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 Los procesos civiles y mercantiles en Inglaterra y Gales.

No existe un código de procedimiento civil. Algunas cuestiones básicas del sistema procesal inglés en materia civil y mercantil que, ya advierto, no es nada fácil. Pues sí. A diferencia del sistema continental o Familia Jurídica Romano Germanico y Canónico, el proceso civil inglés no cuenta con un código procesal civil donde encontrarlo todo, sino que puede llegar a marear por su gran número de leyes aprobadas por el Parlamento (‘statues’), un montón de reglas recogidas en libros (‘rule books’), directrices de práctica (‘practice directions’) y además las guías oficiales (‘official court guides’) que establecen la práctica a seguir en tribunales específicos como en el caso del ‘Queen’s Bench Division’ y la ‘Chancery Division’ de la ‘High Court’ en Londres. A todo ello se añade -cómo no- un ingente cuerpo de casos resueltos por los tribunales (‘case-law’) y que contemplan excepciones a las normas generales, situaciones procesales inusuales, problemáticas y complejas, que también deben conocerse al dedillo si se pretende salir airoso de cualquier traba en el litigio civil o mercantil que tengamos. En cualquier caso, empecemos con algunos números que nos pueden dar una idea del escenario en el que nos movemos. Según las cifras que maneja el ‘Ministry of Justice’, en Inglaterra y Gales se presentan cada año ante los ‘County Courts’, alrededor de un millón y medio de demandas, siendo su gran mayoría reclamaciones de cantidad. De este millón y medio, se contestan en oposición únicamente el 13% de las demandas y sólo acaban enjuiciadas el 3,5%, aproximadamente. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Y es que, como vimos, a diferencia de otras jurisdicciones, donde pleitear es bueno, bonito y barato, aquí esto simplemente no funciona así, debiendo gran parte del éxito del derecho inglés y su reconocido prestigio internacional al particular funcionamiento de su sistema judicial.

Tribunales de justicia. En términos generales, en la jurisdicción de Inglaterra y Gales, los procedimientos civiles se dirimen ante los ‘Magistrates’Courts’ (Tribunales de ‘Magistrados’), el ‘County Court’ (el Tribunal del Condado) o ante la ‘High Court’, el Tribunal Superior. De forma semejante y, como veremos, las apelaciones se resuelven por los jueces o tribunales más ‘senior’, frente a las resoluciones de otros órganos judiciales más básicos. Así, por ejemplo, una apelación contra una decisión de un ‘District Judge’ se resolverá por un ‘Circuit Judge’, o en su caso, ante la ‘Court of Appeal’ o incluso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. “MAGISTRATES’ COURTS” De esta manera, el primer escalón de la estructura judicial del país se compone de los denominados “Magistrates’ Courts” que son los órganos jurisdiccionales básicos en materia civil. Como curiosidad, hay que tener en cuenta que los ‘Magistrates’ en Inglaterra y Gales no equivalen a los “Magistrados” españoles, entendidos como rango superior dentro de la jerarquía judicial. Bien al contrario, los “Magistrates” son personas voluntarias y sin formación jurídica, quienes conocen de algunos asuntos de carácter penal o de familia, siempre con la ayuda de un asesor jurídico que aconseja en todo momento a los miembros del tribunal y se asegura de que sigan los procedimientos legales. Para entendernos, serían algo así como unos tribunales de jueces de paz. Según las estadísticas hay casi 30.000 “Magistrates” en todo el país ejerciendo funciones jurisdiccionales, tal como se muestra en este vídeo de la Universidad de Derby. Tribunal o “bench” de “Magistrates”,  el primer escalafón de la justicia inglesa. Pero a lo que nosotros nos concierne es que en los “Magistrates’ courts” también hay otros jueces, concretamente los “District Judges”. Los ‘District Judges’, son personas formadas en derecho (“solicitors” o “barristers”) con experiencia profesional de, al menos, cinco años y quienes, tras su nombramiento, ejercen como jueces a tiempo completo. Principalmente se encargan en el ámbito civil de las medidas cautelares “interim proceedings” o de resolver asuntos cuya cuantía no supere las 25.000 libras esterlinas (casi 30.000 euros). A diferencia de los “Magistrates”, los ‘District Judges’ son fácilmente reconocibles por su uniforme con “blue tabs”, unas tiras azules que adornan el cuello. Su tratamiento formal será siempre como ‘Sir’ o ‘Madam’, es decir, “señor” o “señora”. El ‘District Judge’ Stephen Nichols en 2014, mostrando  claramente las dos tiras azules o ‘blue tabs’. «COUNTY COURT” No obstante, la gran mayoría de las reclamaciones de poca cuantía y sin gran complejidad serán resueltas por un ‘Circuit Judge’ o por un ‘Recorder’ ante el ‘County Court’. Ambas figuras son fáciles de reconocer por el color púrpura de sus togas, motivo por el que son denominados popularmente como los “jueces púrpura»(‘purple judges’), teniendo además el mismo tratamiento de ‘Your Honor’, algo parecido a ‘su Señoría’. Un ‘Circuit Judge’ es también un antiguo ‘solicitor’ o un ‘barrister‘ nombrado para ese puesto concreto, ejerciéndolo a tiempo completo. Por su parte, un ‘Recorder’ es exactamente igual, simplemente se diferencian porque ejercen funciones jurisdiccionales a tiempo parcial durante unas semanas cada año, mientras siguen con su práctica profesional privada. Tina Jeanette Landale, ‘barrister’ desde  1988 y nombrada ‘Circuit Judge’ en 2015. Recordemos que, en Inglaterra y Gales, no existe una carrera judicial en el sentido francés de L’École Nationale de la Magistrature, sino nombramientos puntuales para cargos y puestos judiciales específicos mediante procesos abiertos habitualmente a ‘barristers  y ‘solicitors’  con experiencia contrastada ante los tribunales de Su Graciosa Majestad y en un área determinada. Como curiosidad, formalmente existe un único “County Court’ con jurisdicción en toda Inglaterra y Gales, pero existen un gran número de centros de audiencia en todo el país (“County Court hearing centres”), donde se llevan a cabo la mayor parte de las tareas administrativas de forma descentralizada. Por su parte, aquellas reclamaciones que solamente sean dinerarias es obligatorio que se efectúen mediante un escrito dirigido al “County Court Money Claims Centre”, en la localidad de Salford.  Edificio judicial en Salford utilizado por el “County Court Money  Claims Centre” para centralizar las reclamaciones de cantidad. En cualquier caso, el personal de los “County Courts”, que sí son funcionarios empleados por el Ministerio de Justicia, está encabezado por un ‘court manager’ y se encarga de la gestión de los procedimientos ante el tribunal y de la documentación para la ejecución de la sentencia, que físicamente se lleva a cabo por los ‘enforcement agents’, conocidos antiguamente como ‘bailiffs’. LA “HIGH COURT” Y SUS MUY ESPECIALIZADAS “DIVISIONS” Y “COURTS” Por último, la “High Court”, que forma parte de los tribunales superiores (“Senior Courts”) de Inglaterra y Gales, también conoce de asuntos civiles y mercantiles, estando dividida a su vez en tres secciones: la “Queen’s Bench Division” (QBD), la “Chancery Division” (ChD) y la “Family Division” (FamD), cada una con sus propias sedes, jueces y su personal administrativo, donde se tramitan los procedimientos, se llevan a cabo la vistas orales, etc. Pero cuidadín porque, a su vez, existen tribunales muy especializados en el ámbito de la “High Court”. Así, la “Chancery Division”, la Commercial Court, (asuntos mercantiles) la Admiralty Court (asuntos marítimos), The Technology and Construction Court (asuntos de ingeniería, arquitectura y construcción) y la “Insolvency and Companies List (asuntos societarios y de insolvencia) son tribunales organizados como “Business and Property Courts of England and Wales”, de tal manera que se proveen de jueces especialistas para que quien mejor conozca el ámbito del asunto por su trayectoria profesional -habitualmente como “barrister”– sea quien vaya a resolver el asunto enjuiciado. La sede de la gran mayoría de estos tribunales y de la ChD está ubicada en el conocido “Edificio Rolls” de Londres en “Fetter Lane”. Si nunca han tenido la oportunidad de visitarlo, aquí tienen un tour virtual del Ministerio de Justicia para que puedan disfrutarlo. El edificio “Rolls”, sede de los tribunales  en materia de negocios y propiedad. Curiosamente y, por su parte, la “QBD” no se encuentra en el edificio “Rolls” sino que comparte su sede con la “Court of Appeal” de Londres, concretamente en la céntrica calle Strand, encima de la zona de “Temple”, justo delante de Del Canto Chambers. La sede de los “Royal Courts of Justice” en Strand   vista desde Del Canto Chambers en Londres. No obstante, lo anterior, es importante tener en cuenta que, por un lado, las medidas cautelares (“interim measures”) ante la “High Court” se resuelven, o bien por los “District Judges” o por los denominados “Masters” en Londres. Y esto es importante, porque un “Master” es un juez que, en primera instancia de la “High Court” se ocupa de todos los aspectos de una demanda y las medidas cautelares, desde su admisión hasta el juicio, cuando será resuelto por jueces de la “High Court” (“High Court Justices”), conocidos por este motivo como “puisne judges” (“los que juzgan después”). La Juez de la “High Court”, Judit Parker en 2008. Pero sobre todo no se equivoquen en el tratamiento a los jueces: A un “Master” deberá dirigirse siempre como “Master”, a secas, mientras que a los jueces de la “High Court” serán tratados como “My Lord” y “My lady”, o “Your Lordship” y “Your Ladyship”, según proceda. Es más, aunque los jueces de la “High Court” son conocidos como los “jueces rojos” por sus coloridas indumentarias, sus códigos de vestimenta son en realidad más complejos. La toga roja la suelen llevar sólo los jueces que se ocupan de casos penales y llevan siempre peluca. Por contra, los jueces que presiden casos civiles llevan la toga con lengüetas rojas en el cuello de la toga y no llevan peluca. Por su parte, los jueces que conocen de los asuntos de familia directamente no llevan toga ni peluca. No obstante, tengan en cuenta que, en los llamados “Red Letters Days”, que incluyen el cumpleaños de la Reina Isabel II y festividades de  Santos patronos de Inglaterra y Gales, todos los jueces de la “High Court” llevan la vestimenta de color escarlata.

Los protocolos de acción previa. Los protocolos de acción previa es como se define en Inglaterra y Gales a los métodos alternativos de solución de conflictos o MASC, en España. Su incumplimiento tiene su reflejo inmediato en los criterios de imposición de costas. Una vez hemos visto el colorido elenco judicial de la primera instancia que nos permite distinguir si nos encontramos ante un determinado juez u otro, nos adentraremos en el proceso civil inglés. No sin antes advertir que, obviamente, no veremos en detalle los innumerables recovecos que ofrece el derecho de Inglaterra y Gales, sino una visión general para no perdernos, como migas de pan, en el camino procesal. Una cuestión importante a tener en cuenta es que las Reglas de Procedimiento Civil (‘Civil Procedure Rules’ o ‘CPR’) tienen el objetivo principal de permitir al juzgador tratar los asuntos de forma ajustada al caso y con un coste proporcionado. volúmenes Esto supone que los juzgados tramitan los asuntos de forma proporcionada a la cantidad que hay en juego y la importancia del caso, además de la complejidad y la situación financiera de cada parte que, como veremos, tiene un papel importante. De forma parecida al sistema continental, existen diferentes normas y procedimientos para casos de distinto valor o complejidad. Hay procedimientos más rápidos para los casos de menor cuantía o embrollo. Pero lo importante es que, a cada caso se le asigna una parte adecuada de los recursos del Juzgado, teniendo en cuenta la necesidad de otros asuntos que requieran más atención, estando todo ello previsto en las normas. Y es que, como gran parte del prestigio internacional de los tribunales ingleses reside en la rápida tutela del crédito, la gestión procesal es particularmente eficaz y dinámica, evitando así el bloqueo de miles de millones de euros a la espera de resolución. Aquel que desee iniciar un procedimiento judicial en Inglaterra y Gales, debe ser consciente de que puede tardar varias semanas o meses en completar una serie de pasos previos a la interposición de una demanda, los llamados ‘Pre-Action Protocols’. Una suerte de ‘código de buenas prácticas’ que entraron por primera vez en vigor en el año 2000. BIENVENIDOS A LOS ‘PRE-ACTION PROTOCOLS’ Es importante tener en cuenta que las normas que rigen el sistema procesal civil han sido diseñadas para incentivar a las partes a tener que recurrir a los tribunales solo si se han agotado previamente otros medios para resolver su disputa. Por este motivo, antes de lanzarse a los tribunales a demandar, el derecho procesal inglés exige a las partes implicadas una serie de actos que, en general, son lo que llamamos ‘Pre-Action Protocols’. Unas medidas que, por cierto, parece que quieren implantarse ahora en España mediante los denominados ‘MASC’, pero por razones muy diferentes. Mientras que en España la intención de los ‘MASC’ viene a ser claramente dilatoria -para alivio de los muy olvidados y atareados juzgados de la primera trinchera-, en Inglaterra y Gales los ‘Pre-Action Protocols’ vienen sobre todo a evitar los importantes costes y gastos de un procedimiento judicial. Además, los ‘Pre-Action Protocols’ favorecen al juzgador que vaya a conocer del asunto, ya que establecen con especial detalle los pasos que el tribunal espera de las partes antes de iniciar un procedimiento, aclarando además y, desde un primer momento, las respectivas posiciones y sus motivos. Para ello, existen actualmente más de media docena de ‘Pre-Action Protocols’, según el tipo de pleito que se trate y, como verán, aunque son de fácil comprensión, no son precisamente fáciles para el lego en materias procesales. Por este motivo, es recomendable estar debidamente asesorado antes de enfrascarse en semejante pifostio, donde deslizarse en una pendiente hacia el más absoluto desastre es extremadamente sencillo. Así por ejemplo, hay ‘Pre-Action Protocols’ específicos en materia de reclamaciones contra aerolíneas, de construcción e ingeniería, reclamaciones por daños personales de escasa cuantía en accidentes de tráfico, por negligencia profesional, etc. Todos ellos con sus particularidades, pero además un protocolo general para el caso que no exista un ‘Pre-Action Protocol’ específico para el caso que nos afecta. Por si quieren echarles un vistazo a todos ellos, aquí tienen el listado completo a fecha de hoy. Como curiosidad, los ‘Pre-Action Protocols’ son aprobados por el Master of the Rolls -el Presidente de la Sala de lo Civil de la ‘Court of Appeal’- en sus funciones de responsable del despliegue y la organización judicial en el ámbito civil, pudiéndose adaptar fácilmente a las necesidades de los tribunales. EN QUÉ CONSISTEN EXACTAMENTE. Sin perjuicio de las exigencias para casos particulares, en general se exige que las partes intercambien una correspondencia e información sobre el asunto, de tal manera que los pasos a seguir suelen ser los siguientes: En primer lugar, el demandante debe remitir al demandado una ‘carta previa a la demanda’ (la ‘letter before claim’) conteniendo los detalles concisos de la reclamación. Es decir, directos y al grano. La carta deberá además incluir la base de la reclamación, un resumen de los hechos, lo que el demandante quiere específicamente del demandado y, si es dinero, cómo se calcula la suma reclamada. En segundo lugar, el demandado deberá responder con otra carta (la ‘letter of response’) en un plazo razonable, siendo habitualmente de 14 días para un caso sencillo y no más de 3 meses en uno muy complejo. Por su parte, la respuesta deberá incluir si se acepta la reclamación o no y, en tal caso, los motivos de oposición, junto con una explicación de los hechos y aspectos que se impugnan. Y si además, el demandado tiene intención de interponer una reconvención, deberá indicarlo así en la carta de respuesta, los motivos que la fundamentan, cuantía, etc. Seguro que todo esto les suena, porque es algo que se suele hacer en España mediante los célebres ‘burofax’, aunque de forma mucho más intuitiva y, en cualquier caso, sin sujetarse a unas reglas y plazos preestablecidos en la regulación procesal. Pero lo más importante es que cada ‘Pre-Action Protocol’ fomenta el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos, los famosos ‘Alterantive Dispute Resolution’ o ‘ADR’. LOS ‘ADR’ EN LOS ‘PRE-ACTION PROTOCOLS’ Como litigar en la jurisdicción inglesa es caro de narices, el motivo de introducir los ADR en los procedimientos civiles de Inglaterra y Gales es poder resolver el pleito a través de medios más rentables que llegar a los tribunales. En efecto, recuerden que además del ‘solicitor’, que estará efectuando estos protocolos en nombre del cliente, si la reclamación va hacia adelante, con seguridad tendrán que contratar a un ‘barrister’ para la fase propiamente judicial, donde los costes se disparan de forma considerable. Por ello, los protocolos también contienen un plazo sugerido durante el cual las reclamaciones no deberían ser tramitadas ante los tribunales, para permitir a las partes considerar sus posiciones y la conveniencia de proceder a resolver el conflicto mediante los ADR. Pero cuidado, porque someterse a un sistema de resolución alternativo no es excusa para el cumplimiento de los plazos procesales para la interposición de demanda, de tal manera que para evitar problemas, ambas partes pueden solicitar judicialmente la extensión del plazo para tratar de resolver el asunto de forma extrajudicial. En caso contrario, adelante con la demanda. Entre los medios habituales en los protocolos se establecen, además de la negociación y la mediación entre las partes, la intervención de unos ‘Defensores del Pueblo’ (‘Ombudsmen’), una figura gratuita bastante extendida en el país, especializada en ciertas materias como la financiera o la seguridad social y que incluso cuentan con una Asociación de Defensores del Pueblo británica e irlandesa. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ‘PRE-ACTION PROTOCOLS’ Como prueba de la importancia de los ‘Pre-Action Protocols’, su incumplimiento tiene su reflejo inmediato en los criterios de imposición de costas. De tal manera que quien no siga el protocolo se le penaliza teniendo que pagar más en costas si perdiera el asunto ante los tribunales. O, en el caso de resultar vencedor, verá las costas a su favor sensiblemente reducidas a las que hubiera obtenido de forma ordinaria. Pero esto no es todo, sino que, además, aquella parte que realiza una declaración falsa en una carta o cualquier documento previo a un procedimiento judicial puede ser imputado por un delito de desacato al tribunal. La configuración de la sala de vistas en Inglaterra y Gales es completamente diferente a la del derecho continental; el acusado se sienta en lugar elevado, como se ve en la foto. fuentes

Medidas precautoria Una vez hayamos cumplido con el ‘Pre-Action Protocol’ correspondiente y según su resultado, nos quedará entonces considerar si hemos de tomar el empedrado camino hacia los tribunales y que, por tanto, nuestro caso sea conocido -o escuchado según la terminología británica- por un juez. Aquí empiezan las complejas y múltiples competencias judiciales en esta jurisdicción, en las que un resbalón nos deja fuera de combate. Reconozco que pueden llegar a confundir a aquellos que están acostumbrados a seguir a pies juntillas el código o la ley de enjuiciamiento como tablas de salvación en caso de naufragio. Pero cuidado porque este esgrima jurídico se practica en Inglaterra y Gales desde hace cientos de años. Un auténtico deporte de riesgo. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU CONOCIMIENTO Por ejemplo, según las Reglas del Procedimiento Civil, mientras los ‘Masters’ y los ‘District Judges’ suelen conocer de las solicitudes de medidas cautelares (‘interim applications’), los ‘Circuit Judges’ y los jueces de la ‘High Court’ serán los que asumirán el procedimiento y presidirán las vistas del juicio plenario que resolverán el asunto en primera instancia mediante sentencia. Pero cuidado porque esta no es una norma general aplicable en todo caso. En efecto. Habrá que tener en cuenta las reglas específicas del procedimiento civil paso por paso y medida por medida. Y es que en el caso de las diligencias de búsqueda (‘search orders’) embargo preventivo (‘freezing orders’) o las diligencias auxiliares (‘ancillary orders’), a pesar de ser medidas de carácter preventivo o cautelar serán acordadas por los jueces de la High Court. Entonces usted me dirá:  “Vale, pues ya lo he entendido, los ‘Masters’ y ‘District Judges’ podrán conocer del resto de medidas que no sean esas mencionadas antes”. Pues tampoco. Porque a todo ello, además, deberá usted tener en cuenta los precedentes en otros casos resueltos por los tribunales anteriormente y que, como bien sabe ya, son fuente de ley en este país. Recuerde que estamos en una jurisdicción de ‘Common Law’ y aquí las decisiones judiciales valiosas se conservan como oro en paño. El motivo es que su alegación en el momento adecuado pueden suponer ganar el caso, o en caso de desconocerlas, morder el polvo irremediablemente. LAS ‘INJUCTIONS’ Y EL CASO ‘AMERICAN CYANAMID’ Aunque obviamente la jurisdicción inglesa es conocida, entre otras especialidades del menú, por sus fantásticas medidas preventivas ágilmente adoptadas, hablar de todas ellas nos llevaría un curso completo, por lo que me centraré en alguna de las más conocidas del lugar. Y, cómo no, empezamos con una clásica: la ‘American Cyanamid’, una decisión de la ‘House of Lords’ -antigua sede del Tribunal Supremo del Reino Unido-, surgida en el caso de patentes, American Cyanamid Co v Ethicom Ltd [1975] AC 396 y que revolucionó en su momento los principios de las ‘interlocutory injunctions’. Cuestión previa y para que nos entendamos, una ‘injunction’ es una orden judicial dirigida a una parte que, o bien le prohíbe hacer algo, o bien le obliga a realizar alguna conducta. De tal manera, las ‘injuctions’ pueden dictarse por el juez en dos momentos diferentes: al principio del procedimiento o al final, cuando el tribunal ha dictado la sentencia definitiva. Y de ahí que, si las medidas se adoptan al principio, son denominadas ‘interlocutory injuctions’, pudiendo expirar en una fecha determinada o continuar en vigor como medidas definitivas, en función del resultado del juicio. Bien, ¿no? Pues vamos a por el caso ‘American Cyanamid’. El asunto va de lo siguiente: La demandante, American Cyanamid Co. era una empresa americana titular de una patente de suturas quirúrgicas reabsorbibles por el cuerpo humano, toda una novedad en los años 70 del siglo pasado. Por su parte, la demandada Ethicon Ltd, -también americana- era una empresa que pretendía lanzar al mercado británico una sutura que, según comprobó American Cyanamid, infringía su patente. Y ahí que se lanzó American Cyanamid a solicitar la ‘interlocutory injuction’ contra Ethicon para impedir el suministro de su producto a los cirujanos del Reino Unido. LA EXIGENCIA DE PROBAR EL CASO ‘PRIMA FACIE’ La cuestión es que, antes de la doctrina ‘American Cyanamid’, el derecho inglés exigía que el solicitante de la medida tuviera que demostrar el caso ‘prima facie’ antes de que se concediera la orden judicial. Es decir, que el solicitante debía aportar todas las pruebas en la que el demandante fundamentaría su caso para que el juez considerara si otorgaba la ‘interlocutory injunction’ a su favor o no. La cuestión es que, en primera instancia, se concedió a American Cyanamid la orden judicial que impedía al demandado utilizar el tipo de sutura en cuestión hasta que se celebrara el juicio por infracción de la patente. Ya en el siguiente peldaño, la ‘Court of Appeal’ anuló la medida cautelar a favor de ‘American Cyanamid’ por considerar que no se había producido la infracción de la patente y que, por tanto, no cabía acordar tal imposición a la demandada. Total, que ‘American Cyanamid’ recurrió entonces ante la Cámara de los Lores, la última bala. Y aquí es donde viene la diversión. LA SOLUCIÓN AL CASO ‘AMERICAN CYANAMID’ En concreto, la ‘House of Lords’ debía resolver el espinoso asunto de si es necesario probar el fondo de cualquier demanda para que sea concedida la medida cautelar (‘prima facie’). En otras palabras, si es preciso que el juez efectúe un examen de viabilidad de la reclamación sobre la que se realiza la solicitud de medidas cautelares. Esta cuestión había dado a una práctica ante los tribunales con altas dosis de discrecionalidad dada la naturaleza de la medida y la necesidad de cierta flexibilidad en su adopción, por lo que había siempre cierto margen según dónde cayera la solicitud de medidas. Y ahí es donde la Cámara de los Lores estableció por primera vez unas directrices detalladas sobre la forma en que los tribunales ingleses deben tratar la concesión de medidas cautelares. En concreto, el tribunal -con nuestro ya viejo conocido, Lord Diplock a la cabeza- rechazó el examen ‘prima facie’ al entender que  no es función de los jueces considerar las pruebas contradictorias con respecto a una solicitud de medidas cautelares, ya que eso es una cuestión para el juicio. Y es que según la ‘House of Lords’, no existe ninguna norma en derecho inglés que establezca que el tribunal debe analizar primero las perspectivas de éxito de cualquiera de las partes para acordar o no unas medidas cautelares. Por el contrario, el tribunal debe estar convencido de que la demanda «no es frívola o vejatoria; en otras palabras, que existe una cuestión seria que debe juzgarse«. De tal manera, desde ‘American Cyanamid’ los tribunales ingleses no acuerdan las ‘interim injuctions’ en función de los ‘merits’ de la demanda (el fondo del asunto), sino del examen de si se trata de una reclamación ‘seria’ o, si ustedes lo prefieren, que hay un intenso aroma a ‘fumet’ de buena paella en el ambiente. Entonces sí. Pero no se preocupe, que también hay excepciones a la regla de ‘American Cyanamid’. En fin, por último tenga en cuenta que, precisamente debido esta sentencia, las solicitudes de ‘interim injuctions’ del tipo ‘American Cyanamid’ siempre son conocidas por jueces de la ‘High Court’ y no por los ‘Masters’, como sería lo normal. fuentes

YA TENEMOS UN “SOLICITOR” Y AHORA, ¿QUÉ? El Cubo, así se llama el edificio que la "Solicitors Regulatory Authority" tiene en Birmingham, en el centro de Inglaterra. La SRA es muy estricta con los procedimientos y sanciona los errores, como bien explica Josep Gálvez en su columna. En fin, algo hemos avanzado y ya hemos contactado con un “solicitor”, un abogado que nos asesorará para ver si nuestro asunto tiene visos de resolverse mediante una negociación por ejemplo o, por el contrario, pintan bastos y tendremos que pleitear ante un juez. En este último caso necesitaremos a alguien que nos defienda y represente ante los tribunales puesto que en Inglaterra no existe la figura del procurador desde la Edad Media. Aunque actualmente los “solicitors” que cuentan con derechos de audiencia (“Rights of Audience”) también pueden defender a sus clientes ante los tribunales, lo cierto es que la gran mayoría de pleitos se siguen llevando por “barristers”. Incluso cabe una tercera opción porque, según el sistema procesal civil inglés, las partes pueden representarse a sí mismas en cualquier procedimiento civil. Yo no lo recomiendo, a no ser que usted guste de oscuros placeres consistentes en recibir palos a mansalva y después pagar la factura. Por tanto, lo normal será que nuestro “solicitor” se pondrá en contacto con una “chambers” que cuente con “barristers” especialistas en la materia.

¿PERO CÓMO ES ESTO? ¿MÁS ABOGADOS? Veo que ya va enterándose de qué va esto de litigar en Inglaterra y Gales. En efecto, el “solicitor” preparará un resumen sobre los hechos y argumentos jurídicos de nuestro caso, llamado “brief”, famoso por presentarse mediante un colorido lazo (“legal tape”) listo para ser entregado a su “chambers” de confianza. Ese “brief” lo recibiría un “clerk”, el auténtico protagonista de la “chambers” ya que es la persona que gestiona los asuntos que se reciben de las firmas de “solicitors” y quien repartirá nuestro asunto entre sus “barristers” según la especialidad requerida. De esta manera, el “barrister” al que le corresponda por sorteo, leerá el “brief”, revisará las pruebas, estudiará las decisiones en la materia y después de prepararlo, presentará el caso ante el tribunal. Es importante señalar que los “barristers” son profesionales autónomos que acostumbran a trabajar siempre de forma independiente en las “chambers”, que son sencillamente eso, despachos. En efecto, las “chambers” no son sociedades mercantiles como las firmas de “solicitors”, sino que se encuentran integradas por “barristers” unidos para sufragar entre todos los gastos comunes y la administración del establecimiento. Por tanto, el “barrister” no vive de la marca sino de su propio sudor, por lo que es usual que a cada profesional le preceda una larga relación de casos exitosos. Y es que, en última instancia, los “barristers” son pleiteadores que viven como soldados de fortuna, auténticos profesionales liberales. De tal manera es incluso habitual que dos “barristers” de una misma “chambers” defiendan a las dos partes en mismo pleito, sin que haya ningún conflicto de intereses. Precisamente, para garantizar esa independencia, los “barristers” no pueden elegir los casos en los que quieren trabajar gracias a lo que se conoce como la “Cab Rank Rule”, algo así como la “norma de la lista de espera del taxi”. Esta viejísima regla prohíbe a un “barrister” rechazar un caso siempre que sea de su especialidad y esté suficientemente cualificado, le guste o no la pinta de su cliente. MUY BIEN, PERO ¿CUÁNTO ME COBRARÁ UN “BARRISTER”? Pues mire, como ya le dije en el caso de los “solicitors”, lo que quieran cobrarle. Y eso dependerá de lo bueno que sea su “barrister”, los años de experiencia, el tipo de caso, la cuantía, entre otros elementos a tener en cuenta. Lo que usted ya sabe, vamos. Tenga en cuenta además que los “barristers” no suelen cobrar por fracciones horarias como los “solicitors”, sino que acostumbran a basarse en unos honorarios fijos por tareas concretas. Por ejemplo, se cobra un tanto por presentar un escrito de demanda y, después, unas cantidades adicionales por cada tramo procesal, por ejemplo por cada día de juicio. Y ojo, porque aquí si una vista judicial se suspende por lo que sea, el cliente la paga igual. Así, un “QC” que se haya hecho un buen nombre a lo largo de muchos años, trabajando en una “chambers” londinense, puede llegar a niveles inimaginables por cada caso que asuma, pasando a formar parte de la élite de la profesión. EL FAMOSO “£1 MILLION-A-YEAR CLUB” No se asuste: en Londres hace ya bastantes años que se superó el llamado “£1 MILLION-A-YEAR CLUB” o “Club de Barristers del Millón de Libras anuales” [un millón de libras son 1.164.890 euros], que inauguraron extraordinarios maestros de los tribunales como el gran George Carman, QC, por lo que me imagino que actualmente ya van por los cuatro o cinco. Jonathan Sumption QC in 1986 Según parece, el récord absoluto de honorarios lo ostenta aún un viejo conocido, Lord Jonathan Sumption, quien cobró unos 8 millones de libras en su último caso defendiendo a Roman Abramovich, justo antes de ser nombrado juez del Tribunal Supremo del Reino Unido. De hecho este altísimo nivel de honorarios es el principal motivo por el que casi ningún “QC” muestra interés en ser nombrado juez, lo que ha llevado recientemente al Ministerio de Justicia a tener que incrementar la edad de jubilación de sus señorías de los 70 a los 75. Lo que en términos futbolísticos se traduciría en: ¿Quién demonios quiere ser árbitro pudiendo ser Messi? En cualquier caso y, tal como pasaba con los “solicitors”, eso no quiere decir que le vayan a cobrar a usted tanto, pero si su reclamación tiene una cuantía muy baja, pues igual eso de pleitear en Inglaterra y Gales no es para usted. YA TENEMOS UN “SOLICITOR” Y UN “BARRISTER” Y AHORA ¿QUÉ MÁS? Pues dejando a un lado los honorarios de estos profesionales, acudir a los juzgados y tribunales ingleses también tienen unas tasas (“court fees”) para nada menospreciables. De hecho, las tasas en los procesos judiciales civiles fueron objeto en 2016 de un aumento de nada menos que del 620%, o sea que mejor veamos en qué consisten. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay tasas judiciales para casi todo. Es decir, hay tasas para interponer una demanda, pero también para cada una de las vistas que se celebrarán ante el juez o para ejecutar la sentencia, por ejemplo. Básicamente, las tasas judiciales actualmente comienzan en 25 libras (30 euros) para una demanda interpuesta por internet y de hasta 300 libras de cuantía (350 euros). Para una demanda de entre 3.000 y 5.000 libras (3.500 a 5.900 euros) suben a 185 libras (216 euros). Las tasas aumentan hasta las 410 libras (478 euros) cuando la reclamación supera las 5.000 libras (5.900 euros) y, a partir de ahí, hasta el 4,5% del valor de la reclamación cuando alcanza las 10.000 libras. Finalmente, las reclamaciones de más de 100.000 libras tienen unas tasas de un 5% aproximadamente. No obstante, el importe máximo de tasas se limita cuando la reclamación supera las 200.000 libras de cuantía (233.000 euros), con la cifra de 10.000 libras esterlinas (unos 11.700 euros). Bueno, pues ahora ya lo tenemos casi todo. Ya ve que esto de litigar en Inglaterra y Gales es algo diferente a España, ¿verdad?

Síntesis de los procedimientos civiles en Inglaterra y Gales.

A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, en este caso no existe una única fuente codificada de Derecho Civil. El Derecho Civil inglés está formado por la legislación aprobada por el Parlamento y las sentencias de los tribunales. Los tribunales ingleses interpretan la legislación y, por lo general, están obligados a seguir las sentencias que un tribunal del mismo rango o superior haya dictado sobre el mismo asunto. Organización jurisdiccional. La organización jurisdiccional inglesa se divide entre el Tribunal Superior (High Court) y los juzgados de (county courts). Esta guía aborda el procedimiento ante el Tribunal Superior, que conoce sobre todo de las demandas cuya cuantía exceda de a 50 000 libras esterlinas. El Tribunal Superior es el órgano jurisdiccional competente para la mayoría de asuntos a través de sus (District Registries) y los Reales Tribunales de Justicia (Royal Courts of Justice) en Londres. Está estructurado en tres divisiones: la Sala de la Cancillería (Chancery), la Sala de lo Civil (Queen's Bench) y la Sala de Familia (Family). La Sala de la Cancillería conoce de los asuntos mercantiles en general y de cuestiones especializadas como testamentos, «trusts», insolvencia e impuestos.  La Sala de lo Civil (Queen's Bench Division) conoce del resto de asuntos civiles, incluyendo litigios contractuales, demandas por lesiones, accidentes industriales, demandas por indemnización y reclamaciones por negligencia.  Tanto la Sala de la Cancillería como la Sala de lo Civil cuentan con tribunales especializados que conocerán de distintas áreas.   Por ejemplo, la Sala de lo Civil tiene dos tribunales especializados principales, el Tribunal Mercantil (Commercial Court), que conoce de litigios comerciales, y el Tribunal de Tecnología y Construcción (Technology and Construction Court), que conoce sobre todo de demandas sobre construcción y litigios tecnológicos. El Tribunal de Apelación (Court of Appeal) conoce de las apelaciones de sentencias del juez de un Tribunal Superior. En aquellos asuntos que se consideren de orden público, existe una fase posterior y final de la apelación, ante el Tribunal Supremo (Supreme Court), en la que la apelación será resuelta normalmente por una sala de cinco magistrados. (Ley de Enjuiciamiento Civil) Civil Procedure Rules La Ley de Enjuiciamiento Civil "Civil Procedure Rules"(CPR, por sus siglas en inglés) fueron creadas en 1998 para regir el proceso del sistema judicial civil inglés. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que todos los casos sean tramitados de una forma que permita al tribunal tratarlos debidamente. Esto incluye: garantizar que las partes se encuentren en igualdad de condiciones; tramitar los casos de forma proporcionada a la cuantía del procedimiento, la importancia del caso, la complejidad de las cuestiones procesales y la situación financiera de cada parte; garantizar que el caso se trate con diligencia y equidad. En la Ley de Enjuiciamiento Civil esto se conoce como "overriding objective" (objetivo primordial). Tramitación de una demanda. Una demanda típica ante el "High Court" tardará aproximadamente de 12 a 18 meses en llegar a juicio desde la fecha de la presentación del escrito de demanda. Cuestiones preliminares: antes de que se inicie el procedimiento, se pide a las partes que intenten resolver sus diferencias sin tener que recurrir a la vía judicial, actuando de forma razonable mediante el intercambio de información y documentos. Pueden imponerse sanciones a las partes que incumplan estos requerimientos: por ejemplo, una parte puede ser condenada a pagar las costas de la otra por haber incumplido el mandato de actuar razonablemente. Además, hay una serie de protocolos preliminares que establecen el procedimiento a seguir en determinadas categorías de litigios, como los relativos a la construcción o a la negligencia profesional. Incoación de los procedimientos y escritos procesales: el procedimiento se inicia cuando el demandante interpone el escrito de demanda que debe contener o adjuntar todos los elementos de su pretensión denominados "particulars of claim". El escrito de demanda y los "particulars of claim" deben presentar un resumen de los hechos básicos en los que se basa la demanda contra el demandado. De lo contrario, el demandado podría lograr la desestimación de la demanda. El demandante tendrá que pagar una tasa para presentar la demanda, cuyo importe dependerá del valor y la naturaleza de la misma. Los documentos deberán trasladarse al demandado siguiendo las normas específicas y dentro de los plazos establecidos. Una vez que el demandado reciba la notificación de la demanda, debe indicar si se allana o si pretende contestar a la demanda, oponiéndose. Esto debe hacerse también dentro de los plazos establecidos y debe darse traslado al tribunal. Si el demandado desea oponerse a la demanda, debe presentar la contestación de la demanda, incluyendo cualquier demanda reconvencional, normalmente dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la notificación de la demanda. La reconvención también es un documento importante, porque si se considera débil, el demandante podrá intentar que se desestime o que se dicte un fallo rápido contra el demandado. Si no se presenta una contestación, el demandante podrá ganar el caso por rebeldía del demandado. Otros escritos procesales pueden ser notificados y presentados ante el tribunal con el fin de clarificar la posición de cada una de las partes. Todos los escritos procesales deberán ir acompañados de una declaración jurada que verifique la veracidad de lo alegado. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información. Los escritos procesales, incluido el impreso de demanda, los "particulars of claim", la contestación y cualquier reconvención, deberán, en determinadas circunstancias, ser accesibles a terceras partes. Tramitación del caso: todos los casos son gestionados de forma activa por los tribunales para garantizar que se tramiten correctamente. Los tribunales estimarán cuándo los posibles beneficios de adoptar una determinada decisión justifican los costes. La tramitación del caso también permite al tribunal animar a las partes a resolver sus controversias sin la necesidad de acudir a juicio, a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) como la mediación. Exhibición de documentos: cada parte debe facilitar a la otra los documentos (incluidos los documentos electrónicos, por ejemplo, los correos electrónicos) en los que pretende basarse, así como los documentos contrarios a su caso o que pueden apoyar la pretensión de otra parte. Esto puede incluir documentos confidenciales si son relevantes para el litigio. Algunos documentos pueden estar exentos de esta obligación debido al secreto profesional. Declaraciones de los testigos: si una parte quiere proponer la prueba oral en el juicio, debe presentar esta prueba de forma escrita. Esta puede ser una fase clave del proceso, ya que lo que se dice en la declaración de un testigo puede determinar si la parte ofrece llegar a un acuerdo. La declaración testifical debe enumerar los hechos sobre los que el testigo testificará en el juicio. El testigo debe certificar su veracidad. Se produce un intercambio de declaraciones varias semanas antes del juicio.   Los testigos pueden ser interrogados por el abogado de la parte contraria en el juicio; las declaraciones al estilo de Estados Unidos no se permiten, por lo general, en los procedimientos ingleses.  Prueba pericial: si una parte necesita apoyarse en la opinión de un perito para una cuestión determinada, necesitará la autorización del tribunal. El testigo-perito debe ser independiente, con el deber primordial hacia el tribunal más que hacia la parte que ha solicitado su testimonio, y el tribunal puede ordenar a las partes compartir la prueba de un perito sobre una cuestión en concreto. Puede haber más de un testigo-perito por juicio si se abordan distintas áreas de conocimiento. Un testigo-perito puede participar en el procedimiento judicial y puede ser llamado a testificar, aunque hay unas normas muy estrictas sobre la forma y el fondo de su declaración y sobre el testimonio que puede prestar.  Juicio: con la excepción de las demandas por fraude civil y por difamación, no se contempla derecho a juicio con jurado; el juez será el único que resuelva el caso. Los juicios ingleses son eminentemente orales, lo que requiere que los abogados de cada una de las partes presenten sus alegaciones de forma oral ante el juez y le señalen las pruebas y normas pertinentes.  No obstante, antes del inicio del juicio, por lo general, el juez habrá leído los escritos procesales, las declaraciones de los testigos, los informes periciales y las líneas de argumentación generales redactadas por los abogados. El juez no lleva a cabo sus propias investigaciones, pero puede interrogar tanto a los abogados como a los testigos.    En resumen, el juicio consiste en la presentación del caso por parte de los abogados de cada una de las partes y la presentación de las declaraciones de los testigos y peritos en los que se apoyan. Los testigos pueden ser interrogados por el abogado de la parte contraria. El juicio concluirá con la recapitulación de las pruebas por parte de los abogados de ambas partes y la presentación de conclusiones sobre la legislación pertinente.   El juez tomará su decisión basándose en las pruebas y en los argumentos que se le presenten. La sentencia podrá dictarse de forma inmediata después del juicio o, en los casos más complicados, ser aplazada hasta una fecha posterior, en la que el juez haya reflexionado sobre el asunto. Si una parte pretende apelar la sentencia, deberá obtener la autorización del tribunal; esta autorización solo se concederá en circunstancias limitadas. Costas Aunque queda a la voluntad del tribunal, la regla general es que la parte que pierda el proceso sea condenada al pago de las costas de la parte que lo gane. Cualquier incumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del objetivo primordial puede resultar en la imposición de una sanción en materia de costas a la parte "infractora", aunque esa parte ganara el juicio. Por lo general, salvo que exista conducta poco razonable, la parte ganadora suele recuperar aproximadamente entre el 60 y el 65% de sus costes legales, de la parte perdedora. Financiación. Las partes también pueden establecer acuerdos de honorarios condicionales (CFA, por sus siglas en inglés) o pactos de "cuota litis" con sus abogados. Los acuerdos de honorarios condicionales permiten a los abogados cobrar un extra además de su tarifa normal si ganan el caso, y una tarifa reducida o ninguna tarifa si pierden el caso. Actualmente, los acuerdos de contingencia están prohibidos.También existen otros métodos de financiación de litigios, por ejemplo, los seguros de defensa jurídica y la financiación de terceros.  Ejecución de la sentencia. Cuando se dicta sentencia, la parte condenada puede pagar de forma voluntaria. Si no lo hace, existen varios procedimientos de ejecución, incluida la puesta en marcha de procedimientos de incautación y venta de bienes o la obtención de una orden de embargo sobre las propiedades de la parte condenada. También existe la opción de obligar a dicha parte a declararse insolvente si no se abona el importe indicado en la sentencia. Cuestiones estratégicas. Hay una serie de medidas estratégicas que pueden ayudar a la resolución de un caso, entre las que se incluyen: Ofrecimientos para llegar a un acuerdo: aunque pueden hacerse en cualquier momento del litigio, la Ley de Enjuiciamiento Civil otorga ventajas en el pago de las costas a la parte que realiza el ofrecimiento para llegar a un acuerdo siempre y cuando dicho ofrecimiento cumpla los requisitos establecidos.  Ofrecimientos para llegar a un acuerdo mediante la resolución alternativa de conflictos: una parte que rechace injustificadamente un ofrecimiento para llegar a un acuerdo de esta manera incurrirá en sanciones en las costas. Requerimientos judiciales: en algunos casos, puede ser necesario hacer que una de las partes cese inmediatamente en un comportamiento o proteger bienes hasta que termine el juicio. En los casos en los que proceda, el tribunal puede ordenar un requerimiento para proteger los intereses de las partes hasta que sus derechos hayan sido determinados. El demandante no tiene que probar su demanda en la vista sobre este requerimiento, pero debe demostrar que su demanda tiene una base sólida y ofrecer una garantía que compense a la otra parte por cualquier pérdida que pudiera ocasionar el requerimiento que haya sido erróneamente dictado. Caución para las costas: la regla usual sobre las costas es que la parte condenada pagará una parte sustancial de los costes legales de la parte que vea reconocidas sus pretensiones. Si el demandado está convencido de que podrá defender su posición con éxito, pero teme que el demandante no quiera o no pueda pagar ningún gasto, puede solicitar al tribunal en una fase inicial del proceso una orden para que el demandante ofrezca una garantía por cualquier coste que pudiera estar obligado a pagar en determinadas circunstancias.

Jueces de paz. -A justice of the peace (JP) 

Este nombre en diferentes países es llevado por instituciones poco similares. en Inglaterra Los jueces de paz. fueron creados bajo reinado de Eduardo III (1360) como autoridad única, destinados a proteger la paz pública.  Ampliando gradualmente, su competencia ya en el siglo XV. cubrió todas las funciones judiciales y policiales locales y toda la administración económica local. Los jueces de paz fueron desde el principio representantes  del rey; Inicialmente, la comisión de juez de paz en cada condado incluía a grandes terratenientes locales y abogados profesionales, pero a lo largo de los siglos, la nobleza local (gentry) expulsó a los funcionarios de las comisiones, en parte adquiriendo ellos mismos el conocimiento legal necesario, en parte rechazando cualquier remuneración por su servicio.   La gratuidad del servicio, y en particular la realización personal del mismo sin derecho a reponerse, no permitió que  jueces degenerara en institución feudal. Antes de la reforma de 1888, actividad en el cargo de los jueces constituían una vocación vital para la nobleza local, para la que los jóvenes se preparaban desde la escuela. El tamaño actual de la calificación requerida para contribuir a la comisión de paz del condado (ingresos de bienes inmuebles de 100 libras o el derecho en el futuro a bienes inmuebles con un ingreso de 300 libras) se estableció bajo Jorge II.  Hay cientos de nombres en la comisión de paz del condado, pero el cargo de juez  solo lo ocupan personas que han recibido un nombramiento especial del Lord Canciller, a propuesta del Lord Teniente del condado.  La calificación (quórum - posesión de conocimiento legal), necesaria para el derecho a participar en la decisión de los casos más importantes, es en realidad inherente a todos los jueces de paz.  El título de Juez  de Paz es vitalicio y permanente. Sesiones pequeñas.  Los jueces generalmente funcionan unipersonales; sin embargo, en muchos casos -principalmente cuando al juez le resulta difícil decidir el caso- operan en dos ( pequeña sesión).  Una asamblea  especial (sesión especial) de todos (al menos dos) el jueces de una subdivisión de un condado (los cien) se diferencia de uno “pequeño” en que se convoca formalmente, mientras que una sección  pequeño puede ser improvisado.  Las sesiones trimestrales.  The courts of quarter sessions or quarter sessions  Las sesiones trimestrales recibieron el nombre de los días trimestrales en los que se reunieron en Inglaterra y Gales desde 1388. Estos días se establecieron más tarde como sesiones de Epifanía , Pascua , Verano y San Miguel .  En tribunal de  trimestre (sesiones trimestrales) jueces de todo el condado (al menos dos) se reúnen. Reforma.  El significado de jueces cambió radicalmente como resultado de la ley de 1888, que reformó el gobierno local en un espíritu democrático.  los jueces conservaron sus funciones judiciales, pero todos los poderes administrativos y económicos pasaron a manos de los nuevos consejos de condado electos  y consejos de distrito subordinados , y el control de la fuerza policial del condado pasó a un comité conjunto de representantes gubernamentales y el nuevo consejo electo.  Antes de esta reforma, todos los asuntos del condado estaban concentrados en manos de consejo de jueces de paz, que, por ejemplo, pertenecen a la jurisdicción de condados, como de distrito o consejo de la ciudad, y el departamento de policía y varios otros locales.  Atribuciones administrativas y fiscales de secciones trimestrales componían el presupuesto del condado, imponían impuestos y hacían préstamos, administraban la propiedad del condado, administraban puentes, caminos y edificios públicos, prisiones y asilos, cajas de ahorro y préstamo, estaban a cargo de el departamento sanitario, emitió patentes para varios tipos de comercio; en una palabra, tenían una inmensa masa de los llamados casos de negocios del condado.  Bow street- Justices of the Peace and the Pre-Trial Process - London  The courts of quarter sessions or quarter sessions   SANDWICH QUARTER SESSIONS, 1898 Las sesiones trimestrales recibieron el nombre de los días trimestrales en los que se reunieron en Inglaterra y Gales desde 1388. Estos días se establecieron más tarde como sesiones de Epifanía , Pascua , Verano y San Miguel .  En tribunal de trimestre (sesiones trimestrales) jueces de todo el condado (al menos dos) se reúnen. Reforma.  El significado de jueces cambió radicalmente como resultado de la ley de 1888, que reformó el gobierno local en un espíritu democrático.  los jueces conservaron sus funciones judiciales, pero todos los poderes administrativos y económicos pasaron a manos de los nuevos consejos de condado electos  y consejos de distrito subordinados , y el control de la fuerza policial del condado pasó a un comité conjunto de representantes gubernamentales y el nuevo consejo electo.  Antes de esta reforma, todos los asuntos del condado estaban concentrados en manos de consejo de jueces de paz, que, por ejemplo, pertenecen a la jurisdicción de condados, como de distrito o consejo de la ciudad, y el departamento de policía y varios otros locales.  Atribuciones administrativas y fiscales de secciones trimestrales componían el presupuesto del condado, imponían impuestos y hacían préstamos, administraban la propiedad del condado, administraban puentes, caminos y edificios públicos, prisiones y asilos, cajas de ahorro y préstamo, estaban a cargo de el departamento sanitario, emitió patentes para varios tipos de comercio; en una palabra, tenían una inmensa masa de los llamados casos de negocios del condado.  El secretario del cuarto de sesión  el llamado secretario de paz, era aproximadamente lo que tenemos: miembros indispensables de sección.  Reforma de  1888. En su forma moderna, después de la reforma de 1888, el único juez es una autoridad judicial y policial; protege la paz, es decir, toma medidas preventivas y represivas (arresto o garantía) contra todos los violadores de la paz y el orden públicos. Como parte de dos jueces, ya veces solo, el juez  lleva a cabo investigaciones preliminares en casos que van a la corte de lo penal o sesiones trimestrales.  Finalmente, el juez único es un tribunal de delitos penales, por lo que, en la práctica, se impone una multa de no más de 5 libras y una prisión de hasta 3 meses (en teoría, el derecho a la pena es mayor).  La jurisdicción civil de los jueces de paz es insignificante y se extiende principalmente a los casos sin demora: restitución de la posesión, reclamos de salarios, dinero de apartamento y alquiler, etc., y por cantidades que no excedan de 5 o 10 libras.  Las cuartas de  sesiones posteriores a la reforma de 1888 son: en primer lugar, un tribunal penal de primera instancia con jurados, cuya competencia se extiende a los delitos menos graves que la competencia de los tribunales; en segundo lugar, el tribunal de apelación para los casos decididos por un solo juez. Hundred (en castellano, centena) es una subdivisión geográfica, antiguamente utilizada en partes del Reino Unido (Inglaterra y Gales), Australia (Australia Meridional), Estados Unidos y en los reinos escandinavos durante el Medioevo. El nombre deriva del número cien, y en ciertos casos podría provenir del hecho de que la extensión de un hundred podría mantener a cien hombres armados; o, en el caso inglés, a cien familias. Ciudades. En las grandes ciudades , el poder judicial y policial se organiza de manera diferente. Los jueces no están obligados a tener una calificación de la tierra; basta pertenecer en general al número de contribuyentes municipales.  En Londres, Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham y otros, los jueces son pagados con fondos de la ciudad, pero, con la excepción de Londres, no hay ni siquiera 20 jueces locales con salario en toda Inglaterra; hay tanta gente que está dispuesto a administrar justicia sin compensación.  En las ciudades de más de 50.000 habitantes, también hay convenciones de cuarto, pero sólo se asemejan en el nombre a las convenciones de condado: se trata de un tribunal periódico de un oficial especial, registrador , con la participación de jurados; los jueces de la ciudad no participan en estas asambleas.

 

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