Sir Ernest Barker:

In a sense, equity is a correction of the law, where it fails on account of its generality: in another sense it is fulfilling of the real law. In either sense it gives the law that flexibility in which it has been accused of failing: through equity, law is alive to the play of circumstances; through equity, it can meet new stimulus with an answering reaction.2

Aristotle further observed that equity is bound to follow legislative enactments. He said, “That laws properly enacted, should themselves define the issue of all cases as far as possible, and leave as little as possible to the discretion of the judges.” 3

Rome’s magistrates, the praetors, administered through their precedential edicts the practical equity of the Roman Republic. The praetors’ function was as follows:

They had to work with a primitive system of law based on the Twelve Tables, standard and rigid forms of procedure, and ancient custom. What they did was to build up alongside that primitive system more flexible intuitions, enabling the law of the Republic to keep pace with its economic and social development and its increasing contact with foreign peoples. This was the ius honorarium, the ‘Roman Equity.’ 4

England’s Chancery

However, it is to England that America owes its equity jurisprudence. Our equity’s cradle, the High Court of Chancery, orientated as an offshoot of the King’s Council or Curia Regis in medieval England. When the law courts failed to provide “an adequate remedy at law,” often due to unfair or moribund legal technicalities or corruption, subjects sought the help of the king, “the fountain of justice.” 5 The king first referred these petitions to his council, and later his chief minister, the powerful Lord Chancellor, handled them.6 The chancellor was England’s top bureaucrat, secretary of state,7 and Keeper of the Seal.8 All legal actions in the law courts began with the issuance of writs from his office, the Chancery.9 In the early Middle Ages, Chancery, as the great secretariat and writ shop of government, operated in a corner of the hall where the king presided separated by a screen called a cancella. It is from this source that the chancellor received his name.10 Until 2005, the Lord Chancellor presided over the House of Lords, by tradition sitting on a red sack of English wool before the throne. The Lord Chancellor still carries and presents the monarch with the official speech prepared by the government at the opening of each British Parliament.

By the year 1280, in the reign of Edward I, the Lord Chancellor clearly had his own court and established jurisdiction. Petitions, or “bills,” were now addressed directly to the chancellor instead of the king.11 In resolving cases, the chancellor, who acted as judge and jury, would look to the right and justice of matters and was neither bound by the oppress-ive formalities of the law courts nor intimidated by the powerful who could sometimes circumvent, corrupt, or bully the normal legal processes. Furthermore, unlike the law courts that only acted upon a defendant’s property (in rem), he acted against the person of the respondent (in personam).12 Thus, the chan-cellor’s court was efficient and probing.

The chancellor could also construct new remedies or “extraordinary” solutions not offered by inflexible law court procedures and writs. His most powerful tools were the decree of injunction (a court order to do or not to do something) and the subpoena (a writ requiring personal appearance before him to answer questions). These were enforced by the irresistible contempt power. As said, the chancellor “carried the Bible in a mailed fist.” 13 He could even enjoin the execution of judgments won in the law courts.14 Chancery became particularly adept in rooting out fraud and was known for protecting “widows and orphans,” even against rich and powerful barons. Court sessions were held in Westminster Hall in London where the Lord Chancellor presided from his marble chair.

The High Court of Chancery became so popular that the chancellor had to rely greatly on the assistance of his skilled clerks, particularly his chief clerk, who originally just managed Chancery records or “rolls.” The rolls were Chancery Court decrees written on sheepskin. The bottom of the last order was sewn to the top of the next and rolled.15 These grew to an enormous size and number. The head clerk in charge of these cumbersome records was called the “Master of the Rolls.” In an illiterate medieval world, Chancery, with its mysterious writings, writs, rolls, ribbons and wax, seemed almost magical to many, especially to the poor and powerless peasants it often helped because conscience and equity demanded it.16

Lord Chancellor Ellesmere wrote of Chancery Court’s benevolence: “It is the refuge of the poor and afflicted, it is the alter and sanctuary for such as against the might of rich men and the countenance of great men … ” 17 Thus through countless decisions arose the maxim of equity: “Equity Delights in Equality” 18 or “Equality Is Equity,” 19 which forbid Chancery from awarding preferences among creditors and, more importantly, making prejudicial “distinctions in personal rank, in social positions, in forms of procedure” 20 or between rich and poor.

The early chancellors were preeminent churchmen, the most literate of medieval society.21 These clerics applied moral precepts of fairness to the deciding of cases (or “equity”). The chancellor became known as the “Keeper of the King’s Conscience.” Most notable of the churchmen chancellors was Cardinal Wolsey, who, although untrained in the law, had an abundance of confidence (and arrogance) and street smarts.22 In order to combat deficiencies and technicalities in the law and frauds, chancellors created its law of trusts and the concept of equitable ownership of property. And while the common law had evolved in response to land disputes, Chancery’s creative equity responded to the disputes occasioned by the growth of trade, urbanization, and new forms of wealth. Hence, chancellors would refine the law of corporations, partnerships, and contracts in recognition of these emerging concepts of property and duties, thereby facilitating commercialism. In this manner, equity once again facilitated economic development as it had in ancient Rome.

Recognizing the value of the distinction between law and equity, the adroit Henry V (1387-1422), of Agincourt and later Shakespeare fame, commanded that the clerks and apprentices in Chancery (known as the Office of the Six Clerks) should not socialize with the law court clerks and attorneys at law.23 Lawyers devoted to Chancery practice appeared and were called “solicitors in equity” and were trained and housed at the Inns of Chancery on Chancery Lane in London. The Chancery clerks also worked at the Inns of Chancery. These clerks developed their own distinctive form of writing known as “Chancery hand.” Chancery judicial business continued to grow and the Master of the Rolls would be assigned or referred accountings and other judicial tasks by the chancellor. Eventually the post would evolve into an appellate judgeship.

From 1529 to 1532, Sir Thomas More served as Lord Chancellor, the first non-cleric in the position. He would become the second English chancellor declared a saint. The first was Thomas Becket, who was also the first commoner to rise to importance in English history. Both Becket and More died martyrs for resisting the secular power of state-building kings named Henry. For our purposes, however, More is more important for successfully healing the rift between the law courts and Chancery.

A masterful lawyer, Chancellor More established binding Chancery procedural rules and brought the order of precedent to equity, especially concerning injunctions against common law proceedings and judgments.24 Owing much to More, equity became a highly organized and predictable system of law. Most significant were its “maxims of equity,” such as “Equity will not suffer a wrong without a remedy,” “Equity will undo what fraud hath done,” and “Equity follows the law.” The maxims serve as the foundation of all equity jurisprudence,25 which became a fully and carefully developed body of law grounded upon precedent. Sir William Blackstone lauded this fact:

[I]f a court of equity were still at sea, and floated upon the occasional opinion which the judge who happened to reside might entertain of conscience in every particular case, the inconvenience that would arise from this uncertainty, would be a worse evil than any hardship that could follow from rules too strict and inflexible.26

By the reign of James I, tension between the law courts and Chancery grew to a crisis when Sir Edward Coke, judge in the Court of King’s Bench (the principal law court), overruled a Chancery Court decision of Lord Chancellor Ellesmere that had overridden a common law court judgment. Ellesmere appealed to King James. The king, guided by his attorney general, Francis Bacon, who later became Lord Chancellor, ruled that when decisions of the law courts and Chancery conflict, Chancery’s decisions prevail. It was reasoned that Chancery, within the confines of equity jurisprudence, was created to achieve the king’s justice, even if circumventing normal legal processes. Therefore, when in conflict, applicable equitable principles trump those of law.27

Following the English Civil War and the execution of Charles I, Chancery was almost abolished by Parliament because it was so associated with royal prerogative.28 However, the Lord Protector, Oliver Cromwell, wanted to keep Chancery.29 It was too ingrained in the English judicial system to be permanently dissolved,30 but it was suspended for four years.31 Following reforms by a three-lawyer commission,32 a more procedurally controlled Chancery was introduced by Parliament.33

Another royal court that had grown out of the council like Chancery was the infamous Court of Star Chamber. It was a “court of criminal equity” 34 and handled important criminal cases such as treason and political corruption. The inquisitorial Star Chamber, which sometimes resorted to torture, got its name from the azure blue ceiling decorated with gilded stars where it met.35 It did not survive the Civil War.36 Yet while Star Chamber, like Charles I, was put to death for its abuses, Chancery, its sister concillar court, thrived as it experienced further “doctrinalization” under the great chancellorships of Nottingham, Hardwicke and Eldon. This was aided by published reports of decisions and the institution of appellate review by the House of Lords.37 Star Chamber did not survive for the very reasons Chancery did. While Star Chamber was unbridled by rules and precedent, Chancery jurisprudence had shaken off arbitrary whim and rested upon fixed principles and internal constraints.

Although never as unpopular as Star Chamber, by the early nineteenth century, Chancery Court did become subject to criticism because of outrageous delays, moribund and inflexible rules, corruption and excessive fees.38 Hence, ironically, Chancery had become the perpetrator of the judicial abuses it had been established to remedy.39

In other words, equity had become inadequate. Reflecting the frustration, the ultraconservative Duke of Wellington, certainly no friend of reform in general, called Chancery “that damned court.” 40 Various piecemeal reforms were enacted beginning in 1833 but proved insufficient.41 One of the harshest critics was Charles Dickens. His novel Bleak House centers on the terrible cost and delays of Chancery in the Victorian era. As suits dragged on for generations, litigants turned into paupers. Dickens wrote of Chancery at the time: “Suffer any wrong that can be done you, rather than come here!” 42

Equity Comes to America with the Settlers.

A simplified Equity jurisprudence was brought to America with the English settlers, although in the early colonial period equity cases were often heard by the governors and their council. Later Chancery Courts were established, which was seen as an enlightened reform by lawyers and symbolized maturing American law. Robert Livingston, the Chancellor of New York, administered the first presidential oath of office to George Washington. One of the greatest Chancery lawyers of the period was Alexander Hamilton. In defending the proposed equitable jurisdiction of federal courts, Hamilton wrote in The Federalist Papers: “There is hardly a subject of litigation between individuals which may not involve those ingredients of fraud, accident, trust, or hardship, which would render the matter an object of equitable rather than legal jurisdiction, as the distinction is known and established in several of the States.” 43

Like during the English Civil War, Chancery and equity had become unpopular with many during the revolutionary era, this time being seen as too aristocratic, arbitrary, and British, but this began to change upon James Kent’s assuming the chancellorship of New York. Kent (1763-1847) was a graceful legal writer, teacher, and Chancellor of New York from 1814 to 1823,44 and “he became the most famous chancellor in American history.” 45 According to Joseph Story, “Mr. Chancellor Kent brought to it the fullness of his own extraordinary learning, unconquerable diligence, and brilliant talents.” 46 Kent frankly wrote:

I took the court as if it had been a new institution, and never before known to the United States. I had nothing to guide me, and was left at liberty to assume all such English Chancery powers and jurisdiction as I thought applicable … . This gave me grand scope. … I might once and a while be embarrassed by a technical rule, but I most always found principle suited to my views of the case.47

Chancellor Kent rendered such well-reasoned opinions that they served to make equity relevant to a rapidly developing United States and restored trust in Chancery. Therefore, once again, as in Rome and medieval England, equity helped to make law responsive to new societal needs. Chancellor Kent’s most famous work was his 1827 four-volume Commentaries on American Law, which became a primary legal authority and textbook for law students for generations.48 Oliver Wendell Holmes Jr. edited the 12th edition in 1873.

Of monumental influence on American lawyers, judges and legislators were the legal treatises of Harvard law professor and United States Supreme Court Justice Joseph Story (1775-1845) of Marblehead, Mass. The gregarious Story, appointed by James Madison to the high court at the age of 32 after a stint in Congress, was John Marshall’s right hand, a legal anglophile, and prolific writer and erstwhile poet. The subjects of his legal volumes included equity jurisprudence and procedure, bailments, conflict of laws, agency, partnership, pleadings, bills of exchange, promissory notes, and constitutional law.

In opposition to the codification movement seeking to replace the common law with a uniform code, Story’s books Americanized49 and modernized50 the common law, including equity, and transmitted legal principles to an isolated frontier far from law libraries containing the precedents that are the fuel of a common law system. As the penultimate authority of equity, his volumes on the subject are so influential that they are cited by British courts to this day. Many basic rules of state law are traceable back through the case law to an original citation to a work of Story.

Through his writings alone, “no man has done more to create American law.” 51 His influence on early constitutional law was also tremendous, and the images of Marshall and Story appropriately adorn the bronze doors of the Supreme Court building.

Defending equity in America, Justice Story painstakingly demonstrated that equity is neither the ever-changing will of a favorably situated chancellor-politician presiding at the moment, nor is it amorphous ideals of “natural justice,” 52 but is predictable in substance and procedure because it is completely infused and bound by precedent like the rest of the common law. Moreover, he instructed that equity is more than a set of unique and useful remedies; it is a system or “science” of law that includes types of suits, defenses, estoppels, rules of adjudication, and carefully designed processes. Story further argued that the common law cannot function without equity, and equity cannot exist without the common law. They are mutually dependent.53 In addition to being controlled by procedure and precedent, Story stressed that equity is always grounded by the fundamental rule:

“Whenever a complete, certain, and adequate remedy exists at law, courts of equity have generally no jurisdiction.” 54 Overall, Story exerted much of his great legal talent in proving a lie the famous words of the English Commonwealth era lawyer and parliamentarian John Selden:

Equity is a roguish thing: for law we have measure, know what to trust too. Equity is according to ye conscience of him that is Chancellor, and as it is larger or narrower so is equity. ‘Tis all one as if they should make the standard for the measure we call a foot, a Chancellor’s foot; what an uncertain measure would be this. One Chancellor has a long foot another a short foot, a third an indifferent foot; ’tis the same thing in the Chancellor’s Conscience.55

Justice Story abhorred Selden’s vision of equity, not simply for the arbitrariness inflicted upon individual litigants, but also for the danger presented to society:

If…a Court of Equity…did possess the unbounded jurisdiction, which has been thus generally ascertained to it, or correcting, controlling, moderating, and even superseding the law, and enforcing all the rights, as well as the charities, arising from natural law and justice, and of freeing itself from all regard to former rules and precedents, it would be the most gigantic in its sway, and the most formidable instrument of arbitrary power, that could well be devised. It would literally place the whole rights and property of the community under the arbitrary will of the judge, acting, if you please, arbitrio et bono, according to his own notions and conscience, but still acting with a despotic and sovereign authority.56

Like his heroes in equity, Francis Bacon 57 and Alexander Hamilton,58 Joseph Story would vigorously defend separate state courts of law and equity. He did so not simply upon the judicial expertise separation promoted. He asserted that merger of law and equity would endanger the extraordinary nature of equitable remedies. Law court judges would be tempted to resort to the more coercive equitable remedies when legal remedies are adequate, thereby undermining the predictability and valuable constraints of the common law. Likewise, common law rules and procedure would undermine the flexibility of equity and perhaps defeat the purpose it was intended to serve.59 This value applies to the administration of law and equity within the same tribunal.

Finally, Justice Story saw “rival coord-inate courts” 60 of law and equity as internal “checks and balances to each other,” 61 within the judicial branch of government. Hence, Story explained equity, a legal institution once suffering from an image of being too undem-ocratic, as having values commensurate with American ideals of constitutionalism. Other important American scholars of equity jurisprudence from then to now include John Norton Pomeroy, Henry L. McClintock, Edward D. Re, Dan B. Dobbs and Doug Rendleman.

In Great Britain, Parliament enacted the Supreme Court of the Judicature Act of 1875.62 This measure corrected the problems in British Chancery bemoaned by Jeremy Bentham, Charles Dickens, and other judicial reformers. The enactments and strong chancellors caused Chancery to retrieve its zeal for creative and inquisitive justice. As stated in a 1921 British law court decision: “If in 1815 the common law halted outside the bankers’ door, by 1879 equity had had the courage to lift the latch, walk in and examine the books.” 63 The common law courts and Chancery were merged into one court: The High Court of Justice.

However, jurisdiction of the Chancery Court was placed in the Chancery Division of the High Court and thereby the distinction between law and equity survived.64 This would have pleased Joseph Story.

U.S. Equity Reform

The United States also experienced reform of equity. Under the able leadership of Supreme Court Justice Horace H. Lurton, who had served as chancellor in Tennessee and traveled to England to study equity practice in 1911, the federal “Equity Rules” achieved much needed revision and precision.65 Because of perceived anti-labor abuse, legislation limited injunctions against labor strikes such as the 1932 federal Norris-La Guardia Act.66

Moreover, amid controversy, by mid-century, instead of only providing relief to individuals in private disputes, injunctions were accessed to implement public policy. This involved judges in issues never envisioned by Story and the chancellors of old, such as the protection of constitutional and civil rights through decrees, assuming control of prisons and requiring and managing desegregation of public schools.

Some legal scholars would rebuke this public use of injunctive relief, as best represented by Professor Gary L. McDowell of Dickenson College in his 1982 book, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief, and Public Policy.67 Contrarily, governmental equity was enthusiastically encouraged by Professor Peter Charles Hoffer of the University of Georgia in his 1990 book, The Law’s Conscience: Equitable Constitutionalism in America.68 Both professors argued that equity’s history, purpose and philosophy supported their position. While McDowell saw equity’s new public or “sociological” uses as violating its basic constraining concepts established by its history and its procedure, Hoffer believed that by freeing equity from the imposition of its procedural compressions, it could bring needed equitable ideals of fairness, innovation, trusteeship, equality and reality to constitutional interpretation.

McDowell dissented from these non-traditional injunctions as disregarding the “no adequate remedy at law” requirement, believing their admirable aims achievable through money judgments and processes that are more democratic. Hoffer countered that these new injunctions were an effective and democratic means of fulfilling the Constitution’s equitable goals due to the inadequacy of other avenues. Both professors pointed to Brown v. Board of Education69 (Brown II) as the exemplar of their thesis. Thus, McDowell faulted and Hoffer praised Brown’s use of public injunctive relief, a difference rooted in their differing views of the meaning of equity itself: McDowell seeing equity as a limited system of private law and Hoffer as the animating and broader spirit of all law, including the highest law of the Constitution.

In addition to the substantive changes in equity, profound structural changes took place as most states merged their law and equity courts, usually renamed “Superior Court.” Despite the almost universal success of merger efforts, there were notable defeats, such as the ill-fated merger campaign led by Gov. Andrew Johnson in Tennessee in the 1850s, with its chief argument being procedural efficiency and economy.70

Chancery Today.

Today only three states maintain distinctly separate Chancery Courts: Tennessee, Mississippi and Delaware, the last of which is known for its expertise in corporate law. Other states, such as New Jersey, have separate equity divisions within trial courts of general jurisdiction. Despite widespread merger, most recently in Arkansas in 2001,71 the United States has produced a number of influential chancellors over two centuries. They include Robert Livingston, James Kent and Rueben Walworth of New York; Kensey Johns Jr. and Collins Seitz of Delaware; and Horace Lurton and Henry Gibson of Tennessee.

The current High Lord Chancellor of England is the lawyer and politician Kenneth Clarke, and the office of Lord Chancellor remains a vital post in Britain. His office is the second highest ranking of the great officers of state. The chancellor oversees the operation of the courts but, as mentioned, since 2005, he is no longer Speaker of the House of Lords. The chancellor is now, ironically, a member of the House of Commons and in the Cabinet as the powerful Secretary of State for Justice; therefore he continues as head of the English judiciary, but his adjudicatory duties have ceased. Today the holder of the new judgeship of “Chancellor of the High Court” presides over the Chancery Division of the High Court, currently located in the Royal Courts of Justice building with the other civil courts on the Strand near St. Paul’s Cathedral. However, it will soon be moving to new quarters on Chancery Lane in London, near the site of the medieval Inns of Chancery. Accordingly, law and equity remain substantively, procedurally, and structurally separate in England. Most of English Chancery’s litigation docket is crowded with contract and partnership disputes, and the injunction is a frequent remedy.72

Repeatedly proving true the words of Britain’s greatest twentieth-century jurist,73 Alfred Lord Denning, that “equity is not past the age of child-bearing,” 74 new equitable answers appear for novel problems of evolving complex economies, just as equity’s imaginative responses to the needs of emerging commercialism of the Tudor age. Originating in Britain and now regularly sought in international business disputes, the Mareva injunction, which freezes assets in aid of a potential money judgment, is a good example of equity’s continued inventiveness. It is similar to an attachment and entails adequacy of remedies at law and trans-jurisdictional perplexities. Of greater liking to traditionalists, in 1999 the United States Supreme Court rejected the asset-freezing injunction in federal courts in Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund Inc.75

RUSSELL FOWLER is associate director of Legal Aid of East Tennessee (LAET) and since 1999 has been adjunct professor of political science at the University of Tennessee at Chattanooga. He served as the law clerk to Chancellor Neal Small in Memphis and earned his law degree at the University of Memphis in 1987. Fowler has more than 40 publications on law and legal history, including works for the American Bar Association, the Smithsonian Institution, the New England Law Review, and the Tennessee Encyclopedia of History and Culture.

1. Oliver Wendell Holmes Jr., The Common Law 1 (1881).
2. Ernest Baker, The Political Thought of Plato and Aristotle 333 (1959).
3. Aristotle, Rhetoric 1353a-b (J. H. Freese trans., Harvard 1926).
4. J. A. Crook, Law and Life of Rome 24 (1967).
5. L. B. Curzon, English Legal History 102 (2d ed. 1979).
6. See, e.g., Theodore F. T. Plucknett, A Concise History of the Common Law (1956).
7. See, e.g., L. B. Curzon, English Legal History 104 (2d ed. 1979).
8. See Charles Rembar, The Law of the Land: The Evolution of Our Legal System 282 (1980).
9. See, e.g., J. H. Baker, An Introduction to English Legal History 112-21 (1990).
10. W. L. Warren, King John 129 (1978).
11. See Bryce Lyon, A Constitutional and Legal History of Medieval England 616 (1980).
12. See, e.g., L. B. Curzon, English Legal History 106 (2d ed. 1979).
13. Dan B. Dobbs, Handbook on the Law of Remedies 31 (1973).
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18. Henry R. Gibson, Gibson’s Suits in Chancery § 2.14 (8th ed. 2004).
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20. Id.
21. See Dan B. Dobbs, Handbook on the Law of Remedies 29 (1973).
22. See J. H. Baker, An Introduction to English Legal History 123 (1990).
23. See G. L. Harris, Henry V: The Practice of Kingship 78 (1985).
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25. See Henry R. Gibson, Gibson’s Suits in Chancery § 2.01 (8th ed. 2008).
26. William Blackstone, Commentaries on the Laws of England 440 (15th ed., A. Strahan 1809).
27. See, e g., Charles Rembar, The Law of The Land: The Evolution of Our Legal System 283-86 (1980).
28. See Christopher Hill, God’s Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution 140 (1970).
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30. John H. Langbein, et al., History of the Common Law: Development of Anglo-American Legal Institutions 350 (2009).
31. Norman F. Cantor, Imagining the Law 287 (1997).
32. Christopher Hill, God’s Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution 144-45 (1979).
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39. See L. B. Curzon, English Legal History 128 (2d ed. 1979).
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52. See Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law 265 (1977).
53. See generally Joseph Story, The Miscellaneous Writings of Joseph Story “Chancery Jurisdiction” 148-79 (William W. Story, ed., Lawbook Exchange 2000) (1852) (a discussion by Story in defense of equity).
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59. See generally Joseph Story, The Miscellaneous Writings of Joseph Story “Chancery Jurisdiction” 168-70 (William W. Story, ed., Lawbook Exchange 2000) (1852).
60. See Joseph Story, The Miscellaneous Writings of Joseph Story “Chancery Jurisdiction” 172 (William W. Story, ed., Lawbook Exchange 2000) (1852).
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62. L. B. Curzon, English Legal History 139 (2d ed. 1979).
63. Banque Belge pour L’Etranger v. Hambrouck, 1 K.B. 321, 335 (1921).
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65. See The Supreme Court Justices 305 (Clare Cushman, ed. 1993).
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68. Peter Charles Hoffer, The Law’s Conscience: Equitable Constitutionalism in America (Univ. of North Carolina Press 1990).
69. 349 U.S. 294 (1955).
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71. Ark. Const. amend. 80 6(A) (2001).
72. See Leonard Freedman, Politics and Policy in Britain 189 (1996).
73. Darien A. McWhirter, The Legal 100: A Ranking of the Individuals Who Have Most Influenced the Law 346 (1998).
74. Eves v. Eves, 3 All E.R. 768, 771 (1975).
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